Claudia Ivonne López Delgado

Expediente 625/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 17 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
625/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
25/02/2022

Partes del expediente

  • Claudia Ivonne López Delgado y Otros.
  • Claudia Ivonne López Delgado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    En esta fecha se notifica por lista de acuerdos a la parte tercero interesada el auto de fecha veinticinco de febrero de dos mil veintidós, mismo que dice:"... Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y tercera interesada mediante proveído de once de febrero de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que las partes hicieran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que en sentencia de veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa Claudia Ivonne López Delgado por propio derecho y en representación de su menor hija de identidad reservada bajo las siglas N.G.T.L., para el efecto de que: "(.)Consecuentemente, de conformidad con lo considerado en líneas precedentes, y con fundamento en el artículo 77 de la ley de la materia, se concede el amparo y protección de la justicia federal solicitados por Claudia Ivonne López Delgado, por propio derecho y en representación de su menor hija de identidad reservada bajo las siglas N.G.T.L., para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución de cinco de julio de dos mil veintiuno, dictada dentro del Juicio Ordinario Civil 378/2018 del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz, que resolvió el recurso de reclamación interpuesto por el aquí tercero interesado Víctor Enrique Trigueros Cruz, que redujo el monto de la pensión alimenticia provisional del cincuenta al treinta por ciento de los ingresos que percibe y, en su lugar dicte otra con plenitud de jurisdicción y resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad jurisdiccional en la que: a) No deberá considerar la constancia de vigencia de derechos expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, de la parte actora. b) Valore de manera íntegra y correcta los recibos nómina exhibidos por la parte demandada, con data de octubre de dos mil dieciséis y diversas temporalidades de dos mil veinte; así como los recibos de pago de renta, correspondientes a los meses relativos al año dos mil diecinueve y dos mil veinte, en los términos señalados. c) Deberá exponer los motivos y razones por las cuales concluye que el porcentaje modificado en los términos que lo determine es el que corresponde para satisfacer las necesidades del deudor alimentario, así como de Claudia Ivonne López Delgado y que ello no afecta jurídicamente sus derechos y garantías. d) Así también, respecto al porcentaje de la menor de edad de identidad reservada bajo las siglas N.G.T.L., exponga fundamento legal y las razones en los que sustente su proceder. e) Atienda el criterio reiterado de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la noción judicial de "interés superior del niño". f) Analice el asunto con perspectiva de género como método analítico. (...)" En proveído de dieciocho de enero de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia y se requirió el cumplimiento al Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz. Así, en auto de once de febrero de dos mil veintidós, se acordó y ordenó dar vista a las partes quejosa y tercero interesada con las constancias relativas al cumplimiento dado por el juez responsable, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, pues mediante resolución de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, dejó insubsistente la diversa de cinco de julio de dos mil veintiuno (acto reclamado) que resolvió el recurso de reclamación interpuesto por Víctor Enrique Trigueros Cruz, en contra de la pensión alimenticia provisional decretada en el juicio ordinario civil 378/2018 de su índice. Asimismo, con oficio 846 remitió a este órgano jurisdiccional la resolución de nueve de febrero de dos mil veintidós, de la que se advierte que con libertad de jurisdicción procedió a realizar el análisis correspondiente, tomando en consideración los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, consistentes en que la autoridad responsable debía: a) No deberá considerar la constancia de vigencia de derechos expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, de la parte actora. En relación a ello, el juez responsable determinó no dar valor probatorio a la constancia de vigencia de derechos expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, al haber sido presentadas en forma posterior a la reclamación, puesto que de acuerdo al artículo 210 del Código Procesal de la materia, el reclamante no exhibió dicho documento en su escrito de reclamación, sino que lo hizo en escrito presentado el tres de mayo de dos mil veintiuno. b) Valore de manera íntegra y correcta los recibos de nómina exhibidos por la parte demandada, con data de octubre de dos mil dieciséis y diversas temporalidades de dos mil veinte; así como los recibos de pago de renta correspondientes a los meses relativos al año dos mil diecinueve y dos mil veinte, en los términos señalados. Por cuanto hace a este punto, el juez responsable determinó que no le favorecen en forma alguna al demandado los recibos de nómina exhibidos, toda vez que los mismos son del año dos mil diecinueve y dos mil veinte, no se encuentran actualizados al dos mil veintiuno y, atendiendo al contrato de arrendamiento y recibos de pago por ese concepto, no tuvo la certeza de que sean vigentes, puesto que corresponden al mes de octubre de dos mil dieciséis y diversas fechas de dos mil veinte. c) y d) Deberá exponer los motivos y razones por las cuales concluye que el porcentaje modificado en los términos que lo determine es el que corresponde para satisfacer las necesidades del deudor alimentario, así como de Claudia Ivonne López Delgado y que ello no afecta jurídicamente sus derechos y garantías; así también, respecto al porcentaje de la menor de edad de identidad reservada bajo las siglas N.G.T.L., exponga fundamento legal y las razones en los que sustente su proceder. Atendiendo a este punto, estableció que el demandado debe guardar para si un porcentaje suficiente de sus ingresos para satisfacer sus propias necesidades, las que evidentemente son mayores a las de sus acreedores, tomando en cuenta que él es el generador de los alimentos; al alto costo de la vida que por ser un hecho notorio no requiere ser probado en términos de lo dispuesto por el artículo 232 párrafo segundo del Código Procesal Civil local, que los alimentos no tienen como propósito que los acreedores se enriquezcan, ni que el deudor alimentario se empobrezca, sino que por el contrario busca el que ambas partes tengan lo suficiente para vivir adecuadamente, de acuerdo a la proporcionalidad que señala el artículo 242 del Código Civil. Asimismo, determinó que el porcentaje de pensión alimenticia decretado de manera inicial, esto es, el cincuenta por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe Víctor Enrique Trigueros Cruz, correspondiéndole a la menor N.G.T.L., el treinta por ciento y Claudia Ivonne López Delgado, el veinte por ciento, lo decretó atendiendo a las necesidades de ambas acreedoras y a la capacidad del deudor alimentario, de acuerdo a lo narrado por la actora en su escrito inicial, que la menor necesita un tratamiento farmacológico, por cumplir con los criterios diagnósticos de TDAH, la edad de la menor, su grado escolar, todos los rubros que comprenden los alimentos, sin pasar por alto que las acreedoras cuentan con servicio médico y que la actora no ofreció un medio de prueba a fin de establecer en cuanto más ascienden sus gastos como lo sería pago de renta, agua potable, energía eléctrica, etcétera. e) Atienda el criterio reiterado de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la noción judicial de "interés superior del niño". Así, tomando en consideración la noción judicial de interés superior del menor estableció que el menor de edad de identidad reservada N.G.T.L.., cuenta con diecisiete años de edad, se encuentra en edad escolar, debe erogar gastos por concepto de pasaje, inscripciones, refrigerios, uniformes escolares, etcétera. f) Juzgar con perspectiva de género, tomando en consideración aspectos como el ingreso del deudor, las necesidades del acreedor; nivel de vida de la pareja, acuerdos a los que hubieran llegado cuando conformaban una pareja; la edad y el estado de salud de ambos; su calificación profesional, experiencia laboral y posibilidad de acceso a un empleo; duración del matrimonio; dedicación pasada y futura a la familia; y, en general, cualquier otra circunstancia que el juzgador considere relevante. Así, bajo la metodología de la perspectiva de género analizó que se trata de dos acreedores alimentarios Claudia Ivonne López Delgado y el menor de edad de identidad reservada N.G.T.L., con treinta y nueve y diecisiete años de edad, respectivamente, lo que advirtió del acta de nacimiento que valoro conforme a lo establecido en los artículos 235 fracción II, 261 fracciones II y IV y 265 del Código Procesal Civil; la dependencia económica de los acreedores con el reclamante, en virtud de que no acreditó de forma alguna que la actora percibía ingresos; en relación a la capacidad para trabajar de los cónyuges, obtuvo que no cuenta con datos suficientes por cuanto hace a la acreedora alimentaria y en tanto a Víctor Enrique Trigueros Cruz, es empleado de la empresa denominada INGENIO AZUCARERO MODELO S.A. DE C.V. y, en virtud de la edad de ambos se encuentran en la etapa inicial de la adultez media, con nivel de vida medio, subsistiendo únicamente con los ingresos obtenidos por el deudor alimentista. De lo anteriormente expuesto, se aprecia que la autoridad responsable dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, dejó insubsistente la resolución de cinco de julio de dos mil veintiuno, dictada dentro del juicio ordinario civil 378/2018 de su índice, que resolvió el recurso de reclamación interpuesto por Víctor Enrique Trigueros Cruz y, en su lugar, dictó otra resolución con plenitud de jurisdicción, tomando como base las consideraciones apuntadas en la ejecutoria de amparo, subsanando el vicio formal y demás consideraciones ahí destacadas. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley..."

  2. Principal

    En esta fecha se notifica por lista de acuerdos a la parte quejosa el auto de fecha veinticinco de febrero de dos mil veintidós, mismo que dice:"... Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y tercera interesada mediante proveído de once de febrero de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que las partes hicieran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que en sentencia de veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa Claudia Ivonne López Delgado por propio derecho y en representación de su menor hija de identidad reservada bajo las siglas N.G.T.L., para el efecto de que: "(.)Consecuentemente, de conformidad con lo considerado en líneas precedentes, y con fundamento en el artículo 77 de la ley de la materia, se concede el amparo y protección de la justicia federal solicitados por Claudia Ivonne López Delgado, por propio derecho y en representación de su menor hija de identidad reservada bajo las siglas N.G.T.L., para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución de cinco de julio de dos mil veintiuno, dictada dentro del Juicio Ordinario Civil 378/2018 del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz, que resolvió el recurso de reclamación interpuesto por el aquí tercero interesado Víctor Enrique Trigueros Cruz, que redujo el monto de la pensión alimenticia provisional del cincuenta al treinta por ciento de los ingresos que percibe y, en su lugar dicte otra con plenitud de jurisdicción y resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad jurisdiccional en la que: a) No deberá considerar la constancia de vigencia de derechos expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, de la parte actora. b) Valore de manera íntegra y correcta los recibos nómina exhibidos por la parte demandada, con data de octubre de dos mil dieciséis y diversas temporalidades de dos mil veinte; así como los recibos de pago de renta, correspondientes a los meses relativos al año dos mil diecinueve y dos mil veinte, en los términos señalados. c) Deberá exponer los motivos y razones por las cuales concluye que el porcentaje modificado en los términos que lo determine es el que corresponde para satisfacer las necesidades del deudor alimentario, así como de Claudia Ivonne López Delgado y que ello no afecta jurídicamente sus derechos y garantías. d) Así también, respecto al porcentaje de la menor de edad de identidad reservada bajo las siglas N.G.T.L., exponga fundamento legal y las razones en los que sustente su proceder. e) Atienda el criterio reiterado de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la noción judicial de "interés superior del niño". f) Analice el asunto con perspectiva de género como método analítico. (...)" En proveído de dieciocho de enero de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia y se requirió el cumplimiento al Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz. Así, en auto de once de febrero de dos mil veintidós, se acordó y ordenó dar vista a las partes quejosa y tercero interesada con las constancias relativas al cumplimiento dado por el juez responsable, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, pues mediante resolución de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, dejó insubsistente la diversa de cinco de julio de dos mil veintiuno (acto reclamado) que resolvió el recurso de reclamación interpuesto por Víctor Enrique Trigueros Cruz, en contra de la pensión alimenticia provisional decretada en el juicio ordinario civil 378/2018 de su índice. Asimismo, con oficio 846 remitió a este órgano jurisdiccional la resolución de nueve de febrero de dos mil veintidós, de la que se advierte que con libertad de jurisdicción procedió a realizar el análisis correspondiente, tomando en consideración los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, consistentes en que la autoridad responsable debía: a) No deberá considerar la constancia de vigencia de derechos expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, de la parte actora. En relación a ello, el juez responsable determinó no dar valor probatorio a la constancia de vigencia de derechos expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, al haber sido presentadas en forma posterior a la reclamación, puesto que de acuerdo al artículo 210 del Código Procesal de la materia, el reclamante no exhibió dicho documento en su escrito de reclamación, sino que lo hizo en escrito presentado el tres de mayo de dos mil veintiuno. b) Valore de manera íntegra y correcta los recibos de nómina exhibidos por la parte demandada, con data de octubre de dos mil dieciséis y diversas temporalidades de dos mil veinte; así como los recibos de pago de renta correspondientes a los meses relativos al año dos mil diecinueve y dos mil veinte, en los términos señalados. Por cuanto hace a este punto, el juez responsable determinó que no le favorecen en forma alguna al demandado los recibos de nómina exhibidos, toda vez que los mismos son del año dos mil diecinueve y dos mil veinte, no se encuentran actualizados al dos mil veintiuno y, atendiendo al contrato de arrendamiento y recibos de pago por ese concepto, no tuvo la certeza de que sean vigentes, puesto que corresponden al mes de octubre de dos mil dieciséis y diversas fechas de dos mil veinte. c) y d) Deberá exponer los motivos y razones por las cuales concluye que el porcentaje modificado en los términos que lo determine es el que corresponde para satisfacer las necesidades del deudor alimentario, así como de Claudia Ivonne López Delgado y que ello no afecta jurídicamente sus derechos y garantías; así también, respecto al porcentaje de la menor de edad de identidad reservada bajo las siglas N.G.T.L., exponga fundamento legal y las razones en los que sustente su proceder. Atendiendo a este punto, estableció que el demandado debe guardar para si un porcentaje suficiente de sus ingresos para satisfacer sus propias necesidades, las que evidentemente son mayores a las de sus acreedores, tomando en cuenta que él es el generador de los alimentos; al alto costo de la vida que por ser un hecho notorio no requiere ser probado en términos de lo dispuesto por el artículo 232 párrafo segundo del Código Procesal Civil local, que los alimentos no tienen como propósito que los acreedores se enriquezcan, ni que el deudor alimentario se empobrezca, sino que por el contrario busca el que ambas partes tengan lo suficiente para vivir adecuadamente, de acuerdo a la proporcionalidad que señala el artículo 242 del Código Civil. Asimismo, determinó que el porcentaje de pensión alimenticia decretado de manera inicial, esto es, el cincuenta por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe Víctor Enrique Trigueros Cruz, correspondiéndole a la menor N.G.T.L., el treinta por ciento y Claudia Ivonne López Delgado, el veinte por ciento, lo decretó atendiendo a las necesidades de ambas acreedoras y a la capacidad del deudor alimentario, de acuerdo a lo narrado por la actora en su escrito inicial, que la menor necesita un tratamiento farmacológico, por cumplir con los criterios diagnósticos de TDAH, la edad de la menor, su grado escolar, todos los rubros que comprenden los alimentos, sin pasar por alto que las acreedoras cuentan con servicio médico y que la actora no ofreció un medio de prueba a fin de establecer en cuanto más ascienden sus gastos como lo sería pago de renta, agua potable, energía eléctrica, etcétera. e) Atienda el criterio reiterado de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la noción judicial de "interés superior del niño". Así, tomando en consideración la noción judicial de interés superior del menor estableció que el menor de edad de identidad reservada N.G.T.L.., cuenta con diecisiete años de edad, se encuentra en edad escolar, debe erogar gastos por concepto de pasaje, inscripciones, refrigerios, uniformes escolares, etcétera. f) Juzgar con perspectiva de género, tomando en consideración aspectos como el ingreso del deudor, las necesidades del acreedor; nivel de vida de la pareja, acuerdos a los que hubieran llegado cuando conformaban una pareja; la edad y el estado de salud de ambos; su calificación profesional, experiencia laboral y posibilidad de acceso a un empleo; duración del matrimonio; dedicación pasada y futura a la familia; y, en general, cualquier otra circunstancia que el juzgador considere relevante. Así, bajo la metodología de la perspectiva de género analizó que se trata de dos acreedores alimentarios Claudia Ivonne López Delgado y el menor de edad de identidad reservada N.G.T.L., con treinta y nueve y diecisiete años de edad, respectivamente, lo que advirtió del acta de nacimiento que valoro conforme a lo establecido en los artículos 235 fracción II, 261 fracciones II y IV y 265 del Código Procesal Civil; la dependencia económica de los acreedores con el reclamante, en virtud de que no acreditó de forma alguna que la actora percibía ingresos; en relación a la capacidad para trabajar de los cónyuges, obtuvo que no cuenta con datos suficientes por cuanto hace a la acreedora alimentaria y en tanto a Víctor Enrique Trigueros Cruz, es empleado de la empresa denominada INGENIO AZUCARERO MODELO S.A. DE C.V. y, en virtud de la edad de ambos se encuentran en la etapa inicial de la adultez media, con nivel de vida medio, subsistiendo únicamente con los ingresos obtenidos por el deudor alimentista. De lo anteriormente expuesto, se aprecia que la autoridad responsable dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, dejó insubsistente la resolución de cinco de julio de dos mil veintiuno, dictada dentro del juicio ordinario civil 378/2018 de su índice, que resolvió el recurso de reclamación interpuesto por Víctor Enrique Trigueros Cruz y, en su lugar, dictó otra resolución con plenitud de jurisdicción, tomando como base las consideraciones apuntadas en la ejecutoria de amparo, subsanando el vicio formal y demás consideraciones ahí destacadas. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley..."

  3. Principal

    Con ésta fecha se notifica a la parte tercero interesada, el auto de once de febrero de dos mil veintidós, que dice: Agréguese el oficio y anexo signado por el Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, téngasele remitiendo las constancias con las que considera haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada con el oficio y anexo de cuenta, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación que se les haga del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, para lo cual se les deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias. Apercibidas las partes que de no hacer manifestación alguna al respecto, transcurrido el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, primero de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, se advierte que mediante proveído de veintiséis de enero de dos mil veintidós, se tuvo al Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, remitiendo las constancias con las que consideró haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; esto es, la resolución de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, en la que dejó insubsistente la diversa de cinco de julio de dos mil veintiuno, que resolvió el recurso de reclamación interpuesto por Claudia Ivonne López Delgado, por su propio derecho y en representación de su hija menor de edad de identidad reservada con iniciales N.G.T.L., en contra de la pensión alimenticia provisional decretada en el juicio ordinario civil 378/2021-III de su índice. Sin embargo, de la lectura de la misma, se advierte que la autoridad responsable nuevamente incurrió en los vicios abordados en el fallo amparador, pues se estableció que debía: a) No deberá considerar la constancia de vigencia de derechos expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, de la parte actora. b) Valore de manera íntegra y correcta los recibos nómina exhibidos por la parte demandada, con data de octubre de dos mil dieciséis y diversas temporalidades de dos mil veinte; así como los recibos de pago de renta, correspondientes a los meses relativos al año dos mil diecinueve y dos mil veinte, en los términos señalados. c) Deberá exponer los motivos y razones por las cuales concluye que el porcentaje modificado en los términos que lo determine es el que corresponde para satisfacer las necesidades del deudor alimentario, así como de Claudia Ivonne López Delgado y que ello no afecta jurídicamente sus derechos y garantías. d) Así también, respecto al porcentaje de la menor de edad de identidad reservada bajo las siglas N.G.T.L., exponga fundamento legal y las razones en los que sustente su proceder. e) Atienda el criterio reiterado de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la noción judicial de "interés superior del niño". f) Analice el asunto con perspectiva de género como método analítico. Así, se advierte que la autoridad responsable desatendió lo establecido en el inciso a), pues analizó que la constancia del Instituto Mexicano del Seguro Social, no podía ser valorara al no haberse presentado en el escrito de reclamación, conforme al artículo 210 del Código Procesal Civil o en su caso como prueba superviniente. Sin embargo, se le conmino que al momento de valorar dicha documental debía dejarla de tomar en consideración debido a que al momento en que resolvió el recurso de reclamación el cinco de julio de dos mil veintiuno, no se podía acreditar su vigencia, al tener una temporalidad que comprende del veintiocho de enero al veintiuno de junio de dos mil veintiuno y del veintiocho de enero al cinco de marzo del citado año. Por otro lado, por cuanto hace a los incisos c) y d), la autoridad responsable no expuso los motivos y razones por las cuales concluye que el porcentaje que finalmente determine es el que corresponde para satisfacer las necesidades del deudor alimentario, así como de Claudia Ivonne López Delgado y que ello no afecta jurídicamente sus derechos y garantías. Así también, respecto al porcentaje de la menor de edad de identidad reservada bajo las siglas N.G.T.L., no expuso el fundamento legal y las razones en los que sustentó su proceder. Ahora, en cuanto a los incisos b), e) y f), se aprecia que el juez responsable si tomo en cuenta las consideraciones marcadas en la sentencia de amparo, al tomar en cuenta la noción judicial de "interés superior del niño" y los elementos que implican juzgar con perspectiva de género, la edad de los contendientes, calificación profesional, experiencia laboral y nivel de vida de la pareja. Así, el juez responsable debe considerar que el derecho humano de legalidad, consistente en que toda resolución de autoridad judicial competente debe cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación; para cubrir cabalmente con tal imperativo, la autoridad responsable está obligada a exponer las causas generales y razones particulares que en su concepto le permitan establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal. Es decir, el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, así como la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. De lo anterior, se concluye que el juez responsable no dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo y en atención a las tesis P./J.54/2014 (10a.) y 2ª/./VIII/2014, se requiere a la autoridad responsable para que dentro del plazo de TRES DÍAS contado a partir de la legal notificación del presente proveído, dé cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo de que se trata, siguiendo puntualmente los lineamientos de la ejecutoria de amparo, sin repetir, ni incurrir en exceso o defecto en el cumplimiento de la misma. Sirven de apoyo a lo anterior, las citadas jurisprudencias, cuyos rubros y textos son los siguientes: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." "SENTENCIAS DE AMPARO. ANTE UN CUMPLIMIENTO EXCESIVO O DEFECTUOSO, EL ÓRGANO JUDICIAL DE AMPARO DEBE REQUERIR SE SUBSANEN ESAS DEFICIENCIAS. Del párrafo tercero del artículo 196 de la Ley de Amparo, que establece: "La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos.", se sigue que antes de solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la apertura del procedimiento sancionador previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano jurisdiccional de amparo tiene la obligación de ordenar a la responsable, en su caso, que corrija tales vicios, y solamente ante su omisión total o parcial de repararlos, debe formular la petición de actuar contra la autoridad contumaz, ante la imposibilidad de asegurar la observancia cabal de lo resuelto en el juicio de amparo, sobre todo, porque antes que sancionar, la obligación del juzgador es procurar el exacto cumplimiento de sus ejecutorias. Consecuentemente, si el órgano de amparo procede precipitadamente y antes de exigir que se subsane el posible exceso o defecto del cumplimiento, remite los autos a este Alto Tribunal para la destitución y consignación de la responsable, lo procedente es reponer el procedimiento del incidente de inejecución para que le requiera nuevamente el debido acatamiento del fallo protector, como lo prevé la norma primeramente citada." En el entendido de que subsiste el apercibimiento establecido en el proveído de dieciocho de enero de dos mil veintidós, para el caso de no cumplir con lo anterior; esto es, se le impondrá multa de cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con el artículo 238 y 258 de la citada Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese en términos de ley.

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