Claudia Rivera Vivanco
Expediente 431/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 431/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Claudia Rivera Vivanco
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 431/2023-IX. Puebla, Puebla, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Se informa nueva denominación de este Juzgado Visto el Acuerdo General 3/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se advierte que, a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, este juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en la ciudad de Puebla, cambia de denominación a Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en Puebla, ubicado en avenida 23 Poniente, número 2509, planta baja, colonia Volcanes de la ciudad de Puebla, código postal 72410. Por tanto, se informa a las partes que todas aquellas comunicaciones oficiales y escritos relativos a los asuntos que corresponden a este órgano jurisdiccional deberán de dirigirse bajo su nueva denominación. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la quejosa no interpuso recurso de queja contra el acuerdo de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo ha causado estado (quedó firme). Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial A del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realizar las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo, ya que en el referido proveído de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Sin devolución de documentos. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Caratula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer en la declaración de causa estado. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente asunto, puede realizarlo por tener acceso a la consulta electrónica del expediente por así haberlo solicitado. Notifíquese; y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 431/2023.. Puebla, Puebla, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Vista la demanda signada por Claudia Rivera Vivanco, por derecho propio, contra actos del abogado Joel Daniel Baltazar Ávalos Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, y otras autoridades responsables. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Entonces, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General. Exhortación para tramitación del juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes a que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 , establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el p recepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO"2 . En el caso, se tiene una demanda de amparo, en la cual se reclama lo siguiente: 1. La omisión de resguardar con sigilo jurisdiccional el acuerdo de fecha diecisiete de marzo de dos mil veintitrés dentro de la carpeta judicial administrativa número 587/2023/Puebla, el cual fue filtrado en medios de comunicación antes de notificarse a esta parte quejosa. 2. La omisión de respetar el derecho humano a la vida privada, a la intimidad y datos personales al no respetarse el sigilo jurisdiccional respecto del acuerdo de fecha diecisiete de marzo de dos mil veintitrés dentro de la carpeta judicial administrativa núm, el cual fue filtrado en medios de comunicación antes de notificarse a esta parte quejosa. 3. El acuerdo de fecha diecisiete de marzo de dos mil veintitrés dentro de la carpeta judicial administrativa número ++++++a emitido por el abogado +++++ juez de oralidad penal y ejecución del sistema acusatorio adversarial de la región judicial centro, con sede en puebla. . En ese sentido, resulta patente afirmar los actos que convergen con el reclamo de la falta de sigilo en la carpeta judicial administrativa ++++, porque la quejosa afirma que se filtró el citatorio que se libró en su contra para que comparezca a una audiencia en la que se le formulará imputación, el cual refiere aún no se le ha notificado en forma personal, pues únicamente el veinticinco de abril, se le dejó citatorio para poderle notificar la cita para audiencia inicial, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación al diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, aplicado en contrario sentido. Es así, pues los actos 1 y 2, relativos a la falta de sigilo en la citada carpeta judicial administrativa, porque fue filtrado un citatorio en un medio de noticias electrónico, es improcedente, al no ser un acto emitido por una autoridad para efectos del juicio de amparo en términos de lo señalado en el artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo. Para mayor claridad, se debe establecer que tiene el carácter de autoridad, para efectos del juicio de amparo, quien tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales, a través de los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas, por sí o ante sí, o que de omitirlo (el acto que ha de realizarse) crearía, modificaría o extinguiría situaciones jurídicas. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es ++++++ ??????????????? irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Bajo esa perspectiva, se establece que el acto reclamado señalado en párrafos previos como: la falta de sigilo en la carpeta judicial administrativa 587/2023/PUEBLA, porque refiere que se ha filtrado en una página de internet de noticias, el citatorio por el cual fue requerida para comparecer a audiencia inicial, siendo que así se enteró de su existencia, pues indica que aquél no le ha sido notificado en forma personal, es un acto que no emana de una autoridad facultada para crear, modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, sino de una persona despojada de esas potestades. De hecho, conforme los antecedentes narrados en la demanda, se desconoce quién o quienes realizaron la publicación del citatorio en un portal de internet. Se afirma lo anterior, pues tal como la quejosa lo afirma, el citatorio filtrado, fue subido al portal de internet almanaquerevista.com/puebla/claudia-rivera-audienciadiscrminacion/; sin embargo, como se dijo, se desconoce quien realizó esa publicación, aunado al hecho de que aún si se conociera la identidad de la persona que llevó a cabo tal filtración, no podría tener el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, al no tener las atribuciones que requiere esa figura jurídica. Es así, porque la persona o personas que hayan realizado la supuesta filtración, no tendrían una relación de supra a subordinación con la quejosa. Es más, dicho acto (filtración de citatorio) carece de unilateralidad, imperio y coercibilidad por parte de quien lo haya realizado, para con la quejosa, ya que no la obliga llevar a cabo determinada conducta. En todo caso, podría tratarse de un caso de Responsabilidad Administrativa de Servidores Públicos o, incluso, se podría estar ante una situación susceptible de una denuncia penal, pero no de un acto de autoridad que sea procedente en esta vía. Incluso, si los efectos de dicho acto generaran un efecto corruptor en el procedimiento que se llegara a iniciar en su contra y se quisiera reclamar en vía de amparo, también sería improcedente en amparo indirecto en este momento, porque por la etapa en la que se encuentra el procedimiento de origen, sólo sería un acto de naturaleza adjetiva al dilucidarse cuestiones intraprocesales, las cuales, son aquéllas que en sí mismas no generan una afectación a los derechos sustantivos de la promovente, sino que sería hasta que se dictará sentencia definitiva cuando se podría determinar si esa actuación le generó un perjuicio que repercutió en el sentido del fallo. En ese contexto, se tiene que esa filtración de su situación jurídica no se puede considerar como un acto susceptible de ser estudiado en esta sede constitucional. No obstante lo anterior, la quejosa tiene expeditos sus derechos para hacerlos valer, en la vía que corresponda. Por su parte, respecto del diverso acto reclamado consistente en el acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, a través del cual se le cita a audiencia inicial con el propósito de que se le formule la correspondiente imputación, se actualiza la una causa de improcedencia, que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la misma legislación, ésta interpretada en sentido contrario. Sin embargo, de la lectura integral de la demanda, no existen circunstancias para visualizar un acto de imposible reparación. Es así, pues la quejosa pretende reclamar la determinación de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, emitida en la carpeta judicial administrativa +++++, por el cual se le cita para presentarse a audiencia inicial para que se le formule imputación, sin que del documento que anexó a su demanda de amparo se desprenda que la citación a la audiencia inicial comprometa su libertad o genere alguna afectación a su esfera jurídica. Es así, pues en términos del artículo 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales3 , el referido acto, se trata únicamente de una citación, con las formalidades legales establecidas, para presentarse sin coacción alguna, ante la autoridad emisora, con la única finalidad de que comparezca a audiencia inicial para formulación de imputación. Si bien, el citatorio está contemplado por el citado ordenamiento legal como una forma de conducción del imputado al proceso, lo cierto es que su sola emisión no implica la privación de su libertad pues en el caso, se le cita para que conozca los hechos que se le imputan, y con ello, pueda ejercer una defensa adecuada en estricto apego al principio de contradicción que rige el sistema penal acusatorio y oral. Además, el artículo 21 de la Constitución General Política de loa Estados Unidos Mexicanos, impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de la etapa de investigación y del ejercicio de la acción penal. Estimar lo contrario, entorpecería las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad, interesada en el esclarecimiento de hechos delictivos. Además, debe señalarse que el reclamo de los actos acaecidos durante la integración de una carpeta de investigación es excepcional y debe ser determinada en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función indagatoria, a fin de nunca entorpecer las facultades y obligaciones conferidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Ministerio Público. De ahí que la sola emisión de un citatorio, no genere una afectación real a la esfera jurídica del quejoso, pues incluso puede negarse a asistir. Sin soslayar el hecho de que no se le apercibe en forma alguna en caso de incomparecencia, por el contrario, en términos de los artículos 20 Constitucional y 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se le hace saber que a fin de privilegiar el principio de contradicción, podrá tener acceso al contenido de la carpeta de investigación, previo al desahogo de su audiencia, a través de la Fiscalía de Investigación de delitos Contra la Familia de la Fiscalía General del Estado; sin que de la demanda de amparo se adviertan hechos que hagan posible se ejecute contra la quejosa, una medida de apremio que comprometa su libertad. Por tanto, debe concluirse que el presente caso, no se trata de un acto de imposible reparación, pues como se mencionó, únicamente se trata de una citación a la quejosa, con objeto de que comparezca a audiencia inicial a fin de que conozca los hechos delictivos que se le atribuyen. Bajo este contexto, es válido afirmar que a la presente fecha no puede estimarse un acto de imposible reparación, el citatorio de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, emitido por el Juez de Control de la Región Judicial Centro, en la carpeta judicial administrativa ++++, porque no existen circunstancias para estimar que dicha resolución vulnere de forma irreparable algún derecho sustantivo de la quejosa, pues en todo caso, sería hasta que la autoridad correspondiente decidiera hacerla presentar con auxilio de la fuerza pública o bajo el apercibimiento que de no presentarse ordenará su arresto hasta por treinta y seis horas, cuando podría existir una afectación real a su esfera jurídica. Por lo tanto, al actualizarse las causas de improcedencia invocadas, respecto de todos los actos reclamados en demanda, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo se desecha de plano. Domicilio procesal y autorizados. Luego, en relación a la solicitud para poder ser notificado por medio del usuario electrónico, se autoriza que las notificaciones de carácter de personal le sean realizadas a través del mecanismo de notificación electrónica respecto del usuario "++++++++"; en tanto que las notificaciones ajenas a las personales, serán por medio de lista. Por tanto, se instruye al secretario encargado del trámite del presente asunto, a fin de que habilite en dicho sistema la referida forma de notificación al citado usuario. Asimismo, se autoriza el acceso y consulta del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al usuario en mención lo cual le permitirá dicha consulta y la presentación de escritos por la misma vía (electrónica). En ese sentido, no se tendrá como domicilio para recibir notificaciones el diverso que señaló en la demanda, pues solicitó en forma expresa la notificación a través del nombre de usuario proporcionado. Asimismo, es menester tener únicamente autorizada la notificación electrónica, porque constituye un medio eficaz para ese efecto, y a fin de evitar duplicidad de notificaciones, lo que generaría inseguridad jurídica. Asimismo, se tiene autorizado en términos amplios a Gonzalo Castillo Pérez, porque así lo solicitó la quejosa, además, tiene registrada su cédula profesional ante el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Ante la solicitud expresa de la quejosa de que sus datos sean reservados en el presente juicio, con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, habrán de salvaguardarse sus datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; en forma electrónica a la quejosa
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 6,491 expedientes
- Claudia Gonzalez Rivera102/2021
- Claudia González Rivera1407/2017
- Claudia Gonzalez Rivera584/2021
- Claudia Herrera Vicente592/2023
- Claudia Hilario Aguirre173/2018
- Claudia Maria Castillero del Saz Uribe135/2022
- Claudia Rivera Vivanco1053/2023
- Claudia Santibañez Carrasco.542/2015
- Claudio Aldo Martínez Salvatori y Otros.241/2018
- Claudio Dolores Cortes Tlalpan486/2022
- Claudio Hernández Juárez572/2022
- Claudio Martínez Flores y Otros.1315/2017