Claudia Verónica Ordoñez Chavira
Expediente 475/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 475/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 07/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Claudia Verónica Ordoñez Chavira
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
... Zacatecas, Zacatecas, siete de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede de la que se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente asunto; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es destruible, en razón de que se resolvió sobreseer en el presente juicio. Y dese el trámite correspondiente establecido en el artículo 9 del Acuerdo en mención. Respecto al duplicado, en su oportunidad llévese a cabo su destrucción, acorde a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del aludido acuerdo. Inclúyase el presente asunto en el acuerdo de desincorporación correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación de Órganos Jurisdiccionales y Visitaduría Pública, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del estado de Zacatecas, las copias certificadas que remitió en apoyo a su informe justificado y que obran por separado. Notifíquese. ...
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 475/2022, estando en audiencia pública Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jaime Santillán Chávez, secretario de juzgado que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se procedió a su celebración, sin contar con la asistencia personal de las partes. Abierta la audiencia, el secretario da lectura a la demanda de amparo, al informe justificado rendido por la autoridad responsable; así como a las demás constancias que obran en los presentes autos. Asimismo, se da cuenta con una promoción con folio 9993, signada por el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia laboral Burocrática del estado de Zacatecas, mediante la cual exhibe copia certificada del escrito presentado por el autorizado de la quejosa cuya omisión de dar respuesta fue materia de reclamo en este juicio. A lo anterior, el Juez provee: téngase hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. En el periodo de pruebas, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza las documentales que la autoridad responsable remitió en apoyo a su informe justificado y en alcance al mismo. En el periodo de alegatos, el Secretario hace constar que ninguna de las partes los hizo valer. A lo que el Juez dispone: téngase por perdido el derecho de las partes para formularlos. Consecuentemente, sin diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente acta en términos del mencionado numeral 124 de la ley de la materia, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 475/2022; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. En escrito presentado el cuatro de marzo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Zacatecas, del cual por razón de turnó correspondió conocer a este Órgano Jurisdiccional, Claudia Verónica Ordoñez Chavira, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos ahí precisados. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En proveído de siete de marzo de dos mil veintidós, se registró el expediente con el consecutivo 475/2022 que le correspondió, se admitió a trámite la demanda; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público Federal adscrita. Seguido el juicio por sus trámites legales, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclaman actos restrictivos de la libertad, atribuidos a autoridades que pueden ejecutarlos dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en: La omisión de dar respuesta al escrito de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, en el que la parte quejosa solicitó que se señalara fecha y hora para el desahogo de la audiencia dentro del incidente de liquidación, dentro del expediente número 297/2017. TERCERO. Existencia de actos. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable, toda vez que así lo reconoció expresamente en el informe justificado que rindió. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado!, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que se corrobora con la copia certificada de las constancias remitidas por la responsable, de las que se advierte que a la fecha de la promoción del presente juicio de amparo, no existía pronunciamiento sobre el escrito presentado por la parte quejosa; documentales a las que se otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone el artículo 2 de esta última legislación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 226 del rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos reclamados, se analiza la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo a lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Del presente juicio de derechos, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, el cual en su parte conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" El precepto antes transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Así, de una correcta interpretación del contenido de los artículos 61, fracción XXI, 63 fracción IV y 77, de la Ley de Amparo se desprende que para que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado se actualice, no basta que la autoridad responsable en su caso, derogue, revoque o nulifique el acto que se le reclame sino que es necesario que los actos, consecuencias y efectos emanados con motivo del reclamo constitucional, queden superados en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica de la quejosa, o en su defecto, que habiéndolo transgredido, la cesación que sobrevenga no deje huella alguna, puesto que la razón que justifica la improcedencia a que se ha hecho mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá porque ya no existe, además de que no dejó secuela alguna en la esfera jurídica del impetrante de garantías que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Fijado lo anterior, es menester señalar que dentro del juicio de amparo en que se actúa, han cesado los efectos del acto reclamado, por las siguientes consideraciones: Es así, pues de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclamó la omisión por parte del tribunal responsable, de dar respuesta al escrito de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, en el que solicitó que se señalara fecha y hora para el desahogo de la audiencia dentro del incidente de liquidación, dentro del expediente número 297/2017. Ahora bien, en cumplimento a lo ordenado por este juzgado en auto de veintiséis de abril de este año, mediante oficio 945/2022, la autoridad responsable remitió copia certificada del auto de veintiocho del mismo mes y año, en el que dio respuesta al escrito de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, exponiendo que el cuatro de abril de dos mil veintidós, las partes comparecieron ante dicha autoridad laboral a celebrar un convenio de modalidad de cumplimiento de laudo, en el que se le entregó a la parte quejosa un cheque por la cantidad de $585,858.83, suma con la que se cubrieron todas y cada una de las prestaciones de carácter económico que obtuvo dentro del laudo condenatorio de veintidós de mayo de dos mil diecinueve; asimismo, en el oficio acordado en esta audiencia, la autoridad responsable anexó copia certificada del escrito presentado por la quejosa el nueve de septiembre de dos mil veintiuno. De lo anterior se aprecia que en la especie han cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis que se actualiza en razón de que en el expediente laboral de origen, la autoridad responsable se pronunció el veintiocho de abril de dos mil veintidós, respecto del escrito presentado por la parte quejosa el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, exponiendo que a la parte quejosa ya se le había entregado un cheque por la cantidad de $585,858.83, suma con la que se cubrieron todas y cada una de las prestaciones de carácter económico que obtuvo dentro del laudo condenatorio; lo que implica que de manera implícita expuso los motivos por los cuales resultaba innecesario señalara fecha y hora para el desahogo de la audiencia dentro del incidente de liquidación, dentro del expediente número 297/2017. Por lo anterior, al haber dejado de existir la omisión atribuida, es inconcuso que ello se traduce en que el quejoso fue restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales que estimó vulnerados en su perjuicio; y por ende, debe concluirse que en el caso a estudio cesaron los efectos del acto impugnado en esta instancia constitucional. Lo anterior encuentra apoyo, por las razones que la informan, en la Jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 210, Tomo VII, febrero de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del texto y rubro siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie se ha actualizado la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente; en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria en consulta, PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo de los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Claudia Verónica Ordoñez Chavira, respecto del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable y por los motivos asentados en la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jaime Santillán Chávez, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Bere En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del diecisiete de mayo de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe. 193
- Principal
El veintiséis de abril de dos mil veintidós, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 8828. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta para que obre como corresponda; y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del estado de Zacatecas. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia invocada, téngase como pruebas de la mencionada autoridad las documentales que adjunta. Dado su volumen se ordena formar un tomo de pruebas por separado. Ahora bien, visto de las constancias que remitió la autoridad responsable como apoyo a su informe, se advierte que éstas se encuentran incompletas, en razón a que la quejosa Claudia Verónica Ordoñez Rivera, reclamó del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática en el Estado de Zacatecas, la omisión de señalar hora y fecha para la celebración de la audiencia dentro del incidente de liquidación, promovido el nueve de septiembre de dos mil veintiuno dentro del juicio laboral 297/2017. Sin embargo, de la copia certificada de dicho expediente, se obtiene que posterior a la actuación correspondiente a la diligencia de tres de agosto de dos mil veintiuno, relativa a la diligencia de reinstalación de la aquí quejosa, obra el "CONVENIO DE CONVENIO DE LAUDO DE FECHA 22 DE MAYO DE 2019, DICTADO DENTRO DEL JUICIO 297/2017" recibido en la oficialía de partes de dicho tribunal el cuatro de abril de dos mil veintidós; esto es, la autoridad responsable no anexó a su informe copia del escrito de nueve de septiembre de dos mil veintiuno presentado por la quejosa, cuya omisión de proveer se le reclama en este juicio. Por lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, mediante oficio que derive de este proveído, requiérase a la citada responsable para que dentro del término de tres días hábiles legalmente computados, remita copias certificadas del ocurso descrito en el párrafo que antecede, toda vez que se considera necesaria para resolver el presente juicio de amparo. Bajo apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado, o no externar los motivos legales que les impidan hacerlo, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, con relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se le impondrá multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización vigente en el país. Resulta aplicable por analogía, la tesis de Jurisprudencia del tenor literal siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Notifíquese. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jaime Santillán Chávez, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Bere En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veintisiete de abril de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.
- Principal
El diecinueve de abril de dos mil veintidós, Jaime Santillán Chávez, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas CERTIFICA: a) Que se encuentran fijadas las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. b) Que el oficio 8720/2022, mediante el cual se solicitó informe justificado al Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del estado de Zacatecas, se recibió el nueve de marzo del año en curso, según se obtiene de la constancia de notificación relativa que obra en el expediente en que se actúa, por lo que el término de quince días de que disponía para rendir su comunicado transcurrió con exceso, sin que lo haya hecho. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se obtiene que el oficio 8720/2022, mediante el cual se solicitó informe justificado al Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del estado de Zacatecas, se recibió el nueve de marzo del año en curso, según se obtiene de la constancia de notificación relativa que obra en el expediente en que se actúa, por lo que el término de quince días de que disponía para rendir su comunicado transcurrió con exceso, sin que lo haya hecho. Por lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, mediante oficio que derive de este proveído, requiérase a la citada responsable para que dentro del término de tres días hábiles legalmente computados, remita copias certificadas relativas a los actos reclamados, toda vez que se consideran necesarias para resolver el presente juicio de amparo. Bajo apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado, o no externar los motivos legales que les impidan hacerlo, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, con relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se le impondrá multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización vigente en el país. Resulta aplicable por analogía, la tesis de Jurisprudencia del tenor literal siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." A fin de dar oportunidad a que se reciban las constancias de que se trata, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para este día, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jaime Santillán Chávez, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Bere En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veinte de abril de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.
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