Claudia del Jesús Amador Cárdenas
Expediente 108/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 108/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/10/2022
Partes del expediente
- Sala Mixta del Segundo Distrito Judicial del Estado, Carmen, Campeche
- Claudia del Jesús Amador Cárdenas
Actuaciones
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, once de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días que establece el artículo 98, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, interpusiera recurso de queja contra el auto de nueve de mayo de dos mil veintidós, que desechó de plano el incidente de nulidad de notificaciones, transcurrió del doce al dieciocho de mayo del año en curso, con exclusión de los días catorce y quince del citado mes y años, por ser inhábiles (sábado y domingo), en términos de artículo 19 de la Ley de Amparo sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de nueve de mayo de dos mil veintidós, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Finalmente, toda vez que mediante auto de veintisiete de abril de dos mi veintidós, se ordenó el archivo definitivo de este expediente como asunto concluido, dése cumplimiento a lo ordenado en dicho proveído. Notifíquese por lista a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, nueve de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de la quejosa Claudia de Jesús Amador Cárdenas, mediante el cual, promueve incidente de nulidad de notificaciones en contra de la notificación del acuerdo de cinco de abril de dos mil veintidós, realizada por lista el seis de abril de dos mil veintidós. Ahora bien, en primer lugar, es menester señalar que la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, no establece expresamente cuál es el plazo para promover el incidente de nulidad de notificación, pues en su artículo 68, párrafo primero, sólo señala que podrá pedirse la nulidad de una notificación realizada con posterioridad al dictado de la sentencia, en la siguiente actuación en que se comparezca. Al respecto, es importante recordar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 375/2009, sostuvo que el plazo para promover el incidente de nulidad de notificación, es de tres días, de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, párrafo segundo. Asimismo, que el plazo de tres días para promover el incidente de nulidad de notificación, inicia a partir del día siguiente al en que el promovente del incidente de nulidad tuvo conocimiento de la notificación que se tilda de ilegal, ya que la manifestación del promovente respecto de cuándo tuvo conocimiento de la notificación impugnada constituye un elemento válido a partir del cual se puede determinar la oportunidad del incidente de nulidad, pues la fecha que se desprenda de la diligencia de notificación no puede ser tomada en consideración, ya que precisamente su legalidad es lo que se controvierte en el incidente y, en todo caso, la manifestación del promovente será materia de análisis por parte del órgano jurisdiccional, en la medida que podría quedar desvirtuada si obran en el expediente elementos distintos a la diligencia de notificación combatida que acrediten que tuvo conocimiento en fecha distinta o, incluso, conforme al artículo 320 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el órgano jurisdiccional puede desechar de plano el incidente de nulidad si advierte de autos que el incidentista previamente se ostentó sabedor del acto procesal materia de la notificación impugnada. De esta ejecutoria, emergió la jurisprudencia 1a./J. 10/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, marzo de 2011, página 290, Novena Época, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL AMPARO. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PROMOVERLO DEBE INICIAR A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL PROMOVENTE TUVO CONOCIMIENTO DE LA DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN IMPUGNADA. Si bien es cierto que en la Ley de Amparo y en el Código Federal de Procedimientos Civiles, norma supletoria de aquélla conforme a lo dispuesto en su numeral 2o., no se precisa expresamente a partir de cuándo debe iniciar el cómputo del plazo para promover el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 32 de la Ley de la materia, también lo es que de una interpretación sistemática de los artículos 2o., 27, 28, 30 y 32 de la Ley de Amparo, y 315 y 320 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y considerando el objeto y efectos del incidente mencionado, se concluye que tal plazo debe computarse a partir del día siguiente al en que el promovente del incidente de nulidad tuvo conocimiento de la notificación que se tilda de ilegal. Ello es así, pues dicho conocimiento constituye un elemento válido a partir del cual se puede determinar su oportunidad, puesto que la fecha que se desprenda de la diligencia de notificación impugnada no puede tenerse en consideración, dado que precisamente ese dato es parte de lo que se controvierte en el incidente. En todo caso, la manifestación de cuándo se tuvo conocimiento será materia de análisis por parte del órgano jurisdiccional, en la medida que podría quedar desvirtuada si obran en el expediente elementos -distintos a la diligencia de notificación combatida- que acrediten que tuvo conocimiento en fecha distinta, o incluso, conforme al artículo 320 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el órgano jurisdiccional puede desechar de plano el incidente de nulidad si advierte de autos que el promovente previamente se ostentó sabedor del acto procesal materia de la notificación impugnada." Este criterio jurisprudencial pese a que interpretó los artículos 2, 27, 28, 30 y 32 de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, resulta aplicable al caso concreto en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, dado que no se opone a la Ley de Amparo en vigor. Sobre esa base, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, de la consulta realizada por el secretario proyectista del juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el rubro de "Agenda visita a OJ", "reporte de agenda", respecto a la consulta de citas agendadas por justiciables, de las citas generadas el veinticinco de abril de dos mil veintidós, se advierte que la quejosa generó una consulta para el veinticinco de abril de dos mil veintidós, a las 10:00 am, para consultar el expediente 108/2022, para lo cual, el sistema le asignó el folió 53579-2022, NEUM 29804049, como se advierte de la captura de pantalla siguiente: Luego, a las diez horas del veinticinco de abril de dos mil veintidós, se presentó la quejosa Claudia del Jesús Amador Cárdenas, en la ventanilla de la Oficialía de Partes de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, en compañía de quien dijo ser su abogada, Aracely Noemi Ancana Jiménez, y consultaron el expediente 108/2022. Lo anterior, se robustece con el escrito de la quejosa Claudia del Jesús Amador Cárdenas, registrado con el folio 1320, en el que manifiesta que: "4.- con fecha 25 de abril del 2022, previa cita, me apersoné a dicho juzgado, en el cual me entero que mi demanda fue desechada mediante proveído de fecha 05 de ese mismo mes y año, mismo que fue publicado por lista de acuerdos publicada en los estrados de este órgano de amparo el día 06 de abril de 2022. En esas condiciones, si la quejosa tuvo conocimiento de la notificación impugnada el veinticinco de abril de dos mil veintidós, por tanto, el plazo de tres días para promover el incidente de nulidad de notificaciones, transcurrió del veintiséis al veintiocho de abril de dos mil veintidós. Por consiguiente, si el escrito en el que se promueve el incidente de nulidad de notificaciones, se presentó el veintinueve de abril de dos mil veintidós, resulta evidente que no se promovió en tiempo. Por las razones expuestas, con fundamento en el artículo 297, fracción II, el Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desecha de plano, por extemporáneo, el incidente de nulidad de notificaciones promovido por la quejosa. Por otro lado, con fundamento en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en Calle Consuelo Velázquez, número 16, Colonia Compositores, Ciudad del Carmen, Campeche. Finalmente, como lo solicita la quejosa, se tiene por autorizada con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la licenciada en derecho Aracely Noemí Ancona Jiménez, pues de la certificación de cuenta, se advierte que se realizó consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, de la que se desprende que la persona autorizada cuenta con cédula profesional de licenciada en derecho. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. VIII/2020 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4456, Décima Época, de la voz: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, veintisiete de abril de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito de Claudia del Jesús Amador Cárdenas, por medio del cual solicita copia certificada del expediente 108/2022. Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele copia certificada de las constancias que integran el presente expediente, previa identificación y razón de recibo que se deje en autos para constancia. Por otro lado, toda vez que la obtención y entrega de las copias requiere la presencia física de quien las solicita, con fundamento en los artículos 3 y 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 1/2022 y 7/2022 del propio Consejo, hágase del conocimiento de la parte quejosa, que deberá generar la cita respectiva a través del sistema "Agenda OJ" disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la que se programará el día y la hora en que deberán comparecer ante este órgano jurisdiccional, para que se le entregue la copia autorizada. Por otro lado vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días que establece el artículo 98 párrafo primero de la Ley de Amparo, para que la quejosa Claudia del Jesús Amador Cárdenas, interpusiera recurso de queja contra el auto de cinco de abril de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo, transcurrió del ocho al diecinueve de abril de dos mil veintidós, con exclusión de los días nueve, diez, dieciséis y diecisiete de abril de abril del año en curso, por ser inhábiles (sábados y domingos), en términos de artículo 19 de la Ley de Amparo, así como el trece, catorce y quince de abril de dos mil veintidós, de conformidad con la Circular 5/2022 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de cinco de abril de dos mil veintidós, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Ahora bien, vista la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido Acuerdo General. Realícense las anotaciones en el libro uno del juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo archivístico, así como en la relación que se integre. Notifíquese por lista a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, cinco de abril de dos mil veintidós. I. RADICACIÓN Y ACEPTACIÓN DE COMPETENCIA. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio 9090-IV-B, de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche, con sede en San Francisco de Campeche, remitido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), mediante el cual, transcribe el acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 365/2022, por el que la titular de ese órgano jurisdiccional, declaró carecer de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo promovida por Claudia del Jesús Amador Cárdenas, contra actos de la Sala Mixta del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, y de otra autoridad, por ende, remite el expediente formado con motivo de la demanda de amparo. En consecuencia, acúsese recibo y radíquese la demanda de amparo con el número de expediente 108/2022, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Por otra parte, este órgano jurisdiccional acepta la competencia declinada por la Jueza Primero de Distrito en el Estado de Campeche, con sede en San Francisco de Campeche, pues comparte el argumento de que la resolución reclamada, al tratarse de una determinación que revocó un auto de vinculación a proceso, tendrá ejecución material en Ciudad del Carmen, Campeche, por ser este el lugar donde tienen su residencia las autoridades ordenadora y ejecutora. II. DESECHAMIENTO. Por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, en primer lugar, se analizará si se actualiza alguna de las causales de improcedencia del juicio de amparo, previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto transcrito se advierte que si examinada la demanda de amparo, se encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Ahora, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquel del que no se tiene duda ni incertidumbre de su existencia, es decir, el juzgador tiene la plena certeza y convicción de que no podrá ser desvirtuado con algún otro medio probatorio, porque se encuentra debidamente probada y no a base a presunciones. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, julio de 2002, página 448, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Así las cosas, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" Por su parte, el artículo 6 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De conformidad con los preceptos legales transcritos, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anterior, significa que el juicio de amparo nunca podrá proceder de forma oficiosamente, sino que se requiere que alguien lo promueva. Por otra parte, el artículo 3 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 3. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." El precepto transcrito, establece una "opción" para el promovente el presentar su escrito de demanda en forma impresa o electrónicamente (como facilidad procesal). Ahora, cuando el promovente decide presentar su demanda de amparo en forma impresa, es requisito indispensable que estampe sobre la misma su firma autógrafa o huella digital y la rúbrica de quien firmó a su ruego, como signos inequívocos de expresión de voluntad, ya que la firma autógrafa o huella dactilar son los medios idóneos para atribuir al suscriptor de un documento su autenticidad. En lo conducente, resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 1/2011 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 3, página 2333, Décima Época, intitulada: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES INNECESARIO REQUERIR SU RATIFICACIÓN PREVIO A SU ADMISIÓN, POR EL HECHO DE CONTENER LA HUELLA DIGITAL DEL PROMOVENTE Y LA RÚBRICA DE QUIEN FIRMA A SU RUEGO. Si de las constancias del juicio de amparo indirecto se advierte que la demanda carece de firma del quejoso, pero aparece su huella digital, así como la rúbrica de quien lo hizo a su ruego, tales elementos son suficientes para demostrar su manifestación de voluntad de instar la acción constitucional, ya que si bien la huella digital únicamente es un elemento de individualización, con la "firma a ruego" se exterioriza el propósito de promoverla al ser un elemento complementario y de perfeccionamiento de la voluntad del promovente que no sabe o no puede firmar, por lo que el juez de distrito o el tribunal del conocimiento deben admitir el ocurso sin necesidad de prevenirlo para ratificar su contenido. Además, el artículo 12 de la Ley de Amparo, prevé que la personalidad se justifica en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado, por lo que al existir en otros cuerpos legales normas que establecen que cuando el interesado no sepa leer o escribir bastará con que imprima su huella digital y alguien firme a su ruego, se concluye que la ley de la materia no puede prever exigencias mayores a las señaladas en éstas, lo que ocasiona que deba admitirse la demanda sin mayores presupuestos o exigencias legales, aunado a que en el citado ordenamiento legal no existe disposición alguna en el sentido de que deba requerirse a la persona que imprimió su huella digital para que la ratifique ante la presencia judicial." Por otra parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 353/2011, sostuvo que conforme al Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, los servidores públicos que colaboran en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales cuentan, entre otras facultades, con la potestad de denegar las promociones que no cumplan los requisitos de ley. Esa facultad, lleva implícita la obligación de revisar cuidadosamente lo que están recibiendo, pues sólo así tendrán la posibilidad real de determinar si se cumplen o no las previsiones legales y, en su caso, denegar la promoción correspondiente. Por tanto, dijo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los oficiales de partes deben verificar, entre otros elementos, si la promoción fue recibida en original y con la firma autógrafa del promovente, y con la finalidad de respetar las garantías de legalidad y certeza a las que se ha hecho alusión, deben relacionar con precisión esta circunstancia, en el acuse o razón correspondiente. En cambio, si la oficialía de partes de un órgano jurisdiccional recibe una promoción dentro del juicio de amparo y en la razón o acuse correspondiente no anota que se presentó sin la firma autógrafa del promovente, es válido presumir que el documento de mérito se exhibió en original y cumpliendo con el requisito de la signatura, en los términos precisados en la ley de la materia. De esta ejecutoria emergió la jurisprudencia 2a./J. 32/2011 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro IV, enero de 2012, Tomo 4, página 3632 Décima Época, que dice: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA. Con fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Amparo es dable presumir que, por regla general, todas las promociones recibidas en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales, dentro del juicio de amparo, se presentaron en original y con firma autógrafa, al ser éste un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. Por otra parte, en términos del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, los servidores públicos que colaboran en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales cuentan, entre otras facultades, con la de denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, lo que les obliga a revisar, entre otros elementos, si fueron recibidas en original y con firma autógrafa y, a fin de respetar las garantías de legalidad y certeza, deben relacionar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente. Por tanto, si al recibir una promoción dentro del juicio de amparo no anotan, en la razón o acuse correspondiente, que se presentó sin firma autógrafa del promovente, es válido presumir que se exhibió en original y con la signatura referida." En el caso que nos ocupa, la demanda de amparo de cuenta, carece de la firma autógrafa o huella digital de la promovente Claudia del Jesús Amador Cárdenas. Asimismo, en el sello de recepción de demanda, el oficial de partes del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche, con sede en San Francisco de Campeche, hizo constar que dicho ocurso "no contaba con firma". Circunstancia que se destacó en la papeleta de turno de demanda de amparo, pues en el apartado denominado "observaciones", se asentó lo siguiente: "SE HACE CONSTAR QUE EL ESCRITO DE DEMANDA NO CUENTA CON FIRMA DEL QUEJOSO". Bajo ese contexto, se concluye que la demanda de amparo de cuenta, se trata de un simple papel que no tiene incorporada la voluntad de la quejosa, sin que tal omisión deba ser corregida a instancia del juzgador, mediante una prevención, por no tratarse de una irregularidad u omisión a los requisitos previstos en el artículo 108 de la Ley de Amparo. Al respecto, resulta aplicable la tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988, página 241, Octava Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE FIRMA EN LA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA Y NO IRREGULARIDAD EN EL ESCRITO DE DEMANDA. No puede sostenerse válidamente que la ausencia de firma en la demanda de garantías constituya una irregularidad en el escrito y que por ello sea factible que el juez de Distrito se encuentre facultado para ordenar que la misma se subsane en los términos previstos por el artículo 146 de la Ley de Amparo, supuesto que un escrito presentado en esas condiciones no obliga al órgano de control a realizar acto alguno tendiente a darle curso, en la medida en que, al no encontrarse firmado, debe estimarse como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza. Por consiguiente, en esos casos procede que se deseche de plano la demanda por ser notoria e indudable su improcedencia." Por las razones expuestas, en razón de que la demanda de amparo carece de la firma autógrafa o huella digital de la promovente Claudia del Jesús Amador Cárdenas, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Claudia del Jesús Amador Cárdenas. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada VI.1o.151 K, del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-II, Febrero de 1995, página 303, Octava Época, con la voz: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 del mismo ordenamiento legal." Derivado de lo anterior, al no existir "expresión de voluntad" en el escrito de demanda, no ha lugar a tener como domicilio para recibir notificaciones el que se menciona en el escrito de demanda, ni por autorizada para tales efectos a la persona que se indica en el mismo. Notifíquese por lista a la quejosa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen · 2,040 expedientes
- Cindy Fabiola Nicoli Pérez730/2022
- Clara del Carmen Ehuan Marroquin251/2022
- Clara Inés Acosta Rodríguez700/2022
- Clara Inés Acosta Rodríguez699/2022
- Claudia Beatriz Ek Torres416/2023
- Claudia del Jesus Amador Cardenas344/2022
- Claudia del Jesus Amador Cardenas318/2022
- Claudia Margarita García Mata725/2022
- Claudia Verenice Cordero Ortega1028/2022
- Claudio Eduardo Mata Pérez122/2022
- Clemente Delgadillo Castillo1012/2022
- Clemente Ramos Del Angel1183/2022