Claudia Pérez Muñoz
Expediente 1424/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1424/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/10/2022
Partes del expediente
- Claudia Pérez Muñoz
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Visto; el oficio de cuenta, firmado electrónicamente, con evidencia criptográfica del secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, por medio del cual acusa recibo del diverso con el que se remitió el original del juicio de amparo en que se actúa e informa aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento del asunto. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos el oficio de cuenta; asimismo, se toma nota de lo informado para los efectos legales conducentes. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia por desahogar, con apoyo en el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; es susceptible la destrucción de este expediente, en virtud de ubicarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso j), de dicho Acuerdo, pues se trata de un asunto en el que este Juzgado declinó la competencia; además, no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que en el presente no se formó el incidente de suspensión, se deja de proveer al respecto. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el citado artículo del Acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez transcurra el plazo de seis meses, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS Y TOMOS PARA DEVOLVER Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Víctor Hugo Albores Hernández, secretario del juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Vistos: I. La certificación que antecede, se advierte que de la consulta que se hace al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte la existencia del juicio de amparo 595/2022, del índice del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, promovido por Claudia Pérez Muñoz, en el que señaló como acto reclamado, la omisión de llevar a cabo la audiencia de demanda, excepciones, pruebas y alegatos en el juicio laboral 861/2020. II. El escrito de cuenta, signado por la parte quejosa +++, mediante el cual da cumplimiento a la prevención hecha en el acuerdo dictado el trece de octubre de dos mil veintidós. Al efecto; se acuerda: Atento al punto I. Atendiendo al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en relación a las atribuciones de las Direcciones Generales de Gestión Judicial y de Estadística Judicial; el sistema de recepción, registro y tuno de asuntos; y las consultas de turno, publicado el catorce de marzo de dos mil veintidós, en sus artículos 45, fracción II, y 46, disponen: Lo anterior, con base en ser criterio general de relación, para el turno de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos de un expediente jurisdiccional, el hecho de que determinado órgano jurisdiccional conozca con anterioridad de otro promovido contra los mismos actos del mismo asunto; desde luego, debe asignársele. En ese contexto, de la contraposición de la certificación de cuenta con el estado que guardan los presentes autos, se aprecia que el acto reclamado en este sumario deriva de la misma autoridad responsable, Juzgado Primero Especializado en Materia Burocrática, con sede en esta ciudad, cuyo origen es el juicio laboral 861/2020; por tanto, es inconcuso que se cumplen los requisitos establecidos en los dispositivos citados supralíneas. En efecto, para precisar lo expuesto, destaca que el juicio de amparo 595/2022, radicado en el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, mediante auto de trece de mayo de dos mil veintidós desechó la demanda de amparo; por lo tanto, se trata de un asunto en donde se tiene conocimiento previo y en el cual se reclama el mismo acto, y misma parte quejosa. Bajo ese contexto, se consideran cumplidos los requisitos establecidos en los dispositivos 45, fracción II, 46, fracciones II y IV, penúltimo y último párrafos, del citado Acuerdo General, para que este juicio de amparo sea resuelto por el juzgado que conoció con antelación ese asunto; es decir, el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, toda vez que desde el trece de mayo de dos mil veintidós desechó la demanda de amparo radicada con el número 595/2022; por lo tanto, se trata de un asunto en donde se tiene conocimiento previo y en el cual se reclama el mismo acto, y misma parte quejosa; por ello, se surte el supuesto en consulta: son actos reclamados a idéntica autoridad: Juzgado Primero Especializado en Materia Burocrática, con sede en esta ciudad; derivan del mismo asunto (La omisión de señalar fecha para la audiencia de demanda, excepciones, pruebas y alegatos, en el juicio laboral número 861/2020); mismas partes (la quejosa en aquél sumario es también Claudia Pérez Muñoz, quien dentro del juicio de amparo en que se actúa es la quejosa). Y si bien, este órgano jurisdiccional concurre en igualdad de facultades competenciales en razón de grado, materia y territorio, tampoco pasa desapercibido que la aplicación del Acuerdo General de cuenta, tiene como fin reenviar un expediente a un órgano jurisdiccional en específico por haber realizado algún pronunciamiento sobre el problema planteado en el asunto, utilizando sus consideraciones y aprovechando ese conocimiento previo de sus antecedentes; lo cual, en la especie se actualiza, pues si bien dentro del juicio de amparo 595/2022, el Juzgado de Distrito homólogo ya resolvió; sin embargo, con anterioridad a la promoción de la demanda de amparo 1424/2022-IX, existe ante aquél órgano jurisdiccional un antecedente que hace procedente la vinculación; pues se insiste, en el caso en concreto se actualizan las hipótesis establecidas en el artículo 46, fracciones II y V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado respectivamente en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil quince y catorce de marzo de dos mil dieciséis. Por identidad jurídica, es aplicable la jurisprudencia: COMPETENCIA POR TURNO. EL ACUERDO GENERAL 48/2008 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, SÓLO ES APLICABLE PARA DECIDIR RESPECTO AL TURNO DE ASUNTOS COMPETENCIA DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES RESIDENTES EN EL MISMO CIRCUITO JUDICIAL. A partir del 9 de septiembre de 2008 entró en vigor el Acuerdo General 48/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica el artículo 9 del diverso Acuerdo General 13/2007, que regula el funcionamiento, supervisión y control de las Oficinas de Correspondencia Común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, instaurando nuevamente el turno de asuntos mediante el sistema de relación, con la obligación de que, previamente a su asignación aleatoria, los jefes de las indicadas Oficinas verifiquen si el asunto debe remitirse a un órgano jurisdiccional determinado, por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos: a) Provenir de un expediente administrativo, jurisdiccional o averiguación previa, identificado con el mismo número de índice y autoridad que otro ya asignado; b) Tratarse de cualquier recurso relacionado con un juicio de amparo que ya haya sido del conocimiento de algún Tribunal Colegiado de Circuito, en cualquier vía; y, c) Cuando las demandas de amparo, recursos o medios de impugnación, se refieran a una misma averiguación previa o acto de autoridad, aunque promuevan diversas partes, excepto los casos en que solamente se impugnen disposiciones generales. Sin embargo, el ordenamiento aludido resulta aplicable cuando tiene que decidirse respecto al turno que deba darse a asuntos competencia de órganos jurisdiccionales residentes en el mismo circuito judicial, quienes concurren en igualdad de facultades competenciales, en razón de grado, materia y territorio, y tienen una misma Oficina de Correspondencia Común que debe atender al sistema aleatorio y al de conocimiento previo que se describe en los acuerdos generales de referencia, pues la aplicación de estos últimos únicamente tiene como fin dirigir o reenviar un expediente a un órgano jurisdiccional en específico por haber realizado algún pronunciamiento sobre el problema planteado en el negocio relativo, utilizando sus consideraciones y aprovechando ese conocimiento previo de los antecedentes del expediente respectivo, evitando el dictado de resoluciones contradictorias, sin que pueda hacerse extensiva su aplicación a un ámbito competencial diverso al que es propio del órgano jurisdiccional originariamente competente, ya que dichos acuerdos no pueden soslayar las diversas disposiciones que delinean la potestad de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación por razón de materia, grado o territorio. Por ello, se estima este órgano de control constitucional no debe conocer de la demanda de amparo de que se trata, por una cuestión de turno y conocimiento previo (antecedente relacionado), por parte del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. Tiene aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia número 2ª./J.129/2010, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página 189 del Tomo XXXII, Septiembre de 2010, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "COMPETENCIA POR TURNO. EL INCISO B) DEL ARTÍCULO 9 DEL ACUERDO GENERAL 48/2008 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE REGULA LA ASIGNACIÓN DE ASUNTOS MEDIANTE EL SISTEMA DE RELACIÓN, NO CONTIENE EXCEPCIÓN ALGUNA EN CUANTO AL TIPO DE CONOCIMIENTO PREVIO PARA EL RETURNO DE LOS ASUNTOS. El Acuerdo General 48/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que modifica el artículo 9 del diverso Acuerdo General 13/2007, regula el funcionamiento, supervisión y control de las Oficinas de Correspondencia Común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, e instauró nuevamente el turno de asuntos mediante el sistema de relación, con la obligación de que previamente a su asignación aleatoria los jefes de las Oficinas de Correspondencia Común verifiquen si el asunto debe remitirse a un órgano jurisdiccional determinado, por encontrarse, entre otros supuestos, en el del inciso b) del citado artículo, acerca de que se trate de cualquier recurso relacionado con un juicio de amparo que haya sido del conocimiento de algún Tribunal Colegiado de Circuito, en cualquier vía. Por tanto, los asuntos relacionados con otro presentado con anterioridad se turnarán al órgano jurisdiccional que haya conocido o esté conociendo del anterior, sin salvedad, excepción o límite a su inaplicación, para efectos de vinculación, al tipo de conocimiento previo para el returno de los asuntos; antes bien, se hace énfasis en que cualquier recurso que haya sido del conocimiento en cualquier vía deberá enviarse al Tribunal que conoció anteriormente, de donde se sigue que el conocimiento previo es amplio y simple, es decir, se actualiza de forma primordial cuando existe un pronunciamiento anterior en cuanto al fondo del asunto, pero cuando no lo haya puede configurarse, inclusive, si lo hubiere desechado, declarado su incompetencia, o remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en acatamiento a la facultad de atracción que esta última haya ejercido. Además, la finalidad del returno no solamente se cumple con enviar un expediente a diverso órgano jurisdiccional por haber realizado algún pronunciamiento sobre el problema planteado en el negocio relativo, utilizar sus consideraciones y evitar el dictado de resoluciones contradictorias; sino igualmente cuando se trata de aprovechar ese conocimiento previo acerca de sus antecedentes del expediente respectivo." Bajo ese contexto, se estima que el presente juicio de amparo debió turnarse a diverso órgano jurisdiccional, ya que encuadra dentro del supuesto previsto en la fracción II, del citado artículo 46, por existir en éste un antecedente que hace procedente la vinculación, esto es, el acto reclamado en el presente juicio de amparo indirecto proviene de un mismo procedimiento penal. Por todo lo anterior; remítase el expediente en que se actúa al Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, para que determine lo que en derecho corresponda, solicitándole comedidamente el acuse de recibo respectivo. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. -MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN IMPLEMENTAR LOS ACTUARIOS JUDICIALES- Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. Tocante al punto II. Dígase a la parte quejosa que se esté a lo acordado en párrafos precedentes. NOTIFÍQUESE POR LISTA; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA; Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Gustavo Antonio Villanueva Cervantes, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, trece de octubre de dos mil veintidós. Visto; el ocurso signado por Ansberto Nájera Trujillo, parte quejosa, mediante el cual solicita la modificación de la medida cautelar decretada mediante actuación de siete de enero de esta anualidad, referente al tópico del suministro de los medicamentos de patente en las cantidades y dosis que índica, y particularmente, con objeto restaurar la vigencia de los efectos de la medida cautelar definitiva, concedida mediante interlocutoria de veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Sostiene su petición bajo el argumento que el auto de siete de enero del año que transcurre, puede ser modificado con los razonamientos sostenidos en la sentencia constitucional de cuatro de julio de la presente anualidad. Por lo que solicita que atendiendo lo dispuesto en los artículos 130 y 138 de la Ley de Amparo, se emita un nuevo acuerdo en el que tomando en consideración lo analizado en la sentencia constitucional de cuatro de julio de dos mil veintidós, respecto a lo que las autoridades responsables no demostraron que los medicamentos genéricos puedan tener los mismos efectos y beneficios de patente, se determine que hasta en tanto las responsables no demuestren que los medicamentos genéricos puedan tener los mismos efectos y beneficios que los de patente, se siga confiriendo en tiempo forma de la dotación de los medicamentos de patente. Finalmente peticiona se aplique el principio pro persona en su favor y se tome en consideración la jurisprudencia de rubro "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL AMPARO. NO SE ACTUALIZA DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA EN LOS JUICIOS DE AMPARO CONTRA ACTOS DE NATURALEZA PRESTACIONAL CONTINUADA QUE GARANTICEN, ENTRE OTROS, EL DERECHO A LA SALUD, A LA VIDA O A LA INTEGRIDAD PERSONAL, CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE REALICE ACTUACIONES EN CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN OTORGADA, SINO QUE, DE NO ADVERTIR DIVERSA CAUSAL DE IMPRICEDENCIA, EL JUZGADOR DEBERÁ REALIZAR UN PRONUNCIAMIENTO DE FONDO RESPECTO DE LOS DERECHOS ALEGADOS EN LA SENTENCIA DEFINTIIVA RESPECTIVA". Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos el escrito de cuenta. Ahora bien, atendiendo a lo peticionado por el accionante de los derechos fundamentales, infórmese al ocurrente que no ha lugar acordar de conformidad con lo solicitado, por las razones siguientes: En primer lugar, no es factible llevar a cabo un nuevo análisis para modificar la determinación de la medida cautelar otorgada en auto de siete de enero del año que transcurre, por las razones que se tomaron en cuenta al dictar la sentencia constitucional en el fondo del asunto de donde emanan los presentes cuadernos incidentales. Lo anterior, tomando en consideración, que dicha sentencia no ha causado firmeza legal al encontrase sub judice a lo que resuelva la Superioridad, en el recurso de revisión interpuesto por el accionante del juicio del amparo; por ello, la determinación de la medida cautelar otorgada en el auto de referencia -siete de enero del año que transcurre-, se mantiene incólume. Máxime que, como se le informó en auto de diecinueve de septiembre de esta anualidad -se reitera el contenido-, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, dentro del recurso de queja 144/2022, de su índice, mediante ejecutoria de veinticinco de agosto de esta anualidad, determinó improcedente el recurso de queja en comento; por lo que la determinación combatida, quedó firme para los efectos legales correspondientes. En segundo lugar, las circunstancias que motivaron el sentido del contenido del acuerdo de siete de enero de esta anualidad, no han variado; pues de autos no se advierte medio probatorio diverso a los que se tomaron en cuenta (nota médica, suscrita por una perito en la materia de salud, así como a lo informado por el Subdelegado Médico del Instituto de Salud responsable en el oficio de mérito -07/200/016/2021-, en donde señala que lo descrito en la nota médica sí es el tratamiento necesario para la conservación de la salud del quejoso y que los medicamentos mencionados en la misma, son las sustancias activas, que los denominados bioequivalentes, son suficientes para lograr dicha circunstancia); al momento de emitir la modificación de la medida cautelar en el auto en comento. Atendiendo a que se aplique en su favor el principio pro homine o pro persona, previsto en el artículo 1° de la Norma Fundamental; dígasele que dicho principio no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes; de ahí que no sea aplicable a su favor en el caso que nos ocupa. Lo anterior, tiene sustento en la tesis jurisprudencial 104/2013 (10ª), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de veinticinco de septiembre de dos mil trece, pendiente de publicarse, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." Además, si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función; mucho menos implica desconocer los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones, pues para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, el Estado puede y debe establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los medios de defensa, los cuales no pueden ser superados, por regla general, con la mera invocación de estos principios rectores de aplicación e interpretación de normas. Finalmente, por las razones expuestas tampoco resulta aplicable en el caso que nos ocupa, el criterio jurisprudencial que invoca. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante María de Lourdes Méndez Sánchez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.
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