Columba Cruz Cruz
Expediente 883/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 883/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 11/08/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Columba Cruz Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
MESA IV B De los autos se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión contra el proveído de veintitrés de julio de dos mil quince (fojas 29 a 31), en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que lo hubiesen hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, hágase del conocimiento de la promovente del amparo que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA IV B "....Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que transcurrió el plazo de tres días que se le concedió a la parte quejosa para que manifestara si ampliaba su demanda de amparo indicando si señalaba como acto reclamado el oficio sin número de veintiuno (sic)de junio del año en curso, suscrito por el Presidente Municipal Constitucional de la Villa de Etla, Oaxaca, sin que lo hubiera hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó en dicho auto, y el presente juicio de amparo se resolverá únicamente por el acto expresamente reclamado en su demanda de amparo. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo permite conocer que la quejosa Columba Cruz Cruz reclama del Presidente Municipal Constitucional de la Villa de Etla, Oaxaca, la negativa de contestar su solicitud de diez de junio del año en curso, recibido en las oficinas de la autoridad responsable en esa misma fecha (foja 2). Por otra parte, del contenido del informe justificado rendido por el Presidente Municipal Constitucional de la Villa de Etla, Oaxaca, se advierte que niega la existencia del acto que se le reclama; anexando para acreditar su dicho copia certificada del oficio de veinticinco de junio pasado, del que se advierte que dicha autoridad acordó lo relativo a la solicitud de la ahora quejosa, el cual le fue notificado, por conducto de Rosa Isela Martínez Cruz, el treinta siguiente. Por tanto, se desprende que si el acuerdo de veinticinco de junio del año en curso, fue notificado al citado quejoso el treinta del mismo mes y año, esto es, con fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo (veintitrés de junio de dos mil quince -fojas 2 a 4-), es evidente que a la fecha en que se instó el presente juicio constitucional, existía la omisión de que se duele la parte quejosa, por lo que se desvirtúa dicha negativa y se tiene por cierto el acto que se le reclama. Ahora bien, del análisis de las relatadas constancias que remitió la aludida autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, mismas que gozan de pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, permite conocer que se emitió el acuerdo relativo a la petición de la promovente, en el que solicitó la rectificación de las medidas y colindancias indicadas en el dictamen de alineación, uso de suelo y número oficial, con número de oficio 24/28/04/2015 de veintiocho de abril de dos mil quince, en el que informaron a la quejosa el impedimento legal que tiene la autoridad responsable de realizar la diligencia que solicitó, por las razones que expuso en el oficio de que se trata, señalándole que deberá promover en la forma y términos correspondientes ante la autoridad competente; mismo que fue debidamente notificado a la parte quejosa, el treinta de junio pasado. Lo anterior permite advertir que, en el caso, sobrevino la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.). La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido, lo cual acontece en el caso, puesto que el veinticinco de junio de la presente anualidad se emitió el acuerdo relativo a la petición del promovente, donde reclamó la rectificación de las medidas y colindancias indicadas en el dictamen de alineación, uso de suelo y número oficial, con número de oficio 24/28/04/2015 de veintiocho de abril de dos mil quince; mismo que fue debidamente notificado a la parte quejosa, el treinta de mayo del año que transcurre. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. En atención que la aludida causa de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio al citado quejoso ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio (foja 25 vuelta), así como las providencias decretadas en éste; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA IV B Visto el estado de los autos se advierte que por una parte se encuentra señalada para hoy la audiencia constitucional y, por la otra, que está transcurriendo el plazo concedido a la parte quejosa mediante proveído de ocho de julio del año en curso, para que manifieste si amplía su demanda de amparo respecto del oficio sin número de veintiuno de junio del año en curso suscrito por el Presidente Municipal Constitucional de la Villa de Etla, Oaxaca; en tal virtud, a fin de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional fijada para este día y se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, para que tenga verificativo.
- Principal
MESA IV B Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde el Presidente Municipal Constitucional de Villa de Etla, Oaxaca, para que surtan sus efectos legales consiguientes; con el cual se ordena dar vista a las partes para su debido conocimiento. En otro aspecto, con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia, téngase como prueba de dicha responsable, las documentales que acompaña a su oficio de cuenta; mismas que se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Con base en lo anterior, y conforme a las constancias remitidas por la autoridad citada; con fundamento en el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, según su numeral 2º, requiérase a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días, siguientes a la notificación de este proveído, si a sus intereses conviene, por escrito, manifieste si amplía su demanda de amparo indicando si señala como acto reclamado el oficio sin número de veintiuno de junio del año en curso, por el que se da contestación a la petición formulada a la responsable, debiendo en su caso, cumplir con los requisitos que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo, y exhibir las copias que sean necesarias para cada una de las partes; se apercibe que de no hacerlo, este juicio se resolverá únicamente por el acto expresamente reclamado en su demanda de amparo. Sirve de apoyo, a lo anterior en términos del artículo SEXTO Transitorio de la nueva Ley de Amparo la jurisprudencia 136/2011 (9ª) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 92/2011 en sesión de veintiséis de octubre de dos mil once, bajo el rubro y textos siguientes: INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA. El contenido de la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA", no obliga a notificar personalmente al quejoso el contenido del informe justificado, así como a prevenirlo para que amplíe su demanda, cuando de él se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, porque dicha jurisprudencia sólo se refiere al caso en que del informe se advierte la participación de una autoridad distinta a la señalada como responsable; sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, se desprende que el informe justificado debe rendirse por lo menos ocho días antes de la audiencia constitucional, con la finalidad de que el quejoso tenga pleno conocimiento de su contenido; y si bien, de los preceptos que regulan lo relativo a ese informe, no se advierte que éste deba notificarse de manera personal, lo cierto es que de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 30 de la mencionada ley, se desprende que el arbitrio que el legislador concedió al juzgador para ordenar notificaciones personales, debe ajustarse a los dictados de la razón, a efecto de que todas las resoluciones de trascendencia lleguen al conocimiento de las partes mediante notificación personal, a fin de darles oportunidad de hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, de modo que cuando del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, dada la trascendencia de su contenido, éste debe notificarse personalmente al quejoso, requiriéndolo para que si lo estima conveniente, amplíe su demanda, pues de lo contrario se incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que deberá ser corregida por el tribunal revisor ordenando su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada.
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