Claudia Pamela Carrillo Licona
Expediente 1297/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1297/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/09/2023
Partes del expediente
- Claudia Pamela Carrillo Licona
- Claudia Pamela Carrillo Licona y Otros.
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta (con anexos), a través del cual, la quejosa Claudia Pamela Carrillo Licona, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de identidades reservadas S.L.C. y D.L.C., desahoga la prevención que le fue realizada en proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Atento a lo anterior, se tiene por cumplida la prevención de referencia, y se dejan sin efectos los apercibimientos efectuados. Ahora bien, previo a admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Cabe señalar que, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario determinar de forma clara y precisa el acto reclamado, por lo que, de un análisis integral de la demanda de amparo, permite a este juzgado advertir que la pretensión de la parte quejosa está encaminada a reclamar lo siguiente: La resolución de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, dictada en los autos del expediente 1376/2021 del índice del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México, mediante la cual, determinó excusarse para seguir conociendo del juicio antes mencionado, y ordenó remitirlo al Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México, para que continúe la secuela procesal del mismo. Sentado lo anterior, se obtiene que, per se, el acto reclamado es una violación procesal respecto de la cual el juicio de amparo resulta improcedente, toda vez que constituye una cuestión de índole procesal que no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por tanto, este Juzgado de Distrito estima se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" De conformidad con los artículos transcritos, el juicio de amparo será improcedente cuando ello derive del incumplimiento de alguna disposición de la Carta Magna o bien, de la propia ley que rige la materia, conforme a la cual, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos que sean de imposible reparación, lo que también dispone el Canon Fundamental, con la precisión de que conforme al precepto de la ley de la materia, el legislador establece que deben considerarse actos de imposible reparación, aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Resulta conveniente destacar que en relación a este tópico, al resolver la Contradicción de Tesis 377/2013, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en la que considera que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer qué debe entenderse por dichos actos; con lo cual el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal precisó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, que deberían recaer en derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Destacando que a partir de esa interpretación se deducían las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos" lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Concluyendo que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debería prescindirse de la aplicación del criterio de ese Tribunal Pleno, en el que se reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo", ya que al ser emitido a la luz de la Ley de Amparo anterior, hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal. En ese contexto, es evidente que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia en análisis, pues la resolución mediante la cual un Juez se excusa para seguir conociendo de un juicio que se tramita ante él, no produce una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa, toda vez que la posible consecuencia directa del acto reclamado, en su caso, ocasionaran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, esto es que se continúe con el trámite del juicio de origen, ante un diferente juzgador. Además, tal acto no constituye un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, dado que éste únicamente produce efectos intraprocesales y puede ser reparado si la peticionaria de amparo obtiene sentencia favorable; de tal manera, la determinación reclamada constituye una violación procesal reclamable hasta que se dicte la sentencia de fondo si fuere desfavorable para la parte quejosa, a través de los recursos ordinarios o extraordinarios legalmente establecidos, por ello, se afirma que no lesiona sus derechos sustantivos y menos aún en forma irreparable. Por lo anteriormente expuesto, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, promovida por Claudia Pamela Carrillo Licona, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de identidades reservadas S.L.C. y D.L.C., contra actos del Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México y otra autoridad, de conformidad con los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo. Orienta lo anterior, la tesis II.2o.C.88 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en la página 1348 del Tomo XVIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 2003, Novena Época, con número de registro digital 182723, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. RESULTA IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA EXCUSA PLANTEADA POR EL JUEZ DE ORIGEN. Es patente e incuestionable que la resolución dictada en el incidente relativo a la excusa presentada por el Juez de origen no puede, formal y técnicamente, constituir un acto de imposible reparación en los términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, que diere motivo a la procedencia del juicio de amparo indirecto. Ello es así, porque su único efecto, procesalmente, consiste en que el juzgador que planteó inhibirse en la tramitación de un asunto sometido a su jurisdicción siga conociendo de la controversia; de ahí que no sea susceptible de afectarse de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo del quejoso protegido por las garantías individuales, o de modo preeminente o superior algún derecho procesal, sino que tan sólo se trata de un acto que podría afectar derechos adjetivos o intraprocesales, lo que no trascendería si el recurrente obtiene sentencia favorable en el juicio de origen o en la alzada; de todo lo cual debe concluirse que al no tratarse de un acto que tuviera una ejecución de imposible reparación, el mismo no deja en indefensión a las partes, ni puede pregonarse que ello contraviniera el espíritu del artículo 17 constitucional en orden al derecho subjetivo público de obtener una justicia pronta, eficaz, imparcial y completa". Ahora bien, no se soslayan las diversas manifestaciones realizadas por la quejosa, encaminadas a advertir al suscrito que sus hijos menores de edad están en riesgo en atención a la violencia psicológica y económica de las cuales han sido objeto por parte del demandado -aquí tercero interesado- Iván Alberto Lemus Alemán, en atención a que, de manera voluntaria, renunció a su fuente laboral con la finalidad de no cumplir con su obligación alimentaria en favor de los niños; además de que, el Juez responsable fue omiso en requerir al citado demandado, garantizara las medidas provisionales que le fueron impuestas para cubrir las necesidades de los menores, esto, previo a excusarse de conocer el juicio 1376/2021 de su índice; sin embargo, de los anexos remitidos por la parte quejosa con el ocurso de cuenta, se advierte que la autoridad judicial responsable, en la audiencia de veintidós de agosto del año en curso, manifestó que las medidas provisionales decretadas seguían vigentes, y que éstas no dejaban de surtir efectos atendiendo a la excusa planteada. Por lo tanto, no se aprecia la afectación a los menores aquí involucrados, como lo hace advertir la directa quejosa, pues de lo informado por ella misma, se advierte que tiene vigente una medida provisional en su favor y de sus hijos, y que ésta debe ser garantizada por el demandado -aquí tercero interesado-; sin embargo, si dicha medida provisional se ha visto obstaculizada, no es materia de Litis constitucional que se pueda combatir a través del juicio de amparo indirecto, si no, la propia legislación civil e incluso penal, proporcionan las vías idóneas para demandar el cumplimiento a la medida provisional decretada, y exigir el cumplimiento a las obligaciones alimentarias que requiere la directa quejosa y sus hijos. Tampoco es óbice para este Juzgado de Distrito que la quejosa manifieste su inconformidad con la forma en que la autoridad acordó las promociones presentadas en la audiencia de veintidós de agosto del año actual, pues como se advierte de párrafos que anteceden, ello fue así en virtud de la excusa planteada por el Juez responsable, acto respecto del cual resultó improcedente el juicio de amparo instado. Notifíquese personalmente.
- Principal
Toluca, Estado de México, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta, a través del cual, la quejosa Claudia Pamela Carrillo Licona, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de identidades reservadas S.L.C. y D.L.C., pretende desahogar la prevención que le fue decretada en proveído de veinticuatro de agosto del año en curso. Ahora bien, a efecto de acordar lo conducente, se considera pertinente traer a colación los puntos para los cuales fue prevenida la directa quejosa, a saber: 1. Acredite con documento idóneo y eficaz su legitimación para promover el presente juicio de amparo en representación de sus menores hijos de identidades reservadas S.L.C. y D.L.C., ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la ley de la materia; pues la citada demanda la promueve por derecho propio y en representación de sus menores hijos, sin que haya adjuntado las constancias correspondientes. 2. Superado lo anterior, bajo protesta de decir verdad, narre de manera sucinta y cronológica los antecedentes de las promociones que aduce, la autoridad responsable ha sido omisa en acordar; o, de lo contrario, precise si reclama únicamente la determinación mediante la cual el juez responsable se excusó para seguir conociendo del juicio 1376/2021 de su índice, y ordenó remitirlo al Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México. En ese sentido, del escrito de cumplimiento a la prevención citada con anterioridad, se advierte que la quejosa cumple únicamente con el punto número uno, esto es, acredita la personalidad con la que promueve en favor de sus hijos menores de edad de iniciales de identidades reservadas con iniciales S.L.C. y D.L.C. Mientras que, respecto al punto número dos, no realiza pronunciamiento alguno, solo realiza diversas manifestaciones encaminadas a narrar antecedentes de los hechos que dieron origen al juicio natural, mismas que son ajenas a la Litis constitucional que aquí se pretende combatir Por lo anterior, subsistente la prevención decretada en auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Se precisa a la parte quejosa que deberá satisfacer lo anterior dentro del plazo de un día, dado que dicho requerimiento le fue notificado de manera electrónica el veinticinco de agosto del año en curso. Además, se le reitera que para el caso de no desahogar en sus términos el requerimiento antes precisado, se le hará efectivo el apercibimiento con el cual se le conminó en el auto de prevención y, se tendrá por no presentada la demanda de amparo en los términos ahí descritos. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 39/2012 (10a.), que aprobó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 400, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo de dos mil doce, Décima Época, con número de registro 2000702, que establece: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo.". Finalmente, tocante a las diversas solicitudes realizadas por la parte quejosa en el ocurso que se atiende, se reserva a proveer lo conducente, hasta en tanto cumpla de manera correcta con la prevención realizada, o fenezca el término concedido para hacerlo. Notifíquese personalmente a la quejosa.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Claudia Pamela Carrillo Licona, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de identidades reservadas S.L.C. y D.L.C., contra actos del Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México y otra autoridad; fórmese expediente físico y electrónico en atención al Acuerdo General el Pleno de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por Covid- 19 y reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, mismo que entró en vigor en la fecha ahí indicada y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 1297/2023-II. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, previo a la admisión de la demanda, el Juez de Distrito debe examinar la misma y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna irregularidad, mandará prevenir a la promovente para que cumpla los requisitos omitidos, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban complementarse, para que éste pueda subsanarlas en tiempo. En esas condiciones, con fundamento en lo establecido en el artículo 114, fracciones I y II, en relación con el 108, fracciones I y IV, se considera pertinente requerir a la quejosa para que dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito, y bajo protesta de decir verdad, y sabedora de la responsabilidad en que incurren las partes en el juicio de amparo a los que declaran con falsedad para tener una ventaja procesal indebida realice lo siguiente: Acredite con documento idóneo y eficaz su legitimación para promover el presente juicio de amparo en representación de sus menores hijos de identidades reservadas S.L.C. y D.L.C., ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la ley de la materia; pues la citada demanda la promueve por derecho propio y en representación de sus menores hijos, sin que haya adjuntado las constancias correspondientes. Superado lo anterior, bajo protesta de decir verdad, narre de manera sucinta y cronológica los antecedentes de las promociones que aduce, la autoridad responsable ha sido omisa en acordar; o, de lo contrario, precise si reclama únicamente la determinación mediante la cual el juez responsable se excusó para seguir conociendo del juicio 1376/2021 de su índice, y ordenó remitirlo al Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México. Circunstancias que son necesarias sean aclaradas, con la finalidad de obtener mayores elementos que permitan a este órgano jurisdiccional conocer con precisión lo reclamado, y estar en aptitud de pronunciarse sobre la procedencia del juicio que se intenta. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia III.2o.C. J/3, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 84, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, mayo de 1991, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDENCIA DE LA PREVENCIÓN QUE MANDA ACLARARLA. De la lectura del artículo 146 de la Ley de Amparo, se viene a conocimiento que para que proceda un requerimiento previo a la admisión de una demanda de garantías y se pueda, en su caso, tenerla por no interpuesta, es necesario que exista irregularidad en el escrito en que se formula; omisión de alguno de los requisitos que señala la ley de la materia; que no se indique con precisión el acto reclamado, o que no se exhiban las copias reglamentarias. En esas condiciones, si la prevención que manda hacer un juez de Distrito no encuadra en alguno de esos supuestos, resulta evidente que el auto ulterior que la tiene por no interpuesta causa agravio, porque las exigencias apuntadas son de tipo limitativo y no ejemplificativo." La jurisprudencia P./J.43/96, visible en la página 48 del Tomo IV, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro: 200084, sostenida por el Tribunal del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER.", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." Asimismo, la tesis I.7o.A.100 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la Novena Época, Tomo XXIII, Abril de 2006, Materia Común, Registro 175345, Página 990, que establece: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." Y la diversa Jurisprudencia P./J. 127/99, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Noviembre de 1999, Novena Época, página 32, que dice: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas." Es oportuno precisar que conforme a lo dispuesto por el sexto transitorio de la Ley de Amparo, se continuará aplicando los criterios de interpretación emitidos durante la vigencia de la legislación de la materia abrogada en tanto no se oponga alguna disposición vigente. Apercibida que de no dar cumplimiento en los términos indicados, en el plazo establecido para ello, respecto del primer punto, se tendrá por no presentada la demanda de amparo en representación de los menores quejosos y se procederá a estudiar la procedencia por cuanto hace a la promovente por propio derecho, y, en relación al segundo punto, se procederá conforme a lo dispuesto en la última parte del artículo 114 de la Ley de Amparo, es decir, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. En diverso orden, téngase por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jorge Arturo Moreno y Gutiérrez, Arturo Aldava Rodríguez y Jose Antonio Contreras Ramírez, por contar con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente, y en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a las diversas personas que refiere la quejosa, hasta en tanto, cuenten con el registro de la patente para ejercer la profesión de licenciado en derecho en el Sistema de Registro Único de Cédulas Profesionales del Consejo de la Judicatura Federal, y además, por así haberse solicitado. Asimismo, tocante a la solicitud de la quejosa, a partir de esta fecha se permite la utilización de medios electrónicos a las personas antes referidas, para obtener la reproducción de las constancias que obren agregadas en este expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, empero se le informa que deberá conducirse con lealtad procesal; lo anterior, sin que implique que la fe pública del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realicen los interesados; con excepción de la información que se haya remitido por las autoridades responsables clasificada como reservada o confidencial, la cual no podrá ser objeto de reproducción, en términos de lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Luego, toda vez que se encontró registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del usuario ********************, con fundamento en lo dispuesto en los artículo 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se acuerda favorable la consulta del expediente electrónico, y se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa; y, respecto al correo electrónico señalado, se toma conocimiento. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por esa comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de éste y de las demás partes en este juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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