Cleofas Jarquin Rios

Expediente 3/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
3/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
28/06/2023

Partes del expediente

  • Cleofas Jarquin Rios

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, específicamente la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de quince días concedido a las autoridades denunciadas en la resolución de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés; que conforme al artículo 210 de la Ley de Amparo, no se interpuso recurso de inconformidad contra la resolución en la que se DECLARÓ FUNDADA LA DENUNCIA por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, por lo que con fundamento en el artículo 202 de la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme dicha resolución. Ahora, de la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, se advierte que la parte denunciante no realizó ninguna manifestación respecto a la vista otorgada en proveído de seis de junio del año en curso, en el que se tuvo a las autoridades responsables informando sobre el cumplimiento a la resolución con que culminó el procedimiento. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que existen en autos, la resolución se encuentra o no cumplida. Efectos de la resolución Mediante resolución de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, este juzgado DECLARÓ FUNDADA LA DENUNCIA por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018. Los efectos de aquella fueron para que la autoridad denunciada hiciera lo siguiente: Dejar sin efectos oficio 223301EL355495, de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, por el cual dio respuesta a la solicitud de la ahora denunciante CLEOFAS JARQUÍN RÍOS. Se pronuncie nuevamente sobre la solicitud formulada por CLEOFAS JARQUÍN RÍOS, bajo los lineamientos establecidos en la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018 y esta determinación; esto es, para que no aplique, ni siquiera implícitamente, los artículos 235, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", y 247, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", de la Ley General de Salud declarados inconstitucionales. Se puntualiza que los efectos de esta resolución, no suponen una autorización para que la denunciante siembre las semillas de marihuana, cultive y coseche su producto EN LUGARES PÚBLICOS, realice actos de comercio, suministro, transmisión de propiedad de forma gratuita o cualquier otro que se refiera a la enajenación y distribución de las sustancias mencionadas ni de las semillas que adquiera bajo las modalidades que establezcan las autoridades sanitarias ni para que ejerza tal derecho frente a personas menores de edad o terceros que no hayan brindado su autorización de forma expresa. Análisis del cumplimiento de la ejecutoria Al respecto, de las constancias que obran en autos, mismas que tienen valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte el cumplimiento de los lineamientos de lo resuelto por parte de la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso de la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, con residencia en la Ciudad de México, en representación de la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal. Ello, pues obra en autos la documental consistente en el oficio 15685-2023, de la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, psicotrópicos y sustancias químicas, con sede en la Ciudad de México, dirigido a la denunciante, del que se advierte lo siguiente: 1. Dejó insubsistente el oficio número 223301EL355495 del diecisiete de febrero de dos mil veintitrés; 2. Se inaplican los preceptos jurídicos 235, último párrafo, y 247, último párrafo, de la Ley General de Salud, en las porciones normativas que establecen la prohibición para autorizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabidol (THC) con fines recreativos, en virtud de la declaratoria general de Inconstitucionalidad 1/2018. 3. Se emite autorización para el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana o "marihuana", su resina, preparado o semillas) y del psicotrópico "THC" (Tetrahidrocannabidol, y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido comúnmente como marihuana; sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar; asimismo para la adquisición legal de la semilla de cannabis (sativa, índica y americana). En consecuencia, con apoyo en los artículos 196, tercer párrafo y 214, de la Ley de Amparo, se DECLARA CUMPLIDA la resolución dictada en el presente asunto. Archivo Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido, toda vez que en el presente asunto se dictó resolución definitiva la cual en este proveído se tuvo por cumplida. Valoración Ahora bien, toda vez que en el presente asunto se DECLARÓ FUNDADA LA DENUNCIA, se considera que es CONSERVABLE, de conformidad con los criterios de valoración a que aluden los citados numerales 12 y 14; en virtud que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso c), fracción III, del numeral 17 del referido Acuerdo General. Además, se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el asunto no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado. Destino Por tanto, transcurrido el plazo de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la transferencia de este expediente al depósito documental que para tal efecto designe la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de control respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Así lo proveyó y firma electrónicamente, RODOLFO SÁNCHEZ ZEPEDA, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante Ramiro García Simón, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. QUEDA DEBIDAMENTE NOTIFICADA LA PARTE DENUNCIANTE

  2. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, específicamente la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de quince días concedido a las autoridades denunciadas en la resolución de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés; que conforme al artículo 210 de la Ley de Amparo, no se interpuso recurso de inconformidad contra la resolución en la que se DECLARÓ FUNDADA LA DENUNCIA por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, por lo que con fundamento en el artículo 202 de la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme dicha resolución. Ahora, de la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, se advierte que la parte denunciante no realizó ninguna manifestación respecto a la vista otorgada en proveído de seis de junio del año en curso, en el que se tuvo a las autoridades responsables informando sobre el cumplimiento a la resolución con que culminó el procedimiento. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que existen en autos, la resolución se encuentra o no cumplida. Efectos de la resolución Mediante resolución de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, este juzgado DECLARÓ FUNDADA LA DENUNCIA por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018. Los efectos de aquella fueron para que la autoridad denunciada hiciera lo siguiente: Dejar sin efectos oficio 223301EL355495, de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, por el cual dio respuesta a la solicitud de la ahora denunciante CLEOFAS JARQUÍN RÍOS. Se pronuncie nuevamente sobre la solicitud formulada por CLEOFAS JARQUÍN RÍOS, bajo los lineamientos establecidos en la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018 y esta determinación; esto es, para que no aplique, ni siquiera implícitamente, los artículos 235, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", y 247, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", de la Ley General de Salud declarados inconstitucionales. Se puntualiza que los efectos de esta resolución, no suponen una autorización para que la denunciante siembre las semillas de marihuana, cultive y coseche su producto EN LUGARES PÚBLICOS, realice actos de comercio, suministro, transmisión de propiedad de forma gratuita o cualquier otro que se refiera a la enajenación y distribución de las sustancias mencionadas ni de las semillas que adquiera bajo las modalidades que establezcan las autoridades sanitarias ni para que ejerza tal derecho frente a personas menores de edad o terceros que no hayan brindado su autorización de forma expresa. Análisis del cumplimiento de la ejecutoria Al respecto, de las constancias que obran en autos, mismas que tienen valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte el cumplimiento de los lineamientos de lo resuelto por parte de la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso de la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, con residencia en la Ciudad de México, en representación de la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal. Ello, pues obra en autos la documental consistente en el oficio 15685-2023, de la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, psicotrópicos y sustancias químicas, con sede en la Ciudad de México, dirigido a la denunciante, del que se advierte lo siguiente: 1. Dejó insubsistente el oficio número 223301EL355495 del diecisiete de febrero de dos mil veintitrés; 2. Se inaplican los preceptos jurídicos 235, último párrafo, y 247, último párrafo, de la Ley General de Salud, en las porciones normativas que establecen la prohibición para autorizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabidol (THC) con fines recreativos, en virtud de la declaratoria general de Inconstitucionalidad 1/2018. 3. Se emite autorización para el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana o "marihuana", su resina, preparado o semillas) y del psicotrópico "THC" (Tetrahidrocannabidol, y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido comúnmente como marihuana; sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar; asimismo para la adquisición legal de la semilla de cannabis (sativa, índica y americana). En consecuencia, con apoyo en los artículos 196, tercer párrafo y 214, de la Ley de Amparo, se DECLARA CUMPLIDA la resolución dictada en el presente asunto. Archivo Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido, toda vez que en el presente asunto se dictó resolución definitiva la cual en este proveído se tuvo por cumplida. Valoración Ahora bien, toda vez que en el presente asunto se DECLARÓ FUNDADA LA DENUNCIA, se considera que es CONSERVABLE, de conformidad con los criterios de valoración a que aluden los citados numerales 12 y 14; en virtud que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso c), fracción III, del numeral 17 del referido Acuerdo General. Además, se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el asunto no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado. Destino Por tanto, transcurrido el plazo de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la transferencia de este expediente al depósito documental que para tal efecto designe la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de control respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Así lo proveyó y firma electrónicamente, RODOLFO SÁNCHEZ ZEPEDA, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante Ramiro García Simón, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso de la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, con residencia en la Ciudad de México, en representación de la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal, a través del cual refiere dar cumplimiento a la resolución emitida en este asunto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte denunciante con el referido oficio y sus anexos, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, exprese lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna, de oficio, se procederá a analizar el cumplimiento de la citada sentencia. Se ordena al Actuario al que este expediente corresponda, proceder en términos del artículo 27 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo en vigor, esto es, deberá deducir copia del presente acuerdo, así como copia certificada de la resolución que en pretendido cumplimiento remite la autoridad responsable, las cuales deberá entregar a la parte denunciante, expresando en el acta respectiva, de manera indubitable, la entrega de tales documentos, lo cual quedará bajo su responsabilidad como notificador. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE DENUNCIANTE.

  4. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Vistos para resolver los autos de la denuncia por incumplimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad 3/2023, promovido por ********************contra actos de aplicación de la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios y otra autoridad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la denuncia. Mediante escrito presentado el veintiocho de abril de dos mil veintitrés en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta entidad, turnado en esa fecha a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ********************, denunció el incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad ********************emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. SEGUNDO. Admisión a trámite de la denuncia. El dos de mayo de dos mil veintitrés, este Juzgado admitió a trámite la denuncia con el registro 3/2023; dio vista a las partes por el plazo de tres días para que manifestaran lo a que su interés legal conviniera y se dio la intervención correspondiente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver esta denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad, en términos de los artículos 210, fracción I, de la Ley de Amparo y 57, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, reformado por los diversos 26/2022, 29/2022 y 30/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues se denuncia un acto que no tiene ejecución y la denuncia fue presentada ante este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto denunciado. De la lectura íntegra de la denuncia se observa que el acto denunciado contra la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, consiste en la aplicación de los artículos 235 último párrafo y 247 último párrafo de la Ley General de Salud, a través del oficio ********************, de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, por el cual dio respuesta a la solicitud de la ahora denunciante ********************para llevar acabo las actividades relacionadas con el autoconsumo del estupefaciente cannabis. TERCERO. Legitimación y oportunidad de presentación de la denuncia. De conformidad con lo establecido en el artículo 210 de la Ley de Amparo, si con posterioridad a la entrada en vigor de una declaratoria general de inconstitucionalidad, se aplica una norma ahí invalidada, en perjuicio de alguna persona, ésta puede denunciar los actos ante el Juez de Distrito; de esta forma, en el particular, la denunciante está legitimada para presentar la denuncia que se analiza, en razón a que, con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria general de inconstitucionalidad ********************emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, refiere que le fue aplicada la norma declarada inválida. Por otra parte, se precisa que para la figura jurídica en estudio, los artículos 105 de la Constitución Federal, 47 último párrafo y 72, segundo párrafo, de la Ley Reglamentaria del citado precepto constitucional y 210 de la Ley de Amparo, no establecen plazo alguno para su promoción y tampoco una regulación específica sobre la preclusión del derecho de los gobernados para denunciar el incumplimiento de una ejecutoria, su repetición o nueva aplicación de la norma declarada inválida, por lo que es inconcuso que la denuncia es procedente sin sujeción a plazos que determinen la oportunidad. CUARTO. Efectos de la declaratoria general de inconstitucionalidad. El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la Declaratoria General de Inconstitucionalidad ********************(publicada en el Diario Oficial de la Federación del quince de junio de dos mil veintiuno), en los términos siguientes: ". SE RESUELVE PRIMERO. Es procedente y fundada la presente declaratoria general de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se declara la inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", y 247, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", de la Ley General de Salud, para los alcances establecidos en esta ejecutoria, la cual surtirá efectos generales a partir de la notificación de estos puntos resolutivos a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, de conformidad con los apartados II y III de esta decisión. TERCERO. Notifíquese esta sentencia a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para los efectos precisados en el apartado III de esta determinación. CUARTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, así como en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta. Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." (Lo resaltado de propio). Como se observa, el Máximo Tribunal del país declaró la inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", y 247, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", de la Ley General de Salud. Ello, al estimar que, el problema de constitucionalidad advertido en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consistente en la prohibición absoluta para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar actividades relacionadas con el auto consumo de cannabis y tetrahidrocannabidol (THC) con fines recreativos, prevista en el sistema de prohibiciones administrativas establecido en diversas porciones de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud, no había sido superado mediante las reformas a la Ley General de Salud publicadas el Diario Oficial de la Federación, el diecinueve de junio de dos mil diecisiete, puesto que el Congreso de la Unión no ha concluido el proceso legislativo. Asimismo, se enfatizó que la declaratoria no tiene como efectos permitir que se autorice el consumo lúdico o recreativo de estupefacientes o psicotrópicos distintos a los que en conjunto se conocen como marihuana, sino que sus efectos se limitan a remover los obstáculos jurídicos para permitir la autorización del consumo personal y regular con fines meramente lúdicos o recreativos, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico THC (tetrahidrocannabinol), los siguientes isómeros: 6a (10a), 6a (7), 7, 8, 9, 10, 9 (11) y sus variantes estereoquímicas, en conjunto conocidos como "marihuana"; esto es, para que la Secretaría de Salud, a través del órgano competente, autorizara en lo sucesivo las actividades relacionadas con el autoconsumo de, exclusivamente, cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos, respetando el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad reconocido por el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Puntualizándose que en lo sucesivo, y mientras el Congreso de la Unión no legisle al respecto, la Secretaría de Salud deberá emitir esas autorizaciones sólo a personas adultas y para los efectos precisados en las ejecutorias respectivas, a saber: la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte, exclusivamente, del estupefaciente ya citado. Así, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la invalidez de esas disposiciones decretando que la sentencia surtiría efectos a partir de la notificación de sus puntos resolutivos a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y no tendría efectos retroactivos, por lo que a partir de esa fecha, la declaratoria entró en vigor e impuso a todas las autoridades del país la obligación de abstenerse a aplicar los preceptos declarados inválidos, así como otorgó la posibilidad a las personas afectadas por su aplicación la facultad de reclamarla a través del presente procedimiento QUINTO. Aplicación de la norma declarada inconstitucional. La aplicación se dio a través del oficio ********************, diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, emitido por la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, y para la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, donde negó a la denunciante autorización para llevar a cabo actividades relacionadas con el autoconsumo de "cannabis" y del psicotrópico "THC", en conjunto conocido como marihuana, con fines lúdicos o recreativos. SEXTO. Estudio del asunto. La Ley de Amparo, en su artículo 210, prevé que si posterior a la entrada en vigor de una DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD, se aplica el artículo ahí invalidado en perjuicio de alguna persona, ésta puede denunciar los actos ante un Juez de Distrito, quien, de ser el caso, requerirá a la autoridad denunciada que deje sin efecto el acto de aplicación; por lo que el estudio de tales denuncias implica analizar si una autoridad aplicó algún precepto normativo declarado inválido, contra cualquier persona, lo que conlleva verificar el cumplimiento de TRES REQUISITOS indispensables: Que exista una declaratoria general de inconstitucionalidad emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que haya surtido sus efectos dicha declaratoria; y Que con posterioridad a ello se le hayan aplicado dichos preceptos al denunciante. En cuanto al primer requisito, como se vió, existe la declaratoria general de inconstitucionalidad ********************emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicha declaratoria fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el quince de julio de dos mil veintiuno, por lo que se colma el segundo de los requisitos. En cuanto al tercero de los requisitos, consistente en que con posterioridad a la entrada en vigor se aplicaron al denunciante los preceptos declarados inconstitucionales, de las constancias de autos se tiene que ********************, presentó denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, pues afirma que la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal Para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), aplicó los artículos 235 último párrafo y 247 último párrafo de la Ley General de Salud. En ese tenor, debe analizarse si en el oficio ********************, de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, se aplicó la norma declarada inconstitucional, cuyo contenido, en lo que interesa, se transcribe a continuación: ".Con fundamento en los artículos 4º, párrafo cuarto, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, fracción I, 17, 26 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; artículos 1º, 2°, 3°, fracciones I, XXII y XXVIII, 4º, fracción III, 13, inciso A, fracciones IX y X, 17 bis fracción IV, 194, 194 bis, 204, 235, 368, 369 y 371 de la Ley General de Salud; 1, 2, 3, 12, 14, 15, 15-A y 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1, 2, inciso C, fracción X, 36, 37 y 38 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; 1, 3 fracción I, inciso j y VII, 4 fracción II, inciso c), 11 fracciones VI y XI, y, 14, fracciones I y VII, del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; en relación a su escrito presentado en el Centro Integral de Servicios de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios el día 9 de diciembre de 2022 al que le correspondió el número de entrada ********************, mediante el cual solicita medularmente autorización para llevar a cabo actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis con fines Iúdicos o recreativos se le informa lo siguiente, Si bien el 15 de julio de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, donde se remueven los obstáculos jurídicos para permitir la autorización del consumo personal y regular con fines meramente Iúdicos o recreativos, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico THC (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocidos como ´marihuana"; al día de hoy, esta Unidad Administrativa no cuenta con los elementos normativos para brindar la atención a este tipo de peticiones. Cabe señalar, que mediante proveído del 28 de junio de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación exhortó al Congreso de la Unión a legislar respecto al autoconsumo recreativo de cannabis y THC, a fin de generar seguridad jurídica a los usuarios y a terceros, así como generar las condiciones necesarias para que este derecho pueda ser ejercido responsablemente. Derivado de lo anterior, se colige que esta Comisión Federal sólo se encuentra investida por una facultad de ejecución, es decir, se limita a acatar lo relativo a control, vigilancia y fomento sanitarios en materia de los productos señalados párrafos arriba, y que en el caso concreto se refiere a estupefacientes y substancias psicotrópicas, pero no se pronuncia respecto a la creación del marco que las regula, toda vez que la Autoridad Ordenadora es el Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71 Constitucional, es el poder facultado para crear y promulgar leyes. En virtud de lo expuesto, esta autoridad se encuentra imposibilitada para evaluar su petición para obtener una autorización para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo con fines Iúdicos o recreativos del estupefaciente 'cannabis' y del psicotrópico 'THC', en conjunto conocido como marihuana." (SIC) Se destaca que los preceptos que se citan en el oficio, de forma genérica prohíben toda actividad relacionada con el consumo de la marihuana, que incluye la prohibición de la emisión de autorizaciones sanitarias para el uso personal y privado de esta para los fines denominados "lúdicos o recreativos", de ahí que se estima, la autoridad denunciada aplicó de forma implícita los artículos en estudio. Esto es, para declarar improcedente la solicitud de autorización efectuada por el ahora denunciante, la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal Para la Protección contra Riesgos Sanitarios implícitamente aplicó las normas de mérito, toda vez que indicó que a la fecha en que se emitió el oficio de aplicación, esa Unidad Administrativa no contaba con elementos normativos para atender la petición y evaluar una autorización para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo con fines Iúdicos o recreativos del estupefaciente 'cannabis' y del psicotrópico 'THC', en conjunto conocido como marihuana. Lo que justificó porque si bien el veintiocho de junio de dos mil veintiuno la Suprema Corte de Justicia de la Nación exhortó al Congreso de la Unión a legislar respecto al autoconsumo recreativo de cannabis y THC, a fin de generar seguridad jurídica a los usuarios y a terceros, así como generar las condiciones necesarias para que este derecho pueda ser ejercido responsablemente, esa Comisión sólo tiene facultades de ejecución, es decir, está limitada a acatar lo relativo a control, vigilancia y fomento sanitarios de estupefacientes y substancias psicotrópicas, pero no para crear del marco que las regula Ahora, la Primera Sala, al resolver el amparo en revisión ******************** las normas de referencia comportan un "sistema de prohibiciones administrativas" que forma parte del marco regulatorio previsto en la Ley General de Salud sobre el control de estupefacientes y psicotrópicos, el cual constituye un obstáculo jurídico para poder realizar lícitamente todas las acciones necesarias para poder estar en posibilidad de llevar a cabo el autoconsumo de marihuana, entre otros, siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión y transporte. Por tanto, si bien la autoridad denunciada, en el oficio materia de denuncia, no aplicó de manera expresa los artículos 235, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos", así como 247, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", de la Ley General de Salud, cierto es que, al rechazar la autorización para el consumo de dicha sustancia, por considerar que no cuenta con facultad alguna para que pueda otorgar la autorización requerida por el denunciante, sí aplicó los citados preceptos de manera implícita, como un sistema de prohibiciones administrativas. Como consecuencia, se estima que en el particular se aplicó a la denunciante los artículos 235, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", y 247, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", de la Ley General de Salud declarados inconstitucionales, y que le prohíbe el uso de la marihuana para los fines que denomina "lúdicos o recreativos". Máxime que en la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con independencia de expulsar del sistema jurídico nacional las porciones normativas citadas, ordenó vincular a la Secretaría Protección contra Riesgos Sanitarios, a efecto de que mientras el Congreso de la Unión no legislara al respecto, dicha Secretaría debería emitir los lineamientos y autorizaciones para autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol con fines recreativos bajo las condiciones y supuestos previstos en la ejecutoria respectiva, como se advierte de la siguiente transcripción. ".89. Por tanto, esta declaratoria general de inconstitucionalidad no tiene como efectos permitir que se autorice el consumo lúdico o recreativo de estupefacientes o psicotrópicos distintos a los que en conjunto se conocen como marihuana. 90. En efecto, con la declaratoria general de inconstitucionalidad de esas porciones normativas, se remueve el obstáculo jurídico para que la Secretaría de Salud, a través del órgano competente, autorice en lo sucesivo las actividades relacionadas con el autoconsumo de, exclusivamente, cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos, respetando el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad reconocido por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que se estima necesario ordenar la notificación de la misma también a la Secretaría de Salud y a la Cofepris. 91. En la inteligencia de que en lo sucesivo, y mientras el Congreso de la Unión no legisle al respecto, la Secretaría de Salud deberá emitir esas autorizaciones sólo a personas adultas y para los efectos precisados en las ejecutorias respectivas, a saber: la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" [tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas], en conjunto conocido como marihuana. 92. Asimismo, la Cofepris deberá establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla y tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho tutelado, sin que la autorización incluya en ningún caso la permisión de importar, comerciar, suministrar, o cualquier otro acto que se refiera a la enajenación y/o distribución de las sustancias antes aludidas. 93. Además, al emitir las autorizaciones la Cofepris deberá precisar que el ejercicio del derecho de autoconsumo de cannabis y THC con fines lúdicos o recreativos en ningún caso podrá hacerse afectando a terceros, por lo que ese derecho no deberá ser ejercido frente a menores de edad ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hubieran brindado su autorización, y precisará que no está permitido conducir vehículos u operar máquinas peligrosas bajo los efectos de esas sustancias, ni realizar, en general, cualquier otra actividad bajo los efectos de esas sustancias que pueda poner en riesgo o dañar a terceros. 94. De esta manera, invalidando las porciones normativas precisadas y vinculando a la Secretaría de Salud, a través del órgano competente, a emitir las autorizaciones necesarias para permitir las actividades necesarias para el autoconsumo recreativo de cannabis y THC, con las limitaciones y restricciones precisadas, este Tribunal Pleno considera que se supera el problema de constitucionalidad advertido por la jurisprudencia de la Primera Sala. Por tanto, los argumentos vertidos en el oficio motivo de denuncia contravienen los efectos expuestos en la declaratoria general de inconstitucionalidad, y con ello, implícitamente se aplicaron a la denunciante los artículos declarados inconstitucionales. De ahí que lo procedente sea DECLARAR FUNDADA LA DENUNCIA por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018. SÉPTIMO. Efectos de esta determinación. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 210 de la Ley de Amparo, la autoridad denunciada Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal Para la Protección contra Riesgos Sanitarios, dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir al día siguiente en que surta efectos la notificación de la presente determinación, deberá: Dejar sin efectos oficio ********************, de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, por el cual dio respuesta a la solicitud de la ahora denunciante ********************. Se pronuncie nuevamente sobre la solicitud formulada por ********************, bajo los lineamientos establecidos en la declaratoria general de inconstitucionalidad ********************y esta determinación; esto es, para que no aplique, ni siquiera implícitamente, los artículos 235, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", y 247, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", de la Ley General de Salud declarados inconstitucionales. Se puntualiza que los efectos de esta resolución, no suponen una autorización para que la denunciante siembre las semillas de marihuana, cultive y coseche su producto EN LUGARES PÚBLICOS, realice actos de comercio, suministro, transmisión de propiedad de forma gratuita o cualquier otro que se refiera a la enajenación y distribución de las sustancias mencionadas ni de las semillas que adquiera bajo las modalidades que establezcan las autoridades sanitarias ni para que ejerza tal derecho frente a personas menores de edad o terceros que no hayan brindado su autorización de forma expresa. OCTAVO. Transparencia Dado que la denunciante se opuso a la publicación de sus datos personales, la sentencia y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E ÚNICO. Es PROCEDENTE Y FUNDADA la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, promovida por ********************, en términos del considerando sexto de esta determinación, para los efectos precisados en el considerando séptimo. Notifíquese y cúmplase.

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