Claudia Cristina Moralez Turizo
Expediente 910/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 910/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/11/2022
Partes del expediente
- Claudia Cristina Moralez Turizo
- Ricardo Davila Pineda
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, a veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de catorce de noviembre dos mil veintidós, dictado en el presente juicio, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del numeral 2°, de la ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse concedido la suspensión de plano solicitada, no obstante de que se haya tenido por no presentada la demanda de amparo, es susceptible de depuración, al haberse concedido la suspensión de plano a favor de la parte quejosa, por tanto encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, en relación con el punto 7.4 "Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano", del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado artículo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese. Así lo proveyó y firmó Daniela Cecilia Félix Chávez, Secretaria en funciones de Jueza Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, autorizada mediante oficio CCJ/ST/5159/2022, asistida por Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, secretaria que da fe. Doy fe.Así lo proveyó y firmó Daniela Cecilia Félix Chávez, Secretaria en funciones de Jueza Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, autorizada mediante oficio CCJ/ST/5159/2022, asistida por Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, secretaria que da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, a catorce de noviembre de dos mil veintidós. Vista la constancia actuarial que antecede, de la cual se advierte que los directamente agraviados Ricardo Dávila Pineda, Claudia Cristina Morales Turizo, Heli Pineda Ortega y Julio Cesar Ortega Herazo, no ratificaron la demanda de amparo promovida a su favor. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de once de noviembre de dos mil veintidós, y se tiene por no presentada la demanda de amparo. Por tanto, se dejan sin efectos las providencias decretadas en el presente asunto. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese personalmente.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Liliana Michelle Elorza Ventura en favor de Ricardo Dávila Pineda, Claudia Cristina Morales Turizo, Heli Pineda Ortega y Julio Cesar Ortega Herazo, contra actos del Subrepresentante Federal de la Oficina Local de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tijuana y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo bajo número 910/2022-G En ese orden, de la lectura de la demanda se advierte que los actos reclamados destacados por la parte promovente los hizo consistir en: La incomunicación de los directos agraviados al no permitirles tener contacto con su representante legal. La posible orden de deportación, ejecución de retorno asistido a su país de origen o cualquier otro. La orden o ejecución del traslado de los quejosos a cualquier otra ciudad o país. Por tanto, se dará el trámite correspondiente a la referida demanda al encontrarse los actos que reclama dentro del supuesto contemplado por el artículo 15 de la Ley de Amparo. I.- SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO A LA INCOMUNICACIÓN, DETENCIÓN, PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, DEPORTACIÓN, O CUALQUIER OTRO ACTO PROHIBIDO POR EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE AMPARO O 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Por cuanto hace a los actos reclamados por la parte promovente de amparo consistentes en la incomunicación, o cualquier otro acto prohibido por el artículo 15 de la Ley de Amparo o 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los que dicen ser objeto los directos agraviados Ricardo Dávila Pineda, Claudia Cristina Morales Turizo, Heli Pineda Ortega y Julio Cesar Ortega Herazo con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO para el efecto de que cesen de inmediato tales actos, en caso de que se estén ejecutando o, en su caso, no se lleven a cabo, si es que se ordenaron. Ahora, con relación a los actos consistentes en la retención de los directos agraviados con fines de deportación o expulsión, así como su ejecución; y, considerando que hasta el momento no se tiene certeza de cuál es la situación migratoria de los directos accionantes, a fin de velar por una protección más amplia, con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los ordinales 1, 15 y 126 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE a Ricardo Dávila Pineda, Claudia Cristina Morales Turizo, Heli Pineda Ortega y Julio Cesar Ortega Herazo, la suspensión de plano, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, en los siguientes términos: 1. Se insiste, que al desconocerse en este momento la situación migratoria de los agraviados, se concede para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, en términos del artículo 160 de la Ley de Amparo. 2. No se ejecute ningún acto que traiga como consecuencia la deportación de los agraviados Ricardo Dávila Pineda, Claudia Cristina Morales Turizo, Heli Pineda Ortega y Julio Cesar Ortega Herazo, y queden a disposición de este Juzgado de Distrito, sólo en lo que atañe a su libertad personal y a disposición de las autoridades responsables migratorias únicamente para los efectos de la determinación de su situación migratoria, en el sitio en que estime la misma de acuerdo a sus facultades administrativas, y bajo su más estricta responsabilidad deberán observar en todo momento las obligaciones que le impone la Ley de Migración y evitar tratos discriminatorios o violación de derechos, para lo cual están obligadas a respetar la dignidad inherente al ser humano. 3. En el entendido que los efectos de esta suspensión de plano no impiden a las autoridades responsables resolver lo conducente respecto de su situación migratoria. Es decir, la suspensión de plano concedida, únicamente es para el efecto de que no se ejecuten los actos de deportación de los quejosos. 4. De igual manera, en caso de que los referidos agraviados se encuentren en las instalaciones de la Estación Migratoria de esta ciudad, no deberán ser trasladados a diversa Estación Migratoria del país; lo anterior, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo, en términos de los numerales 15 y 126 de la Ley de Amparo. Empero, si al resolver la situación migratoria de aquéllos (sobre lo cual no se concede la medida suspensiva) las autoridades responsables, determinan que no procede la deportación, sino una figura diversa que califique el estatus en que se ubica los extranjeros quejosos; e inclusive, a consecuencia de ello, resulte procedente ordenar su libertad, podrán realizarlo, al no abarcar la suspensión concedida tal aspecto, siempre y cuando derive de un proceso migratorio. 5. Así las cosas, si la detención de los agraviados Ricardo Dávila Pineda, Claudia Cristina Morales Turizo, Heli Pineda Ortega y Julio Cesar Ortega Herazo, no tiene relación con la comisión de un delito ni con un procedimiento migratorio deberán ser puestos en libertad de inmediato, bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables. II. SUSPENSIÓN DE PLANO EN CASO DE QUE LOS QUEJOSOS ESTÉN SUJETOS A UN PROCEDIMIENTO MIGRATORIO. 6. Se deberá dejar a los quejosos en inmediata libertad, pero sólo en el caso de que ya hayan transcurrido más de las veinticuatro horas a que se refiere el artículo 100 de la Ley de Migración, sin que existiera constancia de que se haya emitido el acuerdo de presentación al momento de la interposición de la demanda, así como las treinta y seis horas que prevé el numeral 68 del referido ordenamiento, como término máximo para ello; lo cual, es acorde con el artículo 21, párrafo cuarto, Constitucional. Tal criterio derivó de la ejecutoria dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en la ciudad de Mexicali, dentro del recurso de queja administrativa 193/2022 de su índice interpuesto dentro del juicio de amparo 559/2022 del índice de este órgano jurisdiccional y se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, indicándole a las autoridades responsables que la seguridad y custodia de los directos agraviados queda bajo su más estricta responsabilidad, debiendo además tomar todas y cada una de las medidas pertinentes para tal efecto, atendiendo a la naturaleza y circunstancias del asunto. 7. Por otra parte, por lo que respecta a los actos reclamados consistentes en la privación de la libertad de los directos agraviados dentro de un procedimiento migratorio, debe destacarse que de una lectura integral al escrito de demanda, el promovente indicó que los quejosos se encuentran en las oficinas de Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Tijuana, Baja California, y que son de nacionalidad colombiana. Por tanto, tomando en consideración que del ocurso de demanda -de manera indiciaria- se aprecia que los agraviados, hasta esta data en que se resuelve sobre la suspensión de plano solicitada, se encuentran sujetos a un procedimiento administrativo ante las autoridades del Instituto Nacional de Migración, o uno diverso. En este sentido, tomando en cuenta que el juzgador puede adoptar medidas cautelares en los términos de las legislaciones internacionales conforme a los artículos 2 y 5 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en relación con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 101 y 102 de la Ley de Migración y el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a personas migrantes y sujetas a protección internacional emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; por tanto, con fundamento en los artículos 129, 131 y 138 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión a 1 Ricardo Dávila Pineda, Claudia Cristina Morales Turizo, Heli Pineda Ortega y Julio Cesar Ortega Herazo, del acto consistente en la retención dentro de un procedimiento administrativo, para el efecto de que cese el alojamiento de que son sujetos en la Estación Migratoria de la Ciudad de Tijuana y sean puestos en libertad siempre y cuando cumplan con los requisitos previstos en el artículo 102 de la Ley de Migración, bajo los siguientes parámetros y sin limitar las facultades reglamentarias de la propia autoridad. I.- Que los quejosos establezcan un domicilio o lugar en esta ciudad en el que permanecerán residiendo. II.- Que se comprometan a permanecer en ese domicilio, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio correspondiente. III.- Que se comprometan ante las autoridades responsables del Instituto Nacional de Migración, a presentarse ante ellas, cuantas veces les sea exigido. IV.- Que se presente en favor de los quejosos la solicitud con responsiva firmada por un garante (ya sea ciudadano mexicano u organización social mexicana). V.- Que dicho garante o representante legal, en caso de una persona moral, se presente ante las autoridades migratorias, y ratifique su aceptación. VI.- Que el garante además de satisfacer los requisitos que la propia normatividad que rija a las autoridades responsables exijan, acredite lo siguiente Su nacionalidad Mexicana. No tener antecedentes penales. Residencia en los municipios de Tijuana, Playas de Rosarito o Tecate, que conforman este Distrito judicial, con una antigüedad mínima de un año anterior a la fecha en que ratifique la aceptación del cargo de garante. Para ello, deberá de presentar ante las propias autoridades responsables, la documentación del domicilio que acredite su estabilidad en el mismo en el periodo indicado Informar y acreditar la realización de una actividad lícita y lucrativa estable, en un periodo no menor a un año, anterior a la aceptación de su cargo; o bien que cuenta con ingresos constantes y suficientes en el periodo indicado, que revelen su solvencia económica para fungir como aval durante todo el tiempo que dure el juicio de amparo y el procedimiento ante la autoridad responsable. Que al aceptar el cargo, además de afirmar bajo protesta de decir verdad que se conduce con verdad, exprese que acepta el cargo sin ánimo de lucro y con fin altruista. Acredite que cuenta con un lugar amplio y digno, en el que se comprometa a dar alojamiento a los directos quejosos, en el caso de que el domicilio que éstos señalen coincida con el que proporcionen los quejosos. Todos los anteriores requisitos deberán ser acreditados ante la autoridad Migratoria. VII.- De igual manera, se conmina a las autoridades responsables migratorias para efecto de que la garantía que en su caso se fije a los directos quejosos, no exceda de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional), ello a fin de que pueda ser asequible para los promoventes del amparo y no convertir el alojamiento en la regla general en demerito de la libertad de los quejosos. Lo anterior sin perjuicio de que, por un lado, los impetrantes puedan acreditar su insolvencia económica ante la autoridad, en cuyo caso ésta deberá resolver sobre la reducción de la garantía o bien eximirlos de presentarla; o bien, si la autoridad recaba información que revele una capacidad económica mayor de los quejosos y advierte otras circunstancias que hagan objetivo el aumento del riesgo de evasión, pueda, fundando y motivando, incrementar esa suma, lo cual deberá hacer saber de inmediato a este juzgado. En caso de que tras la liberación de los quejoso -por haber cumplido los requisitos señalados-, ellos o su garante moral incumplan o se sepa que incumplen alguno de tales requisitos, la presente medida cautelar quedará sin efectos, ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 167 de la Ley de Amparo, que faculta al órgano jurisdiccional a revocar la libertad otorgada por la medida suspensional cuando incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas para su otorgamiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.20o.A.20 A (10a.), visible en la página 3550, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Marzo de 2018, Tom IV, emitida por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro digital 2016410 que señala: Además, la suspensión se concede para que en el caso de que la parte quejosa ejerza algún recurso en su defensa, la detención no supere los sesenta días. Lo anterior es así, ya que el artículo 111 de la citada ley dispone que el Instituto deberá resolver la situación migratoria de los extranjeros presentado en un plazo no mayor de quince días hábiles, contados a partir de su presentación, sin que el alojamiento en las estaciones migratorias pueda exceder de ese plazo, salvo en los casos en que se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su condición migratoria en territorio nacional, supuesto en el que el alojamiento se torna indefinido, hasta en tanto no se resuelva el medio de defensa. Sin embargo, en los demás casos el alojamiento no puede exceder de sesenta días hábiles y, una vez transcurrido, deberá otorgarse la condición de visitante con permiso para recibir remuneración en el país, mientras subsista el supuesto por el que se otorgó dicha condición de estancia. Luego, en el supuesto de que los directos quejosos se encuentren en el supuesto contemplado por el artículo 102 de la Ley de Migración, se solicita a las autoridades responsables a fin de que de manera inmediata informen a este órgano jurisdiccional si en términos del artículo 102 del citado ordenamiento legal han decretado alguna medida de aseguramiento a los quejosos, a efecto de estar en aptitud de pronunciarse al respecto, toda vez que la parte promovente refiere en la demanda, que los quejosos al momento de su detención, se encontraban en territorio nacional. En ese contexto, la suspensión se concede en el entendido de que los directos agraviados Ricardo Dávila Pineda, Claudia Cristina Morales Turizo, Heli Pineda Ortega y Julio Cesar Ortega Herazo, queden a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal y a disposición de las autoridades responsables migratorias por cuanto hace a la continuación del procedimiento migratorio correspondiente. Por otra parte, tomando en consideración que de la demanda se aprecia que los directos quejosos son de nacionalidad colombiana (país que forma parte de la denominada "Alianza del Pacífico" cuyos connacionales no requieren visa para entrar al territorio mexicano, por tanto, las autoridades migratorias, deberán valorar si los directos quejosos cumplen con los requisitos solicitados a los extranjeros para internarse en el País establecidos en el artículo 37 de la Ley de Migración, y EN CASO DE SER POSITIVO DEBERÁN SER PUESTOS EN LIBERTAD DE INMEDIATO. Con la precisión de que dicha medida cautelar no surte efectos si en contra de los quejosos se hubiere emitido una alerta migratoria, al vincularse con el rubro de seguridad nacional. Por tanto hágase del conocimiento a las autoridades responsables que deberán informar, además de lo destacado: Qué calidad migratoria tienen Ricardo Dávila Pineda, Claudia Cristina Morales Turizo, Heli Pineda Ortega y Julio Cesar Ortega Herazo. Cuál es el procedimiento específico - al que en su caso- se encuentren sujetos y su fundamento legal. Desde cuándo y cuánto tiempo llevan retenidos los agraviados; y, Si en su caso se ubican o no en algunos de los supuestos contemplados en las fracciones del artículo 111 de la Ley de Migración, así como si ya se cumplió con los quince o sesenta días previstos en ese numeral. Si en términos del artículo 109 de la Ley de Migración, le informó a los directos quejosos los derechos con los que cuentan desde su ingreso a la estación migratoria. Asimismo, hágase saber a las responsables, que dentro del horario que al respecto se encuentre establecido en la normativa aplicable del procedimiento -que en su caso- se encuentre instaurado en contra de los aquí quejosos, deberán permitir a quien comparezca en su carácter de autorizado de éstos, la comunicación que sea necesaria para su defensa. En el entendido de que la medida cautelar no surtirá efecto legal alguno si el acto reclamado que se analiza es diverso o deriva de hechos distintos a la situación migratoria narrada por la parte quejosa en la demanda de amparo, como podría ser la comisión de un delito o, proviene de autoridades diversas a las señaladas como responsables. De igual materia la medida cautelar aquí decretada no surtirá efectos si con anterioridad a la presentación de la demanda que dio origen al presente asunto en un diverso juicio de amparo existe pronunciamiento de dichos actos reclamados. Asimismo, hágasele saber que la suspensión surtirá sus efectos, siempre y cuando los aquí quejosos, no se encuentren sujetos a un procedimiento de extradición o procedimiento judicial, que amerite su deportación o expulsión del país. Tampoco tendrá por efecto paralizar o suspender algún acto que se haya decretado en un procedimiento diverso al presente. Informes de suspensión de plano. En consecuencia, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la recepción del oficio correspondiente, informen sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano; debiendo informar dentro de dicho plazo sobre el cumplimiento dado a la determinación emitida respecto de los actos reclamados o bien informen la imposibilidad jurídica que tenga para ello, apercibidas de que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por el artículo 262 fracción III de la Ley de Amparo, que establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. De igual manera se les hace del conocimiento a las autoridades responsables que de no dar cumplimiento a lo ordenado en el presente auto, se procederá conforme a lo dispuesto por los artículos 209 y 262, fracciones III y IV de la Ley de Amparo y se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación. Resulta aplicable a lo antes decretado, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 25, diciembre de 2015, tomo II, página 1245, materia común, con número de registro 2010702, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: Se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio en el que se encuentren ubicadas las autoridades responsables, si éstas se niegan a recibir los comunicados a ellas dirigidos, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se les aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Ahora, en aras de una impartición pronta y expedita en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se solicita atentamente se sirva rendir su informe justificado preferentemente a través de algún convenio de interconexión, intercomunicación y/o colaboración, incluso correo electrónico institucional 6jdoajf15cto@correo.cjf.gob.mx; con la Firma Electrónica -de contar con ella-,dentro de las posibilidades tecnológicas a su alcance. Asimismo, se hace de su conocimiento que en caso de presentar los comunicados respectivos a través de la vía electrónica, deberán estampar la firma electrónica a fin de que pueda tenerse por legalmente rendido, y en el caso de encontrarse imposibilitadas para firmar electrónicamente, deberán manifestar bajo protesta de decir verdad, las razones por las cuales se encuentran imposibilitados para firmar electrónicamente, lo que no excluye a las potestades responsables de las sanciones legales correspondientes, de ser omisas con lo anterior, en términos de la fracción III del numeral 52 bis del invocado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Ratificación de la demanda. Por otra parte, con apoyo en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a los directamente agraviados Ricardo Dávila Pineda, Claudia Cristina Morales Turizo, Heli Pineda Ortega y Julio Cesar Ortega Herazo, para que manifiesten si ratifican o no la demanda promovida en su favor, lo que podrán realizar en el acto de la notificación de este proveído o bien dentro de los tres días siguientes, legalmente computados, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, quedando sin efecto las providencias dictadas, para lo cual se comisiona al actuario de este juzgado, a efecto de que proceda a la localización de los agraviados en el lugar en que se encuentren detenidos. De igual manera, el actuario de la adscripción deberá hacerles saber a los directamente agraviados lo siguiente: 1. Requerirlos para que en el acto de la notificación o bien dentro del plazo de tres días hábiles contado a partir de que surta efecto, la notificación del presente proveído, designen autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. 2. Y para el caso de que no se encuentren en posibilidad de realizar tal designación, hágasele saber que pueden solicitar, se les designe a un Asesor Jurídico, dependiente del Instituto de Defensoría Pública Federal. Lo cual podrán hacer del conocimiento del Actuario de la adscripción, al momento de la notificación o por escrito en cualquier etapa del procedimiento. De igual forma, para que manifiesten si es su deseo señalar como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, el que se indica en el escrito de demanda; apercibidas que de no hacer manifestación alguna al respecto, con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal se le notificarán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, hasta en tanto señalen domicilio para tales efectos. Asimismo, en virtud de que del escrito de demanda se advierte que el promovente señaló al usuario "Garccia", requiérase a los directos agraviados para que manifiesten sí solicitan el acceso electrónico al presente expediente a través de dicho usuario. Ahora, toda vez que la promovente Liliana Michelle Elorza Ventura, ofrece como prueba la inspección judicial en la base de datos de las autoridades responsables para determinar si efectivamente se ha iniciado o no el procedimiento administrativo que estable la Ley de Migración, sin embargo, toda vez que dicha promovente no firmó la demanda de amparo; túrnense los autos al actuario de la adscripción a fin de que también requiera a los directos agraviados para que en el acto de la notificación o bien dentro del plazo de tres días hábiles contado a partir de que surta efecto la notificación del presente proveído, manifiesten si ofrecen como prueba la inspección judicial antes referida, con el apercibimiento que en caso de no hacer manifestación alguna, se acordará lo que en derecho corresponda. Igualmente, de advertirse que Ricardo Dávila Pineda, Claudia Cristina Morales Turizo, Heli Pineda Ortega y Julio Cesar Ortega Herazo, se encuentran a disposición de alguna autoridad no señalada como responsable, se instruye al actuario que les requiera para que en el acto de la notificación, manifiesten si es su interés ampliar su demanda por la autoridad correspondiente. Se comisiona al Actuario Judicial adscrito, para que se constituya en las instalaciones de las autoridades señaladas como responsables, así como en los separos de las mismas a efecto de que verifique que en el caso de que se apliquen o continúe aplicándose en perjuicio de Ricardo Dávila Pineda, Claudia Cristina Morales Turizo, Heli Pineda Ortega y Julio Cesar Ortega Herazo algún acto señalado por el numeral 22 constitucional, en relación con el diverso 15 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables cumplan en sus términos la suspensión de plano concedida en este proveído y cesen de inmediato los mismos; además, para que asiente las condiciones físicas y de apariencia de salud en que se encuentran dichos agraviados. Obligatoriedad de recibir oficios. Con fundamento en el artículo 28 fracción I, párrafo segundo de la Ley de Amparo, dígase a las autoridades responsables que el error o la imprecisión no sustancial en su denominación o en la cita de su nombre que no impida individualizarla o distinguirla, no será motivo para negarse a recibir el oficio respectivo o en su momento para rendir los informes que se soliciten; pues en su caso se deberá aclarar la denominación correcta ante esta autoridad. Por lo anterior, se apercibe a las autoridades responsables que de no recibir el oficio que se les dirija, en términos del numeral invocado, el Actuario de la adscripción asentará tal circunstancia y se tendrá por realizada la notificación. Apoyo lo anterior por los motivos jurídicos que contiene, la tesis XXVII.3.17 K 10 visible en la página 1933, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro es el siguiente: Se apercibe a dichas responsables que de negarse a recibir el mismo, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización. Se exhorta a promover la tramitación del juicio en línea. Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en el artículo 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea Transparencia y digitalización. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que quede firme la resolución que en su caso se dicte en este asunto. Asimismo, en atención al Acuerdo General 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al artículo 3° de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; se ordena priorizar la tramitación electrónica del juicio en Línea. De igual forma, en cumplimiento a lo ordenado en las disposiciones generales establecidas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos, se informa a las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, el horario de atención al público será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos (artículo 6 del primer ordenamiento) y que las listas de acuerdos quedarán a disposición del público para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal; y que tendrán validez legal al ser las mismas que se encuentran en los Estrados de los Juzgados y Tribunales Federales (artículos 209, 209 bis, ídem). Días y horas inhábiles. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 282 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles al actuario de la adscripción, para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Expedición de copias. Desde este momento, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2 de la Ley de Amparo, se autoriza, la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas, con excepción de aquellas que dada su propia y especial naturaleza jurídica se deba guardar sigilo, previa identificación y firma que se otorgue en autos para constancia legal y dentro del horario de atención al público, siempre y cuando las labores del juzgado lo permitan. En tal contexto, este órgano jurisdiccional se reserva acordar respecto a las diversas peticiones formuladas por el promovente del amparo, hasta en tanto los directamente agraviados ratifiquen, en su caso, la demanda de amparo promovida en su favor. Notifíquese personalmente a Ricardo Dávila Pineda, Claudia Cristina Morales Turizo, Heli Pineda Ortega y Julio Cesar Ortega Herazo.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 3,498 expedientes
- Claudia Beatriz Jiménez Encio148/2019
- Claudia Becerril Martínez424/2021
- Claudia Celina Medrano Villarreal66/2019
- Claudia Chávez Durán867/2022
- Claudia Contreras Marmolejo172/2019
- Claudia Cristina Moralez Turizo906/2022
- Claudia Guadalupe Gallardo Pérez110/2021
- Claudia Ines Amarillas Ureña585/2021
- Claudia Lorena Fernandez Quintana724/2023
- Claudia Lorena Fernandez Quintana1226/2023
- Claudia Marina Ortiz Maldonado96/2023
- Claudia Moreno Contreras187/2023