Claudia del Perpetuo Socorro Arroyo Landero
Expediente 998/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 998/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Claudia del Perpetuo Socorro Arroyo Landero
Actuaciones
- Principal
PRAL. 998/2019 M. 2-B [] San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. 1. Causa estado resolución. Visto el estado de autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que transcurrió el término a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de cinco de diciembre del año en curso (foja 14), en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Claudia del Perpetuo Socorro Arroyo Landero, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código de Procedimientos Federales, de aplicación supletoria en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado esa resolución. Notifíquese.
- Principal
NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA (PREVIO AVISO).- PRLA.998/2019-2B* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de diciembre de dos mil diecinueve. 1. Estado de autos. Visto el estado de autos, como se advierte que transcurrió el término de cinco días concedido a la quejosa Claudia del Perpetuo Socorro Arroyo Landero, mediante proveído de quince de noviembre de este año (fojas 4 a 12), a efecto de que aclarara su demanda de amparo, sin que lo hubiere realizado, pese haber quedado notificada el veintiséis de noviembre último (foja 13 reverso). 2. Se tiene por no presentada la demanda. En consecuencia, como no se cumplió con la prevención formulada en proveído de quince de noviembre de este año (fojas 4 a 12), se hace efectivo el apercibimiento decretado en ese acuerdo y con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo origen de este expediente. Tiene aplicación al respecto, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo LI, Quinta época, página 208, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE ACLARACIÓN DE LA". Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA (PREVIO AVISO).- pral 998/2019 mesa 2-b° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de noviembre de dos mil diecinueve. 1. Demanda de amparo y registro. Con la demanda de amparo presentada el catorce de noviembre del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca y turnada a este órgano de control constitucional el quince de noviembre siguiente, promovida por Claudia del Perpetuo Socorro Arroyo Landero, por propio derecho, contra un acto del gobernador del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; fórmese expediente impreso y electrónico y regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 998/2019. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Prevención. A fin de proveer sobre su admisión, con fundamento en el artículo 114, fracción I, en relación con el 108, fracciones I, IV y V, de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa para que, dentro del plazo de cinco días, contado a partir de la notificación de este acuerdo, bajo protesta de decir verdad, la aclare en los siguientes términos: Aclaración en el nombre de la promovente del amparo. Toda vez que de la lectura de la demanda de amparo se desprende una irregularidad en el nombre de la quejosa, esto es así, porque en el proemio de su escrito de demanda manifiesta llamarse Claudia del Perpetuo Socorro Arroyo Landero, sin embargo, en la parte final de dicho ocurso firma como Claudia de Fernández del Campo. En consecuencia, no se puede identificar con precisión a la que se dice afectada en su esfera jurídica por el acto de autoridad. Por lo que: Único: Deberá señalar cuál es su nombre correcto, Claudia del Perpetuo Socorro Arroyo Landero o Claudia de Fernández del Campo. Sirve de apoyo a esta prevención, la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegido del Décimo Octavo Circuito, publicada en el Semanario judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXXIV, página 2138, registro 161554, de rubro. "NOMBRE DEL QUEJOSO. EL JUEZ DEBE REQUERIR SU ACLARACIÓN, AL PROVEER SOBRE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO Y NO EN OTRO MOMENTO, SI DE ÉSTA O DE SUS ANEXOS SE ADVIERTE TAL NECESIDAD". Diversas prevenciones. Por otra parte, toda vez que del estudio integral de la demanda de amparo indirecto se advierte que la parte quejosa reclama del gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, lo siguiente (foja 2): Asimismo, en el apartado de antecedentes del acto reclamado refiere (foja 2): Y solicita la suspensión de la manera siguiente (foja 3): Sin embargo, a efecto de acordar lo que en derecho corresponda y, en su caso, evitar la reposición del procedimiento, se realizan las siguientes prevenciones: I.- La parte quejosa deberá manifestar si promueve únicamente por propio derecho o, en su caso, si también lo hace en favor o en representación de otra persona; de ser así, proporcionará el nombre completo de la (s) misma (s), en el entendido que deberá acreditar con las constancias respectivas el carácter que ostenta tener en relación a esa representación. Lo anterior, ya que si bien la parte quejosa señala que promueve por propio derecho, la redacción de su demanda la realiza refiriéndose en plural, como se desprende de la transcripción siguiente (foja 2 reverso y 3) ".se viola en nuestro agravio como ciudadanos del Estado de Oaxaca nuestro interés Jurídico (sic)." ".Solicitamos la suspensión del acto reclamado." Sirve de apoyo la jurisprudencia número P./J. 23/2009, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 7, tomo XXIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2009, novena época, con registro 167431, de rubro y texto siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE.El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato." II.- Precisará si los artículos 312, 313, 315 y 316 del Código Penal del Estado de Oaxaca los reclama con motivo de su entrada en vigor o bien con motivo de un acto concreto de aplicación. Se invoca en apoyo a lo anterior, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 167, volumen 103-108, primera parte, con registro 800694, del tenor siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. El elemento primordial que caracteriza a una ley autoaplicativa lo es el de que sus disposiciones resultan obligatorias desde el momento mismo en que entran en vigor, o sea, que desde ese preciso instante obligan al particular cuya situación jurídica prevén, a hacer o dejar de hacer, sin que sea necesario acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad y, por lo tanto, es evidente que cuando no se da dicho elemento esencial no se está en presencia de una ley de esa naturaleza, sino que en ese caso debe concluirse que se trata de una ley heteroaplicativa, que, por lo mismo, únicamente puede reclamarse al través del juicio de amparo hasta que se realice el acto de autoridad que vincula al particular al cumplimiento de la norma." En el caso de reclamar dicha normatividad con motivo de un acto concreto de aplicación (heteroaplicativa) deberá precisar dicho (s) acto (s) y qué autoridad lo aplicó; así también, expresará, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de ese (os) acto (s) de aplicación y cuándo tuvo conocimiento. Es ilustrativa a lo anterior, la tesis I.7o.A.100 K, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro y texto siguientes : "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." III.- Ahora, toda vez que la parte quejosa señala la inconstitucionalidad de la reforma de los artículos 312, 313, 315 y 316 del Código Penal del Estado de Oaxaca, deberá precisar si es su deseo señalar como autoridad responsable al Congreso del Estado de Oaxaca, y qué acto (s) de autoridad le reclama; en el entendido que de señalar a dicho Congreso como autoridad responsable deberá indicar los antecedentes del (los) acto (s) y exhibir una copia más de la demanda de amparo para, en su caso, correr traslado a la misma. Es aplicable al caso, la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible a foja 1386, del tomo XX, agosto de 2004, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 180964, de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR COMO AUTORIDADES RESPONSABLES AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN Y AL DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, NO IMPIDE EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ORDENAMIENTO RECLAMADO. Resulta incorrecto que el Juez de Distrito sobresea en un juicio de amparo contra leyes, fuera de la audiencia constitucional, porque el impetrante de garantías no haya señalado en su demanda como autoridades responsables al secretario de Gobernación y al director del Diario Oficial de la Federación; si de la lectura del libelo primario se obtiene, que el quejoso llamó a juicio al Congreso de la Unión que expidió la norma que se reclama de inconstitucional, y al presidente de la República que la promulgó, expresando conceptos de violación en contra de dichos actos, ya que ello no impide examinar la constitucionalidad del citado ordenamiento, aun cuando no se hayan expresado motivos de inconformidad respecto del acto de refrendo y su publicación, dado que no son combatidos por vicios propios, pues habiéndose oído a la autoridad responsable expedidora del ordenamiento combatido, incluyendo al Ejecutivo que la promulgó, la eficacia o falta de fundamento de los conceptos de violación habrá de afectar a todos los actos de formación de la ley." IV.- Aclarará qué acto en específico reclama al gobernador responsable, ya que conforme a lo dispuesto por el artículo 79, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca , dentro de sus facultades, sólo está la de presentar iniciativas de ley ante la Legislatura del Estado, pero no reformar la ley en sí; en el caso específico, los artículos 312, 313, 315 y 316 del Código Penal del Estado de Oaxaca, Lo anterior, ya que si bien es cierto que la promulgación de leyes o decretos corresponde al titular del Poder Ejecutivo, conforme al artículo 53 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca , también lo es que para que un proyecto tenga carácter de ley o de decreto, se requiere que sea aprobado por el Congreso del Estado. V. Aclare si también reclama como acto la omisión por parte del gobernador responsable de vetar la ley que tilda de inconstitucional o sólo lo hace valer como concepto de violación, ya que refiere que "el Gobernador estaba autorizado para vetar la ley". VI.- Precise, en vía de antecedentes, por qué en el apartado de suspensión del acto reclamado señala que solicita la medida provisional para el efecto de que la reforma al Código Penal sea detenida, pues es un hecho notorio que dicha ley entró en vigor al día siguiente de su publicación, a saber, el veinticuatro de octubre del año en curso. VII.- Precise qué actos de autoridad señala conforme a lo previsto en el artículo 22 constitucional, pues de la estructura integral de la demanda solo se limita a señalar dicho precepto legal. Precisión respecto a la suspensión de oficio. Cabe precisar que, por el momento, no será materia de suspensión de oficio y de plano el acto reclamado; pues si bien la parte quejosa precisa como artículos vulnerados, entre otros, el 22 de la Constitución Federal, lo concerniente a dicho señalamiento es motivo de prevención en este proveído, aunado a que de la lectura integral del escrito de demanda no se advierten actos respecto de los cuales se deba decretar la suspensión de oficio. Apoya lo anterior la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la federación, visible en la página 2928, tomo LVIII, Quinta Época, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. La suspensión de oficio únicamente debe decretarse en los casos previstos en el artículo 123 de la Ley de Amparo, es decir, cuando se trata de actos que importen el peligro de la privación de la vida, deportación o destierro, o cuando se trata de algún otro acto que, si llegara a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada y, por tanto, no procede la suspensión de oficio tratándose de cobrar multas e impuestos por infracciones a las leyes fiscales". Énfasis añadido Precisión. Se precisa que las anteriores prevenciones se realizan a fin de que, en observancia al principio de igualdad de las partes procesales, la (s) autoridad (es) responsable (s) defienda (n) la constitucionalidad de los actos que se le (s) reclama (n), al emitir su informe justificado y se integre la litis de manera correcta; pues, al respecto, este órgano jurisdiccional, aunque realizara una interpretación íntegra del escrito de demanda, no sucede lo mismo para las demás partes, a las que se les deben de precisar las circunstancias respectivas. Se invoca en apoyo a lo anterior, la tesis emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página 393 tomo CVIII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con el rubro: "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACIÓN DE LA". Apercibimiento. En el entendido que de no cumplir con el requerimiento formulado dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de Amparo. Hechos falsos. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que la Ley de Amparo, en su artículo 261, fracción I, sanciona la afirmación de hechos falsos en relación con el acto reclamado, esto es, aportar datos que no le conste con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida; motivo por el cual se le exhorta que, al cumplir con la prevención antes formulada, se conduzca con verdad. 4. Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que cita en el proemio de su demanda. 5. No se tiene como autorizado de la parte quejosa. En el caso, no es procedente tener por autorizada con las facultades amplias que concede el numeral 12 de la Ley de Amparo, a Claudia del Perpetuo Socorro Arroyo Landero, por lo siguiente: 1. Dicha persona se ostentó como quejosa en este juicio de amparo. 2. No es posible jurídicamente que, como promovente del amparo, se autorice a sí misma para tener las facultades amplias a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo. 3. Ambas figuras, promovente del amparo y autorizado legal, no pueden coexistir en una misma persona. 6. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, para el caso de que exista causa justificada que impida la notificación en horas y días hábiles, se habilita, desde ahora, al (la) actuario(a) judicial adscrito(a), para que lo haga en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen. 7. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II apartado A, de la Constitución Federal, 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de resoluciones que se dicten en este juicio de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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