Claudia Nicasio López

Expediente 1057/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1057/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
17/10/2023

Partes del expediente

  • Claudia Nicasio López

Actuaciones

  1. Principal

    Determinación causa estado. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que concluyó el término de impugnación del proveído de veintinueve de septiembre pasado, sin que lo hubiera hecho; por lo que dicha determinación ha causado estado en sus términos. Archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que es destruible la presente pieza de actuaciones. Se ordena generación de versión pública: En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública de la presente resolución, para que pueda ser consultable por el público en general. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Autoridad informa. Agréguense los oficios de cuenta y anexos que remite el director general del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con residencia en Ayala, Morelos, mediante los cuales, en atención a los requerimientos que se le formularon en autos de veinticinco de agosto y veintiuno de septiembre, ambos de dos mil veintitrés, hace del conocimiento que a la fecha el director General de Servicios de Salud del Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, no se ha pronunciado en relación al oficio *************, mediante el cual solicitó su intervención con la finalidad de obtener las citas médicas que requiere el directo quejoso en el presente asunto, de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Requerimiento con apercibimiento de multa inmediata. Ahora bien, del estado de autos se advierte que la autoridad oficiante desde el veinte de agosto del año en curso, giró el oficio SSPC/PRS/CGCF/CEFEREPSI/DG-6410/2023, al doctor Héctor Barón Olivares, director General de Servicios de Salud del Estado de Morelos, a través del cual solicitó su intervención con la finalidad de otorgar la valoración médica que requiere el aquí quejoso, sin que desde tal data, a la fecha, haya efectuado alguna otra gestión con el propósito de que le sea asignada fecha y hora para la aludida valoración, pues únicamente se ha limitado a estar en espera de recibir respuesta. En vista de lo anterior y atendiendo a que se está dando cumplimiento a una ejecutoria de amparo, lo cual es una cuestión de orden público, se requiere al director general del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con sede en Ayala, Morelos, para que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de que sea notificado del presente acuerdo, realice todo tipo gestiones a su alcance a fin de obtener hora y fecha para que tengan verificativo las citas médicas que requiere el impetrante, debiendo informar lo conducente a este Juzgado, en forma inmediata. Apercibido que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa consistente en cien unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 237 y 259 de la ley de la materia.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 29/09/2023, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "Desechamiento. Ahora bien, se determina que la demanda de amparo es notoriamente improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver el fondo de la cuestión planteada. Así también, la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En el caso particular, con relación a la totalidad de actos reclamados quien resuelve estima actualizada la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario. Dispositivos que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". Se asevera lo anterior, porque de la transcripción de dichas porciones normativas, se advierte que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, por regla general, el juicio de amparo debe intentarse contra la última resolución dictada en dicha etapa de ejecución del laudo, lo cual implica que las actuaciones ahí emitidas no pueden ser impugnadas en la vía constitucional, puesto que las violaciones que pudieran cometerse durante el trámite de esa fase que causen una afectación en la esfera jurídica del gobernado pueden ser reclamadas en la misma demanda de amparo que, en todo caso, se llegue a promover contra la aludida última determinación que se dicte en ella, entendiéndose por "última resolución", la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente. En efecto, es menester indicar que la redacción de la ley vigente limita de manera precisa lo que se debe entender como última resolución, utilizando la palabra "solo" para referirse a un catálogo limitativo, no enunciativo, de tres supuestos que deben considerarse como la "última resolución", en los procedimientos de ejecución. La razón de lo anterior, es limitar la viabilidad del juicio biinstancial, evitando así que los gobernados abusen del ejercicio de esta acción constitucional y, por ende, que se entorpezca la ejecución de las sentencias, ya que se considera una cuestión de orden público que éstas produzcan materialmente sus efectos jurídicos, por lo que ese proceso ni siquiera puede ser interrumpido por la parte que haya resultado vencedora en la controversia natural. Ahora bien, en el caso que ocupa nuestra atención, se tiene que los actos reclamados no son de aquellos que cierran la etapa de ejecución; tampoco declaran la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, y menos aún ordenan el archivo definitivo del expediente, resultando inconcuso que solo podrán ser impugnadas al controvertir en amparo, la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, en la que, como ya se dijo, podrá reclamar las violaciones suscitadas durante toda la fase de ejecución que lo hubieren dejado sin defensa, y que además hubiesen trascendido al resultado de la referida última resolución. Se afirma lo anterior, ya que las actuaciones que se realicen en la etapa de ejecución de sentencia están encaminadas a lograr la eficacia de la cosa juzgada, por lo que solo procede el juicio de amparo contra la última resolución dictada en esta etapa, entendiéndose como "última resolución", las expresamente indicadas en la Ley de Amparo, y no otras diferentes, como las que se combaten en el presente juicio. En razón de que es acorde a las disposiciones de la nueva legislación de amparo, se cita como aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable bajo el número P./J. 32/2001, visible en página 31, del Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA." Asimismo, debe decirse que los actos reclamados no se ubican en alguno de los casos de excepción a dicho supuesto, entre los cuales se encuentran aquellas resoluciones que tienen una autonomía propia y destacada en relación con la ejecución de sentencia, debiéndose entender por tales, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, o bien, las que impiden dicha ejecución en perjuicio del ejecutante, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso, o el incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado. Encuentra aplicación, la tesis 2a. VIII/98, de la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, consultable en la página 230, Tomo VII, febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro siguiente: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS." Igualmente, se tiene que tampoco se encuentran ubicados en los casos de excepción, establecidos para aquellos actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente de la acción constitucional, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, toda vez que, la parte quejosa reclama los actos verificados en el juicio ordinario laboral ********************, del índice estadístico de la potestad responsable, consistentes en la diligencia de embargo de diez de julio de dos mil veintitrés y su aprobación, así como en la orden de llevar a cabo el remate en pública almoneda el seis de octubre del año en curso. Sin que los mismos puedan estimarse actos que afecten derechos sustantivos de la parte quejosa, en la medida que esas determinaciones, derivan de la ejecución de sentencia dictada en el contradictorio de origen. Por tanto, los actos reclamados guardan relación directa con la cosa juzgada, de lo que se colige que no son impugnables a través del juicio de amparo indirecto de forma autónoma. De igual forma, tampoco es posible considerar que los actos reclamados encuadren en el supuesto previsto en el numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, que prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, precisando que por tales se entenderá a aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Carta Magna y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, respecto de los actos realizados después de concluido el juicio, tratándose de la ejecución de sentencias, es procedente el amparo indirecto únicamente contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; por lo tanto, los actos fuera de juicio que se dicten o ejecuten dentro del procedimiento de ejecución, no son susceptibles de combatirse por medio de amparo indirecto a excepción de la resolución que ponga fin a dicho procedimiento de ejecución. Lo anterior, toda vez que la determinación que se emite a fin de que se cumpla la sentencia, no es un acto autónomo ni ajeno ha dicho procedimiento de ejecución. En razón de lo anterior, se colige que los actos reclamados se verificaron en estricto acatamiento a la ejecución de sentencia, de ahí que resulta improcedente la promoción del juicio de amparo indirecto, puesto que aún y cuando el cumplimiento de la sentencia sea de tracto sucesivo o cumplimiento periódico, será hasta que se emita la última resolución que de por terminada la etapa de ejecución en dicho contradictorio, que podrá promover el juicio de amparo. Por tanto, como en la especie los actos reclamados forman parte del periodo de ejecución de sentencia, esto es, no constituyen actos emitidos en dicha fase que afecte de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, ni emanan de la determinación en la que se aprueba o se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, la cual como última, en todo caso sí podría ser impugnada mediante el juicio de control constitucional, al actualizar el supuesto a que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, demanda en la cual podrá reclamar las demás violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, como la que en el caso se alega; debe decirse que la demanda de que se trata resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el dispositivo 107, fracción IV, segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo; por lo que atento a lo señalado en el numeral 63, fracción V y 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." VI. Domicilio y autorizados. Se tienen como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de su demanda y como sus autorizados para tales efectos a las personas que refiere, por así haberlo solicitado expresamente. VII. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VIII. Acuerdos generales. De igual manera, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que reforma el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace del conocimiento de las partes que las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto)."

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