Claudia Margarita Centeno Collantes

Expediente 867/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
867/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
17/01/2022

Partes del expediente

  • Claudia Margarita Centeno Collantes

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VI. Toluca, Estado de México, diecisiete de enero de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual, el Secretario del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, remite testimonio de la resolución de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en la queja 208/2021, de su índice, cuyo resolutivo establece: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto." Asimismo, se envía el voto particular; atento a ello, acúsese recibo al Tribunal de Alzada y, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Por tanto, con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que el auto de trece de septiembre de dos mil veintiuno, ha causado estado. En consecuencia, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es destruible, en términos del artículo 21, inciso d) de dicho Acuerdo, y que no existen documentos originales exhibidos por las partes. Por tanto, se comunica a las partes que, de conformidad con el artículo indicado en el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo, será destruido el expediente, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Finalmente, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA VI. Toluca, Estado de México, seis de octubre de dos mil veintiuno. Con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta; a través del cual el Secretario de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, acusa recibo del diverso mediante el cual se remitieron las constancias conducentes para la substanciación del recurso de queja que hizo valer la parte quejosa, contra la determinación de trece de septiembre del año en curso, mismo que se admitió y registró con el número 208/2021 de su índice; circunstancia de la cual este Juzgado de Distrito toma conocimiento.

  3. Principal

    MESA VI. Toluca, Estado de México, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el ocurso de cuenta, a través del cual, *** interpone recurso de queja contra el proveído de trece de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo indirecto intentada por la quejosa. Atento a lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el medio de impugnación referido y de conformidad con el numeral 101 de la legislación invocada ríndase el informe respectivo. Por lo tanto, con el fin de resolver dicho medio de defensa legal interpuesto, remítase copia certificada del expediente en que se actúa, el original de escrito de interposición que contiene la expresión de agravios y copia del mismo, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en turno, a fin de que substancie el recurso referido. Con fundamento en el artículo 89, parte in fine, aplicado por identidad jurídica, se comisiona a la oficial judicial A, para que vincule el expediente electrónico a efecto de que el Tribunal Colegiado que conozca del recurso en comento, este en posibilidad de consultar las constancias que requiera. En diversa guisa, toda vez que del escrito de cuenta se advierte que el promovente anexó copia del registro electrónico de su cédula profesional con número 12133270, y, que vista la certificación de cuenta, se advierte que previa búsqueda en el Sistema de Registro Único de Cédulas Profesionales del Consejo de la Judicatura Federal ésta se encuentra registrada para ejercer la profesión de licenciado en derecho a nombre de ** más no de ** como lo señaló en el escrito inicial de demanda; no obstante, toda vez que se aprecia similitud de información, téngase por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a dicho profesionista, por contar con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente.

  4. Principal

    MESA VI. Toluca, Estado de México, trece de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por *** por propio derecho, contra actos del Director General Jurídico y Consultivo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con sede en Toluca de Lerdo, Estado de México; fórmese expediente físico, electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 867/2021-VI. Ahora, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de tal manera, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Sentado lo anterior, respecto del acto reclamado, este juzgador advierte la actualización de la hipótesis normativa contenida en el artículo 113 de la Ley de Amparo que da lugar a su desechamiento, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, dado que el acto que tilda de inconstitucional la quejosa, no tiene una ejecución de imposible reparación. Al respecto, se considera necesario citar el contenido de los referidos artículos, los cuales establecen "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" Así, resulta conveniente, a manera de preámbulo y con el propósito de ubicar adecuadamente el problema que se plantea, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto del tema, indicando que en términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede establecerse que le corresponde al Ministerio Público la investigación y persecución de los delitos. Luego, el Ministerio Público puede definirse como aquella organización de funcionarios que tanto a nivel federal como local tiene la encomienda de representar los intereses sociales en diversos procesos, y cuya actividad fundamental consiste en provocar el ejercicio de la jurisdicción para que se subsanen que como consecuencia de diversas conductas haya resentido la sociedad y esta actuación del Ministerio Público no solamente se concreta al ámbito penal, sino que su actuación también es válida en juicios civiles y familiares, donde funge como representante de menores y ausentes, y se constituye como parte principal en juicios donde se defienden los intereses patrimoniales del Estado. Asimismo, la sala mencionada concluyó que el procedimiento de investigación constituye el instrumento con el que cuenta en exclusiva el órgano acusador para construir, adecuadamente, casos penales. Por tal razón, tradicionalmente se ha considerado que uno de los principios que de manera medular rige a dicho procedimiento es el de "sigilo". Señalando además, que en relación a los procesos penales, la persecución de los delitos se da a través de dos etapas sucesivas: 1. Mediante una investigación que realiza el Ministerio Público para reunir los datos necesarios para sostener la existencia de un hecho considerado como delito, así como la probabilidad de que el indiciado haya participado de éste. 2. Al ejercer la acción penal, concepto que ha sido definido como el poder de que está dotado el Ministerio Público para solicitar la actuación del órgano jurisdiccional y la instauración del proceso penal en contra de persona determinada con el propósito de que se aplique la pena o medida de seguridad correspondiente. Ciertamente el procedimiento indagatorio se desarrolla dentro de un marco de derechos constitucionales, destacando entre ellas el "derecho de defensa" del inculpado. Sin embargo, del numeral constitucional citado con antelación hace referencia a las facultades de investigador que constitucionalmente se otorgan al Ministerio Público en la fase de investigación; en esencia, este dispositivo constitucional delimita las obligaciones y prerrogativas que durante esta etapa del proceso penal le confiere la Constitución a esta institución pública. Dicho precepto consagra el principio acusatorio en el que descansa el sistema penal mexicano, que consiste en la obligación que constitucionalmente se impone al Ministerio Público de acreditar, dentro de la fase del procedimiento penal la probabilidad de que se haya cometido un hecho que la ley califique como delito, así como de la participación del imputado en su comisión. En esas condiciones y dado que corresponde a esa institución pública el acreditamiento de los elementos citados previamente, por imperativo constitucional, en todos los casos se le constriñe a realizar "la investigación y persecución de los delitos". Lo anterior, en términos de lo que establece el artículo 19 Constitucional. De ahí, que al Ministerio Público, por mandato constitucional del artículo 21 de la ley fundamental, únicamente le corresponde la obligación de aportar los elementos demostrativos que acrediten la existencia de un hecho que la ley considere delito, en contraposición a ello, el inculpado goza del derecho de defensa que se le otorga para acreditar la inexistencia del delito, destruyendo las pruebas aportadas por el representante social, lo cual no constituye una obligación sino una mera facultad potestativa, ya que en todo momento subsiste la carga del Ministerio Público, en todos los delitos, de probar la actualización de los mismos. Por esos motivos, ese Alto Tribunal ha sostenido el criterio reiterado de que, por regla general, la integración de la investigación no es susceptible de control constitucional, como se advierte de las tesis aisladas LXIII/2004 y CXXXV/2004, sustentadas por el Pleno y la citada Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente que a la letra dicen: Tesis P. LXIII/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1113, Tomo XX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 2004, Novena Época, Materias Constitucional y Penal, con número de registro 179988, que establece: "AVERIGUACIÓN PREVIA. SU TRÁMITE, GENERALMENTE, NO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL CONSTITUCIONAL. La averiguación previa consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables; por tanto, como dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cuál será el resultado, su trámite, generalmente, no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional; sin que con tal afirmación se soslaye que ciertos actos dentro de una averiguación previa sí puedan, por sus características y efectos propios y particulares, ser susceptibles de ese control." Tesis CXXXV/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 351, Tomo XX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 2004, Novena Época, Materia Penal, con número de registro 180028, de rubro y texto: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." En este orden de ideas, nuestro Máximo Órgano Constitucional, determinó que la exportación de los derechos públicos subjetivos comprendidos dentro del "derecho de defensa" -originalmente concebida para el proceso jurisdiccional- a la etapa indagatoria, encuentra su límite en la naturaleza misma del procedimiento de averiguación previa. Así, éste no puede ser trastocado, al grado tal de quedar desvirtuado por completo, dejando de servir en la práctica como un procedimiento de investigación a través del cual el órgano acusador puede elaborar un caso. Ello, pues debe recordarse que, al igual que el derecho "de defensa", tanto la función indagatoria como el derecho de "seguridad pública", dentro del cual aquélla puede ser subsumida, se encuentran a su vez consagradas en la Constitución. En vista de ello, esa Primera Sala estimó que la revisibilidad, a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos durante la etapa de investigación debe ser determinada en aras de preservar al menos en su expresión mínima necesaria a la función indagatoria, de manera casuística, tomando en consideración fundamentalmente si éstos constituyen o no, actos cuyos efectos podrán o no ser desvirtuados o contrarrestados a través del proceso judicial. Así determinó que, aquellos actos que de manera irreparable e inmediata trascienden a la esfera jurídica del inculpado (esto es, azotes, torturas, etcétera) son susceptibles de ser combatidos a través del juicio de amparo; pero, por ejemplo, aquellas irregularidades relacionadas con la manera como el órgano acusador sustenta algún hecho son, en cambio, susceptibles de ser contrarrestadas mediante la determinación del juez de control de manera ilícita. Con base en todo lo anterior, concluyó que si por mandato constitucional el Ministerio Público, por una parte, goza de las facultades de investigar los delitos y, por otra, tiene la obligación de acreditarlos, es posible establecer que los actos que de manera habitual tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, por ser susceptibles sus efectos de ser posteriormente contrarrestados o anulados, no trascienden de manera irreparable a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste, en todo caso, se materializa hasta que la autoridad judicial, a quien corresponda conocer de la causa penal, determine en un momento dado si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; pues estimar lo contrario sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J.154/2005, con registro digital 175142, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Penal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Mayo de 2006, página 49, de rubro y texto siguientes: "AVERIGUACIÓN PREVIA. LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CITAR O HACER COMPARECER AL PROBABLE O PROBABLES INDICIADOS PARA QUE DECLAREN, NO PUEDE COMBATIRSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La posibilidad de impugnación de los actos acaecidos durante la averiguación previa a través del juicio de amparo indirecto, debe determinarse de manera casuística -en aras de preservar, al menos en su expresión mínima necesaria, la función indagatoria-, considerando fundamentalmente si se trata de actos cuyos efectos podrán o no desvirtuarse a través del proceso judicial. Así, los actos que habitualmente tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, cuyos efectos son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente, no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine si procede o no librar la correspondiente orden de aprehensión. Estimar lo contrario entorpecería dichas facultades y obligaciones constitucionalmente conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. En tal virtud, la omisión de dicho representante social de citar o hacer comparecer al probable o probables indiciados para que declaren dentro de la averiguación previa, no constituye un acto de imposible reparación que pueda combatirse a través del juicio de amparo indirecto, pues tal declaración no es un requisito indispensable para que aquélla se integre, ya que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no lo dispone así". Por lo anterior, la negativa de darle información respecto a la existencia de alguna carpeta de investigación en contra de la quejosa, no se trata de un acto de imposible reparación relacionado con su derecho a una defensa adecuada, en virtud de que los actos que tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, como el reclamado, son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente; por ende, no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine si procede o no librar las correspondientes órdenes de aprehensión, detención o comparecencia. No pasa inadvertido que en el procedimiento penal que inicia desde la carpeta de investigación, el inculpado cuenta con una serie de derechos contemplados tanto en la constitución como en la legislación adjetiva: que esto sucede cuando éste se encuentra detenido o comparece ante la autoridad, en el caso de la indagatoria, ante la representación social; que desde ese momento tiene derecho a conocer los hechos imputados, sin que se puedan mantener en reserva las actuaciones realizadas; sin embargo, de la demanda no se advierte que el solicitante del amparo haya sido detenido, ni siquiera se le ha requerido para que comparezca a alguna carpeta de investigación instaurada en su contra, para encontrarse en el supuesto a que se refiere la constitución o la legislación adjetiva, esto es, que a la impetrante le asista el derecho de nombrar defensor, de ofrecer pruebas, de rendir declaración o de ejercer algún otro derecho que le corresponda como procesado. De ahí que, no basta que posiblemente exista un hecho que constituya delito, y que la autoridad tenga conocimiento de ese hecho y lo investigue; toda vez que para la promoción del juicio constitucional es menester que la autoridad emita una determinación que ocasione una molestia o afectación directa en los derechos humanos del solicitante del amparo, para que éste se encuentre legitimado para accionar la vía constitucional. Tampoco es dable que alegue transgresión a su adecuada defensa; pues no debe perderse de vista que antes de ser llamado a declarar el investigado todavía no es parte en la relación procesal, y únicamente en el caso de que ya forme parte en el procedimiento penal (en el caso concreto, la fase de carpeta de investigación) cuando puede tener acceso a la indagatoria, nombrar defensor, ofrecer pruebas y a hacer valer sus defensas, no antes por no encontrarse aún inmerso en la indagatoria, ni tampoco puede argumentar que existe reserva en la misma si no hay prueba alguna de tal circunstancia. En consecuencia, como lo que se reclama no reúne las características apuntadas, procede desechar la demanda intentada por la quejosa, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu. En diversa tesitura, se tiene por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a *** por contar con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente; y en términos del artículo 24, párrafo segundo de la Ley de Amparo a las diversas personas que refiere; limitación que se establece hasta en tanto cuenten con el registro electrónico de su cédula profesional, lo que deberán hacer del conocimiento de este Juzgador mediante diversa promoción. Sustenta lo anterior, por identidad jurídico-procesal, la tesis VI.3o.A.30 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, de la Novena Época a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL." Por otro lado, en atención a la solicitud expresa del promovente, y toda vez que se encontró registro de los usuarios ** en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se acuerda favorable la consulta del expediente electrónico y se autoriza para oír y recibir notificaciones que deriven del presente asunto. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio.

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