Claudia Marina Ortiz Maldonado
Expediente 96/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 96/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 15/05/2023
Partes del expediente
- Claudia Marina Ortiz Maldonado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Tijuana, Baja California, a quince de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y advirtiéndose que la parte quejosa ni su autorizado, interpusieron dentro del plazo legal recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada el doce de abril de dos mil veintitrés, en la cual se negó el amparo y protección de la Justicia Federal; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria. En otro aspecto, al advertirse que no obran documentos originales, billete de depósito ni póliza de fianza exhibidos por las partes, que no existen diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, téngase este asunto como totalmente concluido y envíese el expediente al archivo. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos 18, párrafos segundo, tercero y cuarto; 25, párrafo segundo; y, 27, todos del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Acuerdo General mencionado. En diverso tenor, se advierte que obran en autos dos tomos de pruebas formados con motivo de la remisión de los autos originales del toca civil ********************del índice de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, en un tomo; así como los autos originales del juicio sumario de desahucio ********************del índice del Juzgado Segundo Civil del Partido Judicial de Tijuana, en un tomo, los cuales fueron enviados como apoyo al informe justificado rendido por las autoridades responsables Magistrados integrantes de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad. En atención a lo expuesto, y tomando en consideración que el presente juicio de amparo se encuentra totalmente concluido, ya no es necesaria su conservación y retención, por lo que devuélvanse a la autoridad judicial en cita los tomos de prueba en mención. Sin que se estime necesario requerir acuse de recibo, ya que fungirá como tal, el comprobante de entrega del oficio que se envíe para tal efecto. Notifíquese.
- Principal
Sentencia Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo 96/2023-G, promovido por Claudia Marina Ortiz Maldonado, contra actos de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California; y, R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinte de septiembre de dos mil veintidós, en la oficialía de partes del Poder Judicial del Estado de Baja California, Claudia Marina Ortiz Maldonado, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal, contra el acto y autoridad que a continuación se precisan: - Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California. "IV.- ACTO RECLAMADO. A).- Reclamo la Sentencia Definitiva dictada en los autos del toca civil número 857/2022 publicada en Boletín Judicial de fecha 31 de agosto de 202 (¨EN LO QUE TOCA AL RESPECTO DE LA MULTA IMPUESTA DE MANERA DESPROPORCIONAL E INEQUITATIVA EN DICHA SENTENCIA RECLAMADA¨), sentencia dictada por la autoridad responsable relativa a la incompetencia que hice valer por declinatoria promovida ante el Juez Segundo de lo Civil de Tijuana, B.C. en los autos del expediente 1028/2021, respecto del juicio sumario de desahucio promovido por PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MUSA, S.A. DE C.V. como parte actora, en contra de la suscrita como demandada CLAUDIA MARINA ORTIZ MALDONADO." Segundo. Derechos humanos cuya violación se reclama. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales constitucionales vulnerados, los consagrados en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo, narró en la demanda que dio origen al presente juicio, los antecedentes de los actos que reclama, y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. Tercero. Admisión y trámite. Este órgano de control constitucional en acuerdo de siete de febrero de dos mil veintitrés, tuvo por recibido el oficio 58/2023-P3, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, al que adjuntó testimonio autorizado de la resolución emitida en la sesión pública ordinaria de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, en el amparo directo civil 706/2022 del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito en esta ciudad, en la que se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Claudia Marina Ortiz Maldonado, contra la resolución de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, en el toca civil 857/2022. En esa misma fecha, se ordenó el registro de la demanda con el número 96/2023, este juzgado aceptó la competencia planteada, se avocó al conocimiento del asunto, admitió a trámite la demanda, convalidó las actuaciones realizadas en el juicio de amparo directo civil 706/2022 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, dio la intervención al agente del Ministerio Público de la Federación, ordenó la notificación a las partes, así como el emplazamiento de la moral tercero interesada Proyectos y Contracciones Musa, Sociedad Anónima de Capital Variable, y señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que previo diferimiento, se celebró en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para resolver el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, 2, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; precepto 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, en los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil veintitrés, por tratarse de una resolución interlocutoria emitida en un juicio en materia civil, cuya ejecución tiene lugar en esta ciudad, esto es, en la demarcación en la que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar que los actos reclamados consistente en: La sentencia de veintinueve de agosto de dos mil veintidós dictada en el toca civil 857/2022 del índice de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California. Tercero. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos a la autoridad responsable Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, ya que así lo manifestó al rendir el informe justificado que le fue requerido. Apoya lo anterior la Jurisprudencia 749, con número de registro 1002815, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Certeza que además se corrobora, con copia certificada de las constancias que integran el toca civil 857/2022, y que fueron enviadas como apoyo al informe justificado. Documentales que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 133, 197, 202 y 203, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Apoya a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones carácter los testimonios y certificaciones expedidos por y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente, por lo que el análisis de las causales de improcedencia debe realizarse lo aleguen o no las partes, conforme a lo previsto en el artículo 62, de la Ley de Amparo, así como en la Jurisprudencia II. 1o. J/5, registro 222780, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación Tomo VII, mayo de 1991, Octava Época, página 95; de rubro "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." En el caso, la parte tercero interesada Proyectos y Contracciones Musa, Sociedad Anónima de Capital Variable, refiere que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción IV del numeral 63 de la Ley de Amparo, dicho precepto legal dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y ." Indicó, que el acto reclamado es inexistente en atención a que la quejosa reclama la multa impuesta en resolución de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, en el toca civil 857/2022, ya que en esa resolución no se impuso la medida de apremio. Lo así planteado, se encuentra íntimamente relacionado con el fondo del asunto, porque la sentencia de veintinueve de agosto de dos mil veintidós dictada en el toca civil 857/2022 del índice de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, es existente, en tanto lo relativo a la multa que -dice- se le impuso, será materia del estudio de los conceptos de violación que en ella formuló. Aspectos cuyo estudio debe determinarse en esta sentencia; por tanto, se desestima la causa referida. Se invoca al respecto la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XV, enero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 187973, del tenor siguiente "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse" Luego, al no advertir que las partes hubiesen formulado alguna otra causa de improcedencia y tampoco de oficio se aprecia que ésta se haga patente, procede abordar el estudio de los conceptos de violación que formuló la parte quejosa y que estimó transgredían sus garantías individuales. Quinto. Suplencia de la queja. En el caso concreto, no es procedente la suplencia de la queja, ya que no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 79 de la Ley de Amparo, aunado a que el acto reclamado deriva de un procedimiento en materia civil -juicio sumario de desahucio- seguido en forma de juicio en el cual, la quejosa es la parte demandada. Es aplicable al caso, el criterio expuesto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 123, del número IV, Primera Parte, de julio a diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación que establece: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE ÚNICAMENTE ANTE UNA VIOLACIÓN MANIFIESTA DE LA LEY. Para efectos de la suplencia de la queja deficiente, prevista en la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, que se refiere implícitamente a las materias civil y administrativa, debe establecerse que sólo procede ante una violación manifiesta de la ley, que es la que se advierte en forma clara y patente, que resulta obvia, que es innegable e indiscutible, y cuya existencia no puede derivarse de una serie de razonamientos y planteamientos cuestionables." Sexto. Estudio del fondo del asunto. Lo procedente es analizar el fondo el asunto, al tenor de los conceptos de violación que hace valer la peticionaria, lo cuales se contienen glosados a este expediente y se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias. En su único concepto de violación, la parte quejosa, refiere que la autoridad responsable no fundó ni motivó debidamente su determinación ya que le impuso una multa por el monto máximo permitido por la ley, lo cual resulta ser una medida de apremio excesiva y desproporcionada a sus posibilidades económicas. Dicho concepto de violación, resulta inoperante por las consideraciones siguientes: En efecto, nuestro más Alto Tribunal de la Nación ha sustentado la tesis de lo innecesario que resulta formular los conceptos de violación como verdaderos silogismos jurídicos, para en la actualidad arribar a la reflexión de lo suficiente que resulta que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, en el entendido que debe señalarse, cuál es la lesión o agravio que la parte solicitante del amparo estima que le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese menoscabo, para que el juez de control constitucional se encuentre en la obligación de estudiarlo. Lo anterior, como se observa de la Jurisprudencia 2a./J. 63/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, septiembre de 1998, materia común, página 323, que a la letra dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.- Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona el criterio formalista sustentado por la anterior Tercera Sala de este Alto Tribunal, contenido en la tesis de jurisprudencia número 3a./J. 6/94, que en la compilación de 1995, Tomo VI, se localiza en la página 116, bajo el número 172, cuyo rubro es 'CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICO JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.', en la que, en lo fundamental, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación radican en que, por una parte, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales no exige, en sus artículos 116 y 166, como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo." Sin embargo, dicha jurisprudencia debe entenderse en el sentido de que la anterior conclusión únicamente exime al quejoso de seguir determinado formalismo al plantear los agravios o conceptos de violación correspondientes, pero no de controvertir el cúmulo de consideraciones que por su estructura lógica sustentan la resolución recurrida, o, en su caso, las circunstancias de hecho que afectan la validez de esta última, como lo refrendó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la diversa Jurisprudencia que se invoca enseguida. "AGRAVIOS EN RECURSOS INTERPUESTOS DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE SE ESTUDIEN BASTA CON EXPRESAR EN EL ESCRITO RELATIVO, RESPECTO DE LAS CONSIDERACIONES QUE SE CONTROVIERTEN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, LA CAUSA DE PEDIR.- Tomando en cuenta lo dispuesto en la tesis jurisprudencial 2a./J. 63/98, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, septiembre de 1998, página 323, cuyo rubro es 'CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.', esta Suprema Corte de Justicia arriba a la conclusión de que los agravios que se hagan valer dentro de los recursos que prevé la Ley de Amparo no necesitan cumplir con formalidades rígidas y solemnes, ya que, por una parte, los diversos preceptos de este ordenamiento que regulan los referidos medios de defensa no exigen requisitos para su formulación y, por otra, el escrito a través del cual se hagan valer éstos debe examinarse en su conjunto, por lo que será suficiente que en alguna parte de éste se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que las respectivas consideraciones le provocan, así como los motivos que generan esta afectación, para que el órgano revisor deba analizarlos; debiendo precisarse que esta conclusión únicamente exime al recurrente de seguir determinado formalismo al plantear los agravios correspondientes, mas no de controvertir el cúmulo de consideraciones que por su estructura lógica sustentan la resolución recurrida, o, en su caso, las circunstancias de hecho que afectan la validez de esta última." Acorde con el apuntado criterio obligatorio del Tribunal Pleno y con el principio procesal relativo a que las partes exponen los hechos y el juzgador aplica el derecho, se concluye que en los casos como el de la especie, en los cuales no debe suplirse la queja deficiente, la parte quejosa tiene la carga procesal mínima de señalar la lesión y expresar en los conceptos de violación cuál fue el argumento ilegal tomado en cuenta por el juzgador, aspecto que sería suficiente, de ser atinado, para demostrar racionalmente la infracción alegada. Es decir, el atender argumentos conforme a la causa de pedir, exige como única condición que se indique el perjuicio causado, que no se introduzcan planteamientos que rebasen lo pedido, que se realicen afirmaciones sin sustento alguno o conclusiones no demostradas y que no impliquen claramente suplir una deficiencia argumentativa. Sentadas las premisas anteriores, hay que puntualizar que el motivo de disenso resulta inoperante, cuando la impetrante no debate las elucidaciones vertidas por la autoridad judicial al resolver en determinado sentido, y realizar afirmaciones sin sustento alguno o conclusiones no demostradas. Expuesto lo anterior, se tiene que la sala responsable, en la determinación combatida, en la parte conducente, refirió: "Así pues, en los puntos resolutivos del presente fallo, deberá declarase competente para continuar con el conocimiento de la presente contienda, al Juez Segundo de lo Civil, del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, debiendo declarase infundada la excepción de mérito, debiendo continuar la misma, en el conocimiento del juicio; sin que se imponga multa al excepcionante, por considerarse una traba innecesaria entre el gobernado y los Tribunales para acceder a plantear su derecho a la oponer las defensas que considera se actualizan a su favor y con ello restringir el derecho fundamental de pedir justicia (.)" Hasta aquí lo razonado por la sala responsable. Bien, la solicitante del amparo, a través de su motivo de inconformidad reseñado con antelación, pretende demostrar que la Sala responsable con la imposición de una multa, viola los artículos 14 y 16 Constitucionales. Sin embargo la peticionaria, realiza una afirmación sin sustento alguno y por ende arriba a una conclusión no demostrada, porque como se advierte de la transcripción anterior, en la sentencia impugnada, se decidió no imponer la medida de apremio bajo el argumento de que se considera una traba innecesaria entre el gobernado y los Tribunales para acceder a plantear su derecho a oponer las defensas que considera se actualizan a su favor y con ello se restringe el derecho fundamental de pedir justicia. Por consiguiente, en los asuntos que se rigen por el principio de estricto derecho, una alegación que se limita a realizar afirmaciones sin sustento alguno o conclusiones no demostradas, como en el caso ocurre, no puede considerarse un verdadero razonamiento y, por ende, debe calificarse como inoperante; sin que sea dable entrar a su estudio so pretexto de la causa de pedir, ya que ésta se conforma de la expresión un hecho concreto y un razonamiento, entendido por éste, cualquiera que sea el método argumentativo, la exposición en la que el quejoso o recurrente realice la comparación del hecho frente al fundamento correspondiente y su conclusión, deducida del enlace entre uno y otro, de modo que evidencie que el acto reclamado o la resolución que recurre resulta ilegal; pues de lo contrario, de analizar alguna aseveración que no satisfaga esas exigencias, se estaría resolviendo a partir de argumentos no esbozados, lo que se traduciría en una verdadera suplencia de la queja en asuntos en los que dicha figura está vedada. En ese sentido, los razonamientos torales de la quejosa -por los motivos antes expuestos-, no son aptos para lograr acreditar una transgresión a sus derechos humanos, al merecer el calificativo antes invocado. Sustenta lo anterior, la tesis (V Región)2o.1 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con registro digital: 2008903, Décima Época, consultable en el Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, página 1699, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS O AGRAVIOS INOPERANTES. RAZONAMIENTO COMO COMPONENTE DE LA CAUSA DE PEDIR. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR, PARA QUE PROCEDA SU ESTUDIO. De acuerdo con la conceptualización que han desarrollado diversos juristas de la doctrina moderna respecto de los elementos de la causa petendi, se colige que ésta se compone de un hecho y un razonamiento con el que se explique la ilegalidad aducida. Lo que es acorde con la jurisprudencia 1a./J. 81/2002 (*) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que la causa de pedir de ninguna manera implica que los quejosos o recurrentes pueden limitarse a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues a ellos corresponde (salvo en los supuestos de suplencia de la deficiencia de la queja) exponer, razonadamente, por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren; sin embargo, no ha quedado completamente definido qué debe entenderse por razonamiento. Así, conforme a lo que autores destacados han expuesto sobre este último, se establece que un razonamiento jurídico presupone algún problema o cuestión al cual, mediante las distintas formas interpretativas o argumentativas que proporciona la lógica formal, material o pragmática, se alcanza una respuesta a partir de inferencias obtenidas de las premisas o juicios dados (hechos y fundamento). Lo que, trasladado al campo judicial, en específico, a los motivos de inconformidad, un verdadero razonamiento (independientemente del modelo argumentativo que se utilice), se traduce a la mínima necesidad de explicar por qué o cómo el acto reclamado, o la resolución recurrida se aparta del derecho, a través de la confrontación de las situaciones fácticas concretas frente a la norma aplicable (de modo tal que evidencie la violación), y la propuesta de solución o conclusión sacada de la conexión entre aquellas premisas (hecho y fundamento). Por consiguiente, en los asuntos que se rigen por el principio de estricto derecho, una alegación que se limita a realizar afirmaciones sin sustento alguno o conclusiones no demostradas, no puede considerarse un verdadero razonamiento y, por ende, debe calificarse como inoperante; sin que sea dable entrar a su estudio so pretexto de la causa de pedir, ya que ésta se conforma de la expresión un hecho concreto y un razonamiento, entendido por éste, cualquiera que sea el método argumentativo, la exposición en la que el quejoso o recurrente realice la comparación del hecho frente al fundamento correspondiente y su conclusión, deducida del enlace entre uno y otro, de modo que evidencie que el acto reclamado o la resolución que recurre resulta ilegal; pues de lo contrario, de analizar alguna aseveración que no satisfaga esas exigencias, se estaría resolviendo a partir de argumentos no esbozados, lo que se traduciría en una verdadera suplencia de la queja en asuntos en los que dicha figura está vedada." En las relatadas consideraciones, al resultar inoperante el concepto de violación y al no advertir esta juzgadora violación manifiesta de la ley que haya dejado sin defensa a la parte quejosa, por afectar sus derechos humanos en términos del arábigo 1° de la normatividad de la materia, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Séptimo. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, 73, 74, 75 y 76, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Claudia Marina Ortiz Maldonado, respecto del acto reclamado a las autoridades responsables, por las razones apuntadas en el considerando sexto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, a nueve de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito presentado por el apoderado legal de la moral tercero interesada Proyectos y Construcciones Musa, Sociedad Anónima de Capital Variable; en atención a su contenido, se le tiene realizando manifestaciones a manera de alegatos, de los que se harán relación en la audiencia constitucional respectiva. Por otra parte, del estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurre el término de ocho días, a efecto de que la parte tercero interesada, se imponga del contenido de las constancias que integran el presente sumario. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se señalan las once horas con treinta minutos del doce de abril de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, a seis de marzo de dos mil veintitrés******************** Agréguese a los autos el escrito firmado por ******************** quien se ostenta como apoderado de la moral Proyectos y Construcciones Musa, Sociedad Anónima de Capital Variable******************** Análisis de la personería del promovente******************** Previo a pronunciarse sobre el contenido del escrito que se atiende, y como lo solicita el promovente, se tiene a la vista, la copia certificada del instrumento público número 181,935 (ciento ochenta y un mil novecientos treinta y cinco), volumen 5,874 (cinco mil ochocientos setenta y cuatro), pasado ante la fe del Notario Público número Tres de esta ciudad, misma que obra en los autos del juicio sumario de desahucio 1028/2021 del índice del Juzgado Segundo Civil del Partido Judicial de Tijuana, de la cual se aprecia que en la cláusula única, inciso a) se otorgó al promovente poder general para pleitos y cobranzas; documental a la que se le otorga pleno valor demostrativo en términos del artículo 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que con fundamento en el precepto 10 de la Ley de Amparo, se reconoce a ******************** con el que comparece a juicio******************** En consecuencia, se tiene a la moral tercero interesada ********************apersonándose al presente juicio en términos del artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo******************** Téngase como autorizados en términos del artículo 12 de la legislación aplicable, a******************** en virtud que cuenta con su cédula profesional registrada en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales"******************** En atención a la certificación secretarial de cuenta, se autoriza en términos restringidos conforme lo dispone el numeral 24 de la Ley de Amparo, a ********************, es decir solo se le faculta para oír y recibir notificaciones, ya que no se localizó registro de la cédula profesional que proporciona en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; lo anterior, sin perjuicio de que una vez lo realice, previa insistencia de su parte, se provea lo que en derecho corresponda******************** Consulta de expediente electrónico******************** De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, en concordancia con los artículos 35, 36, 37, 55 y 57 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza el acceso al presente asunto, en su modalidad de expediente electrónico******************** Notificaciones electrónicas y domicilio******************** En virtud que el promovente solicita se realicen las notificaciones por vía electrónica, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, en concordancia con el artículo 55, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena que las notificaciones se realicen a la parte quejosa por la vía electrónica, en el entendido de que dicha parte procesal queda obligada a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III, del artículo 31 de la ley de la materia, en un plazo máximo de dos días a partir del envío electrónico que de notificaciones haga este Órgano Jurisdiccional; con el apercibimiento que de no ingresar a dicho sistema en el plazo señalado, se tendrán por hechas las notificaciones que por dicha vía se hayan emitido, de conformidad con lo dispuesto en la última parte de la fracción II, del artículo 30 ya citado******************** Por tanto, se instruye a la Oficial Judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice la autorización correspondiente en dicho sistema, respecto del usuario "j********************bastidas", únicamente en el juicio de amparo en que se actúa******************** En ese contexto, toda vez que ya se acordó favorable la solicitud de las notificaciones electrónicas en este asunto, se toma conocimiento del domicilio que indica la parte quejosa (ubicado en calle ********************, número ********************, ******************** en esta ciudad), únicamente para realizar las notificaciones en caso de que exista alguna imposibilidad de realizarlo por la vía electrónica o por alguna falla en el funcionamiento del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes******************** Medios electrónicos******************** Asimismo, se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009******************** Notifíquese.
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