Claudia Margarita García Mata
Expediente 725/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 725/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/09/2022
Partes del expediente
- Claudia Margarita García Mata
Actuaciones
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, trece de septiembre de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Claudia Margarita García Mata, contra actos de Pemex Exploración y Producción y de otra autoridad, radíquese con el número de expediente 725/2022, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. DESECHAMIENTO. Por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, en primer lugar, se analizará si se actualiza alguna de las causales de improcedencia del juicio de amparo, previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto transcrito se advierte que si examinada la demanda de amparo, se encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Ahora, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquel del que no se tiene duda ni incertidumbre de su existencia, es decir, el juzgador tiene la plena certeza y convicción de que no podrá ser desvirtuado con algún otro medio probatorio, porque se encuentra debidamente probada y no a base a presunciones. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, julio de 2002, página 448, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Así las cosas, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo. En efecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1195/1992, sostuvo que por autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, debe entenderse a aquellos funcionarios de organismos públicos que con fundamento en la ley emiten actos unilaterales por los que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica del gobernado, en donde esos actos pudieran exigirse su cumplimiento mediante el uso de la fuerza pública. De este criterio, emergió la tesis aislada P. XXVII/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo V, febrero de 1997, visible a foja 118, Novena Época, intitulada: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 76/99-SS, señaló las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado Criterio que se contiene en la tesis aislada 2a. CCIV/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, noviembre de 2001, página 39, Novena Época, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." De igual forma, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 1131/2017, 3/2018, 1352/2017 y 19/2018, sostuvo que el régimen transitorio de la reforma constitucional ordenó la transformación de Petróleos Mexicanos en empresa productiva del Estado, con el mandato constitucional de crear valor económico a fin de incrementar los ingresos de la Nación, con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental. Agregó, que las empresas productivas del Estado son una nueva categoría de entidades paraestatales con un régimen jurídico especial y diferenciado, alejado de la tradicional lógica de controles y jerarquía administrativa, basado en principios de gobierno corporativo. Sobre esa base, concluyó que a pesar de que el fundamento de su creación son normas de derecho público, su operación se rige, en lo no previsto por su ley, reglamento y disposiciones que de éstos emanen, por el derecho civil y mercantil. De las anteriores ejecutorias derivó la tesis aislada 2a. LXXX/2018 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 58, septiembre de 2018, tomo I, página 1214, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO. SU NATURALEZA. El régimen transitorio de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 20 de diciembre de 2013, ordenó la transformación de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad en empresas productivas del Estado. De los preceptos reformados y los objetivos perseguidos se advierte que dichos entes son empresas públicas de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con el mandato constitucional de crear valor económico a fin de incrementar los ingresos de la Nación, con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental. Por otro lado, y como el artículo 90 constitucional señala que la Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal, se concluye que las empresas productivas del Estado son una nueva categoría de entidades paraestatales con un régimen jurídico especial y diferenciado, alejado de la tradicional lógica de controles y jerarquía administrativa, basado en principios de gobierno corporativo. Por ello y a pesar de que el fundamento de su creación son normas de derecho público, su operación se rige, en lo no previsto por su ley, reglamento y disposiciones que de éstos emanen, por el derecho civil y mercantil. Con este régimen diferenciado se pretende que las empresas productivas del Estado puedan competir con flexibilidad y autonomía en las industrias que se les encomiendan y así cumplir con su mandato constitucional." Bajo ese contexto, en el caso que nos ocupa, la lectura integral de la demanda de amparo revela que la quejosa reclama a Pemex Exploración y Producción los actos reclamados siguientes: 1.La abstención de dejar de otorgar a la quejosa el pago de salario y prestaciones al cien por ciento que actualmente se le otorgan. 2. La continuidad y el pago de todas las prestaciones, salario al 100% a favor de la quejosa, en relación con la cláusula 121 del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre Petróleos Mexicanos, por si y en representación de sus empresas productivas subsidiaria y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, relativa a que los trabajadores de planta afectados por enfermedades o accidentes no profesionales, incapacitados para laborar, disfrutarán de servicio médico durante 335 días y del cien por ciento de su salario ordinario durante dicho periodo y en caso de que se agotara dicho periodo se ampliará dicho beneficio por el tiempo necesario. En ese tenor, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, se llega a la conclusión de que Petróleos Mexicanos no es autoridad para efectos del juicio de amparo, pues la relación entre Petróleos Mexicanos y el pago de salarios y prestaciones del trabajador con motivo de una incapacidad por enfermedades o accidentes no profesionales, es tipo laboral similar a la posición de un patrón, ya que al contratar los servicios de particulares para llevar a cabo las funciones que está obligado a prestar, mediante el pago de un salario, estableciéndose entre éstos, una relación de subordinación del trabajador hacia el patrón, no actúa con el imperio de su soberanía, que es la característica distintiva de los actos de autoridad. De ahí que, la abstención de dejar de otorgar a la quejosa el pago de salario y prestaciones al cien por ciento que actualmente se le otorgan a la quejosa, como beneficiaria de las incapacidades que se le otorgan a los trabajadores, no constituye un acto de autoridad ni es equiparable a ésta, pues no emana de una relación de supra a subordinación entre una autoridad y un gobernado, sino de una de coordinación en un vínculo laboral, ni puede considerarse como imperativo, pues la afectada con motivo de la abstención reclamada tiene la posibilidad de acudir ante un tribunal laboral, a fin de que decida lo correspondiente. Al respecto, resulta aplicable la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 205-216, Tercera Parte, página 128, Séptima Época, de rubro y texto siguientes: "PETROLEOS MEXICANOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. El organismo descentralizado Petróleos Mexicanos carece de imperio para hacer cumplir sus determinaciones, por lo que, en términos de los artículo 103, fracción I, constitucional, y 1o., fracción I, de la Ley de Amparo, no tiene el carácter de autoridad para los efectos del amparo." Asimismo, resulta aplicable la tesis aislada I.7o.A.4 K, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, agosto de 1998, página 889, que dice: "PETRÓLEOS MEXICANOS. TRATÁNDOSE DE ACTOS RELATIVOS A LA RELACIÓN LABORAL CON SUS EMPLEADOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Cuando Petróleos Mexicanos disminuye al quejoso en su nivel de escalafón de empleados con motivo del Acuerdo para Superar la Emergencia Económica de once de enero de mil novecientos noventa y cinco; tal proceder no inviste las características de acto de autoridad para los efectos del numeral 103 constitucional; en virtud de que los actos que ejecuta Petróleos Mexicanos en relación a sus trabajadores tiene origen en el vínculo obrero-patrón y no gobierno-gobernado, cuyas diferencias están sujetas a la jurisdicción de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, acorde al contenido de la fracción XXII del apartado A del artículo 123 de la Norma Fundamental." No se soslaya, que en la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el auto inicial de tramite no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, sin embargo, ese mismo órgano colegiado ya se pronunció de que Petróleos Mexicanos, no es autoridad por tratarse de una empresa productiva del Estado (similar a lo que acontece con la Comisión Federal de Electricidad) y porque carece de imperio para hacer cumplir sus determinaciones. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 113, 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 103, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 y 5, fracción II de la Ley de Amparo, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Claudia Margarita García Mata. DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en calle caracol, número 121 A, Colonia Justo Sierra, entre avenida Paseo del Mar y Calle Delfín. AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. Como lo solicita el quejoso, se tienen por autorizados con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Mercy Ossana Luna Guzmán y José Daniel Nápoles Flores. Autorización que se admite sin necesidad de que las personas autorizadas acrediten encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, pues este juicio de amparo es en materia laboral y el quejoso tiene el carácter de parte trabajadora. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Desde este momento, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias de autos (salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales), en la inteligencia que toda reproducción se llevará a cabo ante el secretario que tiene a cargo el expediente en que se actúa, quien levantará la certificación correspondiente del medio electrónico utilizado y de la constancia reproducida. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022, 9/2022 y 16/2022, de dicho órgano colegiado, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es, mediante el esquema de "juicio en línea". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA QUEJOSA CLAUDIA MARGARITA GARCIA MATA, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ A ESTE JUZGADO DE DISTRITO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL AVISO FIJADO EL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, PARA NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADO EN ESTE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EL CUAL SE TRANSCRIBE Ciudad del Carmen, Campeche, trece de septiembre de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Claudia Margarita García Mata, contra actos de Pemex Exploración y Producción y de otra autoridad, radíquese con el número de expediente 725/2022, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. DESECHAMIENTO. Por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, en primer lugar, se analizará si se actualiza alguna de las causales de improcedencia del juicio de amparo, previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto transcrito se advierte que si examinada la demanda de amparo, se encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Ahora, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquel del que no se tiene duda ni incertidumbre de su existencia, es decir, el juzgador tiene la plena certeza y convicción de que no podrá ser desvirtuado con algún otro medio probatorio, porque se encuentra debidamente probada y no a base a presunciones. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, julio de 2002, página 448, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Así las cosas, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo. En efecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1195/1992, sostuvo que por autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, debe entenderse a aquellos funcionarios de organismos públicos que con fundamento en la ley emiten actos unilaterales por los que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica del gobernado, en donde esos actos pudieran exigirse su cumplimiento mediante el uso de la fuerza pública. De este criterio, emergió la tesis aislada P. XXVII/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo V, febrero de 1997, visible a foja 118, Novena Época, intitulada: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 76/99-SS, señaló las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado Criterio que se contiene en la tesis aislada 2a. CCIV/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, noviembre de 2001, página 39, Novena Época, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." De igual forma, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 1131/2017, 3/2018, 1352/2017 y 19/2018, sostuvo que el régimen transitorio de la reforma constitucional ordenó la transformación de Petróleos Mexicanos en empresa productiva del Estado, con el mandato constitucional de crear valor económico a fin de incrementar los ingresos de la Nación, con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental. Agregó, que las empresas productivas del Estado son una nueva categoría de entidades paraestatales con un régimen jurídico especial y diferenciado, alejado de la tradicional lógica de controles y jerarquía administrativa, basado en principios de gobierno corporativo. Sobre esa base, concluyó que a pesar de que el fundamento de su creación son normas de derecho público, su operación se rige, en lo no previsto por su ley, reglamento y disposiciones que de éstos emanen, por el derecho civil y mercantil. De las anteriores ejecutorias derivó la tesis aislada 2a. LXXX/2018 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 58, septiembre de 2018, tomo I, página 1214, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO. SU NATURALEZA. El régimen transitorio de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 20 de diciembre de 2013, ordenó la transformación de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad en empresas productivas del Estado. De los preceptos reformados y los objetivos perseguidos se advierte que dichos entes son empresas públicas de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con el mandato constitucional de crear valor económico a fin de incrementar los ingresos de la Nación, con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental. Por otro lado, y como el artículo 90 constitucional señala que la Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal, se concluye que las empresas productivas del Estado son una nueva categoría de entidades paraestatales con un régimen jurídico especial y diferenciado, alejado de la tradicional lógica de controles y jerarquía administrativa, basado en principios de gobierno corporativo. Por ello y a pesar de que el fundamento de su creación son normas de derecho público, su operación se rige, en lo no previsto por su ley, reglamento y disposiciones que de éstos emanen, por el derecho civil y mercantil. Con este régimen diferenciado se pretende que las empresas productivas del Estado puedan competir con flexibilidad y autonomía en las industrias que se les encomiendan y así cumplir con su mandato constitucional." Bajo ese contexto, en el caso que nos ocupa, la lectura integral de la demanda de amparo revela que la quejosa reclama a Pemex Exploración y Producción los actos reclamados siguientes: 1.La abstención de dejar de otorgar a la quejosa el pago de salario y prestaciones al cien por ciento que actualmente se le otorgan. 2. La continuidad y el pago de todas las prestaciones, salario al 100% a favor de la quejosa, en relación con la cláusula 121 del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre Petróleos Mexicanos, por si y en representación de sus empresas productivas subsidiaria y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, relativa a que los trabajadores de planta afectados por enfermedades o accidentes no profesionales, incapacitados para laborar, disfrutarán de servicio médico durante 335 días y del cien por ciento de su salario ordinario durante dicho periodo y en caso de que se agotara dicho periodo se ampliará dicho beneficio por el tiempo necesario. En ese tenor, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, se llega a la conclusión de que Petróleos Mexicanos no es autoridad para efectos del juicio de amparo, pues la relación entre Petróleos Mexicanos y el pago de salarios y prestaciones del trabajador con motivo de una incapacidad por enfermedades o accidentes no profesionales, es tipo laboral similar a la posición de un patrón, ya que al contratar los servicios de particulares para llevar a cabo las funciones que está obligado a prestar, mediante el pago de un salario, estableciéndose entre éstos, una relación de subordinación del trabajador hacia el patrón, no actúa con el imperio de su soberanía, que es la característica distintiva de los actos de autoridad. De ahí que, la abstención de dejar de otorgar a la quejosa el pago de salario y prestaciones al cien por ciento que actualmente se le otorgan a la quejosa, como beneficiaria de las incapacidades que se le otorgan a los trabajadores, no constituye un acto de autoridad ni es equiparable a ésta, pues no emana de una relación de supra a subordinación entre una autoridad y un gobernado, sino de una de coordinación en un vínculo laboral, ni puede considerarse como imperativo, pues la afectada con motivo de la abstención reclamada tiene la posibilidad de acudir ante un tribunal laboral, a fin de que decida lo correspondiente. Al respecto, resulta aplicable la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 205-216, Tercera Parte, página 128, Séptima Época, de rubro y texto siguientes: "PETROLEOS MEXICANOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. El organismo descentralizado Petróleos Mexicanos carece de imperio para hacer cumplir sus determinaciones, por lo que, en términos de los artículo 103, fracción I, constitucional, y 1o., fracción I, de la Ley de Amparo, no tiene el carácter de autoridad para los efectos del amparo." Asimismo, resulta aplicable la tesis aislada I.7o.A.4 K, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, agosto de 1998, página 889, que dice: "PETRÓLEOS MEXICANOS. TRATÁNDOSE DE ACTOS RELATIVOS A LA RELACIÓN LABORAL CON SUS EMPLEADOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Cuando Petróleos Mexicanos disminuye al quejoso en su nivel de escalafón de empleados con motivo del Acuerdo para Superar la Emergencia Económica de once de enero de mil novecientos noventa y cinco; tal proceder no inviste las características de acto de autoridad para los efectos del numeral 103 constitucional; en virtud de que los actos que ejecuta Petróleos Mexicanos en relación a sus trabajadores tiene origen en el vínculo obrero-patrón y no gobierno-gobernado, cuyas diferencias están sujetas a la jurisdicción de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, acorde al contenido de la fracción XXII del apartado A del artículo 123 de la Norma Fundamental." No se soslaya, que en la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el auto inicial de tramite no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, sin embargo, ese mismo órgano colegiado ya se pronunció de que Petróleos Mexicanos, no es autoridad por tratarse de una empresa productiva del Estado (similar a lo que acontece con la Comisión Federal de Electricidad) y porque carece de imperio para hacer cumplir sus determinaciones. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 113, 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 103, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 y 5, fracción II de la Ley de Amparo, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Claudia Margarita García Mata. DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en calle caracol, número 121 A, Colonia Justo Sierra, entre avenida Paseo del Mar y Calle Delfín. AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. Como lo solicita el quejoso, se tienen por autorizados con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Mercy Ossana Luna Guzmán y José Daniel Nápoles Flores. Autorización que se admite sin necesidad de que las personas autorizadas acrediten encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, pues este juicio de amparo es en materia laboral y el quejoso tiene el carácter de parte trabajadora. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Desde este momento, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias de autos (salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales), en la inteligencia que toda reproducción se llevará a cabo ante el secretario que tiene a cargo el expediente en que se actúa, quien levantará la certificación correspondiente del medio electrónico utilizado y de la constancia reproducida. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022, 9/2022 y 16/2022, de dicho órgano colegiado, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es, mediante el esquema de "juicio en línea". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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