Claudia Magdalena Villalpando González
Expediente 1168/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1168/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Claudia Magdalena Villalpando González
Actuaciones
- Principal
Por recibido el oficio que suscribe la Juez Novena de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, mediante el cual informa que no acepta la competencia planteada por este Juzgado, por las razones expuestas en auto de diecisiete de diciembre del presente año, y devuelve el juicio de amparo 1168/2019 y sus copias. Ahora, hágase del conocimiento de la citada Juez, que este Órgano de Control Constitucional insiste en declinar la competencia de que se trata, en atención a las consideraciones vertidas en el proveído de nueve de diciembre de la presente anualidad. Ello es así, toda vez que los actos reclamados se hacen consistir en: reclamo la resolución de fecha 11 de noviembre de 2019, pronunciado en el expediente número ***, cuyos puntos resolutivos señalan: I.- Se niega la medida cautelar solicitada por los motivos indicados en el Segundo Considerando de este Interlocutoria. II.- Se decreta la suspensión definitiva respecto del embargo del bien inmueble ubicado en Avenida López Mateos 89, colonia Lázaro Cárneas, Irapuato, Guanajuato; condicionada en los términos del último considerando de esta interlocutoria. La promovente del amparo, en fecha cuatro de octubre de la presente anualidad, instó juicio de nulidad ante la Sala Regional del Centro III, la cual quedó radicada con el número de expediente ***, en la que impugnó la orden de desocupación contenida en los oficios 5510/19 y 5511/2019, emitidos por el Director de Ejecución, dependiente de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado. El cuatro de octubre del año en curso, la autoridad responsable, emitió resolución provisional relativa a las medidas cautelares solicitadas por la ahora quejosa. Posteriormente el once de noviembre de dos mil diecinueve, la citada responsable emitió la resolución interlocutoria en la que negó la suspensión definitiva de las órdenes de desocupación contenida en los oficios 5510/2019 y 5511/2019, respecto de las fracciones I y II del inmueble ubicado en ***, en perjuicio de la citada quejosa, por lo que al no concederse dicha suspensión, ocasiona que las órdenes de desocupación emitidas por la autoridad demandada, continúen llevándose a cabo, generándole un perjuicio a la inconforme. Las razones expuestas generan que el juicio de amparo deba ser del conocimiento del Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar donde se estén ejecutando los actos tendentes a cumplir aquellas órdenes de desocupación. En razón de ello, se insiste en la incompetencia planteada por este Juzgado Federal, en los términos precisados en el proveído de nueve de diciembre del año en curso, y con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito en turno, con residencia en Guanajuato, Capital, a fin de que determine lo que en derecho proceda respecto al presente conflicto competencial.
- Principal
Al no atender el aviso la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de nueve de diciembre de esta anualidad, que en lo conducente dice: Visto el escrito de demanda promovido por ***, a través del cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Magistrado Instructor de la Primera Ponencia de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 1168/2019-III.2, anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como el Consejo de la Judicatura Federal desarrolle los requerimientos técnicos indicados en el artículo 12, de los Acuerdos Generales Conjuntos números 1/2013 y 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. En ese orden, la promovente del amparo señala en su escrito de demanda como acto reclamado el siguiente: reclamo la resolución de fecha 11 de noviembre de 2019, pronunciado en el expediente número 3999/19-10-01-1-OT, cuyos puntos resolutivos señalan: I.- Se niega la medida cautelar solicitada por los motivos indicados en el Segundo Considerando de este Interlocutoria. II.- Se decreta la suspensión definitiva respecto del embargo del bien inmueble ubicado en *** Irapuato, Guanajuato; condicionada en los términos del último considerando de esta interlocutoria. Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, carece de competencia legal por razón de territorio para resolver respecto al acto reclamado antes señalado, atento a las consideraciones siguientes: Como cuestión previa, cabe señalar que las tesis aisladas y de jurisprudencia que se citarán en el presente acuerdo, se aplican en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en tanto que no se oponen a dicha legislación. La citada promovente del amparo, en fecha cuatro de octubre de la presente anualidad, instó juicio de nulidad ante la Sala Regional del Centro III, la cual quedó radicada con el número de expediente 3999/19-10-01-1-OT, en contra de la resolución sobre el crédito fiscal contenido en el oficio DRAF-B-GII-242/16 de fecha primero de septiembre de dos mil dieciséis. El cuatro de octubre del año en curso, la autoridad responsable, emitió resolución provisional relativa a las medidas cautelares solicitadas por la ahora quejosa. Posteriormente el once de noviembre de dos mil diecinueve, la citada responsable emitió la resolución interlocutoria relativa a las medidas cautelares solicitadas, mediante la cual se negaron las medidas solicitadas, y se decretó la suspensión definitiva del embargo del inmueble ubicado en *** Irapuato, Guanajuato. Bajo este panorama, el artículo 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos regula la competencia territorial de los Jueces de Distrito, al precisar que contará con ella quien tenga jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado en la demanda de amparo se ejecute o trate de ejecutarse. Lo anterior tiene como finalidad facilitar el acceso a la justicia constitucional, pues se entiende que ordinariamente la ejecución recae en el domicilio en que habita la persona. Estas reglas constitucionales de competencia se concretizan en el artículo 37 de la Ley de Amparo, al desdoblar en tres hipótesis la competencia del Juez de Distrito, a saber: a) El que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. c) Si el acto reclamado no requiere ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que distingue las dos primeras hipótesis de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material. Asimismo, lo que hace la diferencia entre aquéllas, no es que el acto se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, en razón de que la primera se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción; mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Así, la locución ejecución material es el común denominador de las tres hipótesis, como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo, por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación. En otras palabras, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que estatuya una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. En virtud de que las reglas de competencia citadas atienden a la naturaleza intrínseca del acto y no sólo a su forma de expresión para determinar si un acto tiene o no ejecución es necesario hacer referencia a la naturaleza de los actos administrativos positivos y negativos. Esta diferencia es importante, porque de no ser ejecutable, el acto reclamado se regirá por la tercera regla aludida, prevista en el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Amparo y, si lo es, habrá que distinguir si se ejecuta en un lugar o en diferentes para ubicarlo en la primera o segunda regla, según corresponda, contenidas en los párrafos primero y segundo, respectivamente, del indicado numeral. En este sentido, un acto será de carácter positivo cuando consista en una conducta comisiva, es decir, en una acción de hacer. A su vez, estos actos se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea; b) actos de ejecución continuada o inacabada; y, c) actos de ejecución de tracto sucesivo. En cambio, el acto será de naturaleza negativa cuando consista en una conducta omisiva o en una abstención de dejar de hacer lo que la Ley ordena o en dejar de reconocer u otorgar lo que la norma impone. Estos actos negativos se subclasifican en: a) abstenciones; b) negativas simples; y, c) actos prohibitivos. Cabe destacar que, aunque los actos administrativos puedan expresarse en forma negativa, su naturaleza es positiva cuando entrañan la privación del ejercicio de un derecho o cuando, en virtud de esa negativa la autoridad pueda actuar en forma positiva afectando la esfera jurídica del quejoso. Los actos negativos omisivos son abstenciones por parte de la autoridad no expresadas materialmente, pero apreciables por la conducta apática o negligente de aquélla. Los actos negativos simples son los que se expresan mediante el rechazo de la autoridad acerca de lo pedido, con consecuencias meramente declarativas. Finalmente, los actos prohibitivos son aquellos que implican una orden o conducta positiva de la autoridad tendiente a impedir una conducta del particular afectado. Entonces, cualquiera que sea la forma de expresión que emplee la autoridad, sea que conceda o niegue lo que se le pidió, sea que ordene o prohíba, para definir la naturaleza negativa del acto habrá que analizar en cada caso si éste redunda en una abstención de otorgar o reconocer al quejoso el derecho que le corresponde; o para definir su carácter positivo, habrá que advertir si impone al quejoso una carga a la que no se está obligado, o le priva o limita algún derecho que figura en su patrimonio jurídico. Así se observa de la ejecutoria emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 176/2009, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 152/2009, consultable en la página 95, Tomo XXX, octubre de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. En la especie, el acto reclamado lo constituye la resolución de once de noviembre de dos mil diecinueve, dictada dentro el expediente 3999/19-10-01-1-OT, en la cual la Sala Regional responsable negó la medida cautelar solicitada por la quejosa de referencia, y decretó la suspensión definitiva respecto del embargo sobre el bien inmueble ubicado en *** Irapuato, Guanajuato. Esto es, la referida resolución de once de noviembre del año en curso (la cual resulta ser el acto reclamado en este juicio de amparo), no implica la impugnación de una conducta comisiva o de hacer; al contrario, se controvierte una actuación negativa simple, expresada a través del rechazo de la autoridad sobre la pretensión ejercida. De ahí que dicho acto reclamado por su forma de expresión no es un acto positivo, sino uno negativo. En ese sentido, es necesario dilucidar las consecuencias de la indicada determinación a fin de corroborar si su naturaleza es verdaderamente negativa y, por ende, no ejecutable, o si por el contrario tiene efectos positivos y, por tanto, ejecutables. La Sala Regional responsable negó la medida cautelar solicitada por la ahora quejosa y decretó la suspensión definitiva respecto del embargo del inmueble ya mencionado. Como se observa, el acto reclamado consiste esencialmente, en la negativa de la suspensión definitiva dictada por la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, respecto de las órdenes de desocupación contenida en los oficios 5510/2019 y 5511/2019, por lo que los mismos tienen efectos y consecuencias positivas, porque al no concederse la suspensión solicitada , la autoridad demandada (tercero interesado), puede proceder a la desocupación de las fracciones I y III del inmueble ubicado en *** Irapuato, Guanajuato, en perjuicio de la aquí quejosa. En consecuencia, la resolución de once de noviembre de dos mil diecinueve, emitida por la Sala Regional responsable en el juicio natural, resultó ser en este juicio de amparo el acto reclamado cuya existencia se acreditó, en forma mediata, respecto de las órdenes de desocupación contenida en los oficios antes descritos, pues los mismos tienen efectos y consecuencias positivas, porque al no concederse la suspensión solicitada por la impetrante del amparo, la autoridad demandada en el juicio de origen, (tercero interesado), estaría en aptitud de proceder a la desocupación de las fracciones I y III del inmueble señalado en el párrafo que antecede. En ese orden, si bien la determinación reclamada que por una parte negó la medida cautelar solicitada y por la otra, decretó la suspensión definitiva del embargo sobre las fracciones I y III del multicitado bien inmueble, por sí misma -por su forma de expresión-, no produce un cambio material, al tratarse de una negativa simple; sus efectos o consecuencias mediatos son positivos, por ende, ejecutables; por lo que entonces, rige la primera regla prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo, relativa a que la competencia por territorio corresponde al Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, lo que en el caso acontece en el domicilio de la quejosa, de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 152/2009 invocada en párrafos precedentes. Considerando el acto aquí reclamado, éste tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de la aquí quejosa, ya que dicho inmueble que dice es de su propiedad, se encuentra en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, y será éste el lugar en el que resienta su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo (de similar contenido al precepto 37, párrafo primero, de la legislación vigente), es competente para conocer del juicio, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se reclame destacadamente la falta de pago, porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado. De igual forma, consideró que este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Y concluyó, que con esta forma de resolver se atiende al principio de expeditez en la administración de la justicia acorde con lo que establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ello, se considera que dicho criterio, conforme al cual, la competencia territorial para conocer del juicio constitucional corresponde al Juez de Distrito con jurisdicción en el domicilio del quejoso, además de atender a la ejecución del acto, esto es, la desocupación de las Fracciones I y III del inmueble ubicado en *** Irapuato, Guanajuato, también se sustenta en el derecho de acceso a la jurisdicción. Ello porque el derecho fundamental de acceso a la justicia tutelado en el artículo 17 de la Carta Fundamental conlleva el deber de garantizar la efectividad de los recursos o medios de defensa previstos en la Constitución y en la Ley, por lo que no basta que los medios de impugnación -como en el caso del juicio de amparo- estén contemplados legalmente, sino que para su admisión y tramitación se requiere eliminar cualquier cúmulo de requisitos o formalismos técnicos que resulten excesivos o carentes de razonabilidad respecto del fin legítimo que persiguen. La regla consistente en que el domicilio del quejoso es el parámetro para fijar la competencia territorial, elimina formalismos innecesarios y facilita a la parte interesada su adecuada defensa y participación en el juicio, pues al radicar en el mismo lugar del juzgado en el que se tramita el proceso, podrá trasladarse a él para consultar el expediente, desahogar promociones, requerimientos y pruebas, así como para interponer los recursos que en derecho procedan, con el consecuente ahorro de tiempo y gastos que pudieran ocasionársele. Por tanto, si dicha regla de competencia no ha hecho más que definir un criterio para la presentación de la demanda con fines benéficos para la promovente del juicio, en lugar de obstaculizarla o impedirla, entonces garantiza el derecho de acceso a la justicia. Recapitulando, si la ejecución de la resolución reclamada consiste esencialmente, en la negativa de la suspensión definitiva dictada por la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, respecto de las órdenes de desocupación contenida en los oficios 5510/2019 y 5511/2019, por lo que los mismos tienen efectos y consecuencias positivas, porque al no concederse la suspensión solicitada, la autoridad demandada (tercero interesado), puede proceder a la desocupación de las fracciones I y III del inmueble ubicado en *** Irapuato, Guanajuato. En consecuencia, tomando en cuenta que el acto reclamado es de carácter negativo con efectos positivos, y aunado a que la quejosa tiene su domicilio particular ubicado en calle *** Irapuato, Guanajuato; de conformidad con el artículo 48 primer párrafo, de la Ley de Amparo, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, residente en Celaya, se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda promovida por ***; y en razón de que, como se apuntó, la quejosa tiene su domicilio fuera de la Jurisdicción de este Juzgado. Por lo anterior, se estima que ante la incompetencia legal de este Juzgado de Distrito, para conocer de la demanda de cuenta, lo procedente es remitirla (previo cuadernillo que al respecto se forme), al Juez de Distrito en turno, con residencia en Irapuato, Guanajuato, para que manifieste si acepta o no la competencia y, en su caso, se avoque al conocimiento del presente juicio, conforme lo establece el artículo 37 de la Ley de Amparo; solicitando atentamente acuse el recibo de estilo e informe su determinación sobre la competencia declinada. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, solicítese el acuse de recibo correspondiente y fórmese cuaderno de antecedentes. Téngase como domicilio de la promovente del amparo para oír y recibir notificaciones, el ubicado en *** esta ciudad, y como autorizado de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados ***, en virtud de que tienen debidamente registrada su cédula profesional en la base de datos que se configuró en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y únicamente para recibir notificaciones de carácter personal e imponerse de los autos, en términos restringidos del numeral invocado, conforme a su segundo párrafo, segunda parte, a ***, en virtud de que ninguno de ellos tiene registrada su cédula profesional en la base de datos mencionada.
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