Claudio Justino Leon Caravantes
Expediente 933/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 933/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 13/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Claudio Justino Leon Caravantes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
MESA IV "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto que desechó la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso d) del citado Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito firmado por el promovente Claudio Justino León Caravantes, en el que desahoga la prevención realizada en auto de dieciséis de agosto del presente año, y manifiesta lo siguiente: No ha solicitado por escrito la inscripción de la sentencia dictada en el expediente 255/2022. No ha solicitado al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, exigir el cumplimiento o requerimiento al Registro Agrario Nacional. Ahora, en atención a lo informado por el Registro Agrario Nacional en Oaxaca, reservado en el auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, se provee: De las constancias remitidas, se advierte que se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente por ser cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia número 814, consultable en la página quinientos cincuenta y tres, del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a continuación se transcribe: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando HAYAN CESADO los efectos del acto reclamado. Es así, porque la quejosa en esencia reclama de la autoridad registral agraria, la falta de inscripción de la sentencia dictada en el expediente 255/2022, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintiuno, así como su aclaración, remitidas mediante oficio T.U.A. 21 11 46 y T.U.A 21 1348/2022, y la omisión de darle de alta al quejoso en el padrón de comuneros de la Comunidad de San Felipe del Agua y la de expedición de la constancia de vigencia de derechos. Mientras que de las constancias que la citada autoridad agraria, recibidas en acuerdo de veinticuatro de agosto del presente año, se advierte que mediante oficio SRAJ/0061/2806/2022, dicha autoridad informó al quejoso el cumplimiento de la sentencia recaída en el expediente 255/2022, remitida por el Tribunal Unitario Agrario Veintiuno, Oaxaca, la cual fue registrada el once de agosto de dos mil veintidós, anexando copia del mismo. En ese contexto, se actualiza la causal de improcedencia invocada porque se destruyeron los efectos, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. En ese orden de ideas, sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la jurisprudencia número 415, visible en la página trescientos cincuenta y seis, de la primera parte del Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete, dos mil, del tenor literal: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Asimismo, tiene aplicación la tesis número 2a./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, Tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA de plano la demanda de amparo, al advertirse una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. EL PRESENTE PROVEÍDO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito firmado por el promovente Claudio Justino León Caravantes, en el que desahoga la prevención realizada en auto de dieciséis de agosto del presente año, y manifiesta lo siguiente: No ha solicitado por escrito la inscripción de la sentencia dictada en el expediente 255/2022. No ha solicitado al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, exigir el cumplimiento o requerimiento al Registro Agrario Nacional. Ahora, en atención a lo informado por el Registro Agrario Nacional en Oaxaca, reservado en el auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, se provee: De las constancias remitidas, se advierte que se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente por ser cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia número 814, consultable en la página quinientos cincuenta y tres, del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a continuación se transcribe: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando HAYAN CESADO los efectos del acto reclamado. Es así, porque la quejosa en esencia reclama de la autoridad registral agraria, la falta de inscripción de la sentencia dictada en el expediente 255/2022, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintiuno, así como su aclaración, remitidas mediante oficio T.U.A. 21 11 46 y T.U.A 21 1348/2022, y la omisión de darle de alta al quejoso en el padrón de comuneros de la Comunidad de San Felipe del Agua y la de expedición de la constancia de vigencia de derechos. Mientras que de las constancias que la citada autoridad agraria, recibidas en acuerdo de veinticuatro de agosto del presente año, se advierte que mediante oficio SRAJ/0061/2806/2022, dicha autoridad informó al quejoso el cumplimiento de la sentencia recaída en el expediente 255/2022, remitida por el Tribunal Unitario Agrario Veintiuno, Oaxaca, la cual fue registrada el once de agosto de dos mil veintidós, anexando copia del mismo. En ese contexto, se actualiza la causal de improcedencia invocada porque se destruyeron los efectos, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. En ese orden de ideas, sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la jurisprudencia número 415, visible en la página trescientos cincuenta y seis, de la primera parte del Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete, dos mil, del tenor literal: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Asimismo, tiene aplicación la tesis número 2a./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, Tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA de plano la demanda de amparo, al advertirse una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
MESA II ".. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio 1060/2022/D del Registro Agrario Nacional en el Estado de Oaxaca, con el que cumple con el requerimiento realizado en auto de dieciséis de agosto del presente año, el cual se reserva a proveer, hasta que la promovente cumpla con la prevención realizada en ese mismo auto. NOTIFÍQUESE.
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