Claudia Sánchez Silva
Expediente 752/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 752/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 20/06/2016
Partes del expediente
- Claudia Sánchez Silva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de junio de dos mil dieciséis. Vistos los presentes autos y tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los efectos legales; en tales condiciones, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese este asunto como concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia; en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla por el que rinde su informe justificado, y remite copia certificada de diversas constancias, para que surtan los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, a efecto de determinar lo que corresponda, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que Claudia Sánchez Silva, acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra la omisión de la Presidenta de la Junta Especial Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, de acordar lo relativo a la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, en virtud de que el veintiuno de enero del año en curso, dentro del expediente D-5/84/2013, reservó el acuerdo respectivo sisn que a la fecha haya dictado el mismo, así como el señalar fecha para el desahogo de las pruebas ofrecidas. Sobre este particular, debe precisarse que de las constancias que el presidente responsable exhibió como justificantes de su informe, consistentes en las copias certificadas de diversas constancias del expediente D-5/84/2013, a las que se otorga pleno valor probatorio conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que el acuerdo cuya omisión reclama la parte quejosa fue dictado el treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis; en consecuencia, al tenor de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo. Ello, sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, puesto que en este caso en particular, la causal de sobreseimiento (al igual que las de improcedencia), constituye una cuestión de orden público, por lo que su examen es oficioso y preferente, en cualquier estado e instancia del juicio de amparo. Además, en este caso, la causal de sobreseimiento (inexistencia de acto), resulta preferente a cualquier causal de improcedencia (artículo 61 de la Ley de Amparo), pues la hipótesis prevista en la fracción IV del diverso 63 de la ley de la materia, que previene la inexistencia de los actos reclamados, evidencia que el amparo únicamente puede sustanciarse contra los existentes y concretos, no probables o eventuales, pues el análisis es jurídicamente imposible ante la ausencia de ellos. En este sentido, aun cuando por regla general se puede afirmar que la inexistencia del acto no se considera motivo manifiesto e indudable de improcedencia, tal circunstancia debe atenderse primordialmente para el desechamiento de la demanda de amparo, en razón de que no se puede establecer a priori la certeza o no de tales actos con la sola presentación de la demanda; sin embargo, una vez que la responsable rinde su informe justificado, el juzgador puede determinar si existe o no el acto reclamado y si éste vulnera los derecho consagrados en la Carta Magna a favor de los gobernados. En tal virtud, si el más alto Tribunal de la Nación ha determinado que si durante el trámite del juicio, el juzgador conoce de la existencia de una causal de improcedencia, notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, y que estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal razón, a juicio de este juzgador federal, resulta aplicable en tratándose de una causa directa de sobreseimiento. En este caso, si la quejosa se duele de la omisión de la responsable de emitir el acuerdo correspondiente a una petición presentada dentro del expediente D-5/84/2013, y la responsable, al rendir su informe, justificó plenamente que el mismo fue emitido el treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis; es decir, con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, es por demás claro que la quejosa, aun cuando ofreciera pruebas, no podrá desvirtuar tal circunstancia, por lo que continuar innecesariamente con la tramitación del presente juicio, en nada cambiaría el sentido del fallo (sobreseimiento por inexistencia de acto). En estas condiciones, atendiendo que el acuerdo cuya omisión reclama la quejosa, se dictó el treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, conforme a tal situación, es evidente que en la fecha de presentación de la demanda (veintinueve de abril del mismo año), el acto reclamado era inexistente, por lo cual el juicio de amparo en estudio, no puede ocuparse de actos posteriores, por lo que procede sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional. Tiene aplicación, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia 3/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 79, de julio de 1994, Materia Común, Octava Época, cuyo rubro y texto; dicen: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Asimismo, cobra aplicación, por analogía, la tesis II. 1o. C. T. 217 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, publicada en la página 313, Tomo XIV, octubre de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo." Consecuentemente, al demostrarse en autos que en la fecha de presentación de la demanda de amparo, el acto reclamado no existía, procede, de conformidad con la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de la materia, sobreseer en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional. Lo anterior, porque en este caso, con la determinación de este juzgado federal de sobreseer fuera de la audiencia constitucional, no se priva de defensa a la parte quejosa; ello, en el supuesto de no brindarle la oportunidad a que se ofrezcan pruebas, pues como ya se dijo, nada puede desvirtuar la inexistencia del acto, por ende, el resultado del fallo siempre será en el mismo sentido, por lo que de continuar con la substanciación de este juicio, únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 Constitucional. Resulta aplicable, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." También debe considerarse que, tratándose del diverso acto reclamado consistente en la dilación en que ha incurrido la autoridad responsable, desde la presentación de la demanda de origen, que según la propia quejosa ocurrió el veintisiete de noviembre de dos mil trece, hasta el aludido acuerdo que señaló fecha para la audiencia de pruebas (treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis), pues aunque en efecto, atendiendo a esas fechas, pudiera ocurrir tal dilación, lo que implicaría una abstención de la autoridad de observar los términos legales, tal omisión reclamada en el caso se consumó de manera irreparable, pues como se indicó en el cuerpo del presente proveído, en el aludido acuerdo de treinta y uno de marzo del año en curso, se determinó lo relativo al ofrecimiento y desahogo de pruebas, por lo que en todo caso, el tiempo transcurrido debe estimarse irreparable. En ese orden, en cuanto a ese acto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, lo que impone decretar el sobreseimiento en el juicio respecto del mismo, fuera de la audiencia constitucional, en términos de lo dispuesto en el diverso artículo 63, fracción V, de ese ordenamiento. También procede el sobreseimiento en tratándose de las omisiones y dilaciones subsecuentes a las que constituyen la materia del juicio, a que se refiere la quejosa, respecto de lo cual invoca incluso la jurisprudencia 44/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: "AMPARO PROCEDENTE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATANDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS", pues amén de que la misma, en su caso, sólo podría observarse si se concediera el amparo, la misma contiene un criterio que fue abandonado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se desprende de la Tesis IX.1o. 17 L (10a), visible en la página 835, Libro 13, diciembre de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto señalan: "OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL, SUBSECUENTES A LAS QUE CONSTITUYEN LA MATERIA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL. AL CONSTITUIR ACTOS FUTUROS, INCIERTOS E INDETERMINADOS, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 44/2007). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandonó el criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 528, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.", por las razones que se explican en la ejecutoria de la que derivó la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, página 732, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).", sin haber dispuesto, expresamente, apartarse también del criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 44/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 373, de rubro: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS.". No obstante, es claro que el criterio sostenido en esta última fue abandonado, aunque no se haya indicado en las referidas ejecutoria y tesis aislada, pues la nueva reflexión de la Sala sobre el tema, la llevó a considerar que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, lo que significa que, contrario a lo que había sustentado en la aludida jurisprudencia 2a./J. 44/2007, el juicio de amparo promovido contra omisiones y dilaciones en el trámite de un juicio laboral, subsecuentes a las que constituyen la materia del juicio constitucional, es improcedente; conclusión que encuentra sustento también en el hecho de que tales omisiones y dilaciones constituyen actos futuros, inciertos e indeterminados. Asimismo, tiene aplicación la tesis 2a. CV/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 732, Libro 1, diciembre de 2013, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que señala. "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. En estas condiciones, se deja sin efecto las nueve horas con diez minutos del diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo y se ordena hacer las anotaciones correspondientes. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE AL QUEJOSA.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a sus autos el oficio 700/2016-I signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por medio del cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada el seis de mayo del año en curso, en el recurso de queja 36/2016, así como copias certificadas en un tomo relativas al juicio de amparo 678/2015-III-M anteriormente 1607/2014 promovido por Josué Salazar Corona. Acúsese el recibo correspondiente. Dése a conocer a las partes los puntos resolutivos del testimonio de que se habla: "PRIMERO. Es FUNDADO el recurso de queja interpuesto por el Subcontralor de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Puebla y la Jefa del Departamento de Responsabilidades de la citada Subcontraloria. SEGUNDO. Se REVOCA el auto de veinte de enero de dos mil dieciséis emitido en el juicio de amparo indirecto número 678/205 del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla." Se ordena realizar las anotaciones del caso en el libro de gobierno correspondiente y hágase del conocimiento lo anterior a las partes. En consecuencia, en estricto cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria pronunciada el seis de mayo del año en curso, en el recurso de queja 36/2016, por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento en el presente juicio de amparo a partir del proveído de treinta de diciembre de dos mil quince (mediante el cual se tuvo al quejoso manifestando que el cuestionario en el cual se basarían los peritos para emitir su dictamen, lo era el contenido en su ocurso presentado el quince de diciembre de ese año, por lo que se admitió la prueba pericial en contabilidad teniéndose como perito de su parte a María Laura Moreno García, y se concedió a las partes el término de cinco días para que de considerarlo necesario adicionaran el cuestionario presentado por el quejoso -foja 465). Al respecto, se precisa que el desahogo de la prueba pericial ofrecida por el quejoso dentro del incidente de liquidación de sentencia, se substanciara conforme al procedimiento establecido para tal efecto en el Código Federal de Procedimientos Civiles. En principio cabe destacar que a efecto de actuar conforme a los lineamientos establecidos en la ejecutoria en mención, y en particular acorde a lo ordenado en la parte final de su último considerando, a saber: "En ese orden de ideas, si el Juez de Distrito tuvo por admitida la prueba pericial ofrecida por el quejoso y por designado perito de su parte en el acuerdo de treinta de diciembre de dos mil quince, en dicho proveído debió conceder a las demás partes el plazo de cinco días para adicionar el cuestionario, nombrar perito y manifestar su conformidad con el tercero propuesto por el quejoso, en términos del artículo 146 del Código Federal de Procedimientos Civiles. (.) En consecuencia, ante lo fundado de los agravios, lo procedente es revocar el auto recurrido, en el entendido de que para el desahogo de la prueba pericial ofrecida por el quejoso el Juez de Distrito debe observar el procedimiento establecido en el Código Federal de Procedimientos Civiles, no así el previsto en la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, deberá regularizar el procedimiento a efecto de requerir al quejoso para que proponga un perito tercero en caso de desacuerdo y, hecho lo anterior, conceder al Subcontralor de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Puebla y a la Jefa del Departamento de Responsabilidades adscrita a la Subcontraloría en cita, el plazo de cinco días para que manifiesten si están conformes o no con esa designación." Se considera necesario (previo a conceder a las demás partes el plazo de cinco días para adicionar el cuestionario, nombrar perito y manifestar su conformidad con el tercero propuesto por el quejoso), requerir con fundamento en el artículo 146 el Código Federal de Procedimientos Civiles, al solicitante de amparo para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación del presente acuerdo, proponga un perito tercero en caso de desacuerdo. Con el APERCIBIMIENTO que, de no atender el anterior requerimiento dentro del término indicado para ello, se declarará desierta la prueba pericial en contabilidad ofrecida por el quejoso en la incidencia planteada, al ser lo solicitado un requisito del ofrecimiento de la probanza. Notifíquese y personalmente a las partes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, tres de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, suscrito por la quejosa, por medio del cual, en cumplimiento al proveído de veintiséis de abril de dos mil dieciséis, remite cinco copias de su escrito de expresión de agravios relativo al escrito de recurso de revisión que presentó el veinticinco de abril de dos mil dieciséis; en consecuencia téngase a la parte quejosa interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo y con fundamento en los artículos 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse las copias simples del recurso entre las partes. Asimismo, una vez que obren en autos las constancias de notificación a las partes de la sentencia dictada el treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis y del auto de esta fecha por el que se tiene por interpuesto el recurso de revisión y se ordena correr traslado con copia del escrito de agravios; dentro del término de tres días siguientes a ello, remítanse los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en turno, con el escrito original de expresión de agravios [previa certificación de su desglose] y una copia simple del mismo para el Agente del Ministerio Público Federal Adscrito al Tribunal revisor que corresponda conocer de dicho recurso, a fin de que sirva substanciarlo. NOTIFÍQUESE POR LISTA AL RECURRENTE, Y PERSONALMENTE A LAS DEMÁS PARTES.
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