Claudio Oliverio Leal López
Expediente 482/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 9 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 482/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 15/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Claudio Oliverio Leal López
- Juez Tercero del Ramo Mercantil Con Sede En la Ciudad de Zacatecas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
... Zacatecas, Zacatecas, quince de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, hágase del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/1140/2021, de veintiocho de octubre del año en curso, el encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que el Pleno, en sesión celebrada el veinte del mes y año aludido, acordó la adscripción del licenciado Rodolfo García Camacho, como titular de este Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, con efectos a partir del dieciséis de noviembre del año en curso. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto el recurso de queja a que refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que desechó la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21 inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo delos expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es destruible, en razón de que se tuvo por no presentada la demanda promovida dentro del presente juicio. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral realícese la destrucción a que alude el artículo 3, fracción XV del citado acuerdo. Inclúyase el presente asunto en el acuerdo de desincorporación correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación de Órganos Jurisdiccionales y Visitaduría Pública, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. ...
- Principal
.. Zacatecas, Zacatecas, treinta de junio de dos mil veintiuno. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por el quejoso Claudio Oliverio Leal López, a través del cual manifiesta: "PRIMERO. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, preciso que comparezco al juicio de origen como demandado e indico que ya fui emplazado al juicio del que emana el acto reclamado. SEGUNDO. Preciso que la fecha del proveído reclamado al Juez Tercero del Ramo Mercantil de la capital lo es de fecha veintiséis de mayo del año dos mil veintiuno. TERCERO. El estado procesal en que se encuentra el juicio, se encuentra en ejecución de sentencia porque ya se dictó dentro del procedimiento mercantil número 304/2018". En tales condiciones, téngasele al promovente dando cumplimiento a las prevenciones realizadas el veintiuno del mes y año en curso. En atención a lo anterior se provee lo siguiente: DESECHAMIENTO. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Por tanto, es necesario precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional, estima que lo procedente es desechar de plano la demanda, atento a las siguientes consideraciones. En el caso concreto, el quejoso refiere que el acto reclamado es el siguiente: ".indico claramente y preciso que el acto que reclamo al Juez Tercero del Ramo Mercantil de esta Ciudad Capital y que los hago consistir en lo siguiente: Al juez Tercero del Ramo Mercantil le reclamo el porqué admitió el escrito al ahora tercero perjudicado, porque en su escrito señaló erróneamente como CLAUDIO OLIVERIO DIAZ DEL LEAL y mi nombre correcto es CLAUDIO OLIVERIO LEAL LOPEZ ese es el ACTO Reclamado y que me agravia y obra dentro del expediente arriba indicado y PRECISO que la fecha en que tuve conocimiento de dicho agravio lo fue el día 26 de Mayo de 2021. .", Luego, el quejoso en su escrito aclaratorio señala que tiene la calidad de demandado en el procedimiento mercantil número 304/2018, en el cual ya fue emplazado, que la fecha del proveído reclamado al Juez Tercero del Ramo Mercantil de la capital lo es de veintiséis de mayo del año dos mil veintiuno y que el estado procesal en que se encuentra el juicio de origen es el de ejecución de sentencia porque la misma ya se dictó. De lo anterior se advierte que el acto atribuido al juez Tercero del Ramo Mercantil del distrito judicial de la capital lo es el proveído de veintiséis de mayo del año dos mil veintiuno, a través del cual acordó de conformidad el escrito presentado por la parte actora en el juicio 304/2018, en el sentido de tenerlo por proporcionando el domicilio de Claudio Oliverio Diaz del Leal. En atención a lo anterior y a los antecedentes del acto reclamado en este juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción III, inciso b), y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, mismos que establecen: Artículo 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan; . Así también, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; De la lectura de los preceptos legales antes transcritos, se llega a la conclusión de que se determina la procedencia del amparo indirecto cuando se trate de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación (de acuerdo al inciso b) de la fracción III, del artículo 107 constitucional), o que cuyos efectos sean de imposible reparación (en términos del numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo). En tales condiciones, para determinar si una violación es o no reclamable en amparo indirecto, lo que debe observarse es la exigencia a que se refiere la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en el sentido de que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. Luego, el alcance de tales disposiciones, obliga a precisar que los actos tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Sobre la base de datos previamente referida, se tiene que en la especie, de un atento análisis de la demanda que se provee y de su aclaración, se advierte que la misma resulta notoriamente improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, éste último aplicado a contrario sensu. Como se precisó, la ejecución de imposible reparación de un acto jurisdiccional, para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto, sólo se da cuando, por sí o a través de sus consecuencias, se afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y no en los casos en que sólo se afectan derechos adjetivos o procesales, cuyos efectos y consecuencias pueden desaparecer, sin dejar huella, si el afectado obtiene su pretensión en el fondo. Por lo que hace al concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido la jurisprudencia de rubro y textos siguientes: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Ahora bien, al advertir los elementos de esta definición de "ejecución irreparable", y aplicarlos al acto reclamado consistente en el proveído de veintiséis de mayo del año dos mil veintiuno, a través del cual el juez Tercero del Ramo Mercantil del distrito judicial de la capital acordó de conformidad el escrito presentado por la parte actora en el juicio 304/2018, en el sentido de tenerlo por proporcionando el domicilio de Claudio Oliverio Diaz del Leal. De ahí que resulta evidente, que con el proveído que se reclama en este contradictorio constitucional, sólo se pueden afectar derechos adjetivos o procesales del impetrante, que únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva, esto es, los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por medio de las garantías individuales, como serían la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera. En este sentido, se puede afirmar que dicho acto reclamado, no reviste la categoría de actos que sean de imposible reparación, ya que no encuadra en ninguno de los supuestos definidos por el artículo 107 de la Ley de Amparo, para que proceda el juicio de amparo biinstancial. Apoya las anteriores consideraciones, la tesis de jurisprudencia que establece lo siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES MATERIA DEL AMPARO DIRECTO. Si bien en los juicios civiles las violaciones al procedimiento reclamables en amparo directo deben impugnarse en el curso mismo del procedimiento, esto no autoriza a reclamar la resolución de esas impugnaciones en el amparo indirecto, pues con esto se estaría desvirtuando la finalidad perseguida por la Ley de Amparo al reservar el conocimiento de determinadas violaciones para el juicio de garantías uniinstancial, que es la de evitar el entorpecimiento del procedimiento natural a través de la promoción de diversos juicios de amparo que harían interminable la solución del asunto natural, por eso precisamente contempla en su artículo 161 que las violaciones al procedimiento sólo podrán reclamarse en amparo directo, combatiéndolas en el curso mismo del procedimiento mediante el recurso ordinario que prevea la legislación aplicable, o si ésta no concede el recurso, o concediéndolo, el recurso fuere desechado o declarado improcedente, se debe invocar la violación como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera". Entonces, resulta claro que para acudir ante la instancia constitucional la parte quejosa, debe esperar el dictado de la última resolución en la etapa de ejecución del juicio de origen de donde deriva el acto reclamado. En apoyo a lo expuesto, tiene aplicación la tesis que dice: AMPARO INDIRECTO. SI LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS AJENOS A LA COSA JUZGADA (ACTOS INOFENSIVOS) NI SE AJUSTA A NINGUNA HIPÓTESIS DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE LA MATERIA, EL JUICIO ES IMPROCEDENTE, AUNQUE SURJAN EN LA ETAPA DE JUICIO CONCLUIDO. En términos del artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo el juicio constitucional se tramitará ante el Juez de Distrito cuando se impugnen actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, lo cual significa que antes y después del dictado de la sentencia definitiva que resuelva el asunto en lo principal, las partes tienen a su alcance la posibilidad de impugnar cualquier acto que tenga esas características. De manera que si el juicio de amparo indirecto procede en esas hipótesis, esta disposición debe estimarse que da pauta a la interpretación, de modo que aun tratándose de actos dictados en juicio concluido existe la posibilidad de impugnarlos por las partes cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos, y b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a la cosa juzgada, es decir, los distintos que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia. Con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma insoslayable. En este contexto, si la resolución reclamada fue dictada en etapa de ejecución de sentencia, pues de los antecedentes se advierte que existe sentencia definitiva, la decisión de rechazar un recurso no puede estudiarse aisladamente al acto pretendidamente recurrido, es decir, la resolución que declara infundado el incidente de nulidad de actuaciones que el quejoso inició para impugnar la notificación que se realizó en cuanto a la devolución al archivo judicial del expediente natural y como consecuencia la resolución que niega la admisión del recurso correspondiente no satisface los requisitos para la procedencia del amparo indirecto, pues no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución y como el quejoso compareció al juicio natural y éste se encuentra en la etapa de ejecución, no se afectan de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio de origen. Consecuentemente, aun cuando surjan actos en la etapa de juicio concluido, muchos de ellos son inocuos (inofensivos) para los intereses del quejoso, como sucede en el caso, en tanto que su contenido no lesiona algún derecho ajeno a la cosa juzgada ni se ajusta a alguna de las hipótesis de procedencia reguladas en el artículo 107 citado; de ahí que el juicio de amparo sea improcedente". Aunado a que también se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 107, fracción IV, segundo párrafo, del mismo ordenamiento legal, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera del juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. [.]" Ahora, de los artículos antes expuestos se advierte que cuando se trata de actos en ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Este requisito persigue evitar abusos del juicio biinstancial, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Tiene aplicación por analogía la jurisprudencia que literalmente dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Derivado de lo anterior, es necesario -se reitera- que como presupuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto, el acto reclamado consista en la última resolución, pues los actos dictados en ejecución de sentencia tienen como apoyo la existencia de una sentencia que tiene el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse, de modo que mientras no se dicte la resolución definitiva correspondiente, los actos realizados en ese procedimiento sólo podrán impugnarse hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución, en la que incluso podrán reclamarse las violaciones procesales que en esa etapa se realicen. En ese contexto, conviene precisar que el quejoso reclama en esencia el proveído dictado por el Juez Tercero del Ramo Mercantil del distrito judicial de la capital, en el juicio ejecutivo mercantil 304/2018 de su índice, a través de la cual acordó de conformidad el escrito presentado por la parte actora en el sentido de tenerlo por proporcionando el domicilio de Claudio Oliverio Diaz del Leal. Asimismo, de los antecedentes del acto reclamado se advierte que se dictó sentencia definitiva, por lo que el juicio de origen se encuentra en etapa de ejecución, ya que como se dijo, obra sentencia de fondo. Por tanto, el acto que se combate en esta vía emerge dentro de la fase de ejecución de sentencia, pero no se trata de la última resolución a la cual se refiere el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en virtud que como lo ha resuelto nuestro Máximo Tribunal Constitucional, ésta debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Aunado a que el proveído que reclama, si bien se dirige a lograr el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de origen, lo cierto es que todavía se encuentra supeditado a la determinación posterior en que la autoridad responsable reconozca el cumplimiento total de la sentencia o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, sin que todo lo cual se haya verificado, ni constituya el acto reclamado. Máxime que el cumplimiento de una sentencia ejecutoriada no debe obstaculizarse, por ser una cuestión de orden público. Todo lo anterior, al margen de que aun tratándose de aquellos actos que revisten las características propias para impugnarse en el juicio de amparo indirecto, la procedencia de éste dependerá, entre otros condicionantes, a que el acto reclamado sea definitivo, es decir, que emerja "una vez agotados los recursos que en su caso procedan", según lo estableció el Constituyente en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna. Tiene aplicación, la tesis cuyo rubro y texto dicen: "ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. PROCEDE EL AMPARO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE PONEN FIN A INCIDENTES Y PROCEDIMIENTOS AUTÓNOMOS TRAMITADOS CON POSTERIORIDAD A LA SENTENCIA DEFINITIVA. El procedimiento de ejecución de sentencia inicia una vez que el juicio ha concluido por sentencia definitiva y se integra por el mandamiento en el que el Juez ordena requerir al demandado que cumpla con la obligación establecida en la condena; en el caso de obligaciones de dar, la negativa de efectuar el pago motiva el embargo de bienes, su avalúo, la publicación de edictos para convocar postores y las audiencias de almoneda para concluir con la sentencia que aprueba el remate; de conformidad con lo anotado, la intelección del artículo 114, fracción III, último párrafo, de la Ley de Amparo, es en el sentido de que el juicio biinstancial de garantías sólo procede contra esa resolución; en cambio, el párrafo anterior de dicho dispositivo se refiere en términos más generales a todos los actos de ejecución de sentencia, respecto de los cuales se restringe la procedencia del juicio hasta el momento en que se dicte la última resolución y, junto con ella, podrán plantearse las violaciones cometidas durante ese procedimiento; esta disposición busca armonizar los principios de celeridad, concentración y economía procesal, que también rigen en la etapa de ejecución de los juicios, con el derecho de los gobernados de someter al análisis constitucional todo acto de autoridad. Por esta razón, conviene distinguir los procedimientos que se tramitan en la etapa de ejecución, entre los que destacan el procedimiento de remate, identificado con la ejecución forzosa, que sólo pueden impugnarse en amparo cuando se dicta sentencia que lo aprueba o desaprueba; el incidente de liquidación de la condena, que tiene la finalidad de traducir a un importe en dinero la condena establecida en términos generales y abstractos o cualquier otro incidente o procedimiento suscitado después de la sentencia definitiva, que pueden impugnarse en el juicio de amparo con motivo de la resolución que les ponga fin, una vez agotado el principio de definitividad, los cuales no guardan vinculación entre sí, aun y cuando se tramiten y resuelvan todos ellos durante la etapa de ejecución de sentencia; por lo que la procedencia del amparo en su contra, se rige siempre por la regla de que se promueva contra la última resolución dictada en cada uno de esos procedimientos, pues dada su eventualidad y su autonomía, no existe razón para relacionarlos unos con otros, si bien en la misma demanda de amparo es factible impugnar las violaciones suscitadas durante la secuela procesal que los rige".. En mérito de lo anterior, con apoyo en el numeral 113 de la ley en cita, SE DESECHA DE PLANO la demanda de derechos promovida por Claudio Olivero Leal López. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXHORTACIÓN TRÁMITE JUICIO EN LÍNEA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del acuerdo 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que en la medida de lo posible continúen el trámite del presente juicio en línea; además se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Notifíquese personalmente. ...
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EN ESTA PROPIA FECHA, PROCEDO A NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE TTREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, ELLO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) Y C) DE LA LEY DE AMPARO, QUE A LA LETRA DICE: Zacatecas, Zacatecas, treinta de junio de dos mil veintiuno. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por el quejoso Claudio Oliverio Leal López, a través del cual manifiesta: "PRIMERO. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, preciso que comparezco al juicio de origen como demandado e indico que ya fui emplazado al juicio del que emana el acto reclamado. SEGUNDO. Preciso que la fecha del proveído reclamado al Juez Tercero del Ramo Mercantil de la capital lo es de fecha veintiséis de mayo del año dos mil veintiuno. TERCERO. El estado procesal en que se encuentra el juicio, se encuentra en ejecución de sentencia porque ya se dictó dentro del procedimiento mercantil número 304/2018". En tales condiciones, téngasele al promovente dando cumplimiento a las prevenciones realizadas el veintiuno del mes y año en curso. En atención a lo anterior se provee lo siguiente: DESECHAMIENTO. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Por tanto, es necesario precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional, estima que lo procedente es desechar de plano la demanda, atento a las siguientes consideraciones. En el caso concreto, el quejoso refiere que el acto reclamado es el siguiente: ".indico claramente y preciso que el acto que reclamo al Juez Tercero del Ramo Mercantil de esta Ciudad Capital y que los hago consistir en lo siguiente: Al juez Tercero del Ramo Mercantil le reclamo el porqué admitió el escrito al ahora tercero perjudicado, porque en su escrito señaló erróneamente como CLAUDIO OLIVERIO DIAZ DEL LEAL y mi nombre correcto es CLAUDIO OLIVERIO LEAL LOPEZ ese es el ACTO Reclamado y que me agravia y obra dentro del expediente arriba indicado y PRECISO que la fecha en que tuve conocimiento de dicho agravio lo fue el día 26 de Mayo de 2021. .", Luego, el quejoso en su escrito aclaratorio señala que tiene la calidad de demandado en el procedimiento mercantil número 304/2018, en el cual ya fue emplazado, que la fecha del proveído reclamado al Juez Tercero del Ramo Mercantil de la capital lo es de veintiséis de mayo del año dos mil veintiuno y que el estado procesal en que se encuentra el juicio de origen es el de ejecución de sentencia porque la misma ya se dictó. De lo anterior se advierte que el acto atribuido al juez Tercero del Ramo Mercantil del distrito judicial de la capital lo es el proveído de veintiséis de mayo del año dos mil veintiuno, a través del cual acordó de conformidad el escrito presentado por la parte actora en el juicio 304/2018, en el sentido de tenerlo por proporcionando el domicilio de Claudio Oliverio Diaz del Leal. En atención a lo anterior y a los antecedentes del acto reclamado en este juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción III, inciso b), y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, mismos que establecen: Artículo 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan; . Así también, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; De la lectura de los preceptos legales antes transcritos, se llega a la conclusión de que se determina la procedencia del amparo indirecto cuando se trate de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación (de acuerdo al inciso b) de la fracción III, del artículo 107 constitucional), o que cuyos efectos sean de imposible reparación (en términos del numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo). En tales condiciones, para determinar si una violación es o no reclamable en amparo indirecto, lo que debe observarse es la exigencia a que se refiere la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en el sentido de que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. Luego, el alcance de tales disposiciones, obliga a precisar que los actos tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Sobre la base de datos previamente referida, se tiene que en la especie, de un atento análisis de la demanda que se provee y de su aclaración, se advierte que la misma resulta notoriamente improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, éste último aplicado a contrario sensu. Como se precisó, la ejecución de imposible reparación de un acto jurisdiccional, para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto, sólo se da cuando, por sí o a través de sus consecuencias, se afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y no en los casos en que sólo se afectan derechos adjetivos o procesales, cuyos efectos y consecuencias pueden desaparecer, sin dejar huella, si el afectado obtiene su pretensión en el fondo. Por lo que hace al concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido la jurisprudencia de rubro y textos siguientes: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Ahora bien, al advertir los elementos de esta definición de "ejecución irreparable", y aplicarlos al acto reclamado consistente en el proveído de veintiséis de mayo del año dos mil veintiuno, a través del cual el juez Tercero del Ramo Mercantil del distrito judicial de la capital acordó de conformidad el escrito presentado por la parte actora en el juicio 304/2018, en el sentido de tenerlo por proporcionando el domicilio de Claudio Oliverio Diaz del Leal. De ahí que resulta evidente, que con el proveído que se reclama en este contradictorio constitucional, sólo se pueden afectar derechos adjetivos o procesales del impetrante, que únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva, esto es, los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por medio de las garantías individuales, como serían la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera. En este sentido, se puede afirmar que dicho acto reclamado, no reviste la categoría de actos que sean de imposible reparación, ya que no encuadra en ninguno de los supuestos definidos por el artículo 107 de la Ley de Amparo, para que proceda el juicio de amparo biinstancial. Apoya las anteriores consideraciones, la tesis de jurisprudencia que establece lo siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES MATERIA DEL AMPARO DIRECTO. Si bien en los juicios civiles las violaciones al procedimiento reclamables en amparo directo deben impugnarse en el curso mismo del procedimiento, esto no autoriza a reclamar la resolución de esas impugnaciones en el amparo indirecto, pues con esto se estaría desvirtuando la finalidad perseguida por la Ley de Amparo al reservar el conocimiento de determinadas violaciones para el juicio de garantías uniinstancial, que es la de evitar el entorpecimiento del procedimiento natural a través de la promoción de diversos juicios de amparo que harían interminable la solución del asunto natural, por eso precisamente contempla en su artículo 161 que las violaciones al procedimiento sólo podrán reclamarse en amparo directo, combatiéndolas en el curso mismo del procedimiento mediante el recurso ordinario que prevea la legislación aplicable, o si ésta no concede el recurso, o concediéndolo, el recurso fuere desechado o declarado improcedente, se debe invocar la violación como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera". Entonces, resulta claro que para acudir ante la instancia constitucional la parte quejosa, debe esperar el dictado de la última resolución en la etapa de ejecución del juicio de origen de donde deriva el acto reclamado. En apoyo a lo expuesto, tiene aplicación la tesis que dice: AMPARO INDIRECTO. SI LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS AJENOS A LA COSA JUZGADA (ACTOS INOFENSIVOS) NI SE AJUSTA A NINGUNA HIPÓTESIS DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE LA MATERIA, EL JUICIO ES IMPROCEDENTE, AUNQUE SURJAN EN LA ETAPA DE JUICIO CONCLUIDO. En términos del artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo el juicio constitucional se tramitará ante el Juez de Distrito cuando se impugnen actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, lo cual significa que antes y después del dictado de la sentencia definitiva que resuelva el asunto en lo principal, las partes tienen a su alcance la posibilidad de impugnar cualquier acto que tenga esas características. De manera que si el juicio de amparo indirecto procede en esas hipótesis, esta disposición debe estimarse que da pauta a la interpretación, de modo que aun tratándose de actos dictados en juicio concluido existe la posibilidad de impugnarlos por las partes cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos, y b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a la cosa juzgada, es decir, los distintos que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia. Con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma insoslayable. En este contexto, si la resolución reclamada fue dictada en etapa de ejecución de sentencia, pues de los antecedentes se advierte que existe sentencia definitiva, la decisión de rechazar un recurso no puede estudiarse aisladamente al acto pretendidamente recurrido, es decir, la resolución que declara infundado el incidente de nulidad de actuaciones que el quejoso inició para impugnar la notificación que se realizó en cuanto a la devolución al archivo judicial del expediente natural y como consecuencia la resolución que niega la admisión del recurso correspondiente no satisface los requisitos para la procedencia del amparo indirecto, pues no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución y como el quejoso compareció al juicio natural y éste se encuentra en la etapa de ejecución, no se afectan de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio de origen. Consecuentemente, aun cuando surjan actos en la etapa de juicio concluido, muchos de ellos son inocuos (inofensivos) para los intereses del quejoso, como sucede en el caso, en tanto que su contenido no lesiona algún derecho ajeno a la cosa juzgada ni se ajusta a alguna de las hipótesis de procedencia reguladas en el artículo 107 citado; de ahí que el juicio de amparo sea improcedente". Aunado a que también se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 107, fracción IV, segundo párrafo, del mismo ordenamiento legal, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera del juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. [.]" Ahora, de los artículos antes expuestos se advierte que cuando se trata de actos en ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Este requisito persigue evitar abusos del juicio biinstancial, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Tiene aplicación por analogía la jurisprudencia que literalmente dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Derivado de lo anterior, es necesario -se reitera- que como presupuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto, el acto reclamado consista en la última resolución, pues los actos dictados en ejecución de sentencia tienen como apoyo la existencia de una sentencia que tiene el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse, de modo que mientras no se dicte la resolución definitiva correspondiente, los actos realizados en ese procedimiento sólo podrán impugnarse hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución, en la que incluso podrán reclamarse las violaciones procesales que en esa etapa se realicen. En ese contexto, conviene precisar que el quejoso reclama en esencia el proveído dictado por el Juez Tercero del Ramo Mercantil del distrito judicial de la capital, en el juicio ejecutivo mercantil 304/2018 de su índice, a través de la cual acordó de conformidad el escrito presentado por la parte actora en el sentido de tenerlo por proporcionando el domicilio de Claudio Oliverio Diaz del Leal. Asimismo, de los antecedentes del acto reclamado se advierte que se dictó sentencia definitiva, por lo que el juicio de origen se encuentra en etapa de ejecución, ya que como se dijo, obra sentencia de fondo. Por tanto, el acto que se combate en esta vía emerge dentro de la fase de ejecución de sentencia, pero no se trata de la última resolución a la cual se refiere el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en virtud que como lo ha resuelto nuestro Máximo Tribunal Constitucional, ésta debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Aunado a que el proveído que reclama, si bien se dirige a lograr el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de origen, lo cierto es que todavía se encuentra supeditado a la determinación posterior en que la autoridad responsable reconozca el cumplimiento total de la sentencia o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, sin que todo lo cual se haya verificado, ni constituya el acto reclamado. Máxime que el cumplimiento de una sentencia ejecutoriada no debe obstaculizarse, por ser una cuestión de orden público. Todo lo anterior, al margen de que aun tratándose de aquellos actos que revisten las características propias para impugnarse en el juicio de amparo indirecto, la procedencia de éste dependerá, entre otros condicionantes, a que el acto reclamado sea definitivo, es decir, que emerja "una vez agotados los recursos que en su caso procedan", según lo estableció el Constituyente en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna. Tiene aplicación, la tesis cuyo rubro y texto dicen: "ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. PROCEDE EL AMPARO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE PONEN FIN A INCIDENTES Y PROCEDIMIENTOS AUTÓNOMOS TRAMITADOS CON POSTERIORIDAD A LA SENTENCIA DEFINITIVA. El procedimiento de ejecución de sentencia inicia una vez que el juicio ha concluido por sentencia definitiva y se integra por el mandamiento en el que el Juez ordena requerir al demandado que cumpla con la obligación establecida en la condena; en el caso de obligaciones de dar, la negativa de efectuar el pago motiva el embargo de bienes, su avalúo, la publicación de edictos para convocar postores y las audiencias de almoneda para concluir con la sentencia que aprueba el remate; de conformidad con lo anotado, la intelección del artículo 114, fracción III, último párrafo, de la Ley de Amparo, es en el sentido de que el juicio biinstancial de garantías sólo procede contra esa resolución; en cambio, el párrafo anterior de dicho dispositivo se refiere en términos más generales a todos los actos de ejecución de sentencia, respecto de los cuales se restringe la procedencia del juicio hasta el momento en que se dicte la última resolución y, junto con ella, podrán plantearse las violaciones cometidas durante ese procedimiento; esta disposición busca armonizar los principios de celeridad, concentración y economía procesal, que también rigen en la etapa de ejecución de los juicios, con el derecho de los gobernados de someter al análisis constitucional todo acto de autoridad. Por esta razón, conviene distinguir los procedimientos que se tramitan en la etapa de ejecución, entre los que destacan el procedimiento de remate, identificado con la ejecución forzosa, que sólo pueden impugnarse en amparo cuando se dicta sentencia que lo aprueba o desaprueba; el incidente de liquidación de la condena, que tiene la finalidad de traducir a un importe en dinero la condena establecida en términos generales y abstractos o cualquier otro incidente o procedimiento suscitado después de la sentencia definitiva, que pueden impugnarse en el juicio de amparo con motivo de la resolución que les ponga fin, una vez agotado el principio de definitividad, los cuales no guardan vinculación entre sí, aun y cuando se tramiten y resuelvan todos ellos durante la etapa de ejecución de sentencia; por lo que la procedencia del amparo en su contra, se rige siempre por la regla de que se promueva contra la última resolución dictada en cada uno de esos procedimientos, pues dada su eventualidad y su autonomía, no existe razón para relacionarlos unos con otros, si bien en la misma demanda de amparo es factible impugnar las violaciones suscitadas durante la secuela procesal que los rige".. En mérito de lo anterior, con apoyo en el numeral 113 de la ley en cita, SE DESECHA DE PLANO la demanda de derechos promovida por Claudio Olivero Leal López. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXHORTACIÓN TRÁMITE JUICIO EN LÍNEA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del acuerdo 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que en la medida de lo posible continúen el trámite del presente juicio en línea; además se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Notifíquese personalmente.
- Principal
... Zacatecas, Zacatecas, a veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos la promoción signada por Claudio Olivero Leal López, mediante el cual manifiesta que el acto reclamado lo constituye: ".indico claramente y preciso que el acto que reclamo al Juez Tercero del Ramo Mercantil de esta Ciudad Capital y que los hago consistir en lo siguiente: Al juez Tercero del Ramo Mercantil le reclamo el porqué admitió el escrito al ahora tercero perjudicado, porque en su escrito señaló erróneamente como CLAUDIO OLIVERIO DIAZ DEL LEAL y mi nombre correcto es CLAUDIO OLIVERIO LEAL LOPEZ ese es el ACTO Reclamado y que me agravia y obra dentro del expediente arriba indicado y PRECISO que la fecha en que tuve conocimiento de dicho agravio lo fue el día 26 de Mayo de 2021. .", Así, del contenido del ocurso de cuenta se advierte que el justiciable de mérito cumple la prevención descrita, sin embargo, tomando en consideración que del escrito aclaratorio surge nuevos requisitos a satisfacer, en razón a que el quejoso señala como acto reclamado el precisado en el párrafo precedente, sin embargo, existe incertidumbre de la fecha del auto que reclama; del carácter con el que comparece el quejoso al presente juicio de derechos y del estado procesal del juicio de origen, en razón de que de sus escritos que ha presentado no se advierten dichas circunstancias, ya que forman parte como antecedentes del acto reclamado, lo que da lugar a prevenir a la parte quejosa en términos de las fracción del numeral 114 de la Ley de Amparo. Porque si bien, la regla general dicta que en un solo auto preventivo deben aglutinarse todas las irregularidades contenidas en la demanda, también es verdad que la excepción opera en tratándose de casos en los que aparecen nuevos requisitos a satisfacer, con motivo de la aclaración o constancias exhibidas en el escrito mediante el cual se cumplió la primera prevención, puesto que evidentemente no pudieron tenerse presentes en esa primera ocasión, tal como acontece en el caso concreto. Ilustra al respecto la tesis XXVII.3 K, perteneciente a la novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Abril de 2003, página 1121; que dice: "PREVENCIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO EN EL CUMPLIMIENTO A LA PRIMERA APARECEN NUEVOS REQUISITOS A SATISFACER, OPERA UN CASO DE EXCEPCIÓN A LA REGLA DE QUE DEBEN REALIZARSE EN UN SOLO ACUERDO. De acuerdo al contenido del artículo 146 de la Ley de Amparo, la facultad otorgada al Juez de Distrito para requerir al quejoso la satisfacción de alguna irregularidad en el escrito de demanda, omisión o requisito de la misma, deberá efectuarse en un solo auto y no de manera reiterada o en "cadena de requerimientos"; sin embargo, de dicha regla es factible apartarse cuando aparecen nuevos requisitos a satisfacer, con motivo de la aclaración o constancias exhibidas en el escrito mediante el cual se cumplió la primera prevención, puesto que evidentemente no pudieron tenerse presentes en esa primera ocasión." PREVENCIÓN. En consecuencia, con apoyo en el precepto legal invocado, se determina requerir al promovente para que dentro del término de CINCO días contado a partir de la legal notificación de este proveído, cumpla con lo siguiente, bajo protesta de decir verdad: Precise, con qué calidad comparece al presente juicio, es decir, si comparece como tercero extraño al juicio de origen o como demandado en el mismo. Para el caso de que señale el segundo supuesto, indique, si ya fue emplazado al juicio del que emana su acto reclamado. Precise, la fecha del proveído reclamado al Juez Tercero del Ramo Mercantil de la capital. El estado procesal en que se encuentra el juicio de origen. Además, se hace del conocimiento que es el quejoso, quien debe de dar cumplimiento a la prevención formulada en párrafos que anteceden en razón de que ésta debe ser cumplida por el propio accionante del amparo, ya que es él quien debe manifestar el acto que reclama para estar en aptitud de formar la litis constitucional. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento a la prevención aquí decretada, se tendrá por no presentada su demanda de amparo, en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. ...
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