Claudia Romano Lobato
Expediente 1351/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de septiembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1351/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 14/09/2015
Partes del expediente
- Claudia Romano Lobato
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de septiembre de dos mil quince. Vistos los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto de veinte de agosto de dos mil quince; en consecuencia, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia, en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Se determina que este asunto no es de relevancia documental. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de agosto de dos mil quince. Vista la razón actuarial que antecede, de la cual se advierte que no fue posible notificar personalmente el auto de veinte de agosto de dos mil quince, a la parte tercero interesada Proces AG, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de quien legalmente la represente, por la razón asentada en la misma; en esas condiciones, se ordena realizar la notificación de que se habla, y las subsecuentes, por medio de lista en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo aplicable. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de agosto de dos mil quince. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que en su escrito de demanda Claudia Romano Lobato señaló como actos reclamados y autoridades responsables los siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: 1.-JUNTA ESPECIAL NÚMERO DOS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE (.) ACTO RECLAMADO. El señalamiento fuera de los términos que establece la Ley Federal del Trabajo, para el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes dentro de los autos del juicio ordinario laboral, radicado en la Junta especial número Dos de la local de conciliación y arbitraje del estado, número de expediente D-2/572/2014." Ahora, del informe justificado rendido en esta data, se desprende que la autoridad responsable señala que los actos reclamados no son ciertos, en virtud de que si bien en proveído de doce de junio de dos mil quince dictó un proveído dentro del expediente D-2/572/2014 en el que señaló diversas fechas para el desahogo de las probanzas ofrecidas por las partes, las cuales constituyen los actos reclamados en este sumario; posteriormente, en acuerdo de diecisiete de agosto del año en curso, atendiendo al principio de inmediatez que establece el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo fijó nuevas fechas próximas, para el desahogo de tales probanzas, actuaciones que remitió en copia certificada, las cuales adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto de los actos reclamados a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que Claudia Romano Lobato acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra el retado de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla para que se desahoguen las pruebas ofrecidas en el juicio laboral D-2/572/2014, esto es, sin atender al término previsto en la Ley Federal del Trabajo (fojas 4 a 14). Así, de las constancias remitidas por la responsable a las cuales se otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el diecisiete de agosto de dos mil quince, se dictó un acuerdo dentro del expediente D-2/572/2014, en el que, atendiendo al principio de inmediatez que establece el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo se ordenó fijar nuevo día y hora para el desahogo de las probanzas ofrecidas en dicho expediente. Se sostiene lo anterior, ya que de las constancias remitidas se advierte que la responsable, por acuerdo de doce de junio de dos mil quince, dictado en el juicio laboral D-2/572/2014 había señalado diversas fechas para el desahogo de las siguientes probanzas: Las trece horas del seis de octubre de dos mil quince para el desahogo de la prueba confesional ofrecida por la parte actora en el juicio de origen, a cargo de la persona moral PROCES AG Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de quien legalmente la represente; Las once horas con treinta minutos del siete de octubre de dos mil quince, para el desahogo de la prueba confesional para hechos propios a cargo de Alejandro Irigoyen Lazerri, Bernadette Sánchez del Castillo y Aracely Villegas; Las once horas con treinta minutos del ocho de octubre de dos mil quince, para el desahogo de la prueba testimonial, ofrecida por la parte actora en el juicio de origen a cargo de Ivon Nayeli Arucha Lima, Alicia Melgarejo Luna y Reyba Tecual Petla Pani; Las once horas con treinta minutos del nueve de octubre de dos mil quince para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada en el juicio de origen, a cargo de Elizabeth García García, Gloria Rocío Perez Benavente y María Martha Estefanoni Mioni; y Las nueve horas con treinta minutos del dos de octubre de dos mil quince para el desahogo de las pruebas de inspección ocular ofrecidas por la parte actora, y continuando con la ofrecida por la parte demandada en el juicio de origen. Sin embargo, del informe justificado recibido en esta fecha, y de las constancias remitidas se advierte que por acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil quince, la junta responsable dejó sin efecto las fechas anteriores, señalando nuevo día y hora para el desahogo de dichas probanzas, las cuales son las siguientes: Las diez horas del veintiocho de agosto de dos mil quince para el desahogo de la prueba confesional ofrecida por la parte actora en el juicio de origen, a cargo de la persona moral PROCES AG Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de quien legalmente la represente; Las diez horas del treinta y uno de agosto de dos mil quince, para el desahogo de la prueba confesional para hechos propios a cargo de Alejandro Irigoyen Lazerri, Bernadette Sánchez del Castillo y Aracely Villegas; Las once horas con treinta minutos del dos de septiembre de dos mil quince, para el desahogo de la prueba testimonial, ofrecida por la parte actora en el juicio de origen, a cargo de Ivon Nayeli Arucha Lima, Alicia Melgarejo Luna y Reyba Tecual Petla Pani; Las diez horas del tres de septiembre de dos mil quince para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada en el juicio de origen, a cargo de Elizabeth García García, Gloria Rocío Perez Benavente y María Martha Estefanoni Mioni; y Las nueve horas con treinta minutos del veintisiete de agosto de dos mil quince para el desahogo de las pruebas de inspección ocular ofrecidas por la parte actora, y continuando con la ofrecida por la parte demandada. Bajo esa óptica, es dable concluir que la autoridad responsable al haber dictado el proveído de diecisiete de agosto de dos mil quince, dentro del expediente D-2/572/2014, en el que ordenó señalar nuevo día y hora para el desahogo de las probanzas ofrecidas en el indicado expediente, cuyo retardo se reclama, cesaron los efectos de la dilación de la que se duele la parte quejosa, toda vez que los efectos de dicho retardo desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica de los particulares, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Se expone lo anterior, porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que la autoridad responsable señalara nuevo día y hora para el desahogo de las pruebas ofrecidas en dicho expediente, aquélla se vio satisfecha en la medida en que en proveído de diecisiete de agosto de dos mil quince, la responsable emitió el acuerdo correspondiente, señalando nuevo día y hora para el desahogo de las mismas. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de epígrafe y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 íbidem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de los actos que Claudia Romano Lobato reclamó de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla del Estado de Puebla. En tales condiciones, se deja sin efecto las once horas con veinticinco minutos del veintiuno de agosto de dos mil quince, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Es aplicable por identidad de razones jurídicas la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada del catorce de febrero de dos mil tres al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, publicada en la página 386, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de agosto de dos mil quince. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que en su escrito de demanda Claudia Romano Lobato señaló como actos reclamados y autoridades responsables los siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: 1.-JUNTA ESPECIAL NÚMERO DOS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE (.) ACTO RECLAMADO. El señalamiento fuera de los términos que establece la Ley Federal del Trabajo, para el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes dentro de los autos del juicio ordinario laboral, radicado en la Junta especial número Dos de la local de conciliación y arbitraje del estado, número de expediente D-2/572/2014." Ahora, del informe justificado rendido en esta data, se desprende que la autoridad responsable señala que los actos reclamados no son ciertos, en virtud de que si bien en proveído de doce de junio de dos mil quince dictó un proveído dentro del expediente D-2/572/2014 en el que señaló diversas fechas para el desahogo de las probanzas ofrecidas por las partes, las cuales constituyen los actos reclamados en este sumario; posteriormente, en acuerdo de diecisiete de agosto del año en curso, atendiendo al principio de inmediatez que establece el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo fijó nuevas fechas próximas, para el desahogo de tales probanzas, actuaciones que remitió en copia certificada, las cuales adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto de los actos reclamados a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que Claudia Romano Lobato acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra el retado de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla para que se desahoguen las pruebas ofrecidas en el juicio laboral D-2/572/2014, esto es, sin atender al término previsto en la Ley Federal del Trabajo (fojas 4 a 14). Así, de las constancias remitidas por la responsable a las cuales se otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el diecisiete de agosto de dos mil quince, se dictó un acuerdo dentro del expediente D-2/572/2014, en el que, atendiendo al principio de inmediatez que establece el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo se ordenó fijar nuevo día y hora para el desahogo de las probanzas ofrecidas en dicho expediente. Se sostiene lo anterior, ya que de las constancias remitidas se advierte que la responsable, por acuerdo de doce de junio de dos mil quince, dictado en el juicio laboral D-2/572/2014 había señalado diversas fechas para el desahogo de las siguientes probanzas: Las trece horas del seis de octubre de dos mil quince para el desahogo de la prueba confesional ofrecida por la parte actora en el juicio de origen, a cargo de la persona moral PROCES AG Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de quien legalmente la represente; Las once horas con treinta minutos del siete de octubre de dos mil quince, para el desahogo de la prueba confesional para hechos propios a cargo de Alejandro Irigoyen Lazerri, Bernadette Sánchez del Castillo y Aracely Villegas; Las once horas con treinta minutos del ocho de octubre de dos mil quince, para el desahogo de la prueba testimonial, ofrecida por la parte actora en el juicio de origen a cargo de Ivon Nayeli Arucha Lima, Alicia Melgarejo Luna y Reyba Tecual Petla Pani; Las once horas con treinta minutos del nueve de octubre de dos mil quince para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada en el juicio de origen, a cargo de Elizabeth García García, Gloria Rocío Perez Benavente y María Martha Estefanoni Mioni; y Las nueve horas con treinta minutos del dos de octubre de dos mil quince para el desahogo de las pruebas de inspección ocular ofrecidas por la parte actora, y continuando con la ofrecida por la parte demandada en el juicio de origen. Sin embargo, del informe justificado recibido en esta fecha, y de las constancias remitidas se advierte que por acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil quince, la junta responsable dejó sin efecto las fechas anteriores, señalando nuevo día y hora para el desahogo de dichas probanzas, las cuales son las siguientes: Las diez horas del veintiocho de agosto de dos mil quince para el desahogo de la prueba confesional ofrecida por la parte actora en el juicio de origen, a cargo de la persona moral PROCES AG Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de quien legalmente la represente; Las diez horas del treinta y uno de agosto de dos mil quince, para el desahogo de la prueba confesional para hechos propios a cargo de Alejandro Irigoyen Lazerri, Bernadette Sánchez del Castillo y Aracely Villegas; Las once horas con treinta minutos del dos de septiembre de dos mil quince, para el desahogo de la prueba testimonial, ofrecida por la parte actora en el juicio de origen, a cargo de Ivon Nayeli Arucha Lima, Alicia Melgarejo Luna y Reyba Tecual Petla Pani; Las diez horas del tres de septiembre de dos mil quince para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada en el juicio de origen, a cargo de Elizabeth García García, Gloria Rocío Perez Benavente y María Martha Estefanoni Mioni; y Las nueve horas con treinta minutos del veintisiete de agosto de dos mil quince para el desahogo de las pruebas de inspección ocular ofrecidas por la parte actora, y continuando con la ofrecida por la parte demandada. Bajo esa óptica, es dable concluir que la autoridad responsable al haber dictado el proveído de diecisiete de agosto de dos mil quince, dentro del expediente D-2/572/2014, en el que ordenó señalar nuevo día y hora para el desahogo de las probanzas ofrecidas en el indicado expediente, cuyo retardo se reclama, cesaron los efectos de la dilación de la que se duele la parte quejosa, toda vez que los efectos de dicho retardo desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica de los particulares, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Se expone lo anterior, porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que la autoridad responsable señalara nuevo día y hora para el desahogo de las pruebas ofrecidas en dicho expediente, aquélla se vio satisfecha en la medida en que en proveído de diecisiete de agosto de dos mil quince, la responsable emitió el acuerdo correspondiente, señalando nuevo día y hora para el desahogo de las mismas. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de epígrafe y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 íbidem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de los actos que Claudia Romano Lobato reclamó de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla del Estado de Puebla. En tales condiciones, se deja sin efecto las once horas con veinticinco minutos del veintiuno de agosto de dos mil quince, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Es aplicable por identidad de razones jurídicas la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada del catorce de febrero de dos mil tres al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, publicada en la página 386, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 15,571 expedientes
- Claudia Pitones Ploneda546/2020
- Claudia Puga Lopez452/2015
- Claudia Quiroz Corona1426/2023
- Claudia Rivera Vivanco56/2023
- Claudia Rodríguez Palestina (Apoderado)289/2020
- Claudia Romano Lobato811/2016
- Claudia Romero López1387/2022
- Claudia Romero Ordaz1330/2016
- Claudia Sanchez Silva546/2021
- Claudia Sánchez Silva752/2016
- Claudia Sánchez Silva1602/2015
- Claudia Sanchez Silva262/2022