Clemente Ortiz Méndez

Expediente 888/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
888/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
18/01/2021

Partes del expediente

  • Clemente Ortiz Méndez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos: la certificación que antecede, se advierte que las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". Lo anterior, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, por lo que determinaron adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno. En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medidas adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. Por lo anterior, se reanuda el trámite del presente expediente. Ahora bien, de la certificación de cuenta se advierte que el término de cinco di´as a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído emitido el treinta de noviembre de dos mil veinte, en el cual se desechó de plano la demanda de amparo intentada por el quejoso Clemente Ortiz Méndez, Secretario General del Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado de Tabasco, transcurrió´ del catorce al dieciocho de diciembre de dos mil veinte, sin que haya interpuesto el recurso de queja que prevé´ el artículo 97, de la citada Ley; por tanto se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres an~os a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegraran materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberá´ comparecer a este juzgado dentro del término de noventa di´as a recoger los documentos originales que haya aportado al procedimiento, con el apercibimiento que de no hacerlo, dichos documentos podra´n ser destruidos. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto; con el escrito aclaratorio de cuenta se tiene a Clemente Ortiz Méndez, Secretario General del Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado de Tabasco, dando cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de cuatro de noviembre de dos mil veinte, por lo que al respecto se acuerda: El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una resolución que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual manera, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir el promovente y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. A partir de las anteriores ideas y de una interpretación íntegra de la demanda de amparo, se concluye que el gobernado pretende que a través del juicio de amparo, se ejerza control de la constitucionalidad sobre los siguientes actos: La omisión de pagar las aportaciones al Instituto de Seguridad Social del Estado, desde el dos mil quince, a razón del veintiséis por ciento. La negativa de jubilar a los docentes que cumplen con la antigüedad. La inconstitucionalidad de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, en sus artículos 34, 35, 38, 86,87 y 89. La inconstitucionalidad del reglamento de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, particularmente los artículos 44, 45, 47 y cuarto transitorio. La omisión de pagar todos los niveles de carrera y/o proeda a los docentes que cuentan con los niveles de carrera magisterial y/o proeda, al momento de su jubilación. La negativa de aceptar los oficios de baja a los trabajadores que cumplieron con la antigüedad para jubilarse. Para un correcto entendimiento de los actos reclamados se precisa que la parte quejosa aduce que los docentes alcanzaron la antigüedad en el servicio y no pueden accesar a su jubilación, misma que es negada por el Instituto de Seguridad Social en el Estado de Tabasco; también que la Secretaría de Educación les ha negado el pago de la aportación del 26 % (veintiséis por ciento) al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, desde el dos mil quince. Por lo que, inminentemente el salario de los docentes se pone en riesgo, en virtud de que si la Secretaría de Educación los da de baja, pero el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, no les recibe el oficio en virtud de que el patrón (Secretaría de Educación), no ha pagado las portaciones del veintiséis por ciento desde el dos mil quince, afecta tanto a los trabajadores como a familiares. DECISIÓN SOBRE LA INSTANCIA CONSTITUCIONAL Analizada la demanda de amparo, se advierte que el juicio de amparo es improcedente y por tanto, deberá desecharse, como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se actualiza cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Octava Época, con número de registro 221353, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, dentro del tomo VIII, noviembre de 1991, la cual es visible a página 198, y establece lo que a continuación se transcribe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional". Expuesto lo anterior, cabe mencionar que, de oficio, este órgano de control constitucional advierte que se actualiza la causa de improcedencia del juicio del amparo, prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, dado que los actos reclamados no causan perjuicio en la esfera jurídica de la parte quejosa, como se explica a continuación. En relación a la aludida hipótesis de improcedencia, es importante dejar establecido que en términos de los artículos 107, fracción I, Constitucional y 107, fracción I, inciso g), de la ley de la materia, el acceso al juicio de amparo, tratándose de actos de autoridades administrativas, se encuentra supeditado a la necesaria demostración de un interés -jurídico o legítimo- en la tramitación y resolución del proceso de amparo, con miras a obtener una sentencia protectora que redunde en un beneficio a la esfera jurídica del quejoso. El estudio sobre la existencia o no del interés para acceder al juicio, constituye un tema que, de ordinario se identifica con la pretensión misma, y por ende, debe ser realizado como materia de fondo en la sentencia que se emita en la audiencia constitucional. No obstante, el Máximo Tribunal del País, ha establecido que el auto inicial es ocasión propicia para que el Juzgador Federal examine las particularidades de la reclamación (pretensión, relación jurídica subyacente, etcétera), desde un punto de vista provisional, a efecto de determinar la existencia del interés en forma incipiente, pues ello es lo que justificaría, en todo caso, el inicio, tramitación y resolución, del juicio; lo que de otra forma sería ocioso. En apoyo a lo anterior se cita la tesis publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXII, julio de 2013, tomo 1, página 559, con registro rápido de localización 2004008, que es del tenor siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU EXISTENCIA INDICIARIA E INICIAL PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA ADMISIÓN DE UNA DEMANDA DE AMPARO, ACTIVA LAS FACULTADES DEL JUEZ PARA ANALIZAR PROVISIONALMENTE LAS RELACIONES JURÍDICAS EN QUE SE ALEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, en su redacción actual, establece como presupuesto procesal de la acción constitucional el interés legítimo -para impugnar actos emitidos por autoridades distintas a las jurisdiccionales-, el cual ha sido definido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra; la configuración de este presupuesto procesal permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo -noción asociada clásicamente al interés jurídico-; así, el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasionan un perjuicio o privan de un beneficio, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. Una categoría de estos casos se presenta cuando los actos reclamados se dirigen a un tercero, quien promueve el juicio de amparo respecto del cual es relevante preguntarse sobre la ubicación jurídica del quejoso y determinar si existe una relación normativamente relevante entre ellos. Así, en estos casos, se exige que los jueces, al momento de determinar la admisión o no de una demanda de amparo, consideren provisionalmente y cuidadosamente las relaciones jurídicas en que se insertan las personas, como se plantea cada caso, pues justamente por la intensidad del tráfico de negocios jurídicos en un Estado Constitucional de derecho, como el nuestro, es necesario determinar individualmente las posibilidades de perjuicios o privación de beneficios que tengan una incidencia en los núcleos protectores de los derechos humanos, según el caso de que se trate, para lo cual no sólo interesa la relación directa de la autoridad o la ley con el quejoso (verticalmente), sino el análisis integral de la red de relaciones jurídicas en que se encuentran las personas (horizontal), por ejemplo, con otros particulares, en virtud de las cuales se detonen efectos perjudiciales de los actos reclamados, análisis que deberá perfeccionarse durante el trámite del juicio y, en su caso, resolverse en definitiva en la sentencia. Como es evidente, el ejercicio de esta facultad inicial de análisis no implica necesariamente que el juez de amparo deba admitir a trámite el juicio, pues el resultado de esa valoración puede llevar a fundamentar el desechamiento de la demanda, si fuera notoria y manifiesta la improcedencia de la acción constitucional". Con el propósito de analizar la causa de improcedencia propuesta, debe tomarse en cuenta lo previsto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 5, fracción I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo [.]" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia [.]". De conformidad con las normas trascritas, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no causan un agravio actual y directo en la esfera de derechos del particular, ya sea jurídica o legítimamente. El interés jurídico es el derecho que le asiste a un particular para reclamar a través del juicio de amparo, actos que considere violatorios de derechos fundamentales en su perjuicio; es decir, la afectación de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal o la ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses del particular, provocado por un acto de autoridad. Dicho interés supone sólo la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, el cual proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. De acuerdo con la explicación anterior, para efectos del juicio de amparo, la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto o la ley impugnada pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto, sino resultado inmediato de la ley o actos reclamados. En relación con lo anterior, resulta oportuno invocar, la tesis publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVII, febrero de 2013, tomo 1, página 882, con registro rápido de localización 2002812, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Con relación al interés legítimo, el precepto 107 constitucional se reformó mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de seis de junio de dos mil once, de cuyo proceso legislativo se advierte lo siguiente: "CÁMARA DE ORIGEN: SENADORES EXPOSICIÓN DE MOTIVOS INICIATIVA DE SENADORES (GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI) México, D.F., a 19 de marzo de 2009. Gaceta No. 352. Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 94, 100, 103, 107 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los suscritos Senadores Manlio Fabio Beltrones Rivera, Jesús Murillo Karam, Fernando Castro Trento y Pedro Joaquín Coldwell, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 94, 100, 103, 107 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS En la fracción II se establece quién tiene el carácter de "parte agraviada" en el juicio de amparo, señalándose que es aquella titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola las garantías o los derechos previstos en el artículo 103 y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. --- En efecto, además del objeto de protección y los efectos de las sentencias, la cuestión más relevante del juicio de amparo tiene que ver con el tipo de interés exigido para solicitarlo. Hasta ahora, en nuestro país se ha seguido la idea de que para tal efecto es necesaria la existencia de un interés jurídico, identificado con el derecho subjetivo. ---- Si bien en el pasado esa forma de relación entre la situación de las personas y sus posibilidades de acceso a los procesos fuera correcta, toda vez que se pensaba a la sociedad mexicana como altamente homogénea cuando la forma de representación de la sociedad de nuestros tiempos es la pluralidad política y cuando existe una lucha social para lograr la incorporación al orden jurídico de una serie de demandas sociales, no es posible seguir exigiendo el interés jurídico para acudir al juicio de amparo. Ello nos conduce a concluir que la forma de resolver el problema del interés para acudir al juicio tiene que ver con la forma en que se vislumbran las posibilidades de acceso a la justicia.--- Frente a la disyuntiva de mantener el sistema en sus términos actuales o abrir nuevas posibilidades de impugnación, se propone introducir la figura del interés legítimo. Se trata de una institución con un amplio desarrollo en el derecho comparado y con algunos antecedentes en el nuestro que, justamente, permite constituir como quejoso en el amparo a aquella persona que resulte afectada por un acto en virtud de, o la afectación directa a, un derecho reconocido por el orden jurídico -interés jurídico- o, cuando el acto de autoridad no afecte ese derecho pero sí la situación jurídica derivada del propio orden jurídico.--- No obstante lo anterior, se propone limitarlo en tratándose de los actos o resoluciones provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En estos casos se están discutiendo las posiciones dentro de un litigio en el que, en principio, las partes tienen las mismas posibilidades procesales y los mismos medios de defensa, de modo tal que cualquier afectación de ese equilibrio por la postulación de un interés legítimo frente a otro jurídico, afectaría el equilibrio procesal que siempre es necesario mantener [...]" Respecto a dicho numeral constitucional, debe citarse el diverso 6º de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De lo anterior, se obtiene que el juicio de amparo es un medio de control, y se sigue siempre a instancia de parte agraviada, lo que quiere decir que la acción constitucional de amparo únicamente puede ejercitarla quien se vea perjudicado por la actuación de la autoridad. Se desprende además, que el juicio de amparo no procede oficiosamente, es decir, constituye un requisito indispensable que el gobernado resienta directamente una afectación en su esfera jurídica. Conforme a los artículos 103, fracción I, de la Constitución, así como 6, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es un medio de control constitucional para proteger los derechos humanos de los gobernados reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, contra los actos de autoridad, que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, es decir, aquélla a quien perjudique una ley, un tratado internacional, un reglamento o cualquier otro acto que se reclame, y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese sentido el texto constitucional diferencia los componentes de interés tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, de los restantes supuestos, como sucede cuando se reclaman actos de autoridades administrativas. Interesa en el particular este segundo supuesto, pues el acto reclamado deriva de autoridades administrativas. En esta hipótesis debe señalarse que para demostrar el interés en el amparo convergen los siguientes elementos: La titularidad de un derecho o de un interés legítimo, ya sea individual o colectivo. La afectación a un derecho reconocido por la Constitución. La afectación de la esfera jurídica de manera directa en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De lo anterior, se puede advertir que conforme al nuevo texto del artículo 107 constitucional, el interés permite constituir como quejoso, al titular de un derecho o de un interés legítimo ya sea individual o colectivo, siempre que demuestre que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y por los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y que con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés para instar la acción de amparo se entiende aquel derecho o interés -individual o colectivo-, de cualquier persona, reconocido y protegido por el ordenamiento jurídico (Constitución y leyes que de ella emanen), así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, es una situación jurídica que otorga al interesado la facultad de instar el respeto y el debido cumplimiento a la norma jurídica y, en su caso, de exigir una reparación por los perjuicios antijurídicos que de esa actuación deriven; por ende, para su existencia no se requiere de una afectación a un derecho subjetivo pero sí a la esfera jurídica del particular, ya sea de índole económica, profesional o de cualquier otra. Sobre el tópico del interés legítimo, es menester acudir a la definición que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación: es aquel interés personal, individual o colectivo, actual y jurídicamente relevante que puede traducirse, en caso de concederse el amparo en un beneficio jurídico a favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole profesional, económico, de salud pública y de cualquier otra. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 51/2019, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1598, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2019456, que literalmente dice: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." En ese sentido, es importante reiterar, que el quejoso es trabajador de la Secretaría de Educación, el cual promueve de manera colectiva a favor de la totalidad del personal de base que integran las plantillas de docentes estatales; sin embargo, se estima que la parte quejosa no cuenta un con interés legítimo para acudir al presente juicio de amparo. Para justificar dicha postura, debe hacerse hincapié en que el Pleno del Alto Tribunal señaló que el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos o susceptibles de protegerse a través del juicio de amparo. Lo anterior fue establecido en la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, que dice lo siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una Simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." En ese sentido, al proveerse sobre la admisión de la demanda, debe verificarse si la parte quejosa es titular de un interés legítimo, ya que sólo así se podría dar la oportunidad para que lo acredite durante el juicio; sin embargo, si de los hechos y las razones expuestas en la demanda se advierte que el promovente no tiene ni podría tener un interés jurídico o legítimo, entonces se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Las anteriores consideraciones encuentran apoyo en la tesis 1a. CXXIII/2013 (10a.), establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se transcribe: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU EXISTENCIA INDICIARIA E INICIAL PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA ADMISIÓN DE UNA DEMANDA DE AMPARO, ACTIVA LAS FACULTADES DEL JUEZ PARA ANALIZAR PROVISIONALMENTE LAS RELACIONES JURÍDICAS EN QUE SE ALEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO". El artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, en su redacción actual, establece como presupuesto procesal de la acción constitucional el interés legítimo -para impugnar actos emitidos por autoridades distintas a las jurisdiccionales-, el cual ha sido definido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra; la configuración de este presupuesto procesal permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo - noción asociada clásicamente al interés jurídico-; así, el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasionan un perjuicio o privan de un beneficio, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. Una categoría de estos casos se presenta cuando los actos reclamados se dirigen a un tercero, quien promueve el juicio de amparo respecto del cual es relevante preguntarse sobre la ubicación jurídica del quejoso y determinar si existe una relación normativamente relevante entre ellos. Así, en estos casos, se exige que los jueces, al momento de determinar la admisión o no de una demanda de amparo, consideren provisionalmente y cuidadosamente las relaciones jurídicas en que se insertan las personas, como se plantea cada caso, pues justamente por la intensidad del tráfico de negocios jurídicos en un Estado Constitucional de derecho, como el nuestro, es necesario determinar individualmente las posibilidades de perjuicios o privación de beneficios que tengan una incidencia en los núcleos protectores de los derechos humanos, según el caso de que se trate, para lo cual no sólo interesa la relación directa de la autoridad o la ley con el quejoso (verticalmente), sino el análisis integral de la red de relaciones jurídicas en que se encuentran las personas (horizontal), por ejemplo, con otros particulares, en virtud de las cuales se detonen efectos perjudiciales de los actos reclamados, análisis que deberá perfeccionarse durante el trámite del juicio y, en su caso, resolverse en definitiva en la sentencia. Como es evidente, el ejercicio de esta facultad inicial de análisis no implica necesariamente que el juez de amparo deba admitir a trámite el juicio, pues el resultado de esa valoración puede llevar a fundamentar el desechamiento de la demanda, si fuera notoria y manifiesta la improcedencia de la acción constitucional". En el mismo sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, en relación con el interés legítimo, que los jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Así, señaló que al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sin embargo si de los hechos y las razones expuestas o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable. Bajo ese orden de ideas, siguiendo los parámetros del Alto Tribunal, este órgano jurisdiccional llega a la conclusión de que el quejoso no cuenta con interés legítimo para impugnar los actos en cuestión. En efecto, del escrito de demanda se desprende que el impetrante aduce, medularmente, que la naturaleza del presente juicio es de manera colectiva, en razón de que se refiere precisamente al grupo de trabajadores de BASE-ESTATALES de la Secretaria de Educación del Estado de Tabasco, adscritos a educación básica de escuelas primarias, educación inicial, preescolar, secundarias (técnicas, federales, estatales y telesecundarias), IDIFTEC, escuelas normales, UPN, IESMA, preescolar y de educación física, en el Estado de Tabasco. Sin embargo, se estima que el quejoso no cuenta con interés legítimo para acudir a esta instancia constitucional, al no acreditar que los actos que aquí combate, le causen una afectación a un derecho subjetivo, y que por ende tenga interés jurídico para acudir a esta instancia constitucional, puesto que, no exhibió pruebas que permitieran establecer de manera fehaciente que es destinatario de los actos que pretende combatir, es decir, que tenga el carácter de docente, que cumpla con los requisitos necesarios para su jubilación, que la Secretaría de Educación no le haya pagado las aportaciones a las que tiene derecho, que el Instituto de Seguridad Social no le haya recibido su oficio de baja, y que los artículos aquí cuestionados no se le hayan aplicado. Efectivamente, no basta que el promovente de mérito, haya acreditado en autos tener el carácter de Secretario General del Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado de Tabasco, con la copia certificada del auto de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, dictado en autos del expediente RS-016/2004, del índice del Tribunal de conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, sino que debió demostrar con documento fehaciente (poder) que cada uno de los miembros del ente sindical expresó su voluntad de que los represente, acorde a las facultades de que goza un sindicato en términos de las disposiciones de la legislación laboral. De manera que, el derecho que pretende hacer valer en la presente instancia constitucional, se relaciona, en todo caso, con un interés genérico o simple, como el de cualquier ciudadano, y no desde una situación especial del quejoso frente al orden jurídico. Lo anterior, toda vez que, no puede considerarse que se esté ante un interés legítimo, cuando se alega una afectación jurídica provocada por un acto de autoridad que, en todo caso, es resentida por toda la población docente, pues en ese supuesto, el medio de protección respectivo no corresponde a la naturaleza del juicio de amparo, sino a uno diverso. Lo anterior patentiza que en el caso en estudio, el quejoso también carece de interés legítimo para acudir a la presente instancia constitucional, en razón de que no acreditó una afectación a su esfera de derechos; esto es, se trata simplemente de la defensa de un derecho abstracto respecto de los actos reclamados; en razón de que no demostró de qué manera le depara un perjuicio en su situación fáctica; esto es, no cumplió con los requisitos y características necesarias para considerar una afectación real, personal y actualizada. Lo precisado en líneas que anteceden, permite inferir que en todo caso, quien tiene legitimación fehaciente para promover el juicio de amparo, es directamente el trabajador o docente a quien afecte la determinación y/o respuesta de la autoridad administrativa correspondiente, respecto de la solicitud de jubilación que prevé el artículo 86 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco. En ese sentido, se reitera que no puede considerarse que la parte quejosa cuente con interés legítimo, pues aun cuando no sea el destinatario directo de los actos que combate, las afectaciones que plantea son abstractas, conjeturales e hipotéticas. Sirve de apoyo a lo anterior, interpretada en sentido contrario, la tesis aislada 1a. CLXXXII/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, que dice lo siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. UNA PERSONA NO DESTINATARIA DE UNA NORMA LEGAL PUEDE IMPUGNARLA EN SU CALIDAD DE TERCERO, SIEMPRE Y CUANDO LA AFECTACIÓN COLATERAL ALEGADA NO SEA HIPOTÉTICA, CONJETURAL O ABSTRACTA. Al momento de analizar si la parte quejosa acredita contar con interés legítimo para impugnar una norma, el juez de amparo debe precisar en primer lugar la ubicación jurídica desde la que se le combate: como destinatario o como tercero. Ello se logra mediante el análisis del ámbito personal de validez de la norma y de la posición del quejoso frente a ésta. Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concluido que mediante la introducción constitucional del concepto de interés legítimo, las personas pueden acudir a cuestionar la validez de normas desde la ubicación de terceros al contenido o relación jurídica por ella contemplada, en cuyo caso la respuesta a responder para tener por acreditado ese requisito es: ¿La puesta en operación de la norma impugnada genera al quejoso una afectación jurídicamente relevante? Las distintas hipótesis de actualización de esa afectación se describen en la tesis aislada 1a. CCLXXXII/2014 (10a.),¹ de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS, NORMAS QUE ACTUALIZAN ESTA CALIFICATORIA SOBRE LA BASE DEL INTERÉS LEGÍTIMO.". Para describirlas, se han utilizado fórmulas como "irradiación colateral de la norma a los quejosos como terceros", o simplemente, "afectación colateral". Ahora bien, conviene precisar que la premisa básica de este estándar es el requisito de que la afectación colateral alegada debe presentar una relación causal con la norma impugnada que no puede ser hipotética, conjetural o abstracta. En otras palabras, debe tratarse de una afectación palpable y discernible objetivamente del análisis de la ley, al grado de ser calificable como una verdadera creación de la obra del legislador. El principio de división de poderes que inspira el requisito de parte agraviada, obliga a los jueces a reconocer interés legítimo únicamente a la persona que acredite una afectación real en sentido cualitativo, pero también temporal, actual o inminente, nunca hipotético o conjetural." En consecuencia, los actos reclamados no afectan de modo alguno la esfera jurídica del promovente y, por ende, carece de interés legítimo para impugnarlos. Por analogía al caso se cita la tesis aislada I.1o.A.E.57 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, que puede ser consultada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, de contenido siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. CARECEN DE ÉL LOS CONCESIONARIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES, PARA IMPUGNAR LAS DECISIONES FAVORABLES A OTROS AGENTES, RELATIVAS AL OTORGAMIENTO, MODIFICACIÓN O PRÓRROGA DE CONCESIONES OBTENIDAS A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS EN LOS QUE NO PARTICIPARON. El solo hecho de contar con una concesión para la explotación de servicios públicos de telecomunicaciones, no confiere al titular de ésta, interés legítimo para impugnar en el amparo las decisiones relativas al otorgamiento, modificación o prórroga de concesiones de esa naturaleza, obtenidas a través de procedimientos licitatorios en los que no participaron, respecto de bandas de frecuencia asignadas, porque el hecho de contar con una concesión no lo coloca en una situación específica y cualificada frente a la relación jurídica que se suscita entre la autoridad y los titulares de las autorizaciones de explotación de los bienes a que aluden esas resoluciones. Lo anterior, porque el escrutinio judicial no puede activarse por el simple señalamiento de que el órgano regulador desatiende la igualdad, la competencia y la libre concurrencia, si no proviene de quien cuente con interés jurídico o legítimo para la impugnación a través del amparo, pues de permitirse su promoción por quien no tenga esa calidad, la sentencia favorable que llegara a dictarse, no le generaría un beneficio jurídico real en su esfera de derechos, debido a que la decisión tendría por objeto, tan sólo dejar insubsistentes dichas resoluciones, sin el consecuente beneficio de darle participación en el uso, aprovechamiento o explotación en esos servicios públicos, por no tratarse de un procedimiento licitatorio en el que hubiere participado, ni haber mediado solicitud de su parte para ese efecto, además de que la insubsistencia de las decisiones asumidas afectaría el ejercicio de las atribuciones que corresponden al Estado en la rectoría destinada a garantizar el crecimiento eficaz en las materias de telecomunicaciones y radiodifusión." Por otra parte, los artículos 356 y 375 de la Ley Federal del Trabajo establecen: "Artículo 356. Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses." "Artículo 375. Los sindicatos representan a sus miembros en la defensa de los derechos individuales que les correspondan, sin perjuicio del derecho de los trabajadores para obrar o intervenir directamente, cesando entonces, a petición del trabajador, la intervención del sindicato." El primer precepto citado con antelación, señala que el Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses; por su parte el segundo de ellos indica que los sindicatos representan a sus miembros en la defensa de los derechos individuales que les correspondan, sin perjuicio del derecho de los trabajadores para obrar o intervenir directamente, cesando entonces, a petición del trabajador, la intervención del sindicato. Ahora bien, tratándose de la vía constitucional de amparo, la representación procesal debe analizarse a la luz de la materia que regula el acto reclamado, de conformidad con el artículo 6 de la Ley de Amparo, precepto que instituye que el juicio sólo puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponde a una causa criminal o por medio de un pariente o persona extraña en los casos en que la propia ley lo permita expresamente, y sólo puede seguirse por el agraviado, su representante legal o su defensor. De lo anterior, se obtiene que el Secretario General del Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado de Tabasco, carece de legitimación procesal activa para promover la contienda constitucional que se revisa, en nombre de todos y cada uno de los integrantes del sindicato, dado que al ente sindical no le reviste el carácter de servidor público en activo, ni se le otorgó expresamente la representación de cada agremiado para promover la demanda de amparo a su nombre. La legitimación en el proceso, se identifica con la falta de personalidad o capacidad en el actor, la cual se refiere a un presupuesto procesal, necesario para el ejercicio del derecho de acción que pretenda hacer valer quien se encuentre facultado para actuar en el proceso como actor, demandado o tercero; la falta de personalidad se refiere a la capacidad, potestad o facultad de una persona física o moral, para comparecer en juicio, a nombre o en representación de otra persona, en los términos de los artículos 44 a 46 del Código de Procedimientos Civiles, por lo que si no se acredita tener personalidad, legitimatio ad procesum, ello impide el nacimiento del ejercicio del derecho de acción deducido en el juicio; es decir, la falta de dicho requisito procesal puede ser examinada oficiosamente por el Juez de la instancia, conforme lo dispone el artículo 47 del Código de Procedimientos Civiles, o bien opuesta como excepción por el demandado en términos de lo preceptuado por la fracción IV del artículo 35 de dicho ordenamiento. Ilustra lo anterior la tesis 1121, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 807, Tomo IV, Civil, P.R. TCC, Materia Civil, Séptima Época, del Apéndice 2000, cuya transcripción dice: "LEGITIMACIÓN AD-CAUSAM Y LEGITIMACIÓN AD-PROCESUM.- La legitimación en el proceso y la legitimación en la causa son situaciones jurídicas distintas, toda vez que la primera de ellas, que se identifica con la falta de personalidad o capacidad en el actor, se encuentra referida a un presupuesto procesal, necesario para el ejercicio del derecho de acción que pretenda hacer valer quien se encuentre facultado para actuar en el proceso como actor, demandado o tercero; la falta de personalidad se refiere a la capacidad, potestad o facultad de una persona física o moral, para comparecer en juicio, a nombre o en representación de otra persona, en los términos de los artículos 44 a 46 del Código de Procedimientos Civiles, por lo que si no se acredita tener personalidad, legitimatio ad procesum, ello impide el nacimiento del ejercicio del derecho de acción deducido en el juicio; es decir, la falta de dicho requisito procesal puede ser examinada oficiosamente por el Juez de la instancia, conforme lo dispone el artículo 47 del Código de Procedimientos Civiles, o bien opuesta como excepción por el demandado en términos de lo preceptuado por la fracción IV del artículo 35 de dicho ordenamiento, en cuyo caso, por tratarse de una excepción dilatoria que no tiende a destruir la acción ejercitada, sino que retarda su curso, y además de previo y especial pronunciamiento, puede resolverse en cualquier momento, sea durante el procedimiento o en la sentencia; en cambio, la legitimación activa en la causa es un elemento esencial de la acción que presupone o implica la necesidad de que la demanda sea presentada por quien tenga la titularidad del derecho que se cuestiona, esto es, que la acción sea entablada por aquella persona que la ley considera como particularmente idónea para estimular en el caso concreto la función jurisdiccional; por tanto, tal cuestión no puede resolverse en el procedimiento sino únicamente en la sentencia, por tratarse de una cuestión de fondo, perentoria; así, estima este Tribunal Colegiado que cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación alude a que la legitimación puede estudiarse de oficio en cualquier fase del juicio, se refiere a la legitimación ad procesum, no a la legitimación ad causam. En consecuencia, si la parte demandada niega el derecho que hace valer la parte actora, por considerar aquélla que ésta no es la titular del derecho litigioso, resulta inconcuso que se trata de una excepción perentoria y no dilatoria que tiende a excluir la acción deducida en el juicio, por lo que tal cuestión debe examinarse en la sentencia que se llegue a pronunciar en el juicio." Además, el multicitado Sindicato, no tiene legitimación para impugnar los actos materia de litis como ente colectivo, ya que esa defensa corresponde a los trabajadores en lo individual, habida cuenta que el reclamo se pretende plantear como una afectación particular a cada uno de los trabajadores/servidores públicos agremiados, no en defensa de derechos incorporados a la esfera jurídica del sindicato como ente colectivo. En ese orden de ideas, si el sindicato pretende impugnar la inconstitucionalidad de un decreto de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, y este anexa los documentos que acreditan que representa al sindicato pero no obra en autos del juicio de amparo documento alguno en el que sus miembros hayan expresado su deseo para instar el juicio de amparo, es inconcuso que la asociación no está legitimada para ocurrir al juicio de derechos fundamentales en representación de sus agremiados, por no satisfacer los requisitos procesales para tener por acreditada la legitimación procesal e impugnar la inaplicabilidad de la norma reclamada. Ilustra lo anterior por identidad de razón la tesis VI.3o.A.191 A, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1720, Tomo XX, Septiembre de 2004, Materia Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "AMPARO CONTRA LEYES. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL COMITÉ EJECUTIVO GENERAL DE UN SINDICATO EN NOMBRE DE SUS AGREMIADOS. Si bien es cierto que el artículo 375 de la Ley Federal del Trabajo reconoce a los sindicatos la facultad para representar a sus miembros en la defensa de los derechos individuales que les correspondan, también lo es que ello no basta para que se considere satisfecha la legitimación en el juicio de garantías, ya que tratándose de la vía constitucional de amparo, la representación procesal debe analizarse a la luz de la materia que regula el acto reclamado, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, si un sindicado pretende impugnar la inconstitucionalidad de un tributo, la representación en el proceso se encuentra regulada en los artículos 1o., 19 y 200 del Código Fiscal de la Federación, de cuyo contenido se advierte que tratándose de la representación de los particulares, deberá otorgarse escritura pública o carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante notario o fedatario público. Ahora bien, si en el caso, el comité ejecutivo general de un sindicato anexó los documentos que acreditan que representa al sindicato pero no obra en autos del juicio de amparo documento alguno en el que sus miembros hayan expresado su deseo ante notario, fedatario público o autoridad competente de que dicho comité los represente, es inconcuso que el citado comité no está legitimado para ocurrir al juicio de garantías en representación de sus agremiados, por no satisfacer los requisitos procesales para tener por acreditada la legitimación procesal e impugnar la inconstitucionalidad del impuesto; consecuentemente, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con los artículos 4o. y 12 de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido para este tribunal la invocación por parte del sindicato recurrente del criterio aislado sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración en la que determinó que el caso del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana contaba con la personalidad en el juicio de amparo para promover la inconstitucionalidad de la Ley de Ingresos para el Estado de Jalisco de 1960, sin que para ello requiriera el promovente poder especial ni individual, puesto que señalaba que aun siendo un tributo fiscal afectaba al salario de los trabajadores coaligados para la defensa y mejoramiento de sus intereses; sin embargo, al margen de ser criterio aislado que no obliga a este órgano colegiado en términos del artículo 192 de la ley de la materia, por ser una tesis que data desde mil novecientos sesenta y nueve, a la fecha los fundamentos en donde se apoyó han sido modificados; dicha tesis aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 7, Primera Parte, página 33, con el rubro: "INDUSTRIA AZUCARERA Y SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA, SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA. PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO (LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE JALISCO DE 1960)."" En ese contexto, la jubilación de los docentes, es un acto que les compete a los agremiados del sindicato quejoso y no así al Secretario General del Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado de Tabasco (falta de afectación), pues son los sindicalizados los que se encuentran legitimados en lo individual para impugnar los actos respecto a su jubilación, pues a ellos son a quienes se les genera una afectación en su esfera jurídica en el caso de no poder continuar con los trámites para su retiro. Dicho de otra manera, el sindicato quejoso carece de legitimación para acudir al juicio de amparo en representación de sus agremiados para la defensa de los derechos de cada uno de ellos, pues sus esferas jurídicas son diferentes y diferenciadas, es decir, la esfera de derechos del sindicato promovente es distinta a la de sus miembros, razón por la cual, la afectación a los derechos adquiridos de los integrantes no puede ser alegada por el sindicato promovente; máxime que el hecho de que su objeto social sea la representación y defensa de sus agremiados, no equivale a una forma de representación legal permitida en el juicio de amparo en términos del artículo 6 de la Ley de la Materia, pues no debe perderse de vista que en este juicio constitucional rige el principio de relatividad, el cual implica que la eventual concesión del amparo, únicamente tendrá efectos sobre el que figuró como parte quejosa. Resulta aplicable la tesis XX.12 L, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la página 618, Tomo II, Agosto de 1995, Materia Laboral, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SECRETARIO GENERAL DE UN SINDICATO. CARECE DE LEGITIMACION PARA PROMOVER, A NOMBRE DE SUS REPRESENTADOS, DEMANDA DE GARANTIAS. Si bien de conformidad con lo dispuesto por los artículos 375 y 376 de la Ley Federal del Trabajo, el secretario general de un sindicato, es el representante de los miembros afiliados al mismo, debe entenderse que tal representación es sólo para efectos de la defensa de sus derechos laborales y algunos otros que expresamente le confiere la ley; sin que, desde luego, tenga el alcance de facultarlo para promover el juicio de garantías a nombre de éstos, sin contar con el mandato o poder general o especial respectivo. Ya que así se desprende de lo dispuesto por los artículos 4o. y 8o. de la Ley de Amparo." Desechamiento que se hace extensivo respecto a los actos reclamados, consistentes en la inconstitucionalidad de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, en sus artículos 34, 35, 38, 86,87 y 89 y la inconstitucionalidad del reglamento de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, particularmente los artículos 44, 45, 47 y cuarto transitorio, en atención a que al haberse desechado al actualizarse una causal de improcedencia y respecto de los actos que se reclaman como primer acto de aplicación, este juzgador federal no debe desvincular el resultado de la ley controvertida, por lo que al resultar improcedente el juicio en cuanto a los actos que a criterio de la parte quejosa se traduce en el primer acto de aplicación de la normas impugnadas, también resulta improcedente respecto de éstas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 235, Tomo XII, Agosto de 2000, Materia Constitucional, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." En consecuencia, este Juez de Distrito concluye que la ejecución de los actos reclamados no afecta de modo alguno en la esfera jurídica del sindicato quejoso, pues a esta persona moral no es a quien se le está negando la jubilación, de manera que la restitución en el amparo no puede tener el alcance de proteger a sus agremiados, al no haber figurado como parte en el juicio de amparo y, por ende, carece de interés jurídico para impugnarlos. En las relatadas consideraciones, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de la Materia. Lo anterior por así permitirlo la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, que dice lo siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." Además, el que se actualice una causal de improcedencia dentro del juicio de amparo, de ninguna manera implica que se esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Apoya la anterior determinación, la tesis III.2o.C.3 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 2066, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, Materia Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia." INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    MESA 3 VILLAHERMOSA, TABASCO, CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto; con el escrito aclaratorio de demanda, se tiene a Clemente Ortiz Méndez, Secretario General del Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado de Tabasco, pretendiendo dar cumplimiento al requerimiento que se le hizo por acuerdo de diecinueve de octubre del presente año, en el cual se le requirió para que acreditara la personalidad, precisara los actos reclamados y exhibiera copias de su demanda de amparo. En ese contexto, respecto al primer punto de la prevención efectuada, del escrito aclaratorio se aprecia que Clemente Ortiz Méndez, Secretario General del Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado de Tabasco, acredita su personalidad en términos del artículo 11 de la Ley de amparo, con la copia certificada del auto de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, dictado en autos del expediente RS-016/2004, del índice del Tribunal de conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Luego, por lo que hace el punto dos, para quien aquí resuelve, estima que sus actos reclamados no son precisos, ello, en virtud de que, reclama la inaplicabilidad y la inconstitucionalidad de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, específicamente en sus artículos 34, 35, 38, 86, 87 y 89, así como la inaplicabilidad y la inconstitucionalidad del decreto del reglamento de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, particularmente los artículos 44, 45, 47 y cuarto transitorio. Empero, la inaplicabilidad y la inconstitucionalidad de los preceptos no podrían estudiarse conjuntamente, porque de sospechar la inaplicabilidad, hay que verificar que sea correcta la interpretación que dio lugar a su aplicación al caso concreto, pues de ello depende que se realice o no el examen sobre su inconstitucionalidad. Considerar lo contrario, es decir, entender que el tribunal de control constitucional no debe cuestionar lo que llevó a aplicar la norma al caso específico, limitaría sus atribuciones obstaculizando su labor de control constitucional so pretexto de no estar facultado para resolver cuestiones de legalidad, cuando éstas son condición para el ejercicio de protección de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, no ha lugar a tener por desahogada la prevención formulada al solicitante del amparo. Ahora, debido a que el escrito aclaratorio fue presentado, el tres de noviembre de dos mil veinte, en la Oficialía de Partes Común de esta ciudad, dígase a la parte promovente que tiene oportunidad para desahogar la aclaración correspondiente, dentro del plazo de dos días, ya que el lapso otorgado en el auto de diecinueve de octubre del año en curso, para tal efecto, se interrumpió con la presentación del escrito que se provee y se reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, en el entendido que de no hacerlo en el plazo concedido, se hará efectivo el apercibimiento decretado en el proveído citado con antelación. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 39/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 400, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, Materia(s): Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo." Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    mesa 3 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto; con la demanda de cuenta se tiene a Clemente Ortiz Méndez, quien se ostenta como Secretario General del Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado de Tabasco, solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del Gobierno del Estado de Tabasco y otras autoridades, con sede en esta ciudad, que estima violatorios de los artículos 1, 5, 14, 16, 75, 102 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 888/2020-3. PREVENCIÓN. Ahora, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo, se mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: "I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda." Establecido lo anterior, cabe precisar que el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; [.]." En esas condiciones, antes de proveer sobre su admisión requiérase a Clemente Ortiz Méndez, para que de conformidad con lo previsto por los artículos 108 fracciones III, IV y V y 114 fracciones I, II, III, IV y V, de la Ley de Amparo, dentro del término de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído, manifieste bajo protesta de decir verdad lo siguiente: PRIMERO: Acredite la personalidad con que se ostenta, esto es, el carácter de Secretario General del Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado de Tabasco, ya que la constancia que exhibió para tal efecto se encuentra en copia simple, y no es suficiente para ello, pues no produce convicción sobre la veracidad de su contenido. Apoya lo requerido, la jurisprudencia 782, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 868, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de Amparo Indirecto, Novena Época, Materia Común, del Apéndice 1917 - Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO" Así como la Jurisprudencia 527, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 582, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Cuarta Sección - Partes en el juicio de amparo, Materia Común, Novena Época del Apéndice de 2011 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE." Al igual que la Jurisprudencia número 32/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 127, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO." SEGUNDO: Precise sus actos reclamados, ello en virtud de que si bien reclama unas omisiones y negativas de las autoridades señaladas como responsables, también señala como acto reclamado la inaplicabilidad de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, específicamente en sus artículos 34, 35 y 37, así como la inaplicabilidad del decreto del reglamento de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, particularmente los artículos 44, 45, 48 y cuarto transitorio. Empero, de la lectura íntegra de la demanda de derechos fundamentales, no se advierte si reclama la inconstitucionalidad de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, específicamente en sus artículos 34, 35 y 37, así como la inconstitucionalidad del decreto del reglamento de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, particularmente los artículos 44, 45, 48 y cuarto transitorio. TERCERO: En caso de reclamar la inconstitucionalidad de la ley y el decreto, precisados en el punto anterior, señale concretamente las autoridades responsables que intervinieron en su emisión y a las cuales les atribuye los actos reclamados, así también, deberá precisar en su caso si las reclama con motivo de un acto de aplicación y por ende, proporcione la fecha de la determinación en que se hayan aplicado y de la notificación relativa. Cobra aplicación al caso, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 54, del Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989, Materia Común, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISION EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACION DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO. Si el quejoso en su demanda de garantías, omite precisar el acto reclamado de las autoridades responsables, el juez a quo, previamente a su admisión, debe dictar el acuerdo correspondiente a efecto de subsanar la irregularidad destacada para resolver conforme a derecho, esto es, desechándola por falta de aclaración, o bien admitiéndola con base al escrito aclaratorio que permita conocer los actos reclamados a la totalidad de las autoridades señaladas como responsables, si esto no sucede y en su lugar el juez de Distrito sobresee en el juicio, lo procedente es, en la revisión, revocar la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento con base en la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo." CUARTO: Exhiba copias suficientes para cada una de las autoridades responsables, (1) una para el Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado y (2) dos para el incidente de suspensión, lo anterior ya que sólo acompaño a su escrito de demanda tres copias. Apoya lo anterior, por analogía la Jurisprudencia 8/2017 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 5, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor literal siguiente: "COPIAS DE TRASLADO. LA CONSECUENCIA JURÍDICA DE TENER POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO O LOS RECURSOS DE REVISIÓN O DE QUEJA, POR NO DESAHOGARSE EN SUS TÉRMINOS EL REQUERIMIENTO PREVIO PARA SU ENTREGA, NO VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA" Asimismo, la tesis III.2o.C.23 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en la página 2485, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III, Décima Época, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es del tenor siguiente: "COPIAS DE LA DEMANDA DE AMPARO. SU EXHIBICIÓN PARA SU TRASLADO A LAS PARTES, PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 110 Y 114 DE LA LEY DE AMPARO, NO CONSTITUYE UN FORMALISMO ABSURDO. La regla general de exhibir copias de la demanda de amparo para traslado a cada una de las partes, tiene como propósito que el juzgador pueda cumplir con sus atribuciones dentro del juicio relativo, de una manera correcta y funcional, a fin de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para su intervención en el juicio de amparo, como son, pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero o terceros interesados, dar la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público y de integrar los cuadernos relativos al incidente de suspensión si ésta fue solicitada; de ahí que no constituya un formalismo absurdo." En la inteligencia de que el escrito aclaratorio deberá presentarlo con las copias suficientes para su distribución entre las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 963, Tomo VII, Enero de 1998, Materia Común, Novena Época, del el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro siguiente: "COPIAS DEL ESCRITO ACLARATORIO DE LA DEMANDA DE AMPARO. CASO EN QUE DEBEN SER EXIGIDAS.". Hágase del conocimiento al promovente del amparo el contenido del artículo 261 de la Ley de la Materia, que prevé las sanciones para la parte quejosa, para su abogado autorizado o para ambos, cuando con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirmen hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el acto reclamado; numeral que al efecto se transcribe: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." APERCIBIMIENTO Bajo el apercibimiento que de no desahogar las prevenciones en sus términos y en el plazo concedido; acorde con el penúltimo párrafo, del precepto 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda, y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, por no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado Para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Ahora, en relación al número telefónico y correo electrónico que proporciona, este juzgado toma conocimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DIGITALIZACIÓN Finalmente, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3o. de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a éste, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Por último, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, se les invita a las partes para lo siguiente: De estimarlo conveniente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Propongan formas especiales de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de las cuales se puedan establecer comunicaciones no procesales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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