Colegio Nacional de Educación Profesional y Técnica
Expediente 1335/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 22 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1335/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 06/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Colegio Nacional de Educación Profesional y Técnica y Otros.
- Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado
- Colegio Nacional de Educación Profesional y Técnica
- Gonzalo Alonso García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
MESA VI A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, seis de mayo de dos mil dieciséis. Visto el cómputo secretarial, como del mismo se advierte que el plazo de quince días a que se refiere el numeral 202 de la Ley de Amparo, transcurrió sin que la parte quejosa hubiera hecho valer recurso alguno en contra del auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo; consecuentemente, en términos del artículo en cita, se declara que ha quedado firme dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
MESA VI A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, primero de abril de dos mil dieciséis. De la certificación de cuenta se conoce que el plazo de tres días que se concedió a las partes en auto de tres de febrero del año en curso, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable, transcurrió sin que hubieren hecho manifestación sobre el particular. Por tanto, se procede a analizar oficiosamente el cumplimiento del fallo protector. Así, mediante sentencia dictada el catorce de diciembre de dos mil quince (fojas 152 a 160), por una parte, se sobreseyó en el juicio, y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y, Julio César Vasconcelos Fajardo, Pedro Marco Antonio Bautista Vásquez, Gladys Cruz Fachada, Reginaldo Valeriano Silva, Mireya Ortega Jarquín, Juana Pimentel Guzmán, Enrique Lázaro Ortega, y Ana Isabel Córdova Bolaños, en el sentido siguiente: "En esa tesitura y, en virtud de que la resolución no se encuentra correctamente fundada y motivada, en contravención al requisito formal que exige el artículo 16 de la Carta Magna, lo procedente es conceder el amparo la protección de la Justicia Federal al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y, a los quejosos Julio Cesar Vasconcelos Fajardo, Pedro Marco Antonio Bautista Vásquez, Gladys Cruz Fachada, Reginaldo Valeriano Silva, Mireya Ortega Jarquín, Juana Pimentel Guzmán, Enrique Lázaro Ortega y Ana Isabel Córdova Bolaños, para que la autoridad responsable: Deje insubsistente la interlocutoria en esta vía combatida y, con plenitud de jurisdicción, dicte otra tomando en consideración lo antes expuesto, pudiendo ser en el mismo sentido o en diverso, según lo considere procedente. Lo anterior, pues en la resolución se consideró que la autoridad responsable en la planilla de liquidación materia de la presente litis: a) No se pronunció en relación a todas las pruebas aportadas por las partes así como el análisis valorativo para determinar qué se desprendía de cada una de ellas; b) De igual forma por cuanto hace al monto que se debía pagar por las prestaciones a las que fue condenada la demandada, era al patrón y no la parte trabajadora a quien correspondía probar el monto de los salarios devengados por la parte demandante. Luego en acatamiento a lo anterior, la autoridad responsable del fallo reparador remitió copia certificada de la resolución dictada en el incidente de liquidación de dos de febrero de dos mil dieciséis en la que valoró las pruebas aportadas por la parte quejosa relativas a 1) documental de folleto de salarios mínimos del año mil novecientos sesenta y cuatro al dos mil trece, 2) laudo de trece de agosto de dos mil doce; de la parte demandada 1) la documental consistente en el oficio de tres de marzo de dos mil trece, 2) la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, a las cuales le otorgó el valor probatorio respectivo y qué se probaba con ello (fojas 194 y 195); asimismo, respecto del salario base para la cuantificación eximió de la carga de la prueba al trabajador ya que ello correspondía probar a la parte patronal en términos del artículo 784, fracción XII, de la Ley Federal del Trabajo, finalmente determinó: "RESUELVE PRIMERO. Se deja insubsistente la resolución del incidente de liquidación de fecha 06 de Agosto del año 2015, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 1335/2015 y su acumulado 1375/2015, que emitió el Juzgado Primero de Distrito del Décimo Tercer Circuito.-------------------------- SEGUNDO. Se aprueba la planilla de liquidación de la parte demandada y por ende se condena a la demandada COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA (CONALEP), al pago de las cantidades para cada actor, de la siguiente manera para el C. GONZALO ALONSO GARCIA, hasta por la cantidad de $1,294,156.19, para el C. JULIO CESAR VASCONCELOS FAJARDO, hasta por la cantidad de $1,441,082.01 para el C. PEDRO MARCO ANTONIO BAUTISTA VASQUEZ hasta por la cantidad de $1,436,268.09." Por tanto, si la concesión del fallo amparador fue para que dejara insubsistente la resolución del incidente de liquidación aquí reclamado, y emitiera otro en el mismo sentido que el anterior o en diverso, pero fundada y motivadamente, esto es, se pronunciara en relación a todas las pruebas aportadas por las partes así como el análisis valorativo para determinar qué se desprendía de cada una de ellas; y por cuanto al monto que se debía pagar por las prestaciones a las que fue condenada la demandada, era al patrón y no la parte trabajadora a quien correspondía probar el monto de los salarios devengados por la parte demandante, lo que en el caso acontece; en las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese este asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo, se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Fabiola Rebeca Machorro Castillo, que autoriza y da fe.
- Incidental
MESA VI A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, primero de abril de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, toda vez que en auto dictado en esta fecha en el juicio de amparo 1335/2015, del que deriva este incidente de suspensión, se ordenó determinar su destino; por tanto, en virtud de que en este cuaderno incidental se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año citado, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de esta resolución, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse concedido, la medida cautelar, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración en términos del punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
NOTIFICACION PERSONAL POR LISTA MESA VI A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, primero de abril de dos mil dieciséis. De la certificación de cuenta se conoce que el plazo de tres días que se concedió a las partes en auto de tres de febrero del año en curso, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable, transcurrió sin que hubieren hecho manifestación sobre el particular. Por tanto, se procede a analizar oficiosamente el cumplimiento del fallo protector. Así, mediante sentencia dictada el catorce de diciembre de dos mil quince (fojas 152 a 160), por una parte, se sobreseyó en el juicio, y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y, Julio César Vasconcelos Fajardo, Pedro Marco Antonio Bautista Vásquez, Gladys Cruz Fachada, Reginaldo Valeriano Silva, Mireya Ortega Jarquín, Juana Pimentel Guzmán, Enrique Lázaro Ortega, y Ana Isabel Córdova Bolaños, en el sentido siguiente: "En esa tesitura y, en virtud de que la resolución no se encuentra correctamente fundada y motivada, en contravención al requisito formal que exige el artículo 16 de la Carta Magna, lo procedente es conceder el amparo la protección de la Justicia Federal al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y, a los quejosos Julio Cesar Vasconcelos Fajardo, Pedro Marco Antonio Bautista Vásquez, Gladys Cruz Fachada, Reginaldo Valeriano Silva, Mireya Ortega Jarquín, Juana Pimentel Guzmán, Enrique Lázaro Ortega y Ana Isabel Córdova Bolaños, para que la autoridad responsable: Deje insubsistente la interlocutoria en esta vía combatida y, con plenitud de jurisdicción, dicte otra tomando en consideración lo antes expuesto, pudiendo ser en el mismo sentido o en diverso, según lo considere procedente. Lo anterior, pues en la resolución se consideró que la autoridad responsable en la planilla de liquidación materia de la presente litis: a) No se pronunció en relación a todas las pruebas aportadas por las partes así como el análisis valorativo para determinar qué se desprendía de cada una de ellas; b) De igual forma por cuanto hace al monto que se debía pagar por las prestaciones a las que fue condenada la demandada, era al patrón y no la parte trabajadora a quien correspondía probar el monto de los salarios devengados por la parte demandante. Luego en acatamiento a lo anterior, la autoridad responsable del fallo reparador remitió copia certificada de la resolución dictada en el incidente de liquidación de dos de febrero de dos mil dieciséis en la que valoró las pruebas aportadas por la parte quejosa relativas a 1) documental de folleto de salarios mínimos del año mil novecientos sesenta y cuatro al dos mil trece, 2) laudo de trece de agosto de dos mil doce; de la parte demandada 1) la documental consistente en el oficio de tres de marzo de dos mil trece, 2) la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, a las cuales le otorgó el valor probatorio respectivo y qué se probaba con ello (fojas 194 y 195); asimismo, respecto del salario base para la cuantificación eximió de la carga de la prueba al trabajador ya que ello correspondía probar a la parte patronal en términos del artículo 784, fracción XII, de la Ley Federal del Trabajo, finalmente determinó: "RESUELVE PRIMERO. Se deja insubsistente la resolución del incidente de liquidación de fecha 06 de Agosto del año 2015, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 1335/2015 y su acumulado 1375/2015, que emitió el Juzgado Primero de Distrito del Décimo Tercer Circuito.-------------------------- SEGUNDO. Se aprueba la planilla de liquidación de la parte demandada y por ende se condena a la demandada COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA (CONALEP), al pago de las cantidades para cada actor, de la siguiente manera para el C. GONZALO ALONSO GARCIA, hasta por la cantidad de $1,294,156.19, para el C. JULIO CESAR VASCONCELOS FAJARDO, hasta por la cantidad de $1,441,082.01 para el C. PEDRO MARCO ANTONIO BAUTISTA VASQUEZ hasta por la cantidad de $1,436,268.09." Por tanto, si la concesión del fallo amparador fue para que dejara insubsistente la resolución del incidente de liquidación aquí reclamado, y emitiera otro en el mismo sentido que el anterior o en diverso, pero fundada y motivadamente, esto es, se pronunciara en relación a todas las pruebas aportadas por las partes así como el análisis valorativo para determinar qué se desprendía de cada una de ellas; y por cuanto al monto que se debía pagar por las prestaciones a las que fue condenada la demandada, era al patrón y no la parte trabajadora a quien correspondía probar el monto de los salarios devengados por la parte demandante, lo que en el caso acontece; en las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese este asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo, se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Fabiola Rebeca Machorro Castillo, que autoriza y da fe.
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