Claudia Méndez López
Expediente 883/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 883/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 31/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Virginia Gallegos de la Cruz
- Claudia Méndez López
- CLAUDIA MÉNDEZ LÓPEZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA 9.- VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación secretarial se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el doce de julio de dos mil diecinueve (fojas 42 a 48), en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos.
- Principal
En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las doce horas con cinco minutos del doce de julio de dos mil diecinueve, en audiencia Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Raúl Gamboa Barradas, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia del juicio de amparo 883/2019-9, promovido por Claudia Méndez López y Virginia Gallegos de la Cruz, a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, el Secretario da cuenta con la probanza ofrecida por la parte quejosa en su ocurso de demanda consistente en la presuncional legal y humana; y la instrumental de actuaciones relativas al juicio laboral 506/2010; así como, las documentales públicas, que remitió el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco anexas a su informe justificado, consistente en copia certificada del proveído de dos de julio de dos mil diecinueve, dictado dentro del citado sumario. Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 883/2019-9, promovido por Claudia Méndez López y Virginia Gallegos de la Cruz, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y otras autoridades, con sede en esta ciudad, por estimarlo violatorio de los artículos 8, 9, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el siete de junio de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional el diez próximo, Claudia Méndez López y Virginia Gallegos de la Cruz, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO 1 La Paralización total del procedimiento laboral 506/2010 AUTORIDADES RESPONSABLE 1 Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. 2 Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. 3 Magistrado Representante de las Entidades Públicas del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. 4 Magistrado Representante de los Trabajadores del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. 5 Secretario General del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. 6 Actuario adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El once de junio de dos mil diecinueve, se desechó la demanda de amparo únicamente por lo que respecta al Secretario General del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y se admitió a trámite por el resto de las autoridades señaladas como responsables por la parte quejosa, la cual fue registrada con el número de expediente 883/2019-9; se requirió a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La inactividad procesal dentro del juicio laboral 506/2010, desde el nueve de octubre de dos mil dieciocho. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, al rendir informe justificado (foja 20 a 36), negó la existencia del acto que se le reclama consistente en la paralización total del juicio laboral 506/2010, y remitió en copia certificada el proveído de dos de julio de dos mil diecinueve dictado dentro del referido sumario. Documentales públicas a las cuales se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del citado Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de actuaciones que no fueron contradicho su contenido. Es ilustrativo al caso, por las razones que lo informan, el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en la tesis número XX. 303 K, visible en la página 227, del Tomo XV, Enero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y tenor siguiente: "DOCUMENTO PÚBLICO. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR. Se entiende por documento público, el testimonio expedido por funcionario público, en ejercicio de sus funciones, el cual tiene valor probatorio y hace prueba plena, ya que hace fe respecto del acto contenido en él". Informe justificado al que se adhirieron de forma uniforme los Magistrados Representantes de las Entidades Públicas, de los Trabajadores y el Coordinador de Actuarios del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco (fojas 37, 38 y 39). Ahora bien, es menester precisar que aun cuando las autoridades responsables negaron la existencia del acto reclamado, lo cierto es que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (siete de junio de dos mil diecinueve), no había dado impulso procesal al juicio laboral 506/2010, y fue hasta el dos de julio de dos mil diecinueve que emitió un proveído del que entre otras cuestiones se aprecia que señala las diez horas del trece de septiembre de dos mil diecinueve para el verificativo de la diligencia de requerimiento de pago dentro del referido juicio laboral. En consecuencia, se tiene por cierto el acto reclamado consistente en la inactividad procesal imputada a las autoridades responsables en el juicio laboral 506/2010. CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de derechos fundamentales, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, este juzgador estima que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. El artículo 61, establece: "El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando, hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En efecto, las promoventes del amparo reclaman en esta vía constitucional, la paralización total del procedimiento laboral 506/2010 desde el nueve de octubre de dos mil dieciocho, por lo que afirman incurren en una inobservancia, desobediencia y violación al artículo 17 Constitucional entre otros ante la inactividad procesal. Sin embargo, de las constancias que adjuntó el Magistrado Presidente del Tribunal del Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, a su informe justificado, se aprecia, la copia certificada del proveído dictado el dos de julio del presente año (foja 21 a 36); actuación que emana del expediente laboral 506/2010, de su índice, del que se desprende que da contestación a diversos escritos y oficios presentados por las partes dentro de ese litigio, además de darle impulso procesal al referido juicio señalando las trece de septiembre de dos mil diecinueve para el verificativo de la diligencia de requerimiento de pago al Ayuntamiento condenado. Por las narradas circunstancias, resulta evidente que a la fecha de presentación de la demanda de garantías que nos ocupa, siete de junio de dos mil diecinueve, indudablemente existía la conducta omisiva de la autoridad responsable pues el juicio laboral se encontraba paralizado como lo refiere el quejoso; sin embargo a la presente data ya señaló las trece de septiembre de dos mil diecinueve para el verificativo de la diligencia de requerimiento de pago al Ayuntamiento condenado y con ello los efectos del acto reclamado han cesado, en consideración a lo antes plasmado; por lo que como se anticipó, se surte la causal de improcedencia que prevé, el numeral 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, transcrito con antelación y procede sobreseer en el juicio conforme al diverso 63, fracción V de la misma Ley. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 210, del Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo." No es obstáculo a lo antes decretado, la circunstancia que la autoridad responsable no haya enviado la constancia de notificación efectuada a la parte quejosa respecto del acuerdo de dos de julio de dos mil diecinueve, en el expediente laboral 506/2010, ya que en proveído de cinco de los corrientes dictado en el presente juicio de amparo, se le dio vista con dicho auto, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo, además que la presente resolución será de su conocimiento y con ello podrá enterarse de lo ordenado por el Tribunal en dicho proveído. QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En otro orden, toda vez que aun cuando por auto de once de junio del presente año, dictado en el presente juicio de amparo, se les señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales, conforme lo establece el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, no obstante de lo anterior, no hicieron manifestación expresa con relación a lo puntualizado anteriormente. En consecuencia, conforme lo establecen los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal antes invocado y 8° del reglamento antes precisado, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa de aquéllas de oponerse a la publicación de sus datos, lo procedente es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Por lo expuesto y fundado además en los artículos 65, 73 a 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Claudia Méndez López y Virginia Gallegos de la Cruz, contra el acto que reclamó de las autoridades responsables, en términos del considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notífiquese
- Principal
MESA 9.- VILLAHERMOSA, TABASCO, CINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vistos: agréguense a los autos para que obren como correspondan, los informes justificados rendidos por los Magistrados Presidente, Representante de las Entidades Públicas, Representante de los Trabajadores y Coordinador de Actuarios, todos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña el primero de los mencionados, consistente en copia certificada del auto de dos de julio del año en curso, emitido en el expediente laboral 506/2010, de su índice; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido. Por otro lado, de la revisión de los presentes autos se advierte que en proveído de once de junio del presente año (foja 13), se reservó acordar en relación a la prueba ofrecida por los quejosos, en su libelo de amparo, relativa a los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, hasta en tanto éstos obraran en autos y, en virtud de lo acordado previamente, en términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, dichas probanzas se tienen admitidas y desahogadas, en razón de su propia y especial naturaleza por no requerir forma especial para su recepción, y valórense al momento de dictarse la sentencia respectiva, sin perjuicio de hacer nueva relación de las mismas en la audiencia constitucional.
- Principal
MESA 10.-VILLAHERMOSA TABASCO ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista, la certificación que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintitrés de mayo del presente año en la que en el primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; por lo que con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada en relación con el numeral 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Transferencia Digitalización Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente por lo que en su caso deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento con el apercibimiento de que de no hacerlo dichos documentos podrán ser destruidos.
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