Claudia Nohemy Muñoz García

Expediente 1255/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1255/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
25/08/2022

Partes del expediente

  • Claudia Nohemy Muñoz García

Actuaciones

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos: agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, a través del cual informa que el órgano de su adscripción se avocó al conocimiento del juicio de amparo 1255/2022-7, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Claudia Nohemy Muñoz García, por su propio derecho y en representación de su menor hijo. En ese contexto, al no existir diligencia pendiente por practicar archívese el presente asunto como totalmente concluido, y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese contexto, al no existir diligencia pendiente por practicar archívese el presente asunto como totalmente concluido, y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En términos del artículo Vigésimo Primero inciso i) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos: agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Claudia Nohemy Muñoz García, por su propio derecho y en representación de su menor hijo, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de cuatro de agosto del año en curso, manifiesta bajo protesta de decir verdad que es su deseo señalar como acto reclamado, el que señala en el escrito que se provee. Por lo que, del estudio íntegro de la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, se obtiene que la promovente reclama, los actos siguientes: 1.- La orden de aseguramiento, alojamiento, detención o retención de la quejosa junto con su menor hijo, por parte del Instituto Nacional de Migración, de fecha cinco de agosto de dos mil veintidós. 2.- La orden de deportación expulsión o retorno asistido emitida en contra de la quejosa y de su menor hijo. 3.- La negativa de corregir el certificado de nacimiento folio 028001607, de su menor hijo, emitido por el Director del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer, dependiente de la Secretaría de Salud. Ahora bien, como de la certificación de cuenta, se advierte que después de haber realizado una búsqueda minuciosa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte que en el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, se radicó el juicio de amparo 1704/2021, promovido por Claudia Nohemy Muñoz García, por su propio derecho y en representación de su menor hijo, en el que reclamo como acto la negativa de corregir el certificado de nacimiento folio 028001607, de su menor hijo, emitido por el Director del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer, dependiente de la Secretaría de Salud, en el cual mediante auto de diecinueve de enero de dos mil veintidós, tuvo por no presentada la demanda que instó; lo que se asienta para los efectos legales conducentes. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA POR TURNO PLANTEADA. En el caso, es conveniente citar el contenido de la fracción XIII del artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales de catorce de marzo de dos mil veintidós, que en lo que interesa establece: "Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir, en el sistema, un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: [.] ".XIII. Las demandas de amparo o recursos que se refieran al mismo acto de autoridad, con excepción de aquellos presentados por distintos quejosos en contra de una misma norma general u omisión o cuando se trate de un diverso acto de aplicación de la norma." [.] El numeral transcrito prevé que son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación de los juicios de amparo directo o indirecto, en donde participa el mismo quejoso, la misma autoridad responsable y existe identidad de en el acto reclamado, por tanto (se turnará al órgano jurisdiccional que tenga el último juicio de amparo registrado en el sistema de relación con esos asuntos), sin que para ello sea relevante si se abordó algún análisis de fondo del asunto. Ahora, como se desprende que en el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, se radicó el juicio de amparo 1704/2021, promovido por Claudia Nohemy Muñoz García, por su propio derecho y en representación de su menor hijo, contra actos entre otros del Director del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer, dependiente de la Secretaría de Salud, con sede en esta ciudad y otras autoridades, en el cual mediante auto de diecinueve de enero de dos mil veintidós, se tuvo por no presentada la demanda que insto, de su índice estadístico. Lo anterior, constituye un hecho notorio para este juzgado de distrito, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 10, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Luego, de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama, entre otros la negativa de corregir el certificado de nacimiento folio 028001607, de su menor hijo, emitido por el Director del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer, dependiente de la Secretaría de Salud. En ese contexto, para quien aquí provee, estima que es en el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, en donde debe tramitarse y resolverse el presente asunto, dado que con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo que nos ocupa tuvo conocimiento previo respecto del citado acto reclamado. En ese tenor, en términos del artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General Sin Número que emitió el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común, específicamente en su artículo 46 Quater, en sus fracciones I, II, III y IV. Se ordena remitir la demanda de amparo con siete copias copia simple y dos anexos, al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, con la finalidad de aprovechar el conocimiento previo (referencia: juicio de amparo 1704/2019), así mismo, para que decida si se avoca o no al conocimiento de la misma, solicitando atentamente informar la determinación que adopte. Lo anterior, previa formación del cuaderno de antecedentes correspondiente. Apoya lo anterior, lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 184/2010 (9a.), formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 222, Tomo XXXII, Diciembre de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "COMPETENCIA POR TURNO. CUANDO SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 9 DEL ACUERDO GENERAL 48/2008 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RESPECTO DE DOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES QUE RESOLVIERON PREVIAMENTE, DEBE DETERMINARSE EN FAVOR DEL QUE RESOLVIÓ EN ÚLTIMO LUGAR. A partir del 9 de septiembre de 2008 entró en vigor el Acuerdo General 48/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica el artículo 9 del diverso Acuerdo General 13/2007, que regula el funcionamiento, supervisión y control de las Oficinas de Correspondencia Común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, y se instaura nuevamente el turno de asuntos mediante el sistema de relación, con la obligación de que previamente a su asignación aleatoria los jefes de las Oficinas de Correspondencia Común verifiquen si el asunto debe remitirse a un órgano jurisdiccional determinado, por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos: a) que provenga de un expediente administrativo, jurisdiccional o averiguación previa, identificado con el mismo número de índice y autoridad que otro ya asignado; b) que se trate de cualquier recurso relacionado con un juicio de amparo que ya haya sido del conocimiento de algún Tribunal Colegiado de Circuito, en cualquier vía; y, c) que las demandas de amparo, recursos o medios de impugnación se refieran a una misma averiguación previa o acto de autoridad, aunque las hayan promovido diversas partes, excepto los casos en que solamente se impugnen disposiciones generales. Por tanto, cuando se actualizan estos supuestos en relación con dos órganos jurisdiccionales que resolvieron previamente, la competencia debe determinarse en favor del que resolvió en último lugar, para aprovechar el conocimiento previo más reciente del asunto." Asimismo, sirve de apoyo a lo expuesto, lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 129/2010 (9a.), formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 189, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA POR TURNO. EL INCISO B) DEL ARTÍCULO 9 DEL ACUERDO GENERAL 48/2008 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE REGULA LA ASIGNACIÓN DE ASUNTOS MEDIANTE EL SISTEMA DE RELACIÓN, NO CONTIENE EXCEPCIÓN ALGUNA EN CUANTO AL TIPO DE CONOCIMIENTO PREVIO PARA EL RETURNO DE LOS ASUNTOS. El Acuerdo General 48/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que modifica el artículo 9 del diverso Acuerdo General 13/2007, regula el funcionamiento, supervisión y control de las Oficinas de Correspondencia Común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, e instauró nuevamente el turno de asuntos mediante el sistema de relación, con la obligación de que previamente a su asignación aleatoria los jefes de las Oficinas de Correspondencia Común verifiquen si el asunto debe remitirse a un órgano jurisdiccional determinado, por encontrarse, entre otros supuestos, en el del inciso b) del citado artículo, acerca de que se trate de cualquier recurso relacionado con un juicio de amparo que haya sido del conocimiento de algún Tribunal Colegiado de Circuito, en cualquier vía. Por tanto, los asuntos relacionados con otro presentado con anterioridad se turnarán al órgano jurisdiccional que haya conocido o esté conociendo del anterior, sin salvedad, excepción o límite a su inaplicación, para efectos de vinculación, al tipo de conocimiento previo para el returno de los asuntos; antes bien, se hace énfasis en que cualquier recurso que haya sido del conocimiento en cualquier vía deberá enviarse al Tribunal que conoció anteriormente, de donde se sigue que el conocimiento previo es amplio y simple, es decir, se actualiza de forma primordial cuando existe un pronunciamiento anterior en cuanto al fondo del asunto, pero cuando no lo haya puede configurarse, inclusive, si lo hubiere desechado, declarado su incompetencia, o remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en acatamiento a la facultad de atracción que esta última haya ejercido. Además, la finalidad del returno no solamente se cumple con enviar un expediente a diverso órgano jurisdiccional por haber realizado algún pronunciamiento sobre el problema planteado en el negocio relativo, utilizar sus consideraciones y evitar el dictado de resoluciones contradictorias; sino igualmente cuando se trata de aprovechar ese conocimiento previo acerca de sus antecedentes del expediente respectivo. Se subraya a lo anterior, que respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables consistente en la orden de aseguramiento, alojamiento, detención o retención de la quejosa junto con su menor hijo, por parte del Instituto Nacional de Migración, de fecha cinco de agosto de dos mil veintidós, así como la orden de deportación expulsión o retorno asistido emitida en contra de la quejosa y de su menor hijo, ya efectuó el pronunciamiento respectivo en la suspensión de plano decretada el cuatro de agosto de dos mil veintidós. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos: agréguese a los autos el oficio de cuenta recibido vía correo institucional signado por el 1) Representante Local, Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tabasco, en representación del Delegado Federal del Instituto Nacional de Migración, Subdelegado Federal en Tabasco, del Instituto Nacional de Migración, Jefe del Departamento de Regularización Migratoria en Villahermosa, Tabasco, Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos y Subrepresentante Local Encargado de la Subdirección de la Estación Migratoria, con sede en esta ciudad, por el 2) Juez de Ejecución de Sanciones Penales, con sede en esta ciudad y por el 3) Director del Centro de Reinserción Social de Tabasco, autoridades señaladas como responsables; mediante los cuales rinden el informe relativo a la suspensión de plano, concedida en proveído de cuatro de agosto del año actual, por tanto, con fundamento en el artículo 126 de la Ley Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido. En términos del artículo 143, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de las autoridades oficiantes las constancias que anexó. Así también, se tiene al Representante Local, Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tabasco, aclarando que las denominaciones de las autoridades que la parte quejosa señaló como Delegado Federal del Instituto Nacional de Migración, Delegado Regional del Instituto Nacional de Migración, Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, Director de la Estación Migratoria, no existen, que la autoridad correcta y competente es la Subdirectora de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. De lo anterior, instrúyase al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), adscrito a este Juzgado para que proceda a realizar los trámites necesarios a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en el presente proveído. Ahora, en relación a los números telefónicos y correos electrónicos que proporciona, este juzgado toma conocimiento, como forma para establecer comunicaciones no procesales, de conformidad con lo establecido en el artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto el escrito de demanda mediante el cual Claudia Nohemy Muñoz García, por su propio derecho y en representación de su menor hijo, solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del Juez de Ejecución de Sanciones Penales en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, que estima violatorios de los artículos 1, 4 (cuarto párrafo), 11, 14, 16, 17, 21 y 33, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1255/2022-7. PRECISION DE LOS ACTOS RECLAMADOS Del análisis integral de la demanda, de conformidad con el artículo 74, fracción I, en vinculación con el diverso numeral 1º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, es obligación de esta Juzgadora, realizar la fijación clara y precisa del acto u omisión reclamados. De tal suerte que, al analizar el libelo constitucional, los juzgadores de amparo deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, con atención preferente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las expresiones que generen oscuridad o confusión; es decir, al fijar el acto reclamado, se deberá atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo que habrá de resolverse. Sustentan lo considerado, la jurisprudencia de la Novena Época, con registro 192097, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000, materia común, tesis P./J. 40/2000, página 32, de título y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Por lo que, del estudio íntegro de la demanda de amparo, se obtiene que la promovente reclama, los actos siguientes: 1.- La orden de aseguramiento, alojamiento, detención o retención de la quejosa junto con su menor hijo, por parte del Instituto Nacional de Migración, de fecha cinco de agosto de dos mil veintidós. 2.- La orden de deportación expulsión o retorno asistido emitida en contra de la quejosa y de su menor hijo. En esa medida, tomando en cuenta que los citados actos se tratan de los contemplados en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se debe proveer sobre la suspensión de plano de los mismos, conforme lo señala el dispositivo 126 de la Ley de Amparo. SUSPENSIÓN DE PLANO EN RELACIÓN AL ACTO RELATIVO AL ALOJAMIENTO Y/O RETENCIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN. Ahora, del apartado correspondiente a los antecedentes del acto reclamado la quejosa, se advierte que reclama el inminente aseguramiento, alojamiento, detención y/o retención de los quejosos, por parte del personal del Instituto Nacional de Migración, mismo que se pretende ejecutar el próximo 05 de agosto de 2022, debido a que le fue informado que el día de su liberación (cinco de agosto próximo), será trasladada de manera inmediata junto con su menor hijo a la Estación Migratoria de esta Ciudad y que debido a que su menor hijo no puede ser trasladado a la Estación Migratoria, era muy posible que el día de su liberación la esté esperando personal del Instituto Nacional de Migración para proceder inmediatamente a la deportación de ambos a su país de origen, sin que se le dé la oportunidad de regularizar su situación migratoria a través de la tramitación de una solicitud de regulación por vínculo familiar al tener un bebé nacido en territorio mexicano. Al respecto, los artículos 99 y 104 de la Ley de Migración, al respecto refieren: "Artículo 99. Es de orden público la presentación de los extranjeros adultos en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional. La presentación de extranjeros es la medida dictada por el Instituto mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero adulto que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno. En ningún caso, el Instituto presentará ni alojará a niñas, niños o adolescentes migrantes en estaciones migratorias ni en lugares habilitados para ello. La presentación de las personas adultas bajo cuyo cuidado estén niñas, niños o adolescentes migrantes deberá evitarse atendiendo al principio de unidad familiar y del interés superior de niñas, niños y adolescentes. Artículo 104. Una vez que se haya cumplimentado la sentencia a que se refiere el artículo anterior, la autoridad judicial o administrativa competente de inmediato pondrá al extranjero con el certificado médico que haga constar su estado físico, a disposición del Instituto para que se resuelva su situación migratoria, en los términos previstos en el Capítulo V del presente Título." Del último de los numerales transcritos se advierte que una vez que se haya cumplimentado la sentencia compurgada por un extranjero, la autoridad judicial o administrativa competente de inmediato lo pondrá a disposición del Instituto Nacional de Migración para que resuelva su situación migratoria en los términos previstos en el capítulo V del citado ordenamiento. Sin embargo, el artículo 99, del citado dispositivo legal contiene la salvedad respecto de los menores migrantes, ya que refiere que en ningún caso el Instituto presentará ni alojará a niñas, niños o adolescentes migrantes en estaciones migratorias ni en lugares habilitados para ello, por lo que la presentación de las personas adultas bajo su cuidado estén niñas, niños o adolescentes migrantes deberá evitarse atendiendo al principio de unidad familiar y del interés superior de niñas, niños o adolescentes. En tal razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de oficio y de plano a favor de la quejosa Claudia Nohemy Muñoz García, para que, tomando en consideración lo expuesto en la demanda de amparo, las autoridades responsables, realicen lo siguiente: 1.- En caso de que se hubiese iniciado el procedimiento administrativo migratorio correspondiente, o se hubiese dado trámite a la solicitud de condición de refugiados, se decrete la inmediata libertad a Claudia Nohemy Muñoz García y su menor hijo, bajo las siguientes condiciones: Dicten las medidas previstas legalmente (diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación), que aseguren que el impetrante del amparo Claudia Nohemy Muñoz García y su menor hijo, no evada el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria y asilo político, debiendo también dictar las medidas que se estimen pertinentes de acuerdo con la situación de contingencia por la que actualmente atraviesa nuestro país y las restricciones gubernamentales decretadas con motivo del fenómeno de salud pública derivado del virus COVID 19 que impide el funcionamiento normal de las instituciones, para que en caso de que hubiese iniciado procedimiento administrativo se pueda lograr su continuación de no existir impedimento legal o material alguno. Se le requiera a la quejosa Claudia Nohemy Muñoz García, para que proporcione tanto a esa autoridad administrativa como a este Juzgado de Distrito, el domicilio en donde pueda ser localizada junto con su menor hijo, el cual deberá encontrarse en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, así como los cambios que de dicho domicilio pudiera acontecer, los cuales también deberán ubicarse en esta ciudad. Se indique a la quejosa Claudia Nohemy Muñoz García que junto con su menor hijo, que no deberá abandonar la demarcación geográfica de la Ciudad de Villahermosa, o sus áreas conurbadas, sin previa autorización de la autoridad. Se requiera a la quejosa Claudia Nohemy Muñoz García, para que presente solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. 2.- Determinación que encuentra sustento en el artículo 147 de la Ley de amparo, al disponer que cuando la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional debe fijar la situación en que quedarán las cosas y dictar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, para lo cual se podrá establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. 3.- En la inteligencia de que la medida cautelar no surtirá efecto legal alguno si los actos reclamados son diversos o derivan de hechos distintos a los narrados en la demanda de amparo, provengan de la comisión de un delito, tengan sustento en la existencia de alguna alerta migratoria vigente, exista acta de rechazo o deriven de cualquier otra situación diversa a la aquí analizada. 4.- Asimismo, se aclara que la medida decretada dejará de surtir efecto si previo a lo resuelto por este órgano jurisdiccional el Juez de Distrito en esta Ciudad, exista una diversa determinación en la que se hubiese decidido sobre la libertad de la quejosa y se contraponga con lo aquí ordenado. Sirve de apoyo, la tesis aislada con registro 2024000, emitida por Cuarto Tribunal Colegiado En Materia Administrativa del Segundo Circuito, publicado el siete de enero de dos mil veintidós con datos pendientes, en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido dicen: "PRINCIPIO DE EXCEPCIONALIDAD DE LA DETENCIÓN DE PERSONAS MIGRANTES. AL CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE PLANO CONTRA ÉSTA EN EL JUICIO DE AMPARO, DEBE ORDENARSE QUE CESE Y FIJAR LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS NECESARIAS PARA LOGRAR EL SEGUIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, MÁXIME SI SE ENCUENTRAN INVOLUCRADOS MENORES DE EDAD. Hechos: Una familia extranjera integrada por cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, en su condición de migrantes promovieron juicio de amparo indirecto contra el alojamiento, detención, presentación o aseguramiento por más de treinta y seis horas en un albergue del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), así como la deportación o expulsión del país y solicitaron la suspensión de plano de los actos reclamados, para que fueran puestos en inmediata libertad, entre otras razones, por estar involucrados los dos menores de edad mencionados. El Juez de Distrito concedió la suspensión de plano para el efecto de impedir cualquier acto que tuviera como resultado su expulsión o deportación del país, incomunicación o actos prohibidos por el artículo 22 constitucional y para que quedaran en el lugar donde se encontraban detenidos a disposición de dicha autoridad. Inconformes, interpusieron recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que conforme al principio de excepcionalidad de la detención de personas migrantes, al conceder la suspensión de plano contra ésta en el juicio de amparo, debe ordenarse que cese y fijarse las medidas alternativas necesarias para lograr el seguimiento del procedimiento administrativo, máxime si se encuentran involucrados menores de edad, ya que deben priorizarse los principios de su interés superior y de unidad familiar Justificación: Lo anterior, porque la libertad personal es un derecho de primer rango que sólo puede ser limitado bajo determinados supuestos de excepcionalidad. Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que para que una medida privativa de la libertad no sea arbitraria, la ley y su aplicación deben respetar los requisitos siguientes: i) que su finalidad sea compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos; ii) que sea idónea para cumplir con el fin perseguido; iii) que sea necesaria, en el sentido de que sea absolutamente indispensable para conseguir el fin deseado; y, iv) que sea estrictamente proporcional, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante esa restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. Atendiendo a esos supuestos, dicho órgano ha considerado que el uso automático de la detención migratoria resulta contrario al umbral de protección del derecho a la libertad personal y su carácter de excepcionalidad como último recurso, pasando por alto que se debe partir de una presunción de libertad y no de una presunción de detención, donde la detención migratoria sea la excepción y se justifique sólo cuando ésta sea legal y no arbitraria. Cabe señalar que la detención migratoria busca el correcto desenvolvimiento del procedimiento administrativo hasta su conclusión, esto es, lograr el retorno asistido de la persona, o bien, para la determinación de la situación migratoria, la cual generalmente tiene como consecuencia la deportación. En ambos supuestos la persona migrante o menor de edad en esa condición, permanece en una estación migratoria o estancia provisional en tanto se dicta la determinación respectiva; sin embargo, en algunos casos, las personas o menores de edad permanecen detenidas durante meses, debido a que el artículo 111 de la Ley de Migración no establece cuál es el plazo máximo para la detención. En ese contexto, cuando el Juez de Distrito conceda la suspensión de plano contra detenciones que no tengan relación con la comisión de un delito, efectuadas por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, como lo son las migratorias, será para el efecto de que el quejoso sea puesto en libertad, en términos del segundo párrafo del artículo 164 de la Ley de Amparo fijando, además, las medidas alternativas a la detención aptas para lograr el seguimiento del procedimiento administrativo, con la finalidad de evitar colocar a las personas migrantes o menores de edad en una situación de mayor vulnerabilidad, privilegiando el derecho fundamental a la libertad personal, así como los principios del interés superior de éstos y de unidad familiar". Así como la ejecutoria de uno de febrero de dos mil veintidós, dictada en el recurso de queja 19/2022, del índice del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, en la que declaró parcialmente fundado, y como consecuencia, modificó la suspensión de plano decretada en proveído de veinticuatro de enero de este año, emitido en el juicio de amparo 83/2022, del índice de este Juzgado, lo que se invoca como un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. SUSPENSIÓN DE PLANO EN RELACIÓN AL ACTO RELATIVO AL TRASLADO A LA ESTACIÓN MIGRATORIA Y LA ORDEN DE DEPORTACIÓN. Así, respecto de la orden de deportación que se emita en su contra, con fundamento en los artículos 125, 126 y 160 de la Ley de Amparo, de oficio se concede la suspensión de plano, para que la orden de deportación no se ejecute; así, prevéngase a las autoridades responsables en cuestión, para que de manera inmediata se abstengan de llevar a cabo el acto mencionado en contra de la quejosa Claudia Nohemy Muñoz García, en los términos indicados. En el entendido, que para las suspensiones aquí decretadas las autoridades responsables, con fundamento en el artículo 107 de la Ley de Migración, deberán respetarle los derechos siguientes: Prestarle servicios de asistencia médica, psicológica y jurídica; Atender los requerimientos alimentarios de dichos extranjeros, ofreciéndole tres alimentos al día, para lo cual el Instituto deberá supervisar que la calidad de los alimentos sea adecuada. Mantener en lugares separados y con medidas que aseguran la integridad física del extranjero arriba citado, a hombres y mujeres; Mantener a los menores de edad preferentemente con su progenitora, salvo que por su integridad requiera de un alojamiento especial; Procurar la convivencia familiar; Garantizar el respeto de los derechos humanos de los extranjeros presentados; Permitir el acceso de representantes legales, o persona de su confianza y la asistencia consular; Permitir la visita de las personas que cumplan con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables. En caso de negativa de acceso esta deberá entregarse por escrito debidamente fundado y motivado. Asimismo, le deberá hacer saber que tiene el derecho de ser asistida por las autoridades consulares de su país en caso de que así lo soliciten. Medida suspensional que surtirá efectos desde luego y hasta en tanto se resuelva el presente juicio de amparo. Cabe destacar que, el Juez de Distrito al conceder la suspensión lo que procura es fijar la situación en la que quedaran las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, como para el caso, que en la demanda que nos ocupa se señaló como actos la orden de deportación que se emita en contra de la precitada quejoso. Por tanto, si no se concediera la suspensión de dicho acto de la forma como se hizo, podría ejecutarse el mismo; es decir, cabe la posibilidad que los peticionarios de amparo fueran deportados o retornados a su país de origen, trayendo como consecuencia que se les ocasionara daños y perjuicios de difícil reparación, pues provocaría en ella una alteración en su entorno personal, que muy posiblemente trascendería a su aspecto psicológico y emocional. Tiene apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P./J.80/2007, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 1/2006-PL, consultable en la página 15, del Tomo XXVI, Diciembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo". De igual forma, la tesis I.7o.P.7 K (10a.) del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con número de registro 2016679, publicada el veinte de abril de dos mil dieciocho en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, que dice: "MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN LA SUSPENSIÓN. PARA SU OTORGAMIENTO Y EFECTIVIDAD, CUANDO SE CONCEDE CONTRA LA ORDEN DE LA AUTORIDAD MIGRATORIA QUE DECRETA EL ALOJAMIENTO DE UN MENOR EXTRANJERO PARA RESOLVER SU SITUACIÓN MIGRATORIA, DEBE ATENDERSE A LAS REGLAS ESTABLECIDAS EN LA LEY DE AMPARO Y ARMONIZARLAS CON LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y CON LA LEY DE MIGRACIÓN. De conformidad con el artículo 164, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, tratándose de actos en que la detención del quejoso la efectúe una autoridad administrativa distinta del Ministerio Público y que no tenga relación con la comisión de un delito, el efecto de la suspensión será que la persona sea puesta en libertad. Ahora bien, si el acto reclamado lo constituye la orden de la autoridad migratoria que decreta el alojamiento de un menor extranjero para resolver su situación migratoria, y en el juicio de amparo respectivo se concede la suspensión, el Juez de Distrito, con la finalidad de maximizar la protección de sus derechos humanos, puede adoptar medidas de aseguramiento en términos de la legislación internacional y nacional en materia de derechos humanos, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la calidad del quejoso por tratarse de persona menor de edad y migrante -grupos en situación de vulnerabilidad-; de ahí que con la finalidad de asegurar su comparecencia ante la autoridad migratoria para continuar con el procedimiento administrativo iniciado en su contra, no sólo debe atender a los requisitos de efectividad establecidos en la Ley de Amparo -artículo 168-, pues esas medidas deben armonizarse con lo que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -artículo 1o.- y la Ley de Migración -artículo 102-." Lo anterior, en el entendido que de conformidad con el artículo 111 de la Ley de Migración deberán resolver la situación regular de la parte quejosa en un plazo no mayor de quince días hábiles, contados a partir de su presentación. Y si bien la parte quejosa, manifiesta que no puede estar privada de su libertad, debe decirse que, en caso de estar sujeto a un procedimiento administrativo, para resolver su situación migratoria, deberá estar a lo previsto en la hipótesis antes mencionada. Ello, pues la suspensión no puede tener por efecto que dichas autoridades dejen de acatar lo mandatado por la norma, pues ésta conforme el artículo 1° de la Ley de Migración, que es de orden público y de observancia general en toda la República, tiene por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales. Incluso, conforme el artículo 37 de la Ley de Migración, todo extranjero tiene las siguientes obligaciones al internarse al país: "Artículo 37. Para internarse al país, los extranjeros deberán: I. Presentar en el filtro de revisión migratoria ante el Instituto, los documentos siguientes: a) Pasaporte o documento de identidad y viaje que sea válido de conformidad con el derecho internacional vigente, y b) Cuando así se requiera, visa válidamente y en vigor, en términos del artículo 40 de esta Ley; o c) Tarjeta de residencia o autorización en la condición de estancia de visitante regional, visitante trabajador fronterizo o visitante por razones humanitarias. II. Proporcionar la información y los datos personales que las autoridades competentes soliciten en el ámbito de sus atribuciones. III. No necesitan visa los extranjeros que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos: a) Nacionales de países con los que se haya suscrito un acuerdo de supresión de visas o que no se requiera de visado en virtud de una decisión unilateral asumida por el Estado mexicano; b) Solicitantes de la condición de estancia de visitante regional y visitante trabajador fronterizo; c) Titulares de un permiso de salida y regreso; d) Titulares de una condición de estancia autorizada, en los casos que previamente determine la Secretaría; e) Solicitantes de la condición de refugiado, de protección complementaria y de la determinación de apátrida, o por razones humanitarias o causas de fuerza mayor, y f) Miembros de la tripulación de embarcaciones o aeronaves comerciales conforme a los compromisos internacionales asumidos por México". Por tanto, las autoridades administrativas se encuentran en aptitud de ejercer sus facultades conforme se actualicen los supuestos de la norma que, en el caso, es la Ley de Migración. Es aplicable por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia de la Décima Época, con registro: 2002071, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, Materia(s): Común, Penal, Tesis: 1a./J. 27/2012 (10a.), página: 1168, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO DIRECTO PENAL. NO IMPIDE EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES ADMINISTRATIVAS DE LAS AUTORIDADES CARCELARIAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 172 DE LA LEY DE AMPARO). De conformidad con dicho numeral, cuando la sentencia reclamada imponga la pena de privación de la libertad, la suspensión surtirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del tribunal colegiado de circuito competente, por mediación de la autoridad que haya suspendido su ejecución. Ahora bien, de no proceder la libertad caucional, la suspensión no tendrá por efecto dejarlo en libertad, sino que se limita al hecho específico de que se paralice la ejecución de la condena y queden las cosas en el estado que guardan hasta en tanto se resuelva el fondo del amparo; es decir, el quejoso continuará privado de su libertad, por lo que el estatus de interno y el régimen de vida penitenciaria que padece dentro de determinado reclusorio, constituye una circunstancia no comprendida en los alcances de la medida precautoria concedida. En esa tesitura, el hecho de que el quejoso quede a disposición del tribunal colegiado, debido al otorgamiento de la suspensión, no implica que dentro de las facultades de dicho órgano esté la de intervenir en los actos de disposición que en el ejercicio de sus atribuciones despliega la autoridad carcelaria y administrativa respecto de la persona del quejoso, hecha excepción del supuesto en que llegaran a realizar algún acto vinculado directamente con la ejecución de la pena, objeto de la suspensión. Consecuentemente, frente a actos propios de tales autoridades administrativas que determinan el traslado del condenado o cualquier otra medida que modifique su situación de recluso, no procede el recurso de queja por incumplimiento de la suspensión, sino el amparo indirecto, sujeto al principio de definitividad, o no, según el caso." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis de la Décima Época, con registro: 2013633, del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I, Materia(s): Común, Administrativa, Tesis: PC.I.P. J/28 P (10a.), página: 658, de título y texto: "ACTA DE RECHAZO POR LA QUE LA AUTORIDAD MIGRATORIA DECRETA LA INADMISIBILIDAD A TERRITORIO NACIONAL DE UNA PERSONA EXTRANJERA. EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. El acta de rechazo aludida constituye un acto administrativo derivado de un procedimiento de control migratorio que acontece en los lugares de tránsito internacional de personas, respecto del cual, no procede conceder la suspensión de oficio y de plano, al no estar comprendido en los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 15 y 126 de la Ley de Amparo, y, además, porque no pone en riesgo la vida, la integridad física, ni la libertad de la persona, en tanto que el extranjero es libre de regresar a su lugar de procedencia tan pronto como las condiciones fácticas lo permitan, sin más limitación que la de ingresar al territorio nacional; además, porque constituye un acto autónomo e independiente que encuentra sustento en el artículo 11 constitucional, que lo hace distinto de la deportación o expulsión, y bien puede atenderse a través de la suspensión ordinaria en el incidente correspondiente y conforme a la normativa aplicable." De igual modo, en su parte conducente, la diversa jurisprudencia de la Octava Época, con registro: 218415, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 57, Septiembre de 1992, Materia(s): Administrativa, Tesis: V.2o. J/44, página: 63, de título y texto: "SUSPENSIÓN. ACTIVIDADES REGLAMENTADAS, NO PROCEDE CONCEDERLA SI EL QUEJOSO NO CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE, CON INDEPENDENCIA DE QUE SE IMPUGNE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE APOYA EL ACTO MATERIA DE LA. Tratándose de la suspensión de los actos reclamados en el juicio de garantías, no es razón suficiente para otorgarla el solo hecho de que se reclame, entre otros, la inconstitucionalidad de la ley o reglamento que exija el permiso o licencia para ejercer alguna actividad, pues, de suceder así, se estaría en el incidente de suspensión, decidiendo sobre la necesidad o no de contar con la licencia respectiva para la realización de esa actividad, lo que significaría resolver el fondo del asunto, tema que no puede abordarse en la materia suspensional. No basta, pues, impugnar la inconstitucionalidad de las disposiciones que reglamenten una actividad para obtener del órgano de control constitucional la suspensión, a efecto de seguir realizando esa misma actividad, pues esto sería tanto como, por medio de la medida suspensional, evadir el cumplimiento de disposiciones legales de orden público, que deben acatarse mientras no se decida lo contrario, y equivaldría a una sustitución del Juez de Distrito en facultades exclusivas de las autoridades administrativas, en contravención a la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, lo que resulta inadmisible para este tribunal." REQUERIMIENTO DE INFORME RESPECTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO Requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la recepción del oficio correspondiente, informen sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano; apercibidas que de no cumplir con lo que aquí se ordena; se les impondrá una multa equivalente a 50 (cincuenta) unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos); la que resulta de multiplicar por cincuenta la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós, en términos de lo previsto por los artículos 237, fracción I, en relación con el numeral 259 de la Ley de Amparo; sin perjuicio de proceder en su contra por el delito de desobediencia, en términos del artículo 262, fracción III, de este último ordenamiento. "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. [.]" PROMOCIONES VÍA CORREO INSTITUCIONAL Tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, y atendiendo a lo estipulado en el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo oficial de este juzgado 3jdo10cto@correo.cjf.gob.mx, para que por la vía antes citada, rindan informes, presenten promociones o acusen recibo de los oficios entregados, lo anterior en lo que concluye la contingencia. APERCIBIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Con el apercibimiento que cualquier obstrucción, obstáculo, limitación, entorpecimiento o prohibición para que el actuario realice sus funciones de manera plena, podrán constituir el delito de "desaparición forzada", en términos de los artículos 2, 3, 6 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; artículos I, II y II de la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas; los cuales establecen: Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas "Artículo 2. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por "desaparición forzada" el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. Artículo 3. Los Estados Partes tomarán las medidas apropiadas para investigar sobre las conductas definidas en el artículo 2 que sean obra de personas o grupos de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, y para procesar a los responsables. Artículo 6. 1. Los Estados Partes tomarán las medidas necesarias para considerar penalmente responsable por lo menos: a ) A toda persona que cometa, ordene, o induzca a la comisión de una desaparición forzada, intente cometerla, sea cómplice o participe en la misma; b ) Al superior que: i) Haya tenido conocimiento de que los subordinados bajo su autoridad y control efectivos estaban cometiendo o se proponían cometer un delito de desaparición forzada, o haya conscientemente hecho caso omiso de información que lo indicase claramente; ii) Haya ejercido su responsabilidad y control efectivos sobre las actividades con las que el delito de desaparición forzada guardaba relación; y iii) No haya adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir que se cometiese una desaparición forzada, o para poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento; c) El inciso b) supra se entiende sin perjuicio de las normas de derecho internacional más estrictas en materia de responsabilidad exigibles a un jefe militar o al que actúe efectivamente como jefe militar. 2. Ninguna orden o instrucción de una autoridad pública, sea ésta civil, militar o de otra índole, puede ser invocada para justificar un delito de desaparición forzada. Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas ARTICULO I Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a: a) No practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales; b) Sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo; c) Cooperar entre sí para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas; y d) Tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en la presente Convención. ARTICULO II Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. ARTICULO III Los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, las medidas legislativas que fueren necesarias para tipificar como delito la desaparición forzada de personas, y a imponerle una pena apropiada que tenga en cuenta su extrema gravedad. Dicho delito será considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima. Los Estados Partes podrán establecer circunstancias atenuantes para los que hubieren participado en actos que constituyan una desaparición forzada cuando contribuyan a la aparición con vida de la víctima o suministren informaciones que permitan esclarecer la desaparición forzada de una persona." Asimismo, prevéngase a las responsables, así como a cualquier otra autoridad que sea requerida, para que otorguen las facilidades necesarias al funcionario que se comisione, para el efecto de que pueda dar cabal cumplimiento a lo ordenado en este proveído, apercibidas que de no cumplir, con independencia de dar vista al Fiscal Federal de la adscripción, para los efectos de la responsabilidad penal en que pudieran incurrir, e independientemente de que sean denunciados por el delito de desaparición forzada, se les impondrá como medida de apremio una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto publicado el ocho de enero de dos mil veintiuno, en el Diario Oficial de la Federación, en donde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía con fundamento en los artículos 26 apartado B último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, dio a conocer el cálculo y determinación del valor actualizado diario, mensual y anual en moneda nacional de la UMA (vigente a partir del uno de febrero del año actual), en términos de los dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238, en relación al 259 de la Ley de Amparo. Además, se les comunica que el no obedecer una medida suspensional es constitutivo de un delito en términos del artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; (.)" Por ende, el desacato a la suspensión concedida a la parte accionante, además de la multa citada, podría dar origen a que este órgano jurisdiccional ordene que se dé vista al Ministerio Público por la probable comisión -por parte de las responsables en cuestión- del delito de desobediencia a un auto de suspensión debidamente notificado; con fundamento en los artículos 237, fracción III, y 262, fracción III, de la Ley de Amparo. PREVENCIÓN Ahora, previo a proveer sobre la procedencia o no de la demanda de que se trata, se advierte que la parte quejosa refiere el apartado concerniente a los antecedentes del acto reclamado de su demanda de amparo, que al momento de dar a luz a su menor hijo no contaba con los documentos de identidad de su país de origen y en el certificado de nacimiento folio 028001607, que exhibe como anexo cuatro a su demanda, en el apartado "DATOS DE LA MADRE" fueron asentados los datos de la diversa persona a la que se hice de nombre Sara Alejandra Pérez Olmos, por lo que no ha podido asentar el nacimiento de su menor hijo en el registro civil. Asimismo, que el diez de noviembre presentó un escrito dirigido al Director del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer, dependiente de la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco, solicitando la corrección o modificación del certificado de nacimiento referido y que con fecha diez de diciembre de dos mil veintiuno, a través del oficio SS/HRRAEM/UAJ/3070/2021, le fue informado que no era posible la corrección de este o la emisión de uno nuevo, razón por la cual refiere le ha sido negada la oportunidad de regularizar su condición migratoria en este país. Por lo anterior, es menester precisar lo siguiente: Los artículos 1, fracción I, y 108, fracciones III, IV y V, ambos de la Ley de Amparo, en relación a los diversos 112 y 114 de la citada legislación, establecen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] IIII. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; [.] Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; [.] Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. [.]" Del análisis sistemático de los numerales antes precisados se puede advertir que el juicio de amparo procede contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las prerrogativas otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, se prevé que la parte quejosa se encuentra obligada a señalar de forma clara y precisa la norma general, acto u omisión que reclama y que pretende introducir a la Litis constitucional, así como narrar los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado o que sirvan para fundamentar sus conceptos de violación. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 108, fracciones III y IV, en relación con el 112 y 114, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, se requiere a la directo quejosa, para que dentro del término de CINCO DÍAS contados a partir de la legal notificación de este proveído, por escrito y con el número de copias de la promoción con que se cumplan esta prevención para cada una de las partes y autoridades responsables que designen, bajo protesta de decir verdad, aclare lo siguiente: ÚNICO. Precise si reclama como acto reclamado la negativa de corregir el certificado de nacimiento folio 028001607, de su menor hijo, emitida por el Director del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer, dependiente de la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco Al respecto, resulta oportuno indicar que mediante la jurisprudencia 2a. CV/2013 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del veinte de noviembre del dos mil trece, emitió el criterio siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." APERCIBIMIENTO Se apercibe a la parte quejosa que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el término concedido, de acuerdo a lo previsto en el artículo 114 de la Ley de la Materia, no se tendrá como tal y se admitirá la demanda únicamente por los actos reclamados por los que se concedió la suspensión de plano. En el entendido de que si cumplen con lo requerido y omiten las copias -toda vez que se requieren en total seis copias; esto es: cinco para correr traslado a las autoridades señaladas como responsables y una para el Fiscal del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, del escrito aclaratorio para cada una de las partes, dentro del término concedido, se aplicará el apercibimiento aludido, dado que este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo. Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes jurisprudencia y tesis: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo". (Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XIII, Abril de 2001, Tesis: P./J. 36/2001, Página: 79) "DEMANDA DE AMPARO QUE SE TIENE POR NO INTERPUESTA, POR FALTA DE COPIAS DEL ESCRITO ACLARATORIO DE LA MISMA. Como el escrito aclaratorio de una demanda de amparo, viene propiamente a integrarla, para la tramitación del juicio constitucional, son necesarias las copias respectivas de aquél; y si la parte quejosa omitió la presentación oportuna de tales copias, no obstante que se le previno que las presentara dentro del término de tres días, el Juez de Distrito obró legalmente al tener por no interpuesta la demanda, de conformidad con lo que previene el artículo 146 de la Ley de Amparo". (Quinta Época, Instancia: Tercera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: CI, Página: 1675). DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Por otra parte, con fundamento en los numerales 9°, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que, en su caso, nombren las autoridades responsables y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señalen. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordinales invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Juan Carlos Miranda Alcalá, Daniel Santos Gómez López, Lucero Gutiérrez de la Cruz, César Julián Flores, Julie Lucy Narváez Ramírez, Vanessa Yanet Serralde Salazar, Gisela de Jesús Toledo Paz, Víctor Manuel Hilrio Flores, Adriám Fernando Moreno González, Ricardo Lizama Lira, Jesús Iván Salina Pérez, Juan Antonio Martínez Díaz, Luis Martín Silva Córdova, Johana Pamela Asencio Sánchez, Rosa María López González, y Fabio Sarracino Escalante, tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales y al resto de las personas que menciona en su demanda, únicamente para oír y recibir citas y notificaciones, así como recibir documentos, por así haberlo solicitado. Asimismo, la parte promovente solicita se le autorice la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo, mediante el portal en línea con el nombre de usuario: "JC-Miranda". Por lo anterior, se autoriza el acceso electrónico de este expediente a la cuenta mencionada ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, esto, de conformidad con lo establecido en el ordinal 36 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo. Se autoriza el acceso electrónico de este expediente a la cuenta mencionada ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como su notificación, esto, de conformidad con lo establecido en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción I, 31 fracciones II y III, de la Ley de Amparo, y los ordinales 36 y 57 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo. (NOTIFICACION Y CONSULTA) En consecuencia, se comisiona al Actuario de la adscripción para que todas las notificaciones a la parte quejosa se hagan de manera electrónica. (NOTIFICACIÓN) Por otro lado, instrúyase al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), adscrito a este Juzgado para que proceda a realizar los trámites necesarios a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en el presente proveído. En relación al número telefónico y correo electrónico que proporcionan, este juzgado toma conocimiento de los mismos, únicamente como una comunicación no procesal, de conformidad con lo establecido en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, toda vez que carecen de eficacia jurídica para tales efectos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. Notifíquese.

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