Claudio Aldo Martínez Salvatori y Otros.
Expediente 241/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 2 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 241/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 02/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Claudio Aldo Martínez Salvatori y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Se ordena agregar al expediente sin mayor acuerdo el pedimento de cuenta de la Agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado de distrito, en el cual pretende formular alegatos para el presente juicio de amparo. La decisión de agregar el referido pedimento sin mayor acuerdo, obedece a que en proveído de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho (fojas 57 y 58) se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio por desistimiento de los quejosos.
- Principal
Se agregan al expediente las impresiones de cuenta y sus anexos, signadas las impresiones vía electrónica por el Juez Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, por los cuales pretende devolver diligenciado el exhorto ** con número de orden ** , de este juzgado. Pero las constancias adjuntas a los oficios en mención, carecen de los documentos relativos al exhorto de este juzgado. Por tanto, se solicita en forma atenta al titular del citado juzgado que ordene la remisión de todas las constancias formadas con el exhorto de este órgano. Sobre todo porque las referidas constancias son indispensables para el registro correspondiente. Además, se instruye al actuario correspondiente para que envíe el oficio de este proveído, vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en la pestaña "Envío de documentos a órganos" , al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, para su conocimiento y efectos legales procedentes.
- Incidental
FUNDAMENTOS JURÍDICOS: II.1. El quejoso reclama en vía de ampliación, la orden de aprehensión dictada en su contra, y la pretendida ejecución de la misma. II.2. El Secretario de Acuerdos encargado del despacho del Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, y el Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León, de nombre ** , al rendir su informe previo, aceptaron la orden reclamada. Postura que también asumieron la Directora de Mandamientos Judiciales en representación del Fiscal General del Estado Puebla, Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, Director General de la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado de Nuevo León, y Fiscal General de Justicia del Estado de Nuevo León, pues al rendir sus informes previos aceptaron la ejecución que les fue imputada. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 124 y 130, de la abrogada Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA RESPECTO DE LOS NUEVOS ACTOS QUE SEÑALÓ EL QUEJOSO EN SU ESCRITO DE AMPLIACIÓN, para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y las responsables se abstengan de privar de la libertad al quejoso con motivo de la orden dictada en su contra. Entonces, el quejoso queda a disposición de este juzgado en cuanto a su libertad personal, hasta en tanto se declare ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio principal, del cual deriva este incidente de suspensión. Pero si la orden reclamada se refiere a delitos cuya gravedad y conforme a la ley secundaria aplicable, se prohíba en forma expresa conceder el beneficio de libertad, la suspensión en mención sólo producirá el efecto de que una vez realizada la detención, quedará el quejoso a disposición de este juzgado de distrito en cuanto a su libertad personal en el lugar donde sea recluido, y a resolución de la autoridad judicial respectiva para la continuación de la secuela del procedimiento. Como medidas de aseguramiento y para evitar la evasión de la acción de la justicia por parte del quejoso, en caso de negársele la protección, deberá presentar escrito en el plazo de cinco días donde acredite con documento o prueba idónea y eficaz su domicilio particular, ocupación y salario que percibe. Por otro lado, deberá otorgar una garantía económica a disposición de este juzgado de distrito por la cantidad de setenta y ocho mil pesos cero centavos moneda nacional ($78,000.00 m.n.), ya sea en póliza de fianza, billete de depósito o en cualquiera de las formas permitidas por la ley. Cantidad que se establece con el informe previo del juez de control mencionado líneas arriba, y la ejecutoria del incidente en revisión 296/2017, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, de los cuales se advierte la necesidad de un escenario proporcional para la orden de aprehensión contra el quejoso, por el delito de fraude que ocasionó un quebranto patrimonial. De modo que la garantía debe ser bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con ella se causaren si no se obtuviere una sentencia favorable, ello en términos del artículo 132 de la Ley de Amparo. La garantía deberá ser presentada, dentro del plazo de cinco días contados a partir de que sea notificado del presente acuerdo. También se establece el apercibimiento siguiente: en caso de que el quejoso omita exhibir la garantía en mención dentro del plazo citado, la suspensión definitiva dejará de surtir efectos y esto habrá de informarse a las autoridades responsables. Lo mismo sucederá si se le sorprende en la comisión de flagrante delito. Por otro parte, se requiere al quejoso para que acuda en forma física y personal dentro del plazo de cinco días contados a partir de que surta la notificación de esta interlocutoria, a rendir declaración o por lo menos ponerse a disposición de los citados jueces, en aras de que continúen los procedimientos. Lo cual también deberá acreditar por escrito presentado a este juzgado, en el referido lapso de cinco días, en el que deberá demostrar con el medio de prueba idóneo su comparecencia personal ante dichas autoridades judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente jurisprudencia : "SUSPENSIÓN. PROCEDE OTORGARLA CONTRA LA ORDEN DE COMPARECENCIA O PRESENTACIÓN PARA QUE EL INDICIADO DESAHOGUE DILIGENCIAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. La suspensión a petición de parte de los actos reclamados se encuentra regulada por los artículos 124 y 138 de la Ley de Amparo, por lo que la que se solicite contra la orden de comparecencia o presentación procederá si: i) la solicita el agraviado; ii) no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, y iii) los daños y perjuicios causados son de difícil reparación. Además, dado que la indicada orden no es un requisito indispensable para integrar la averiguación previa y es un acto dentro del procedimiento, su suspensión, por regla general, no impide continuarlo hasta antes del ejercicio de la acción penal que es la resolución firme de tal etapa; sin embargo, de estimar que pudiera consumarse irreparablemente el daño o perjuicio si no se suspende dicho procedimiento, el juzgador de amparo puede suspenderlo. Por tanto, para determinar la procedencia de la suspensión contra la orden de comparecencia o presentación dictada por el Ministerio Público a fin de que el indiciado desahogue diligencias en la averiguación previa, debe realizarse un examen previo y temporal que no es exhaustivo ni definitivo, pero que del mismo deberán advertirse motivos suficientes que justifiquen, si bien no una restitución en la garantía violada (como sucede con la concesión del amparo), sí una paralización o inmovilización del acto y/o sus efectos. Al respecto, deberá considerase el posible, real y presente perjuicio al interés social o contravención al orden público, la dificultad en la reparación de los daños que con la continuación del acto se puedan causar o su imposible restitución, y la posibilidad de que el acto reclamado sea violatorio de la garantía alegada. Todo ello sin que pueda estimarse que por el simple hecho de que se trata del procedimiento de averiguación previa, la suspensión de un acto dentro de éste o del procedimiento mismo, contraviene el interés social y el orden público, sino que tal extremo debe ser razonado y valorado por el juzgador". III. RECAPITULACIÓN DE LA INTERLOCUTORIA: Por lo expuesto y fundado: III.1. Se concedió la suspensión definitiva solicitada por el quejoso, contra los actos y autoridades precisadas en los fundamentos II.1. y II.2.
- Incidental
Recapitulación de la interlocutoria: Por lo expuesto y fundado: III.1. Se negó la suspensión definitiva solicitada por los quejosos ** , contra los actos y autoridades precisadas en los fundamentos II.1 y II.2.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
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