Claudia Margarita Guzmán Febre

Expediente 650/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 1 actuación registrada, la última del 16 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
650/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
16/08/2019

Partes del expediente

  • Claudia Margarita Guzmán Febre

Actuaciones

  1. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, EN EL QUE SE ACORDÓ: León, Guanajuato, a dieciséis de agosto de dos mil diecinueve. I. Parte quejosa contesta requerimiento. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa Claudia Margarita Guzmán Febre, a través del cual da contestación al requerimiento formulado en proveído de doce de agosto de dos mil diecinueve (foja 50-52), y al efecto se provee: Se tiene a la parte quejosa señalando en esta instancia constitucional como acto reclamado lo siguiente: El auto de diez de julio de dos mil diecinueve, a través del cual la juez responsable giró el oficio JOFAL/12188/2019 solicitando al Servicio de Administración Tributaria informe de declaraciones fiscales de la quejosa. El auto de quince de julio de dos mil diecinueve, en el que se ordena glosar materialmente el expediente F4798/2019 al diverso F3911/2016 y su acumulado F2002/2017. II. Se desecha demanda. Ahora bien, se advierte la existencia de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la interpretación gramatical de dicha disposición legal se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En tal virtud, analizados los actos reclamados descritos en la demanda en forma clara y puntual, se resuelve que carecen de la característica material y formal de imposible reparación, y por ello, no procede su estudio conforme al texto actual de nuestra ley de amparo. Para demostrar esta conclusión, véanse los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos lo que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". Ahora, del análisis de lo dispuesto en dichos preceptos, en la parte y sentido citados, se advierte que el juicio de amparo contra actos dentro del juicio, solamente procede cuando produzcan efectos de imposible reparación. Sobre el indicado tipo de actos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió. Esto es, son aquellos que producen efectos materiales inmediatos sobre los derechos sustantivos de los gobernados. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación, se caracterizan porque la afectación relativa solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener una resolución favorable, por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que el quejoso no obtenga un fallo favorable al resolverse el medio ordinario que proceda contra la sentencia definitiva, estará en condiciones de reclamarlas como tales en el amparo directo que se intente contra esa sentencia que pondrá fin al juicio. Ahora, en la Ley de Amparo, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos dentro de juicio, ya que los actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que con ello: Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Sirve de apoyo a lo expuesto, la Jurisprudencia 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 56, Agosto de 1992, Octava Época, Registro 205651, bajo el rubro y texto siguiente: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." De lo anterior, se advierte la improcedencia del presente juicio de amparo, atento a que los actos reclamados no tienen de momento sobre la disconforme una ejecución que sea de imposible reparación, ya que éstos no le afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo, por las razones que a continuación se expondrán. Se estima que el acto reclamado consistente en el auto de diez de julio de dos mil diecinueve, a través del cual la juez responsable giró el oficio JOFAL/12188/2019, solicitando al Servicio de Administración Tributaria informe de declaraciones fiscales de la quejosa, al estimar necesario los datos para determinar respecto al reclamo de pago de alimentos, derivado de la admisión de la demanda instada por José Gerardo González Rocha, en contra de la aquí quejosa, radicada con el expediente número F-4798/2019, los que deben considerarse como actos intraprocesales, pues la solicitud es una simple expectativa al tratarse de un auto que no pone fin al procedimiento, que no constituye un acto de imposible reparación, pues se trata de la admisión de datos de prueba que no se afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, y aunque eventualmente implique una posible transgresión procesal, puede repararse al dictarse una sentencia definitiva favorable. Lo anterior, encuentra apoyo por equivalencia de su contenido, la Tesis: XXVII.3o.84 P, sustentada por Tercer Tribunal Colegiado Del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la Página 2196 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación del Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, Décima Época, Registro 2019043, bajo el rubro y texto siguiente: "ACTOS INTRAPROCESALES CONSISTENTES EN LA NEGATIVA A OTORGAR PRÓRROGA PARA SOLICITAR LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO, LA ADMISIÓN DE PRUEBAS Y EL AUTO DE APERTURA DE JUICIO ORAL. NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. Conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, deben considerarse como actos intraprocesales de imposible reparación únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos, y no los que sólo afecten derechos procesales, pues los primeros están destinados a regir al exterior del juicio y su afectación no podría desvanecerse con una sentencia favorable. De esta forma, al advertir que la solicitud de otorgar una prórroga para la suspensión condicional del proceso, a que se refiere el artículo 191 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no es un derecho sustantivo del imputado, sino una simple expectativa, su negativa no constituye un acto de imposible reparación. En el mismo sentido, si se trata de la admisión de pruebas, no se afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, y aunque eventualmente implique una posible transgresión procesal, puede repararse al dictarse una sentencia definitiva. Así, al no constituir actos irreparables la admisión de pruebas y la negativa de otorgar una prórroga para solicitar la suspensión condicional del proceso, consecuentemente tampoco lo es el auto de apertura a juicio oral, pues es en éste donde necesariamente se ven materializados." De igual forma, norma el criterio anterior, la Tesis: 1317, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado Del Segundo Circuito, visible en la página 960 del Apéndice 2000 del Tomo IV, Civil, P.R. TCC, Materia Civil, Octava Época, Registro 914925, bajo el rubro y texto siguiente: "PRUEBAS. ADMISIÓN ILEGAL A LA PARTE CONTRARIA DEL QUEJOSO, CONSTITUYE VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO.-La admisión ilegal de una prueba ofrecida por la contraparte del quejoso, constituye una violación procesal por analogía reclamable en amparo directo, pues el perjuicio que se irroga a un litigante cuando se admite ilegalmente a su contrario una prueba, es similar a cuando el quejoso no se le reciben las pruebas que legalmente haya ofrecido o no se le reciben conforme a la ley. Por lo que con fundamento en el artículo 159, fracciones III y XI, de la Ley de Amparo, debe hacerse su estudio como violación procesal reclamable en amparo directo." En ese mismo sentido, respecto del auto que ordena la acumulación, debe decirse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que se trata de una institución procesal que otorga sólo derechos adjetivos a las partes, con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias, por lo que si bien la decisión que se tome en el procedimiento -tanto de acumular o no diversos juicios- pudiera afectar derechos de las partes, éstos no tienen el carácter de derechos sustantivos, puesto que se trata de derechos adjetivos reconocidos a las partes no por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino por normas ordinarias, por lo que cualquier violación cometida derivada de ese tipo de actos, afectará sólo al procedimiento en el que se plantee y a los derechos procesales de las partes, pero no a las personas titulares de derechos sustantivos, en su carácter de personas y no como partes en un procedimiento. Tampoco la decisión respecto de una acumulación, como figura procesal, puede generar una afectación sustantiva sustentada en la transgresión del artículo 17 constitucional en relación con el derecho a una impartición de justicia de forma pronta, completa e imparcial; lo anterior, ya que si bien el referido artículo constitucional tiene como objeto regular de forma eficaz la impartición de justicia, verificando que los procedimientos se integren debidamente, ello no se traduce en una afectación material a un derecho sustantivo que haga procedente el recurso, puesto que la afectación en su caso se materializará hasta el dictado de la sentencia en donde se determinará si la litis está debidamente integrada y si la parte que aduce la violación procesal no obtuvo sentencia favorable. Bajo ese contexto, los actos relacionados con la acumulación de juicios, son resoluciones procesales que no pueden tener una afectación material a derechos sustantivos, que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto, en tanto que las posibles afectaciones que genera se refieren sólo a cuestiones adjetivas o procesales, virtud a que se trata de derechos adjetivos otorgados por leyes secundarias para que los procedimientos puedan desarrollarse de la mejor forma posible; aunado a que las afectaciones a la debida integración de la litis que pudieran reclamarse se materializarán al dictarse la sentencia, si la parte no obtiene sentencia favorable. En atención a ello, la sola naturaleza del acto reclamado permite concluir que el amparo indirecto es improcedente, virtud a que se trata simplemente de un ejercicio jurídico para determinar los alcances de la naturaleza del acto, ya que no se requiere de prueba alguna, para concluir que las resoluciones relativas a la acumulación de juicios sólo afectan derechos adjetivos. Sirven de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 32/2016, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación del Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, Décima Época, Registro 2013364, por las razones que informa, de rubro y texto siguientes "ACUMULACIÓN DE JUICIOS. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La acumulación de juicios es una institución procesal que sólo otorga derechos adjetivos a las partes, con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias, por lo que, si bien la decisión de acumular diversos juicios pudiera afectar sus derechos, tal afectación no tiene el carácter de afectación material a derechos sustantivos que haga procedente el juicio de amparo indirecto, al tratarse de derechos otorgados por normas ordinarias para que los procedimientos se desarrollen de la mejor forma posible. Aunado a ello, las posibles afectaciones a la debida integración de la litis que pudieran reclamar las partes con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se materializarán, en su caso, al dictarse la sentencia si no les es favorable, por lo que tampoco harían procedente el juicio de amparo indirecto; por esas razones, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, es factible desechar la demanda cuando se reclama la resolución que decreta la acumulación de juicios por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia en términos del artículo 107, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, ambos de la ley citada, en atención a que el solo análisis de la naturaleza del acto permite concluir que el juicio constitucional es improcedente, pues se trata simplemente de un ejercicio jurídico para determinar los alcances de la naturaleza del acto y no se requiere de alguna prueba para concluir que las resoluciones relativas a la acumulación de juicios sólo afectan derechos adjetivos que hacen improcedente el juicio de amparo indirecto." Asimismo, la jurisprudencia 49/95, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del Tomo II, Diciembre de 1995, Novena Época, Registro 200222, por las razones que informan, las jurisprudencias de rubro y texto siguientes "ACUMULACION. LA RESOLUCION SIN ULTERIOR RECURSO QUE DECLARA IMPROCEDENTE ESE INCIDENTE NO ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO. La resolución sin ulterior recurso, que declara improcedente el incidente de acumulación de autos solicitado para que juicios conexos que se siguen separadamente sean fallados en una misma sentencia, no constituye un acto procesal de ejecución irreparable, que vulnere los derechos fundamentales previstos en las garantías individuales, dado que este procedimiento fue instaurado exclusivamente para lograr la economía de los juicios y evitar el dictado de sentencias contradictorias. Por ello, aun cuando se estime inexacta dicha resolución, al no tener carácter irreparable, por no afectar de manera directa e inmediata garantía individual alguna, no es reclamable en amparo indirecto, pues el hecho de que se niegue la acumulación de autos solicitada, no priva del derecho de defensa que en cada uno de esos procedimientos tienen consagrado las partes ni altera las cuestiones debatidas en los mismos, ya que dicha resolución, únicamente puede constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales, y la procedencia del amparo indirecto se presenta cuando los actos tengan una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas al juicio; sin que esto determine por exclusión, la procedencia del amparo directo contra tal determinación, al estar debidamente delimitado, tratándose de violaciones procesales, la procedencia de dicho juicio, únicamente cuando se afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo." Por los razonamientos que han sido expuestos, se resuelve que en este caso la acción constitucional es notoriamente improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 113 de la ley en la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así, lo proveyó y firma la licenciada María Quiroz García, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, encargada del despacho por vacaciones concedidas a la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/2560/2019 de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, suscrito por el Secretario Técnico de dicha comisión, licenciado Vicente David Burguet Franco, quien actúa ante el licenciado José Jesús Gutiérrez Luna, Secretario que autoriza y da fe.

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