Clementina Ramos Hernández
Expediente 713/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 713/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Clementina Ramos Hernández
Actuaciones
- Principal
MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación que antecede, se advierte que el te´rmino de cinco di´as a que se refiere el arti´culo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el provei´do emitido el dos de julio de dos mil veintiuno, en el cual se desecho´ de plano la demanda de amparo intentada por la parte quejosa Clementina Ramos Hernández, transcurrió´ del diecinueve al veintitrés del mes y año actual, sin que haya interpuesto el recurso de queja que preve´ el arti´culo 97, de la citada Ley; por tanto se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el arti´culo 356, fraccio´n II, del Co´digo Federal de Procedimientos Civiles de aplicacio´n supletoria a la Ley de la Materia; consecuentemente, ha´ganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y archi´vese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoracio´n, diputacio´n, destruccio´n, digitalizacio´n, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los o´rganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres an~os a partir de la presente fecha, se proceda a su destruccio´n, por actualizarse la hipo´tesis del arti´culo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulacio´n del acta y relacio´n correspondiente para la plena identificacio´n del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, ha´gase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrara´n materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, debera´ comparecer a este juzgado dentro del te´rmino de noventa di´as a recoger los documentos originales que haya aportado al procedimiento, con el apercibimiento que de no hacerlo, dichos documentos podra´n ser destruidos. Finalmente, de conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, devuélvase a la autoridad responsable Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco, copia certificada de expediente civil 642/2009, en dos tomos; copia certificada del cuaderno de incidente de cuantificación de gastos y costas 642/2009, y Cuadernillo original formado con motivo del juicio de amparo directo, promovido por Clementina Ramos Hernández, en el expediente 642/2009, que adjuntó a su informe justificado el cual en su oportunidad remitió al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, y que por razón de competencia, fueron enviados a este órgano jurisdiccional, mismos que se manejaron por cuerda separada. Notifíquese.
- Principal
MESA 2 VILLAHERMOSA, TABASCO, DOS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto; el oficio signado por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual remite el expediente de incompetencia relativo al Amparo Directo 301/2021, conteniendo la demanda de amparo promovida por Clementina Ramos Hernández; informes justificados rendidos por el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco, y por la Actuaria Judicial de dicha adscripción, al cual el juez responsable adjuntó copias certificadas del expediente civil 642/2009, en dos tomos, del cuaderno de incidente de cuantificación de gastos y costas 642/2009 y cuadernillo original formado con motivo del juicio de amparo directo, promovido por Clementina Ramos Hernández, en el expediente 642/2009. Lo anterior en virtud de que por acuerdo plenario de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, dicho Tribunal Colegiado se declaró legalmente incompetente para conocer en la vía directa de la demanda de amparo promovida por Clementina Ramos Hernández, ordenando su remisión al Juzgado de Distrito en Turno, correspondiéndole a este órgano jurisdiccional el conocimiento del mismo. Captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anótese en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo número 713/2021-2. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Con fundamento en lo establecido por los artículos 107 de la Constitución General de la República, 33 fracción IV, 35, 37, 47 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Clementina Ramos Hernández, contra el acto que reclama del Juez Cuarto Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco, residente en esta ciudad, y otra autoridad, que estima violatorios de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En virtud de lo voluminoso de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se procede a dejar éstas por cuerda separada, en tres tomos. DESECHAMIENTO. Ahora bien, el acto reclamado por la promovente de mérito, lo hace consistir en: El proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, emitido por el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, en el juicio especial hipotecario 642/2009, promovido por Sandra Rodríguez Suárez, apoderada legal de la Sociedad Limitada de los Activos Gramercy, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, contra Clementina Ramos Hernández y Mario Santamaría Acosta, en el que por una parte, determinó no admitir a trámite el recurso de reconsideración interpuesto por la demandada Clementina Ramos Hernández, contra el punto primero del acuerdo de veintiséis de abril de este año, en el que tuvo por recibido el escrito que presentó la citada demandada, con el que exhibió el avalúo del inmueble sujeto a ejecución; sin embargo, lo agregó sin efecto alguno, por no cumplir con los requisitos que establece el artículo 577, fracción I del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco y, por otra, tuvo por recibido el ocurso que presentó el abogado patrono de la parte actora, con el que exhibió su avalúo original actualizado y ordenó dar vista a las parles, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación de dicho proveído, manifestaran lo que a su derecho convenga, de conformidad con el numeral en cita. En la especie, conviene establecer que para la admisión o no de una demanda de derechos fundamentales, el Juez de Amparo debe analizar si ésta cumple con los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, ya que de no ser así lo procedente es aplicar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De esta manera, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la Jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. En ese sentido, de acuerdo con lo anterior y con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es el proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, emitido por el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, en el juicio especial hipotecario 642/2009, promovido por Sandra Rodríguez Suárez, apoderada legal de Sociedad Limitada de los Activos Gramercy, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, contra Clementina Ramos Hernández y Mario Santamaría Acosta, en el que por una parte, determinó no admitir a trámite el recurso de reconsideración interpuesto por la demandada Clementina Ramos Hernández, contra el punto primero del acuerdo de veintiséis de abril de este año, en el que tuvo por recibido el escrito que presentó la citada demandada, con el que exhibió el avalúo del inmueble sujeto a ejecución; sin embargo, lo agregó sin efecto alguno, por no cumplir con los requisitos que establece el artículo 577, fracción I del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco y, por otra, tuvo por recibido el ocurso que presentó el abogado patrono de la parte actora, con el que exhibió su avalúo original actualizado y ordenó dar vista a las parles, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación de dicho proveído, manifestaran lo que a su derecho convenga, de conformidad con el numeral en cita. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. En ese contexto, después de analizar la demanda de amparo este órgano jurisdiccional advierte que, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues se actualiza la causa prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la misma legislación, interpretado en sentido contrario, que a la letra dicen: En efecto el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Por su parte, el artículo 107, fracción IV, del mismo ordenamiento legal preceptúa: Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la ejecución, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. De conformidad con lo establecido por la última fracción de los numerales transcritos, el juicio de amparo bi-instancial es procedente contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, los cuales generalmente, no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en ese juicio; sin embargo, tratándose de actos de esta naturaleza; es decir, actos en ejecución de sentencia, el amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. En relación con lo anterior, nuestro máximo Tribunal de Justicia en el País, ha interpretado lo que debe entenderse por "última resolución"; estableciendo que es aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o bien, que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. De tal suerte que, la procedencia del juicio de amparo en la forma planteada, sólo se justifica si se tiene en cuenta que no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada, y que por naturaleza propia del procedimiento, consiste en una serie de actos concatenados entre sí, que culminará con una resolución; esto es, dada la vinculación de causa a efecto entre una actuación judicial y otra, es posible que las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución puedan analizarse cuando se reclame la última resolución, porque de demostrarse que hubo una infracción legal y que se dejó sin defensa a la parte quejosa, tendrá que reponerse el procedimiento a partir de esa violación, y de lo contrario, de resultar infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una ejecutoria, lo que equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de garantías, que no permite que sea utilizado como instrumento que dilate la administración de justicia. Asimismo, en congruencia con lo establecido en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, se colige que el acto reclamado por la parte quejosa, aun cuando se advierte fue emitido dentro del período de ejecución de la sentencia pronunciada en los autos del juicio de origen; no tiene el carácter de última resolución dictada en dicho procedimiento de ejecución; ello, tomando en cuenta que para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra actos de esa naturaleza, debe entenderse por última resolución dictada en el referido período de ejecución, aquélla en la que se da por cumplida la sentencia definitiva o se declara la imposibilidad jurídica o material para tenerlos por cumplidos. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia visible en la página 16, Tomo V abril de 1997, Pleno Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, cuyo rubro y texto siguiente dicen: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN ÚLTIMA RESOLUCIÓN, A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO.- El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Este requisito persigue, de conformidad con la exposición de motivos de la ley citada, evitar abusos del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. Luego, es inconcuso, que al no constituir el auto que en esta vía se tilda de inconstitucional, la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de la sentencia pronunciada en el juicio de origen; por consiguiente, la peticionaria de garantías, aún no está en condiciones de reclamar las violaciones que estima la han dejado sin defensa durante ese procedimiento, dado que éstas en todo caso, las deberá combatir al momento de impugnar la última resolución que se pronuncie en el expediente de origen; pues estimar lo contrario, haría que el juicio de garantías se utilizara para retardar y obstaculizar el cumplimiento de una resolución con el carácter de cosa juzgada. Cobra aplicación, por su contenido, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 230, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución. Asimismo, la jurisprudencia sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 145, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto: EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo. Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, el segundo de los citados interpretado en sentido contrario, el libelo de garantías instado en esta vía por la citada parte quejosa resulta improcedente en forma manifiesta e indudable y, por ende, con apoyo en el cardinal 113 del citado ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO DE QUE SE TRATA. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa, el que señala en su libelo de amparo y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Roger de los Santos Ochoa; y al profesionista Jorge Enrique de la Fuente Castillo, conforme a la parte final del citado numeral, en virtud de que no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; lo anterior, sin perjuicio de que con posterioridad, se le pueda ampliar los términos de tal autorización. Asimismo, se tienen como autorizados a los estudiantes de derecho mencionados en el libelo de amparo, únicamente para oír y recibir citas y notificaciones e imponerse de autos. Ahora, en relación al número telefónico y correo electrónico que proporciona, este juzgado toma conocimiento de los mismos, únicamente como una comunicación no procesal, de conformidad con lo establecido en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, toda vez que carecen de eficacia jurídica para tales efectos. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2 del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que cualquiera de los actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se les encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS En ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena a los las Oficiales Administrativos correspondientes de este juzgado federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a éste, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA JUICIO EN LÍNEA Por último, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, se les invita a las partes para lo siguiente: 1. De estimarlo conveniente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. 2. Propongan formas especiales de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de las cuales se puedan establecer comunicaciones no procesales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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EN CUMPLIMIENTO AL CITATORIO DE DOCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE DOS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. MESA 2 VILLAHERMOSA, TABASCO, DOS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto; el oficio signado por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual remite el expediente de incompetencia relativo al Amparo Directo 301/2021, conteniendo la demanda de amparo promovida por Clementina Ramos Hernández; informes justificados rendidos por el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco, y por la Actuaria Judicial de dicha adscripción, al cual el juez responsable adjuntó copias certificadas del expediente civil 642/2009, en dos tomos, del cuaderno de incidente de cuantificación de gastos y costas 642/2009 y cuadernillo original formado con motivo del juicio de amparo directo, promovido por Clementina Ramos Hernández, en el expediente 642/2009. Lo anterior en virtud de que por acuerdo plenario de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, dicho Tribunal Colegiado se declaró legalmente incompetente para conocer en la vía directa de la demanda de amparo promovida por Clementina Ramos Hernández, ordenando su remisión al Juzgado de Distrito en Turno, correspondiéndole a este órgano jurisdiccional el conocimiento del mismo. Captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anótese en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo número 713/2021-2. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Con fundamento en lo establecido por los artículos 107 de la Constitución General de la República, 33 fracción IV, 35, 37, 47 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Clementina Ramos Hernández, contra el acto que reclama del Juez Cuarto Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco, residente en esta ciudad, y otra autoridad, que estima violatorios de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En virtud de lo voluminoso de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se procede a dejar éstas por cuerda separada, en tres tomos. DESECHAMIENTO. Ahora bien, el acto reclamado por la promovente de mérito, lo hace consistir en: El proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, emitido por el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, en el juicio especial hipotecario 642/2009, promovido por Sandra Rodríguez Suárez, apoderada legal de la Sociedad Limitada de los Activos Gramercy, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, contra Clementina Ramos Hernández y Mario Santamaría Acosta, en el que por una parte, determinó no admitir a trámite el recurso de reconsideración interpuesto por la demandada Clementina Ramos Hernández, contra el punto primero del acuerdo de veintiséis de abril de este año, en el que tuvo por recibido el escrito que presentó la citada demandada, con el que exhibió el avalúo del inmueble sujeto a ejecución; sin embargo, lo agregó sin efecto alguno, por no cumplir con los requisitos que establece el artículo 577, fracción I del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco y, por otra, tuvo por recibido el ocurso que presentó el abogado patrono de la parte actora, con el que exhibió su avalúo original actualizado y ordenó dar vista a las parles, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación de dicho proveído, manifestaran lo que a su derecho convenga, de conformidad con el numeral en cita. En la especie, conviene establecer que para la admisión o no de una demanda de derechos fundamentales, el Juez de Amparo debe analizar si ésta cumple con los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, ya que de no ser así lo procedente es aplicar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De esta manera, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la Jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. En ese sentido, de acuerdo con lo anterior y con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es el proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, emitido por el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, en el juicio especial hipotecario 642/2009, promovido por Sandra Rodríguez Suárez, apoderada legal de Sociedad Limitada de los Activos Gramercy, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, contra Clementina Ramos Hernández y Mario Santamaría Acosta, en el que por una parte, determinó no admitir a trámite el recurso de reconsideración interpuesto por la demandada Clementina Ramos Hernández, contra el punto primero del acuerdo de veintiséis de abril de este año, en el que tuvo por recibido el escrito que presentó la citada demandada, con el que exhibió el avalúo del inmueble sujeto a ejecución; sin embargo, lo agregó sin efecto alguno, por no cumplir con los requisitos que establece el artículo 577, fracción I del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco y, por otra, tuvo por recibido el ocurso que presentó el abogado patrono de la parte actora, con el que exhibió su avalúo original actualizado y ordenó dar vista a las parles, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación de dicho proveído, manifestaran lo que a su derecho convenga, de conformidad con el numeral en cita. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. En ese contexto, después de analizar la demanda de amparo este órgano jurisdiccional advierte que, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues se actualiza la causa prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la misma legislación, interpretado en sentido contrario, que a la letra dicen: En efecto el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Por su parte, el artículo 107, fracción IV, del mismo ordenamiento legal preceptúa: Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la ejecución, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. De conformidad con lo establecido por la última fracción de los numerales transcritos, el juicio de amparo bi-instancial es procedente contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, los cuales generalmente, no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en ese juicio; sin embargo, tratándose de actos de esta naturaleza; es decir, actos en ejecución de sentencia, el amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. En relación con lo anterior, nuestro máximo Tribunal de Justicia en el País, ha interpretado lo que debe entenderse por "última resolución"; estableciendo que es aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o bien, que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. De tal suerte que, la procedencia del juicio de amparo en la forma planteada, sólo se justifica si se tiene en cuenta que no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada, y que por naturaleza propia del procedimiento, consiste en una serie de actos concatenados entre sí, que culminará con una resolución; esto es, dada la vinculación de causa a efecto entre una actuación judicial y otra, es posible que las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución puedan analizarse cuando se reclame la última resolución, porque de demostrarse que hubo una infracción legal y que se dejó sin defensa a la parte quejosa, tendrá que reponerse el procedimiento a partir de esa violación, y de lo contrario, de resultar infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una ejecutoria, lo que equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de garantías, que no permite que sea utilizado como instrumento que dilate la administración de justicia. Asimismo, en congruencia con lo establecido en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, se colige que el acto reclamado por la parte quejosa, aun cuando se advierte fue emitido dentro del período de ejecución de la sentencia pronunciada en los autos del juicio de origen; no tiene el carácter de última resolución dictada en dicho procedimiento de ejecución; ello, tomando en cuenta que para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra actos de esa naturaleza, debe entenderse por última resolución dictada en el referido período de ejecución, aquélla en la que se da por cumplida la sentencia definitiva o se declara la imposibilidad jurídica o material para tenerlos por cumplidos. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia visible en la página 16, Tomo V abril de 1997, Pleno Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, cuyo rubro y texto siguiente dicen: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN ÚLTIMA RESOLUCIÓN, A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO.- El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Este requisito persigue, de conformidad con la exposición de motivos de la ley citada, evitar abusos del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. Luego, es inconcuso, que al no constituir el auto que en esta vía se tilda de inconstitucional, la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de la sentencia pronunciada en el juicio de origen; por consiguiente, la peticionaria de garantías, aún no está en condiciones de reclamar las violaciones que estima la han dejado sin defensa durante ese procedimiento, dado que éstas en todo caso, las deberá combatir al momento de impugnar la última resolución que se pronuncie en el expediente de origen; pues estimar lo contrario, haría que el juicio de garantías se utilizara para retardar y obstaculizar el cumplimiento de una resolución con el carácter de cosa juzgada. Cobra aplicación, por su contenido, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 230, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución. Asimismo, la jurisprudencia sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 145, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto: EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo. Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, el segundo de los citados interpretado en sentido contrario, el libelo de garantías instado en esta vía por la citada parte quejosa resulta improcedente en forma manifiesta e indudable y, por ende, con apoyo en el cardinal 113 del citado ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO DE QUE SE TRATA. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa, el que señala en su libelo de amparo y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Roger de los Santos Ochoa; y al profesionista Jorge Enrique de la Fuente Castillo, conforme a la parte final del citado numeral, en virtud de que no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; lo anterior, sin perjuicio de que con posterioridad, se le pueda ampliar los términos de tal autorización. Asimismo, se tienen como autorizados a los estudiantes de derecho mencionados en el libelo de amparo, únicamente para oír y recibir citas y notificaciones e imponerse de autos. Ahora, en relación al número telefónico y correo electrónico que proporciona, este juzgado toma conocimiento de los mismos, únicamente como una comunicación no procesal, de conformidad con lo establecido en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, toda vez que carecen de eficacia jurídica para tales efectos. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2 del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que cualquiera de los actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se les encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS En ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena a los las Oficiales Administrativos correspondientes de este juzgado federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a éste, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA JUICIO EN LÍNEA Por último, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, se les invita a las partes para lo siguiente: 1. De estimarlo conveniente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. 2. Propongan formas especiales de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de las cuales se puedan establecer comunicaciones no procesales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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