Claudia Maria del Rocio Peña San Roman

Expediente 209/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
209/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
23/10/2020

Partes del expediente

  • Claudia Maria del Rocio Peña San Roman

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que no se interpuso recurso de revisión previsto por el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, contra la sentencia de dos de octubre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el ordinal 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, en relación con su numeral 2, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. Se ordena archivo. En mérito de lo anterior, y toda vez que no existe actuación pendiente de practicarse, con apoyo en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Anotación en el libro de control. Háganse las anotaciones respectivas en el libro que para dicho efecto se lleva en este Juzgado Federal. Valoración de expediente. En términos de lo dispuesto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente no es de relevancia documental. Por tanto, atendiendo al numeral 21, incido a), del referido acuerdo general, el presente juicio de amparo deberá ser destruible en el plazo de tres años, pues se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto de los actos reclamados, no existen documentos originales y no se trata de un asunto de relevancia documental. Destino del expediente principal. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo cuarto de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que para al efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que es disposición prevé. Valoración de incidente de suspensión. En relación al cuaderno original de incidente de suspensión, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, toda vez que en el presente asunto aparece que fue negada la suspensión provisional del acto reclamados; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, inciso c) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo al cuaderno principal. Atendiendo a la fracción II, inciso a) del Acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses. Sin que en el caso haya lugar a pronunciarse en torno a la devolución de garantía, ya que no fue requerida. Devolución de documentos. Ahora, dado que se exhibió un documento original en este sumario, se requiere a la parte quejosa, para que comparezca a recogerlo dentro del plazo de noventa días, en términos del artículo 18 del citado acuerdo general, bajo la advertencia que de no hacerlo dentro de dicho plazo, serán destruidos o depurados conforme a la valoración documental que se le dio en este sumario.

  2. Principal

    En esta fecha se celebró la audiencia constitucional en la cual se resolvió: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, contra los actos que atribuye a las autoridades responsables Jefe de la Jurisdicción Sanitaria III del Instituto de Salud Pública del Estado, con residencia esta ciudad y Secretario de Salud, con sede en la Ciudad de México, por los motivos y fundamentos precisados en el último considerando de esta sentencia.

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