Claudia Mazari Torres
Expediente 1327/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1327/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Claudia Mazari Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos relativos al juicio de amparo 1327/2023, promovido por ********************, contra el acto que se reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y otras autoridades, por considerarlo violatorio de los derechos contemplados en los artículos 14, 16, 17 y 115 Constitucionales. TRÁMITE PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoctavo Circuito, remitido el cuatro de octubre siguiente a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ********************, solicitó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, en contra de las autoridades y por los actos que se transcriben a continuación: AUTORIDADES RESPONSABLES "1.-Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. 2.- Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. 3.- Integrantes del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. 4.- Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos." ACTO RECLAMADO "Se reclama el ilegal acuerdo de fecha 25 de julio de 2023, solicitando la invalidez del mismo en consecuencia a que se funda en la aplicación de una multa señalada en el artículo 148 de la Ley Federal para los Trabajadores al Servicio del Estado" SEGUNDO. Desechamiento parcial, admisión y trámite de la demanda. Por auto de cinco de octubre de dos mil veintitrés, este juzgado de Distrito formó el expediente 1327/2023-III; se desechó la demanda promovida por ********************en su carácter de Presidenta del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, y se admitió únicamente por ********************, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Audiencia Constitucional. Seguidos los trámites de ley tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, III.CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 1°, fracción V, 49 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo previsto en el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, dado que se reclaman actos de naturaleza laboral, atribuidos a autoridades en esa materia en la jurisdicción que corresponde a este órgano constitucional. Previamente a la precisión de los actos reclamados, se destaca que conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, para la resolución del presente asunto se citan, entre otras tesis, jurisprudencias integradas conforme a la legislación de amparo abrogada, al no oponerse a lo previsto en la Ley de la Materia vigente. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de dos mil dieciséis, Tomo I, Materia, Común. Página: 705, Décima Época, Registro, 2010982 de rubro y texto: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto". SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que en el caso se reclama: I.- Del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; II.- Del Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; y, III. De los integrantes del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, lo siguiente: a).- El acuerdo de veinticinco de julio de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, en el que se le impone una multa a la parte quejosa. II.- De la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, o siguiente: La ejecución del acuerdo indicado. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir informe justificado el Presidente y Tercer Arbitro del Tribunal Estatal del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos (fojas 18 a 20), aceptó el acto que se le reclama. Apoya la decisión adoptada, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Septiembre de 2011, Tomo II, Página 830, de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Por otra parte, se debe tener como cierto el acto reclamado a la Coordinadora Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos (fojas 31 a 38), pues si bien negó el acto que se le reclama, lo cierto es que, al ser autoridad ejecutora su actuar depende de la orden que le dé el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de ahí que, que en cualquier momento puede llevar a cabo el cobro de la multa reclamada. Certeza que se corrobora con las copias certificadas que el Tribunal responsable remitió, relativas al citado expediente ********************, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que fueron expedidos por funcionario público al ejercer sus atribuciones. Cobra aplicación al respecto, la tesis I. 3º. A 145K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con número de registro digital 210315, visible en la página 385, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Octava Época, que a la letra dice: "VALOR Y ALCANCE PROBATORIOS. DISTINCION CONCEPTUAL. AUNQUE UN ELEMENTO DE CONVICCION TENGA PLENO VALOR PROBATORIO, NO NECESARIAMENTE TENDRA EL ALCANCE DE ACREDITAR LOS HECHOS QUE A TRAVES SUYO PRETENDA DEMOSTRAR EL INTERESADO. La valoración de los medios de prueba es una actividad que el juzgador puede realizar a partir de cuando menos dos enfoques; uno relacionado con el continente y el otro con el contenido, el primero de los cuales tiene como propósito definir qué autoridad formal tiene el respectivo elemento de juicio para la demostración de hechos en general. Esto se logrará al conocerse qué tipo de prueba está valorándose, pues la ley asigna a los objetos demostrativos un valor probatorio pleno o relativo, previa su clasificación en diversas especies (documentos públicos, privados, testimoniales, dictámenes periciales, etcétera. Código Federal de Procedimientos Civiles, Libro Primero, Título Cuarto), derivada de aspectos adjetivos de aquéllos, tales como su procedimiento y condiciones de elaboración, su autor y en general lo atinente a su génesis. El segundo de los enfoques en alusión está vinculado con la capacidad de la correspondiente probanza, como medio para acreditar la realización de hechos particulares, concretamente los afirmados por las partes. A través de aquél el juzgador buscará establecer cuáles hechos quedan demostrados mediante la prueba de que se trate, lo que se conseguirá al examinar el contenido de la misma, reconociéndose así su alcance probatorio. De todo lo anterior se deduce que el valor probatorio es un concepto concerniente a la autoridad formal de la probanza que corresponda, para la demostración de hechos en general, derivada de sus características de elaboración; a diferencia del alcance probatorio, que únicamente se relaciona con el contenido del elemento demostrativo correspondiente, a fin de corroborar la realización de los hechos que a tráves suyo han quedado plasmados. Ante la referida distinción conceptual, debe decirse que la circunstancia de que un medio de convicción tenga pleno valor probatorio no necesariamente conducirá a concluir que demuestra los hechos afirmados por su oferente, pues aquél resultará ineficaz en la misma medida en que lo sea su contenido; de ahí que si éste es completamente ilegible, entonces nada demuestra, sin importar a quién sea imputable tal deficiencia o aquélla de que se trate". CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de constitucionalidad de los actos reclamados, procede al análisis de las causas de improcedencia; toda vez que son de estudio oficioso y preferente a cualquier otra cuestión planteada, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo. El Tribunal responsable refiere que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que los actos reclamados no afectan el interés jurídico de la quejosa. Es infundada la causal de improcedencia. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XII.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". De las constancias remitidas por la propia autoridad, se advierte que a la quejosa le fue impuesta una multa en el juicio laboral de origen, la cual debe ser pagada por su propio peculio. Lo que resulta suficiente para tener por demostrado el interés jurídico que dice tener, pues dicha medida de apremio le afectará en su patrimonio. La Subprocuradora Fiscal de Asuntos Estatales de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, hace valer la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los artículos 5, fracción II, y 108, fracción VIII, todos de la Ley de Amparo. El argumento es infundado, en efecto, si la responsable emitió un auto en el cual impuso a la parte quejosa una multa por la suma de ********************, es claro que su actuar afecta la esfera jurídica de derechos de la peticionaria, pues la obliga a realizar un pago por concepto de desacato afectando materialmente sus derechos sustantivos, de ahí que la emisora del acto se constituye en autoridad para efectos del amparo y la ejecución del referido acto le causa un perjuicio de modo irreparable. Finalmente respecto a la prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo, que refieren a la omisión de realizar conceptos de violación. Es infundado el planteamiento, pues la parte quejosa en la demanda estableció los motivos de disenso que sostienen su postura, contra la legalidad del acto reclamado, de ahí que no le asista razón a dicha autoridad. En la especie, este órgano de control constitucional no advierte la existencia de alguna causa de improcedencia, ni que las partes la hubieran alegado, lo cual impone el análisis del fondo del asunto. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Para una mejor comprensión del asunto, se relacionan los antecedentes directos de la resolución reclamada, los cuales se obtienen de las actuaciones atinentes al juicio laboral ********************, exhibidas por la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos: 1. El cinco de enero de dos mil veintitrés, el Tribunal responsable dictó acuerdo de requerimiento de pago, en acatamiento al laudo dictado el nueve de enero de dos mil diecisiete, en el que apercibió a la Presidenta Municipal de Puente de Ixtla, Morelos, que de no dar cumplimiento al mismo, procedería a imponerle una multa de hasta mil pesos, de conformidad con el artículo 148 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (foja 1 y 2 del tomo de pruebas). 2. El Auxiliar Dictaminador en funciones de Actuario adscrito al Tribunal responsable, el veinticuatro de febrero del año en curso (foja 28 del tomo de pruebas), notificó a la aquí quejosa en su carácter de funcionaria pública, el acuerdo de cinco de enero pasado y posteriormente en diligencia de dos de mayo de dos mil veintitrés, se constituyó en las oficinas de la Presidencia del Ayuntamiento de puente de Ixtla, Morelos, donde fue atendida por ********************, quien dijo ser auxiliar, por lo que, una vez que se hizo el requerimiento correspondiente, no se realizó el pago, lo cual fue precisado por dicho fedatario (fojas 33 y 34 del tomo de pruebas). 3. Por resolución de veinticinco de julio de dos mil veintitrés, el Tribunal responsable declaró procedente la aplicación de la sanción decretada en auto de cinco de enero del año en curso, consistente en una multa por la suma de ********************, conforme a lo previsto en el artículo 148 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos (fojas 37 y 38 del tomo de pruebas). Determinación que constituye el acto reclamado en este juicio. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa expresó vía conceptos de violación en esencia, que la resolución reclamada resulta ilegal por lo siguiente: - Si bien el artículo 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, dispone la supletoriedad de la Ley Federal para los Trabajadores del Estado, ello solo es por cuanto a las situaciones no previstas en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, lo que en el caso no acontece, pues las sanciones por incumplir el laudo se encuentran dispuestas en el artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, de ahí que no opere la supletoriedad de la norma, y el artículo 148 de la ley burocrática federal no sea sustento legal de las multas aplicadas. El concepto de violación resulta infundado. Con relación al tema de supletoriedad de la ley, es necesario citar lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 19/2006, en sesión del treinta de agosto de dos mil seis, que en la parte que aquí interesa dice: "(.) De acuerdo con el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, editorial Porrúa, México, 1994, el concepto de ley supletoria está referido a la aplicación supletoria o complementaria de una ley respecto de otra. "La supletoriedad sólo se aplica para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones en forma tal que se integren con principios generales contenidos en otras leyes. Cuando la referencia de una ley a otra es expresa, debe entenderse que la aplicación de las supletorias se hará en los supuestos no contemplados por la primera ley y que la complementará ante posibles omisiones o para la interpretación de sus disposiciones. La supletoriedad en la legislación es una cuestión de aplicación para dar debida coherencia al sistema jurídico. El mecanismo de supletoriedad se observa generalmente de leyes de contenido especializado con relación a las leyes de contenido general. El carácter supletorio de la ley resulta, en consecuencia, una integración y reenvío de una ley especializada a otros textos legislativos generales que fijen los principios aplicables a la regulación de la ley suplida. La supletoriedad implica un principio de economía e integración legislativa para evitar la reiteración de tales principios por una parte, así como la posibilidad de consagración de los preceptos especiales en la ley suplida." En relación con la aplicación supletoria de normas, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos criterios jurisprudenciales y aislados sostuvo que tal supletoriedad sólo opera tratándose de omisiones o vacíos legislativos, al tenor de las tesis cuyos textos y datos de identificación, son del tenor siguiente: "LEYES. APLICACIÓN SUPLETORIA. Para que un ordenamiento legal pueda ser aplicado supletoriamente, es necesario que en principio exista establecida la institución cuya reglamentación se trata de completar por medio de esa aplicación supletoria." (Tesis sin número, de la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 42 del Tomo XXVII- Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época). "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES PROCESALES. PRINCIPIOS QUE LA RIGEN. La aplicación de las leyes supletorias sólo tienen lugar en aquellas cuestiones procesales que, comprendidas en la ley que suplen, se encuentren carentes de reglamentación o deficientemente reglamentadas". (Tesis sin número del Pleno de este Alto Tribunal, consultable en la página 157 del Tomo 121-126 Primera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época). "SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES A LA LEY DE AMPARO. REQUISITOS. Dos son los requisitos necesarios para poder aplicar como ley supletoria de la de Amparo, el Código Federal de Procedimientos Civiles: a) Que la Ley de Amparo contemple la institución respecto de la cual se pretenda la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, y b) Que la institución comprendida en la Ley de Amparo no tenga reglamentación o bien, que conteniéndola sea deficiente". (Tesis sin número del Pleno de este Alto Tribunal, consultable en la página 157 del Tomo 121-126 Primera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época) Estas tesis refieren que la aplicación supletoria de normas opera sólo cuando la Ley a suplir prevé la institución o la cuestión procesal que se pretende complementar, pero la regula de manera deficiente o no la desarrolla. Sin embargo, el anterior criterio fue ampliado al establecerse la posibilidad de que la aplicación supletoria de un ordenamiento legal proceda no sólo respecto de instituciones contempladas en la ley a suplir, que no estén reglamentadas, o bien, las regule en forma deficiente, sino también en el caso de cuestiones jurídicas no establecidas en tal ley, a condición de que, sea indispensable para el juzgador acudir a tal supletoriedad para solucionar el conflicto que se le plantea y de que no esté en contradicción con el conjunto de normas cuyas lagunas debe llenar, sino que sea congruente con los principios contenidos en las mismas, tal como deriva de la siguiente tesis: "Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: II, Agosto de 1995 Tesis: 2a. LXXII/95 Página: 279 AMPARO. SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. La aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles que en materia de amparo establece el numeral 2o. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales procede no sólo respecto de instituciones comprendidas en la Ley de Amparo que no tengan reglamentación o que, conteniéndola, sea insuficiente, sino también en relación a instituciones que no estén previstas en ella cuando las mismas sean indispensables al juzgador para solucionar el conflicto que se le plantee y siempre que no esté en contradicción con el conjunto de normas legales cuyas lagunas deban llenar, sino que sea congruente con los principios del proceso de amparo." "Aclaración de sentencia en el amparo en revisión 396/94. José Luz Hernández Cruz. 7 de julio de 1995. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Neófito López Ramos." En estas condiciones, los requisitos que deben satisfacerse para estimar procedente la aplicación supletoria de normas, son los siguientes: a). Que el ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente. b). Que la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que se pretende aplicar supletoriamente, o aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule de manera deficiente. c). Que esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir. d). Que las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen de manera específica la institución o cuestión jurídica de que se trate." Lo expresado en la ejecutoria en cuestión, fue reflejado en la tesis 2a./J. 34/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, página 1065 Décima Época, número de registro 2003161, de rubro y texto siguientes: "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE. La aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes. Así, para que opere la supletoriedad es necesario que: a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate." De la ejecutoria y criterio transcritos se desprende que para que opere la figura de la supletoriedad deben reunirse ciertos requisitos, a saber, que: a) La ley a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando el ordenamiento legal que puede aplicarse supletoriamente. b) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente, o estableciéndolas no las desarrolle o las regule deficientemente. c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir. d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate. Es importante hacer alusión que el juicio burocrático de origen se encuentra en fase de ejecución de laudo, y en el particular la quejosa se duele del auto de veinticinco de julio de dos mil veintitrés, por el cual el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, determinó imponerle una multa de mil pesos prevista en el artículo 148 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, aplicada supletoriamente a la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos, de conformidad con el artículo 11 de esta última. Atento a lo anterior, se debe verificar si se cumple o no con los requisitos establecidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que opere la supletoriedad de las leyes, los cuales quedaron detallados en líneas precedentes. Se encuentra colmado el requisito contemplado en el inciso a), pues el artículo 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos prevé específicamente que en los casos no previstos en dicha ley se resolverá lo conducente de acuerdo a Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley Federal del Trabajo, las leyes del orden común, la costumbre, el uso, los principios generales de derecho y la equidad, tal como lo revela la siguiente transcripción: "Artículo 11. Los casos no previstos en esta Ley o en sus reglamentos, se resolverán de acuerdo con las disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 Constitucional, aplicada supletoriamente, y, en su defecto, por lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, las Leyes del orden común, la costumbre, el uso, los principios generales del derecho y la equidad." Con relación con lo anterior, es factible afirmar que, además de lo establecido en la legislación burocrática, en los casos no previstos, debe aplicarse de manera supletoria la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 Constitucional y, en su defecto, la Ley Federal del Trabajo. El requisito contemplado en el inciso b) se encuentra satisfecho, pues si bien la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en su artículo 124 dispone de medidas de apremio concebidas para lograr la ejecución del laudo, como son la multa y la destitución del infractor, como enseguida se advierte: "Artículo 124.- Las infracciones a la presente Ley que no tengan establecida otra sanción y la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, se castigarán: I.- Con multa hasta de 15 salarios mínimos; y II.- Con destitución del infractor sin responsabilidad para el Gobierno del Estado o de los Municipios. Estas sanciones serán impuestas en su caso, por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.". Constituye un hecho notorio para este juzgado en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2, el juicio de amparo ********************, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, el cual fue promovido por la aquí quejosa en contra de actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, resolución que se encuentra firme, y en la cual se concedió el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que dicha autoridad realice lo siguiente: "El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos deberá desincorporar de la esfera jurídica de ********************el artículo 124, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del estado de Morelos, publicado el seis de septiembre del dos mil; es decir, no deberá aplicársele dicha norma legal en el presente y el futuro. [.]" Por ende, dada la imposibilidad de aplicar dicha medida de apremio estimó aplicar de manera supletoria lo dispuesto por el artículo 148 de la Ley Federal para los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 Constitucional, el cual se encuentra dentro del "Título Octavo De los medios de Apremio y de la Ejecución de los Laudos", lo cual se considera acertado. En ese sentido, tomando en consideración que a quien se dirige el apercibimiento de multa que a la postre dio lugar al acto reclamado, le fue desincorporado de su esfera jurídica la aplicación del artículo 124, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en razón del amparo concedido en el juicio biinstancial ********************, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, resulta inconcuso de que la responsable no puede aplicar la sanción ahí prevista. También debe ponderarse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 253/2016, realizó la interpretación del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, conforme con el artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos: ".La disposición transcrita, interpretada conforme a la Constitución Federal, en concreto, al artículo 115, fracción I, así como el artículo 41 de la Constitución del Estado de Morelos y 178, 181 y 182 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, permite considerar que la palabra 'infractor' no incluye a los miembros de los ayuntamientos, pues de lo contrario se estaría transgrediendo el Texto Supremo, al estimarse facultado al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para revocar de facto el mandato a uno de sus miembros, olvidando que el citado artículo 115 señala con toda claridad que únicamente las Legislaturas locales, 'por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacerlos (sic) alegatos que a su juicio convengan'. Esto es, si el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos no se interpreta conforme a la Constitución Federal, se incurre en un acto contrario a ésta, tal como ocurrió en la especie, pues el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje consideró que estaba en aptitud de destituir a un integrante del ayuntamiento, revocando de facto el mandato otorgado a éste, no obstante que la Ley Fundamental, así como los preceptos de la Constitución del Estado de Morelos y Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos citados con antelación, sólo permiten que sea el Congreso del Estado quien determine tal destitución cumpliendo con los requisitos que la propia disposición suprema exige para afectar la integración de un municipio, impidiendo así que sea dicho Congreso el que califique, mediante el procedimiento correspondiente y cumpliendo con las exigencias constitucionales y legales, si la falta cometida constituye una causa grave que amerite la destitución de alguno de los integrantes del ayuntamiento.". La reproducción anterior pone de manifiesto que el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que prevé que la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje se castigará con destitución del infractor sin responsabilidad para el Gobierno del Estado o de los Municipios, debe interpretarse en el sentido de que la palabra "infractor" no incluye a los miembros de los ayuntamientos, esto es, al presidente municipal, regidores y síndicos. Con base a lo anterior, debe considerarse que el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos no es aplicable a la hoy promovente de amparo, en su calidad de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, esto es, como miembro del ayuntamiento de dicho Municipio. En este sentido, resulta inconcuso que en el caso, la autoridad responsable no puede aplicar a la promovente de amparo alguna de las infracciones que establece el artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, lo que da lugar a tener colmado el requisito marcado con el inciso b). El requisito marcado con el inciso c) se encuentra satisfecho, pues en el particular, la imposibilidad de la responsable de imponer alguna de las medidas de apremio dispuestas en el artículo 124, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, supone un vacío legal que hace necesaria la aplicación supletoria de la norma para solucionar el problema jurídico, pues de no ser así, los requerimientos tendentes a lograr la ejecución del laudo se tornarían ineficaces aún ante la actitud contumaz de la autoridad sentenciada, por ende, es patente que el Tribunal responsable debe acudir a otras medidas previstas como lo es, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la cual resulta supletoria en términos del artículo 11 de la ley burocrática local. De no ser así, se contravendría el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual prevé el derecho humano a la tutela jurisdiccional y acoge el principio de ejecutoriedad de las sentencias, de ahí que las leyes locales y federales deban establecer los medios necesarios para garantizar su cumplimiento. En ese orden de ideas, se debe decir que también se cumple lo dispuesto en el inciso d), pues las normas aplicables supletoriamente no contrarían el ordenamiento legal a suplir. Lo anterior es así, pues como quedó precisado, el artículo 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos establece que en los casos no previstos en la Ley o sus reglamentos, se resolverá de acuerdo a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y, en su defecto, de la Ley Federal del Trabajo, las leyes del orden común, la costumbre, el uso, los principios generales del derecho y la equidad. Ahora bien, ni la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, ni su reglamento, prevén un procedimiento de ejecución de laudo, por tanto, conforme al orden supletorio descrito en el aludido artículo 11, es el procedimiento de ejecución previsto en los artículos 150 y 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el que supletoriamente debe seguirse para su ejecución. Apoya lo anterior la tesis XVIII.1o.1 L (10a.)10, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 3, página 1859, con registro 2002143, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE LAUDO EN EL JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO DEL ESTADO DE MORELOS. ANTE LA NO PREVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO PARA LLEVARLO A CABO, ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE EL PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 150 Y 151 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. El artículo 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos establece: "Los casos no previstos en esta ley o en sus reglamentos, se resolverán de acuerdo con las disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, aplicada supletoriamente, y, en su defecto, por lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, las leyes del orden común, la costumbre, el uso, los principios generales del derecho y la equidad.". Ahora bien, la referida ley en sus artículos 123 y 124, fracciones I y II, estatuye que las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de dicha entidad se cumplirán desde luego por la autoridad correspondiente, y la desobediencia a sus fallos se castigará con multa de hasta 15 salarios mínimos y con destitución del infractor; esto implica que dicho ordenamiento faculta al referido tribunal para hacer cumplir o ejecutar sus resoluciones, así como utilizar los medios de apremio; pero no establece el procedimiento a seguir e, incluso, los artículos 12, fracciones II y XVI y 13, fracción X, de su reglamento interior no lo contemplan. Consecuentemente, conforme al orden supletorio descrito en el aludido artículo 11, es el procedimiento de ejecución previsto en los artículos 150 y 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el que supletoriamente debe seguirse para la ejecución de un laudo." Los artículos 150 y 151 de la legislación burocrática federal mencionada son del tenor siguiente: "Artículo 150.- El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. Artículo 151.- Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola da que, de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en el capítulo anterior." El artículo 151 en cita dispone que en caso de no lograr la ejecución se proceda en términos del "capítulo anterior", el cual es relativo a "los medios de apremio y Ejecución de Laudos", en cuyo numeral 148 se dispone lo siguiente: "Artículo 148.- El Tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer multas hasta de mil pesos." Expuesto lo anterior, resulta evidente que la norma aplicable no contraría el ordenamiento aplicable a suplir, por el contrario es congruente y complementaria de ésta. Lo reseñado corrobora que en el particular, se encuentran colmados los requisitos necesarios para la aplicación de la norma supletoria de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Además, sobre la tutela jurisdiccional efectiva, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión ********************, reiteró su criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, donde indicó que la aludida tutela comprende los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. Luego, consideró que, dentro del principio de justicia completa, es válido incluir el derecho a que las sentencias dictadas se ejecuten plena y cabalmente, ya que de otra manera no es posible entender que exista completitud en el fallo pronunciado si no se ejecuta y materializa en los hechos. Lo anterior se vio reflejado en la tesis 2a. XXI/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2019663, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 65, Abril de 2019, Tomo II, página 1343, de rubro y texto siguientes: "DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE JUSTICIA COMPLETA RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, determinó que el derecho a la tutela judicial efectiva consagra los siguientes principios: 1) de justicia pronta; 2) de justicia completa; 3) de justicia imparcial; y 4) de justicia gratuita. Ahora, si el citado derecho está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, solo materialmente jurisdiccionales. En ese contexto, es factible concluir que dentro del principio de justicia completa, se puede incardinar el derecho a que las sentencias dictadas se ejecuten plena y cabalmente, ya que de otra manera no es posible entender que exista completitud en el fallo pronunciado si no se ejecuta y materializa en los hechos, tal y como lo determinó previamente el órgano jurisdiccional correspondiente." Por su parte, la Primera Sala del Alto Tribunal del País, en el amparo en revisión ********************, reconoció que una de las etapas que comprende el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, es la posterior al juicio -ejecución- que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél. Sobre la etapa de ejecución, trajo a cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado jurisprudencialmente el deber de los Estado de garantizar los medios para ejecutar los recursos judiciales en sede interna, pues "la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia" sino que se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. En ese entendido, la efectividad de las sentencias depende de su ejecución, ya que una resolución con carácter de cosa juzgada otorga certeza sobre el derecho o controversia discutida y, por ende, tiene como uno de sus efectos la obligatoriedad o necesidad de cumplimiento. Apoya lo anterior la tesis 1a. CCXXXIX/2018 (10a.), de la Primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 284, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, de la Gaceta del semanario Judicial de la Federación, de registro 2018637, de rubro y texto siguientes: "DERECHO A LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, COMO PARTE DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. En el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el cual comprende tres etapas, a las que corresponden determinados derechos: (i) una previa al juicio, a la que corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción; (ii) una judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y (iii) una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél. Ahora bien, el derecho a la ejecución de sentencias, como parte de la última etapa, es relevante por su instrumentalidad para que la justicia administrada se convierta en una realidad, evitando que las sentencias se tornen ilusorias o terminen por negar al derecho que se había reconocido. Lo anterior se advierte en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Baena Ricardo y otros Vs. Panamá, y Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú, en los que se consideró que "la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia", sino que se requiere, además, que el Estado consagre normativamente recursos para ejecutar esas decisiones definitivas y garantice la efectividad de esos medios. Posteriormente en los casos Acevedo Buendía y otros (Cesantes y Jubilados de la Contraloría) Vs. Perú, Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, Furlan y Familiares Vs. Argentina, y del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos agregó que "la efectividad de las sentencias depende de su ejecución", de modo que ésta se establece como un componente fundamental de la protección efectiva de los derechos declarados o reconocidos." De ahí, que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva incluya que las sentencias dictadas se ejecuten plena y cabalmente, ya que de otra manera las resoluciones se tornarían ilusorias y terminarían por negar el derecho reconocido; por lo que la autoridad debe recurrir a los medios legales con los que cuenta para velar por la salvaguarda del aludido derecho. Por las consideraciones expuestas y ante lo infundado de los conceptos de violación debe negarse el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado a la autoridad hacendaria señalada como responsable, pues su ilegalidad la hace depender del acto reclamado al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Sustenta la consideración que antecede la tesis aislada sin número con registro 207616, de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Octava Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación. Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988, página 357, que dice: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada." Semejantes consideraciones sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito en la ejecutoria emitida en el amparo en revisión ********************. SÉPTIMO. Publicación de la sentencia con supresión de datos personales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, Base A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los numerales 1, 3, 11, fracción VI, 16, 68, 110, 113, y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos preceptos 1, 3, fracciones IX y X del decreto por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicados en el Diario Oficial de la Federación nueve de mayo de dos mil dieciséis y el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, respectivamente, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión publica protegiendo los datos considerados sensibles, confidenciales o reservados. III. DECISIÓN Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 73 a 76 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ******************** respecto de las autoridades y actos precisados en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en el diverso sexto. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a trece de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio signado por el Presidente y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de treinta y uno de octubre del año en curso, remitiendo las constancias ahí solicitadas; por lo cual, se deja sin efectos el apercibimiento formulado en su contra. Por tanto, conforme a lo establecido en los numerales 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas documentales que adjunta, las que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza. Asimismo, se ordena formar un tomo de pruebas, con las documentales que fueron anexadas al oficio antes citado. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Cuarto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, mediante el cual, en atención al requerimiento realizado por auto de dieciséis de octubre de octubre del año en curso, remite copia certificada del oficio DOF/EVAL/10856/2023, de diez de octubre de dos mil veintitrés, signado por la Directora del Departamento de Orientación Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el cual, remitió el dictamen en materia de psicología, correspondientes a los ciudadanos ******************** y ********************, así como del adolecente de iniciales ********************, mismo que fue elaborado y ratificado por el psicólogo ********************.****************************************Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante oficio 1366, recibido el seis de junio de dos mil veintitrés, la autoridad responsable Juez Cuarto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, remitió copia certificada del auto de cinco de junio del año en curso, dictado en el expediente ********************, y su acumulado ********************, en el que refirió que a efecto de garantizar el derecho del adolecente, y priorizar de manera inmediata su estado emocional, ordenó platicas de sensibilización y evaluaciones psicológicas, para determinar cuál de los dos progenitores se encuentra apto para ejercer la guarda y custodia.****************************************Por consiguiente, y toda vez que la concesión de amparo fue otorgada para los siguientes efectos.****************************************"I. Deje sin efectos el acuerdo dictado en la audiencia de catorce de julio de dos mil veintidós, emitido en el expediente ********************, y su acumulado ********************, en el que se decretó el cambio de guarda y custodia del menor de iniciales ********************, a favor de su progenitor ********************II. Dicte otra determinación, en la que analizando en su integridad las constancias que obran en los autos, deberá fundar y motivar la pertinencia sobre el cambio de la guarda y custodia del menor de iniciales ********************, expresando con claridad y exhaustividad las razones que sustentan su decisión, lo que implica establecer los elementos que tome en consideración para determinar qué resulta más benéfico para el adolescente".****************************************Con fundamento en el numeral 192, de la Ley de Amparo, requiérase a la Juez Cuarto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, para que dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir del momento en que quede legalmente notificada de este auto, dé debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo.****************************************Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así, se le impondrá como medida de apremio una multa por el equivalente a CIEN Unidades de Medida y Actualización, esto en observancia a lo establecido por el diverso numeral 258 de la Ley de Amparo en vigor. Notifíquese.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, a once de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el informe previo rendido por el Presidente y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; por tal motivo, con fundamento en los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe, para que se imponga de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga.****************************************De igual forma, con apoyo en los numerales 9 y 26, fracción II, de la ley en cita, se tiene como sus delegados a las personas que menciona, y por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio que indica, siempre y cuando corresponda al de su residencia oficial.****************************************Por otra parte, se tiene por señalada la cuenta de correo electrónico y los números telefónicos que precisa, como forma especial de contacto para entablar comunicaciones no procesales, los cual podrán ser utilizados por los actuarios de la adscripción para establecer contacto, en caso de que lo estimen necesario, siempre y cuando levanten razón de ello. Notifíquese.
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