Columba Robles López y Otros.

Expediente 898/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
898/2019
Año
2019
Actuaciones
14
Última actuación
25/11/2020

Partes del expediente

  • Columba Robles López y Otros.
  • Columba Robles López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA DE MÉRITO, AUTO DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2020.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, AUTO DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2020.

  3. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el plazo de tres días otorgado a las partes en proveído de veinticinco de agosto de dos mil veinte para que se manifestaran sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que en el caso se pronunciaran al respecto. En esas condiciones, se procede a resolver sobre tal acatamiento, pues ello es de orden público y el tribunal de amparo tiene la facultad de resolver con base en los elementos que obran en el expediente, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 196 de la ley de la materia. De inicio, es menester precisar que este juzgado federal mediante sentencia terminada de engrosar el quince de noviembre de dos mil diecinueve determinó negar el amparo a la quejosa *****************; por otra parte, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la impetrante ************. Inconforme con dicha resolución, la quejosa ****************** interpuso recurso de revisión, el que por razón de turno correspondió conocer al Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, bajo número de registro 39/2020, cuyos magistrados integrantes en sesión de veintisiete de febrero de dos mil veinte confirmaron la sentencia dictada en este asunto. Bien, los efectos del amparo son los siguientes: "Duodécimo. EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Para restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental transgredido, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, la Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 1. Dejará insubsistente la resolución de veintiuno de junio de dos mil diecinueve, dictada en el toca 868/2019. 2. En su lugar dictará otra, en la que reiterará las consideraciones expuestas respecto de ***************, y por lo que hace a **************, emitirá las conducentes, de forma fundada, motivada, congruente y exhaustiva en las que observará lo expuesto en esta ejecutoria y sobre esa base resolverá en consecuencia." Asimismo, es pertinente traer a palestra algunas consideraciones que sostuvieron dicha concesión: "(.) Finalmente, son fundados -aunque suplidos en su deficiencia, con apoyo en el artículo 79, fracción VI de la Ley de Amparo-, los planteamientos resumidos en las letras "B" y "D". En efecto, basta imponerse de las consideraciones expuestas por la sala del conocimiento, para advertir que la responsable no explicó de manera pormenorizada las razones por las cuales, a pesar de que ************, confesó percibir ******************, por concepto de renta de un local comercial, esa cantidad resulta suficiente para cubrir sus gastos, respecto de la suma que recibía por el rubro de alimentos -35% (treinta y cinco por ciento) del total de las percepciones ordinarias y extraordinarias del aquí tercero interesado- tampoco se precisaron datos objetivos, sobre los cuales la responsable se basó para tener por acreditado que la promovente percibía alguna cantidad, por el rubro de "diversas fuentes de ingreso" y que en todo caso, lo obtenido por ésta es constante e idóneo para sufragar sus necesidades de alimentos, así como para concluir que la entonces apelante ya no requiere de los alimentos que se le proporcionaban. [.] En ese contexto, la sala del conocimiento deberá emprender el estudio de la determinación de cancelación de la pensión alimenticia, respecto de ***************, bajo la perspectiva de que sobre la persona en comento la obligación alimentaria no se sujetó a alguna condición en el convenio aludido y resolver lo que en derecho proceda. Concretamente, deberá motivar su determinación y exponer las razones por las cuales considera que los ingresos que efectivamente obtiene la apelante, resultan suficientes para cubrir sus gastos, en relación con la suma que percibía por concepto de alimentos." Mediante oficio con número de correspondencia 5452, la Secretaria de Acuerdos de la Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México -autoridad responsable-, informó que dejo insubsistente la sentencia reclamada -de fecha de veintiuno de junio de dos mil diecinueve -. Asimismo, mediante el diverso con número de registro 5857 remitió copia certificada de la resolución dictada el siete de agosto de la presente anualidad, en la cual modificó la interlocutoria de doce de marzo de dos mil diecinueve dictada por el Juez Séptimo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México y a su vez declaró parcialmente fundado el recurso de apelación interpuesto por las aquí quejosas. De tal determinación, importa transcribir las consideraciones siguientes: ".Son INFUNDADOS los motivos de inconformidad expuestos, en relación a que si bien es cierto que la C. *************, afirmó que se encuentra inscrita en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México también lo es, tal aseveración no fue acreditada por la apelante, pues funda su dicho con la copia simple de la credencial de estudiante expedida dicha institución educativa y con la Historia Académica que adjuntó en copia simple, misma de la que se desprende que la información ahí contenida debe ser validada por el área de Servicios Escolares del plantel mediante constancia, certificado o revisión de estudios al no ser un documento no oficial (folios 69 y 71). (.) [.] Lo que corrobora la invalidad de la pensión alimenticia del progenitor respecto de su hija, puesto que esta no demostró esencialmente, desempeñar sus estudios en forma acorde a su edad cronológica o que estos fueron desfasados por las razones que apunto la ahora quejosa (hija de las partes), porque no demostró los extremos de sus afirmaciones como quedó asentado con antelación. Por lo anteriormente narrado resultan infundados los motivos de disenso hechos valer (sic) *****************. Ahora bien, son FUNDADOS los motivos de inconformidad expuestos por la C. *************, en virtud de que bien el artículo 320 del Código Civil aplicable en la Ciudad de México, establece, que se suspende a cesa la obligación de dar alimentos si el acreedor alimentista deja de necesitar los mismos, también lo es, que era al actor incidentista a quien correspondía acreditar tal situación, conforme a lo expuesto en el artículo 281 del Código de Procedimientos Civiles, que precisa que las partes asumirán la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones. De acuerdo a lo anterior, de las constancias de autos, mismas que han sido valoradas en líneas anteriores, no se desglosa que la C. *************** haya dejado de necesitar los alimentos que eran proporcionados por el actor incidentista, pues en el escrito inicial incidental, el Señor *************, aseveró que su contaría, contaba con diversas fuentes de ingresos, como lo era la renta de diversos locales comerciales, además de tener un negocio de alimentos marca ************, (página 02 de las constancias relativas al incidente), lo que si bien, no fue demostrado en su totalidad, de la contestación de la demanda incidental realizada por las codemandadas *****************, se advierte que hizo la ahora apelada diversos arreglos en su vivienda, con la finalidad de convertir algunas habitaciones en locales comerciales y con el producto de las rentas poder sufragar en parte sus necesidades esenciales (folio 59 de las constancias relativas al incidente). Sumado a lo anterior dichas afirmaciones fueron confirmadas con las confesionales ofertadas por el actor incidentista a cargo de las ahora apelantes, pues de las mismas se desprende del testimonio de la C. **************. (.) De lo anterior se colige que si bien la C. ********************, cuenta en principio con diversas fuentes de ingresos, el demandado incidentista, no demostró con el material probatorio que aportó, los extremos de su acción, pues no logró comprobar que los ingresos obtenidos por su contaría fuera suficiente para sufragar sus gastos alimentarios y de ahí que, en el presente negocio respecto de la señora C. *******************, no se encuentra actualizada alguna de las hipótesis contenidos en el artículo 320 antes citado. Asimismo, tampoco se demostró por el actor incidentista con el material probatorio que aportó, que la demandada incidentista detentara la relación que afirmó sostenía con una diversa persona, ello para justificar que no necesitara alimentos. De igual manera, debe decirse también, que la pensión alimenticia que fue otorgado a la señora **************, deviene del convenio celebrado entre las partes, el día veintiocho de noviembre de dos mil siete (folios 54 y 55 de la Controversia del Orden Familiar, Alimentos por comparecencia), en donde acordaron que la obligación alimentaria, recaería en el señor **************** y que ésta sería en beneficio de su entonces esposa y su hija, ascendiendo tal cargo, al 35% (treinta y cinco por ciento) de sus ingresos mensuales ordinarios y extraordinarios. Tampoco pasa desapercibido para esta instancia resolutora, que el actor incidentista hubiere justificado en los términos del acervo probatorio que aportó, que la suma de las percepciones que a decir de éste, recibe su contraria ************* fueran suficientes para satisfacer el monto de las necesidades de dicha demandada y con ello quedar en su caso exento del pago de la obligación asumida en el convenio concertado en autos, razón por la que deberá de seguir cubriendo esa carga, a favor de la acreedora alimentaria. (.) En ese tenor, de los artículos y razonamientos expuestos en el presente fallo, esta superioridad arriba a la determinación de modificar la sentencia interlocutoria de fecha doce de marzo del año dos mil diecinueve, dictada por la c. Juez Séptimo de lo Familiar de la Ciudad de México, en el incidente de cancelación de pensión alimenticia (.)." De la inserción de mérito, se advierte que la sala responsable por una parte reiteró todo lo que no fue materia de la concesión en relación con **************** y, por la otra, respecto de *************** analizó que su pensión deriva del convenio que celebró con el actor incidental así como que éste no demostró que sus ingresos fueran suficientes, por lo que determinó que debe seguir rigiendo su pensión alimenticia. Lo antepuesto, pone en evidencia que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que dejó insubsistente la resolución reclamada y, en su lugar, emitió otra en la cual reiteró todo lo que no fue materia de la concesión en relación con ****************, asimismo coligió que el actor incidentista no exhibió el material probatorio necesario para acreditar que la aquí quejosa ************** dejó de necesitar alimentos. Por lo tanto, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad responsable incurriera en exceso o defecto. Hágase del conocimiento de las partes lo antes expuesto, para los efectos señalados en el artículo 201 de la Ley de Amparo. Por otro lado, con fundamento en el numeral 196 del citado ordenamiento, archívese el presente como asunto concluido. Por otra parte, es de señalarse que el cuaderno principal en que se actúa, es susceptible de depuración, toda vez que se ubica dentro de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, cuenta habida que en el presente asunto se concedió la protección constitucional; aunado a que no constituye un asunto de relevancia documental ni es un expediente conservable; lo anterior en términos de los numerales 15 y 17 del referido Acuerdo General citado, por lo que en su momento, sólo quedará para su conservación, la demanda; las resoluciones recurridas; la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el presente proveído y se destruirá el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental para su conservación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, como lo dispone el artículo 35 del Acuerdo General referido. Así, una vez cumplido el plazo de tres años de conservación, se procederá a la depuración del expediente y una vez acontecido lo anterior, se transferirá el mismo a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, se ponen a disposición de las partes los documentos catalogados como "no originales"; en el entendido que de no recogerlos en el término de noventa días hábiles, éstos serán destruidos, en términos de los numerales 20 y 21 del Acuerdo General citado. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable, personalmente a la parte quejosa y al tercero interesado

  4. Principal

    Del escrito signado por la quejosa, por medio del cual solicita la devolución de la prueba documental, consistente en una copia certificada de la averiguación previa que exhibió como anexo a su demanda de amparo; asimismo, nombra un autorizado para oír y recibir notificaciones, así como para recoger documentos. En ese tenor, con fundamento en el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se autoriza para los efectos descritos en el párrafo que antecede a el mencionado. Asimismo, devuélvase a la quejosa el documento que precisa, previa razón que deje agregada en el expediente, para tal efecto, se deberá tomar en consideración que, conforme al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el acceso al órgano jurisdiccional para la revisión de expedientes o la práctica de diligencias presenciales se encuentra restringido; de modo que su asistencia al local que ocupa este juzgado deberá realizarse previa cita y obtención del código "QR", en los términos establecidos en dicho acuerdo. Esto es, en el Portal de los Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, la interesada encontrará el apartado denominado "Agenda OJ" en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas, lo cual es un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un "Código QR" que, a su vez, le permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como la persona a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse y podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. El "Código QR" podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, y dará derecho a que un máximo de dos personas accedan al órgano jurisdiccional ante el cual se programó la cita, sin que puedan utilizar ese pase para visitar órganos distintos. Notifíquese por lista a las partes.

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