Claudia Olivia Ichin Gómez
Expediente 1412/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1412/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 02/01/2018
Partes del expediente
- Claudia Olivia Ichin Gómez
- Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto; el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad; por medio del cual acusa recibo del oficio 11554/2017, del índice de este juzgado, e informa que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por ***, mismo que fue registrado con el número 315/2017, de su índice. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, téngase a la autoridad oficiante acusando recibo del oficio 11554/2017.
- Principal
Visto; el escrito de cuenta signado por la directa quejosa ***, mediante el cual interpone RECURSO DE QUEJA, contra el auto de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), en relación con el numeral 98 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el medio de impugnación que hace valer la parte quejosa. Ríndase el informe sobre la materia de la queja, en el sentido de que es cierta la resolución motivo de la misma, en virtud de que con fecha dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, en autos del juicio de amparo indirecto 1412/2017, se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Rodulfo Isidro Cervantes Orozco, quien se ostentó a la presentación de la demanda como apoderado legal de Claudia Olivia Ichin Gómez. Remítase de inmediato el original y dos copias del escrito de agravios, al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, para los efectos legales a que haya lugar. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo.
- Principal
En las relatadas consideraciones, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6, ambos de la Ley de Amparo, y 113 de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, once de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo y anexo, promovida por **, quien dice ser apoderado legal de ***, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 1412/2017-V, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PREVENCIÓN A efecto de proveer respecto de su admisión o desechamiento, el artículo 114 de la Ley de Amparo, dispone que el órgano jurisdiccional mandará requerir a la parte promovente que aclare la demanda, en el sentido de señalar con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse. De los artículos 114, fracciones III, 10 y 11 de la Ley de Amparo, se advierte que corresponde a este juzgador examinar de oficio la personería del promovente al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no presentada. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en rubro y texto dice: PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo. Expuesto lo anterior, del análisis que se hace al escrito de demanda y anexo de cuenta, se advierte que Rodulfo Isidro Cervantes Orozco, aduce ser apoderado legal de Claudia Olivia Ichin Gómez, en el juicio laboral J/O/U/33/2016, adjuntando para tal efecto copia certificada del proveído de trece de octubre de dos mil dieciséis, dictado en el expediente de origen antes citado; sin embargo, de la lectura de dicha documental, se advierte que la personalidad de apoderado legal de Claudia Olivia Ichin Gómez, la tiene acreditada el licenciado Domingo Rodolfo Cervantes Rosales y no el peticionario de amparo, como aquí lo manifiesta. En ese orden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, último párrafo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, y entendido de la responsabilidad en que incurren las partes y de las sanciones previstas en el artículo 261 de la ley de la materia, por escrito y bajo protesta de decir verdad, aclare su demanda en los siguientes términos: Único. Acredite con documento fehaciente la personalidad con que se ostenta. Apoya lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto: PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa. Lo que deberá hacer de manera personal, dado que en términos de la fracción V del artículo 108 de la ley de la materia, es un requisito formal que debe ser realizado forzosamente por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual los autorizados por la quejosa, no pueden desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes. APERCIBIMIENTO Con el apercibimiento de que en caso de que afirme hechos falsos, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, con fundamento en el artículo 261, fracción I, de la ley de la materia, se le impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días. Por otra parte, se hace del conocimiento de la parte quejosa o de sus abogados autorizados, que la información que se desprenda de las manifestaciones que vierta en su escrito aclaratorio SERA CONFRONTADA con la que se advierta de las constancias que en su momento obren en autos; de ahí, que si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida afirman hechos falsos u omiten los que le consten en relación con los actos reclamados, y no se ubican en los casos de excepción previstos en la ley, este Juzgado de Distrito, procederá a dar vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, para que investigue sobre la posible comisión de delitos, en relación con el quejoso y todos sus abogados autorizados lo anterior, conforme al artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. Bajo el apercibimiento que de no desahogar la prevención en sus términos y en el plazo señalado, acorde con el penúltimo párrafo del precepto 114 de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de cuenta; en la inteligencia que al dar cumplimiento al presente proveído deberá dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 110 de la Ley de Amparo y anexar las copias suficientes de su escrito aclaratorio de demanda para emplazar a juicio a las partes. Tiene aplicación al caso la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL PREVENIR AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE EXPRESAR CON CLARIDAD Y PRECISIÓN LAS IRREGULARIDADES O DEFICIENCIAS QUE DEBEN LLENARSE PARA QUE EL QUEJOSO ESTÉ EN APTITUD DE SUBSANARLAS." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con apoyo en el artículo 108, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el precisado en líneas que anteceden y como autorizados en términos del ordinal 12 parte infine del segundo párrafo de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 24, segundo párrafo, de la Ley de la materia, únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona toda vez que así lo solicito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información particular clasificada, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley, o pueda ser elaborada una versión pública. Por tanto, para efectos de la publicación del expediente electrónico, se ordena al secretario que elabore en versión pública los acuerdos y resoluciones emitidos en el presente juicio, y la publique a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
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