Claudia Mazari Torres

Expediente 1575/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1575/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Claudia Mazari Torres

Actuaciones

  1. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. En atención a lo ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con copia de la demanda de amparo, fórmese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1575/2023-III, promovido por Claudia Mazari Torres, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y otras autoridades. Requerimiento de informes previos Con apoyo en los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, solicítese a las autoridades responsables sus respectivos informes previos, los cuales deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la legal notificación del presente acuerdo, enviándoseles para tal efecto copia de la demanda, en el que deberán concretar a expresar si son ciertos o no los actos reclamados que se les atribuyen, podrá manifestar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan a este órgano jurisdiccional establecer el monto de la garantía correspondiente; asimismo, en caso de que los actos reclamados sean ciertos, deberán remitir copias certificadas legibles y completas de todas y cada una de las constancias que obren en su poder, relacionadas con los actos reclamados. Con el apercibimiento que, de no hacerlo en el plazo indicado, se les impondrá una multa, por el importe de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 260 de la Ley de Amparo. De la audiencia incidental Se señalan las DOCE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia incidental. Precisión de autoridades y actos reclamados Para dar cabal cumplimiento a lo anterior, se precisa que, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa reclama lo siguiente: I.- Del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos; II.- Del Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos; III.- De los Integrantes del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, lo siguiente: El acuerdo de dos de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************, mediante el cual se impone multa a la quejosa. IV.- De la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos: La ejecución de la multa impuesta mediante el citado acuerdo, a razón de un mil pesos. Negativa de la suspensión provisional Ahora bien, en atención a lo dispuesto por los artículos 128 y 138, fracción I, de la Ley de la Materia, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL respecto del acto reclamado identificado con el inciso a), toda vez que el acuerdo ya fue emitido, por ende, reviste el carácter de acto consumado contra el cual resulta improcedente conceder la providencia cautelar solicitada. Sobre el particular, tiene aplicación la Jurisprudencia número 12, de la Primera Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice 1917- 2000, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie." Efectos de la suspensión Respecto del acto reclamado precisado en el inciso b), consistente en la ejecución de la multa impuesta mediante el acuerdo de dos de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************, a razón de hasta un mil pesos, constituye un acto positivo de tracto sucesivo, susceptible de ser suspendido, pues implica que las autoridades responsables, actúen constantemente y un número ilimitado de ocasiones, ejerciendo presión fáctica sobre la situación jurídica que guarda la parte quejosa. Superado lo relativo a la naturaleza jurídica de los actos reclamados supracitados, se procede a analizar si la parte quejosa acredita su interés suspensional. Requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo, con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará siempre que la solicite la parte quejosa teniendo tal carácter, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, quien aduzca ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En ese orden de ideas, por el sólo hecho de ser parte dentro del procedimiento de origen, como así lo asevera la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, acredita el interés jurídico que tiene para que se le conceda la suspensión de que se trata. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis número XXI.4o.17 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 1460, del Tomo XX, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: "SUSPENSIÓN. SE ACREDITA EL INTERÉS JURÍDICO SI QUIEN LA SOLICITA DEMUESTRA SER PARTE EN EL PROCEDIMIENTO DEL QUE DERIVA EL ACTO RECLAMADO. Basta con demostrar ser parte demandada en el juicio natural del cual emanan los actos reclamados, para acreditar el interés jurídico que le asiste en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo, sobre todo si se trata de un juicio seguido en la vía especial hipotecaria que trae aparejada ejecución sobre el bien hipotecado, que resulta ser la base del adeudo y, por tanto, del litigio; lo anterior aunado al hecho de que la autoridad responsable admite la existencia del acto". Orden público e interés social. Por otra parte, respecto a la solicitud de la medida cautelar no se contravienen disposiciones de orden público e interés social, ya que de concederse la suspensión no se continuará el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; ni se continuará la producción o el comercio de narcóticos; ni se permitirá la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; ni se permitirá el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; ni se impedirá la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; ni se impedirá la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; ni se permitirá el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; ni se afectarán intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; ni se impedirá el pago de alimentos; ni se permitirá el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de Ley o bien se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ni se incumplirá con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de la Ley de Amparo; ni se incumplirá con las Normas Oficiales Mexicanas; ni se afectará la producción nacional; ni se impedirán o interrumpirán los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; ni se impedirá la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, finalmente, no se impedirá u obstaculizará al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el entendido de que, en términos generales, se contravienen disposiciones de orden público e interés social, cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Tal requisito, se ha dicho, está inmerso en el artículo 128 de la Ley de Amparo, específicamente en su fracción II, en tanto que el diverso numeral 129 del mismo ordenamiento prevé una serie de supuestos en los que, invariablemente, se afectará el interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, frente a los cuales, el juzgador de amparo no debe conceder dicha medida cautelar (hipótesis enunciativas); de ahí que, en los demás casos, tendrá la libertad de ponderar su otorgamiento; sin embargo, excepcionalmente podrá concederse la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos por el citado artículo si, a juicio del órgano jurisdiccional, con la negativa de la medida suspensional puede causarse mayor afectación al interés social. Concesión de la suspensión provisional En ese orden de ideas, reunidos los requisitos legales, a efecto de asegurar una tutela cautelar efectiva que preserve la materia del juicio y la cabal restitución de los derechos humanos que estima violados la parte quejosa, con fundamento en los artículos 128, 129, 131 y 147 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL para los efectos siguientes: Para que no se efectúe el cobro de la multa impuesta por acuerdo de dos de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************. Lo anterior, hasta en tanto reciba la resolución mediante la cual este juzgado determine lo relativo a la suspensión definitiva. Requisitos de efectividad de la suspensión Atento lo dispuesto por el artículo 135 de la Ley de Amparo, esta suspensión surtirá efectos "si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables". Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 148/2005, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 365, del Tomo XXII, de Diciembre de 2005, en Materia Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES. PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO, EL QUEJOSO DEBE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL ANTE LA AUTORIDAD EXACTORA O ACREDITAR HABERLO HECHO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 8/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, marzo de 1997, página 395, con el rubro: "MULTAS ADMINISTRATIVAS O NO FISCALES. PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO CONTRA LAS.", sostuvo que conforme a los artículos 124, 125 y 139 de la Ley de Amparo, para la suspensión que en su caso proceda contra el cobro de multas administrativas no fiscales debe exigirse garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causaren a algún tercero. Sin embargo, este órgano colegiado considera pertinente abandonar parcialmente tal criterio, para determinar que cuando se impugne el cobro de una multa administrativa no fiscal a través del juicio de amparo, deberá concederse la suspensión del acto reclamado siempre que se reúnan los requisitos señalados por el citado artículo 124, pero condicionada su efectividad a que el quejoso garantice el interés fiscal ante la autoridad exactora o en todo caso acredite que ya lo hizo, pues en términos de los artículos 125 y 130 de la Ley indicada, el Juez de Distrito deberá resguardar los derechos de terceros y de las propias partes, hasta donde sea posible, por lo que la garantía del interés fiscal tendrá precisamente ese efecto, tanto en la suspensión provisional como en la definitiva" También, es aplicable la Jurisprudencia 2a./J.138/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 445, del Tomo XXVIII, Octubre de 2008, en Materia Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual a la letra estatuye: "MULTAS ADMINISTRATIVAS, SON APROVECHAMIENTOS Y LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO DEBE GARANTIZARSE CONFORME AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO. El precepto en cita dispone que cuando se pida amparo contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la cual surtirá sus efectos previo depósito del total en efectivo de la cantidad a nombre de la Tesorería de la Federación o de la Entidad Federativa o Municipio correspondiente, debiendo cubrir el monto de las contribuciones, aprovechamientos, multas y accesorios que se lleguen a causar, a fin de asegurar el interés fiscal. Ahora bien, no obstante que las multas administrativas constituyen aprovechamientos, en términos de lo dispuesto en el artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación, lo cierto es que adquieren la naturaleza de créditos fiscales, exigibles por ende mediante el procedimiento administrativo de ejecución, conforme a los artículos 4o. y 145 del indicado Código, a modo tal que al solicitarse la suspensión al promoverse el juicio de amparo contra su cobro, el interés fiscal debe garantizarse como lo señala el artículo 135 de la Ley de Amparo, con excepción de los recargos que, en términos del artículo 21, párrafo noveno del Código Fiscal de la Federación, no se generan. Esta regla es la aplicable en estos casos, con independencia de lo dispuesto por otros preceptos de la Ley de Amparo que regulan formas distintas de garantía." Asimismo, tiene aplicación al caso la tesis del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, marzo de dos mil seis, página dos mil cuarenta y ocho, cuyo rubro y texto dice literalmente: "MULTAS ADMINISTRATIVAS O NO FISCALES. DADO QUE NO GENERAN RECARGOS, LA GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO, SÓLO DEBE COMPRENDER EL INTERÉS FISCAL, QUE EQUIVALE AL MONTO DE LA MULTA. En la inteligencia de que las multas por infracción a las normas administrativas federales no tienen el carácter de contribuciones, sino el de aprovechamientos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación, es dable considerar que la suspensión otorgada en un juicio de garantías contra su cobro, ha de regirse en cuanto a los requisitos de efectividad conforme a lo establecido en el artículo 125 de la Ley de Amparo, por lo que deben garantizarse los daños y perjuicios que con esa medida cautelar puedan causarse al tercero perjudicado, que en este caso sólo puede ser el Estado, ya que al ser el interesado en el cobro de la multa, es el único que podría resentirlos en caso de que el quejoso no obtenga sentencia favorable en el juicio constitucional. Además, esos daños y perjuicios sólo deben comprender el interés fiscal, equivalente al monto de la sanción impuesta, en atención a que de lo preceptuado en el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del citado código tributario federal, se desprende que las multas no fiscales no generan recargos." En el entendido de que la presente medida suspensiva no surtirá efectos si la multa ya fue ejecutada, pues en ese caso se estaría en presencia de un acto consumado, el cual es insuspendible, pues de hacerlo equivaldría a otorgarle efectos restitutorios, tampoco surtirá efectos si dicha orden emana de una ejecutoria de amparo, de diversas autoridades de las señaladas como responsables o de un acto diverso al reclamado. Esta sede constitucional hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la violación de este mandato equivale a la comisión de un delito, según dispone el precepto legal 262 de la Ley de Amparo, antisocial que, si se llegare a consumar, de inmediato serán consignadas para el ejercicio de la acción penal en su contra.noitf.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ******************** por propio derecho y en su carácter de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y otras autoridades. Registro de la demanda Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el consecutivo 1575/2023-III, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. De la personalidad de la promovente Ahora bien, con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Amparo, este juzgado reconoce la personalidad con que se ostenta la quejosa ********************, puesto que con que la copia certificada de la constancia de mayoría de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, que anexó a su escrito de demanda, acredita ser Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos. Desechamiento parcial Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 113 de la Ley de Amparo, esta sede constitucional desecha parcialmente la demanda de amparo de que se trata, respecto al acto reclamado consistente en el acuerdo de dos de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en el que se impone una multa hasta de mil pesos, tomando en consideración que la hoy quejosa manifiesta que promueve la demanda de amparo en su carácter de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 7, ambos de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado no afecta los derechos patrimoniales de la persona moral oficial que representa. El artículo 107, fracción I, de la Constitución General, dispone: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada". Del artículo transcrito se aprecia que, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, es decir, por aquel a quien el acto reclamado le ocasione un agravio personal y directo. La promoción respectiva puede hacerse por sí o a través de representante o, en los casos establecidos en la Ley de Amparo, sin embargo, de los propios preceptos se desprende claramente que el juicio de amparo es el medio jurisdiccional establecido para que los individuos puedan protegerse contra las acciones del Estado que pudieran ser lesivas de derechos fundamentales. En relación con lo anterior, debe decirse que, en esencia, los derechos humanos y las garantías para su protección pueden considerarse restricciones al poder público que salvaguardan los derechos fundamentales del individuo. De aquí se sigue que, el Estado -que actúa a través de las autoridades correspondientes- no goza de derechos humanos ni garantías y, por lo mismo, por regla general, el juicio de amparo promovido por una autoridad es improcedente. La única excepción a esta regla general es la establecida en el artículo 7 de la Ley de Amparo, conforme al cual, las personas morales oficiales pueden promover dicho juicio constitucional cuando el acto o ley que reclamen afecte sus intereses patrimoniales. La excepción de que se trata encuentra justificación en el hecho de que el Estado, por conducto de las personas morales oficiales, puede obrar con un doble carácter, a saber, como entidad pública y como persona moral de derecho privado. En el primer caso, su acción deriva del ejercicio de las facultades de que está investido como poder público, es decir, de las atribuciones que le permiten actuar desde una perspectiva de supra a subordinación con los particulares; en el segundo, obra en las mismas condiciones que éstos, es decir, actúa desprovisto de imperio y, en consecuencia, contrae obligaciones y adquiere derechos de la misma manera en que lo hacen los individuos. Es precisamente esta equiparación lo que motivó al legislador a dotar al Estado de los mismos derechos tutelares que al individuo. Ahora bien, según se aprecia de la demanda de amparo, ésta fue promovida por ******************** en su carácter de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, lo que acredita con la constancia de mayoría que agregó a su escrito inicial de demanda, en la que demostró tener el carácter de funcionaria pública. En este sentido, es claro que fue promovida por una persona moral oficial. En este orden de ideas, se precisa que el juicio se hace valer contra el acuerdo de dos de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en el que se impone una multa hasta de mil pesos. Es importante destacar que la sanción de que se trata, debe entenderse impuesta a la persona física que tiene dicho cargo, es decir, al titular del cargo público y no a la persona moral oficial u órgano de gobierno que representa. En razón de lo antes expuesto, si la sanción, en su caso, se impuso a la persona física que desempeña el cargo respectivo, es claro que ésta es la que debe cumplirla y no la dependencia de gobierno de que se trate. Sostener lo contrario implicaría despojar de toda efectividad a las sanciones, pues éstas jamás causarían un perjuicio al sujeto al que están dirigidas y, en consecuencia, éste no tendría motivo alguno para modificar la conducta que dio lugar a la imposición de tal sanción. En congruencia con lo expuesto en párrafos anteriores, puede válidamente afirmarse que las personas morales oficiales carecen de legitimación para promover juicio de amparo contra sanciones (incluso económicas) impuestas a un funcionario público. Lo anterior, porque en ese supuesto no se afectan los derechos de la persona moral oficial, pues tales sanciones deberán ser cubiertas por la persona a quien le fue impuesta en su carácter de funcionario público. Por consiguiente, el juicio de amparo que se promueva por la persona moral oficial resultará improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 7, ambos de la Ley de Amparo. Consecuentemente, toda vez que el juicio de amparo fue promovido por ******************** en su carácter de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, y el acto reclamado no le depara perjuicio alguno a la persona moral oficial, su administración o bienes del dominio público, se concreta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 7, de la Ley de Amparo. Por tanto, procede DESECHAR PARCIALMENTE LA DEMANDA DE AMPARO, respecto a la persona moral oficial que representa la aquí quejosa. Admisión de demanda En atención a su contenido, con apoyo en lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 35, 107, 108, 112 y 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda promovida por ********************, por propio derecho, respecto de las autoridades y actos siguientes: I.- Del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos; II.- Del Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos; III.- De los Integrantes del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, lo siguiente: El acuerdo de dos de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************, mediante el cual se impone multa a la parte quejosa. IV.- De la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos; La ejecución de la multa impuesta mediante el citado acuerdo, a razón de un mil pesos. Del incidente de suspensión Se ordena formar el incidente de suspensión de conformidad con los artículos 110 y 128 de la ley de la materia. Sin que sea necesaria la formación del duplicado físico del incidente referido, pues de conformidad con el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, dicho cuaderno se encuentra conformado por las constancias digitalizadas que obran en el expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Requerimiento de informes justificados De conformidad con lo previsto en los numerales 116 y 117 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables sus respectivos informes justificados, que deberán rendir dentro del término de quince días, siguiente al en que reciban el oficio en que se les solicita, y con la debida anticipación, que permita su conocimiento a la parte quejosa, es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la citada legislación, remitan copias certificadas legibles y completas de todas y cada una de las constancias que obran en su poder, relacionadas con el acto reclamado. Asimismo, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 8, 9, 23, 24, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual fue publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, se requiere a las autoridades señaladas como responsables en el presente juicio de amparo, para que de conformidad con las disposiciones precisadas clasifique la información de reservada y confidencial, que proporcionen a este órgano jurisdiccional en el momento de rendir el informe justificado correspondiente, además de comunicar tal situación para que en su caso previo análisis de la información de referencia exhibida con el informe de mérito, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo, se pueda permitir el acceso a las partes de la que se considere esencial para su defensa. Apercibidas para el caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrán una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo, en virtud de no encontrarse agravantes para apercibir con una multa mayor al monto que prevé el numeral citado. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que de rendir su informe expresando un hecho falso o negando la verdad, podrán ser sancionadas en términos del artículo 262 del cuerpo normativo en cita. De la audiencia constitucional Se señalan las ONCE HORAS CON CINCUENTA Y CUATRO MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Vista al Ministerio Público Federal Dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado, la intervención legal que le confiere el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. De la parte tercero interesada Por lo que se refiere a la parte tercero interesada, para estar en condiciones de emplazarla al presente juicio de amparo, con soporte en lo previsto en el arábigo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de la Materia, solicítese al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para que, al momento de rendir su informe justificado, indique el nombre y domicilio de las partes en el juicio del cual deriva el acto reclamado. De la Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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