Claudia Milagros Pérez Mota y Otros.
Expediente 635/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 7 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 635/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 02/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Osiel García Hernández a través de apoderado legal Griselda Rodríguez Muñoz
- Claudia Milagros Pérez Mota
- Claudia Milagros Pérez Mota y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
PRAL.635/20108-6A*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de octubre de dos mil dieciocho. 1. Causa ejecutoria sentencia. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia dictada el treinta de agosto de dos mil dieciocho (fojas 61 a 68), en la que se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por Claudia Milagros Pérez Mota y Osiel García Hernández, por conducto de su apoderada legal; sin que las partes lo hubieran hecho en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 2. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida sentencia se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3. Archivo del expediente. Ahora bien, como se advierte de la certificación que antecede, que en este expediente y en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. 5. Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. 6. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.635/2018-6A´San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de septiembre de dos mil dieciocho. Vistos los autos, toda vez que el treinta de agosto de dos mil dieciocho (fojas 61 a 68) se dictó sentencia en este juicio de amparo y la misma se notificó a las partes por lista de acuerdos el treinta y uno siguiente; sin embargo, como en proveído de veintinueve de junio del año en curso (fojas 10 a 15) se autorizó a Griselda Rodríguez Muñoz para accesar al expediente electrónico, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, se ordena hacer la notificación de la referida sentencia por vía electrónica a la parte quejosa, a fin de que tenga conocimiento del contenido de la misma; y se genere la constancia de consulta respectiva. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa la sentencia de treinta de agosto de dos mil dieciocho. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 635/2018; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en línea, el veintisiete de junio del año en curso (fojas 2 a 5), por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y turnada a este órgano jurisdiccional, al día siguiente, Claudia Milagros Pérez Mota y Osiel García Hernández, a través de su apoderada legal, a quienes en el contexto de esta sentencia se les denominará quejosos, promovieron juicio de amparo contra actos de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; cuyo acto lo hizo consistir en la omisión de emitir el laudo correspondiente en el juicio laboral 72/2014 (4) [sic] y, como consecuencia, notificarlos de esa resolución. Actos que estimaron violatorios del derecho fundamental contenido en los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 685 y 885 de la Ley Federal del Trabajo. SEGUNDO. Trámite de la demanda. En proveído de veintinueve de junio del año en curso (fojas 10 a 15) se formó expediente y se admitió la demanda, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente corresponde y se le notificó de la presentación de la misma; así también, se emplazó a la tercera interesada, Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO), misma que quedó notificada el cuatro de julio de este año (foja 24); de igual manera, se solicitó el informe justificado a la autoridad señalada como responsable; además, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional; por lo que una vez integrado el expediente, se llevó a cabo la audiencia, en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, es legalmente competente para conocer, tramitar y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, de la Constitución Federal; 6º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 113, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el acuerdo 3/2013, en sus numerales SEGUNDO, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el CUARTO, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un asunto de naturaleza laboral, además de que la autoridad responsable tiene su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y exacta del acto reclamado, el cual se hace consistir en la omisión de emitir el laudo correspondiente en el juicio laboral 72/2017 (4) y, como consecuencia, notificar a los quejosos de esa resolución. Pues si bien es cierto la parte quejosa dice que el expediente en el que no se había dictado laudo es el 72/2014(4), también lo es que el número correcto del expediente es 72/2017(4), por así advertirse de las propias constancias enviadas por la autoridad responsable (fojas 45 a 55). Así que en el contexto de esta resolución se asentará el dato correcto (72/2017[4]). Es aplicable la Tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2014, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 181810, cuyo rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Certeza del acto reclamado. La presidenta de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, aceptó la existencia del acto reclamado; y aclaró que el catorce de agosto de dos mil dieciocho dictó laudo dentro del expediente laboral 72/2017 (4) (foja 36, del juicio de amparo). Actuaciones con valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°. Es aplicable la Jurisprudencia 226, publicada en el Tomo VI, página 153, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Estudio de las causas de improcedencia. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, es necesario abordar el estudio de las causas de improcedencia hechas valer por las partes, o bien que este tribunal llegara a advertir de manera oficiosa, ya que, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, deben estudiarse de oficio y en forma preferente. En el caso, se estima que se actualiza una causa de improcedencia, al haber cesado los efectos del acto reclamado por los quejosos, lo que dará lugar a sobreseer en este juicio. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" De la lectura del artículo y fracción transcritos, se advierte que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia de éste, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicional, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al interpretar el texto del artículo 73, fracción XVI, de la anterior Ley de Amparo, que es idéntico al antes transcrito, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la razón fundamental que justifica la improcedencia del juicio por cesación de efectos del acto reclamado, radica en que es ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tales razonamientos encuentran sustento en la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 193758, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." El criterio transcrito evidencia que, para que se actualice la causa de improcedencia analizada, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada, como si se hubiera otorgado el amparo. Ahora, el acto que motivó el juicio de amparo fue la omisión de dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral 72/2017 (4) y, como consecuencia, la falta de notificación de esa resolución (foja 3); en tanto que de las copias certificadas deducidas del referido expediente laboral que remitiera la autoridad responsable, se advierte lo siguiente: a) En resolución de trece de agosto de dos mil dieciocho, la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, condenó al organismo descentralizado de la administración pública del gobierno del Estado de Oaxaca, denominado Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO), a reinstalar a los actores Claudia Milagros Pérez Mota y Osiel García Hernández (aquí quejosos) en su fuente de trabajo; al pago de salarios caídos, a reconocerles la antigüedad genérica a partir del primer día que prestaron sus servicios, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, horas extras; asimismo, condenó al demandado a enterar el pago de cuotas obrero patronales de "IMSS, SAR e INFONAVIT"; y a entregar a los trabajadores las constancias de aportaciones realizadas por dichos conceptos. Asimismo, absolvió al referido organismo descentralizado del pago de diversas prestaciones que demandaron los referidos actores (fojas 45 a 55). De lo anterior se deduce que la autoridad responsable dictó laudo dentro del expediente laboral 72/2017 (4). Además, la parte quejosa tuvo conocimiento de ello, pues independientemente que la autoridad responsable no envió la constancia en la que se acreditara que hubiera notificado su determinación, en proveído de dieciséis de agosto de este año, dictado en este juicio (fojas 57 y 58), se ordenó deducir copia certificada de la resolución que dictó la autoridad responsable el trece de este mes y año (fojas 45 a 55) y notificar a los quejosos Claudia Milagros Pérez Mota y Osiel García Hernández, por conducto de su apoderada, por vía electrónica, por así haberlo solicitado desde de la demanda inicial (fojas 2 y 3); notificación misma que se realizó por ese medio, el diecisiete de este mes y año (foja 60). En ese contexto, es claro que el acto reclamado cesó en sus efectos, independientemente si fue o no favorable a sus intereses; por lo que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 63 de la citada ley, procede decretar el sobreseimiento en este juicio. Finalmente, es importante mencionar que el sobreseimiento impide emprender el análisis de las cuestiones de fondo planteadas; atento a la tesis 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 335, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, Registro 394465, del texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con fundamento en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional al resolver el asunto, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por los quejosos Claudia Milagros Pérez Mota y Osiel García Hernández, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente resolución en términos de lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese; anótese en el registro y en la estadística; hágase la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este órgano jurisdiccional; remítase copia certificada de esta resolución a la autoridad responsable y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Así lo resolvió y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.
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PRAL.635/2018-6A´Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por los quejosos Claudia Milagros Pérez Mota y Osiel García Hernández, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente resolución en términos de lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese; anótese en el registro y en la estadística; hágase la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este órgano jurisdiccional; remítase copia certificada de esta resolución a la autoridad responsable y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. ....
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PRAL.635/2018-6A*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de agosto de dos mil dieciocho. Informe justificado. Agréguese el oficio signado por presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el cual rinde informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva. Pruebas. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de dicha responsable las documentales que anexa a su oficio de cuenta, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Ahora, como de las constancias que remitió la referida autoridad responsable no se advierte que haya notificado el laudo dictado el trece del actual dentro del expediente laboral 72/2017(4), se ordena darlo a conocer a Claudia Milagros Pérez Mota y Osiel García Hernández, por conducto de su apoderada legal Griselda Rodríguez Muñoz (parte quejosa), vía electrónica, como lo señaló en su demanda de amparo (foja 3), para que manifiesten lo que a su interés legal convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna se resolverá este juicio con base en esas constancias. Es aplicable por similitud de condiciones jurídicas, la jurisprudencia 2a./J. 16/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 122, Tomo IX, Marzo de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 194481, con el rubro y texto siguientes: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello." Notifíquese vía electrónica. Así lo acordó y firma Fermín Santiago Santiago, secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.
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