Claudia Iveth Ávila Trinidad
Expediente 1118/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 9 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1118/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 21/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Claudia Iveth Ávila Trinidad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 1118/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa y tercero interesado mediante proveído de trece de los actuales (foja 80), para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo ordenado en el aludido proveído, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés (fojas 27 a 43), en la que la Justicia de la Unión AMPARÓ Y PROTEGIÓ a la parte quejosa Claudia Iveth Ávila Trinidad en representación de su menor hijo de iniciales I.A.M.A., para los efectos siguientes: "Consecuentemente, de conformidad con lo considerado en líneas precedentes, con fundamento en el artículo 77 de la ley de la materia, se concede el amparo y protección de la justicia federal solicitados por CLAUDIA IVETH ÁVILA TRINIDAD, por sí y en representación de su menor hijo de iniciales I.A.M.A., para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución combatida y, en su lugar, dicte otra en la que: o Deje intocada la parte considerativa que no generó el sentido de la presente sentencia, esto es, que está acreditada la presunción de la necesidad de los menores acreedores de recibir alimentos del deudor alimentista. o Que no está justificada la necesidad de recibir alimentos de los padres del deudor alimentario. o Que el cumplimiento voluntario de la obligación alimentaria del deudor no excluye la posibilidad de solicitar y decretar alimentos provisionales en favor de los acreedores alimentarios. o Y siguiendo los argumentos que se dejaron anotados, respecto de la existencia de las diversas menores acreedoras alimentarias, emita la resolución correspondiente. o En el entendido de que, de emitir una nueva resolución que siga el mismo sentido de la que aquí fue declarada ilegal, funde y motive la razón del por qué procedía disminuir la pensión alimenticia provisional decretada en favor de CLAUDIA IVETH ÁVILA TRINIDAD, por sí y en representación de su menor hijo de iniciales I.A.M.A.; pero sobre todo, que exponga las razones que sostengan por qué el porcentaje disminuido en los términos que dejó precisados es el que corresponde para satisfacer las necesidades de la parte aquí quejosa y que, además, ello no afecta jurídicamente sus derechos fundamentales. (.)" Posteriormente, en proveído de cuatro de abril posterior (fojas 63 y 64), causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto, requiriéndose su cumplimiento a la autoridad responsable Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz. Asimismo, en auto de trece de abril del año en curso (foja 149), se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Ello es así, toda vez que con oficio 3451/2023 de doce de abril de dos mil veintitrés (foja 68), remitió la determinación de once del mismo mes y año, de la que se advierte que dejó insubsistente la diversa de quince de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el juicio ordinario civil 1252/2022-I de su estadística y emitió una nueva, donde resolvió el recurso de reclamación interpuesto por Jonathan Axell Mendoza Arrieta -tercero interesado- siguiendo los lineamientos que en la ejecutoria de amparo se le indicaron, a saber: a) Respecto a la presunción que goza la aquí impetrante de recibir alimentos, esta se encuentra acreditada, pues el Juez natural advirtió la institución de alimentos se actualiza por cuenta de los padres como una obligación para suministrar alimentos a los hijos, lo anterior en términos de los artículos 234 y 239 del Código Civil del Estado de Veracruz, que comprenden diversos rubros, tales como, la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en caso de enfermedad, gastos para su educación básica y para proporcionarles algún oficio, arte o profesión lícitos y adecuados a sus circunstancias personales. Circunstancia que quedó acreditada con la copia certificada del acta de nacimiento número 00791 de veinticuatro de enero de dos mil doce, expedida por el Registro Civil de Veracruz, Veracruz, documental que se le otorgó valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 653 y 671 del Código Civil, 261, fracción IV, 265, 337 del Código Procesal Civil, pues sirvió para precisar el vínculo filial entre Jonathan Axell Mendoza Arrieta -demandado en el juicio natural- y el menor actor de iniciales I.A.M.A. b) Por cuanto la obligación del demandado en el juicio natural de brindarle alimentos a sus padres, la aquí responsable argumentó dicho agravio resultó infundado e improcedente, lo anterior es así, pues tratándose de una ponderación objetiva entre estos y los cónyuges o hijos, los dos últimos de los mencionados tendrán preferencia sobre los derechos y bienes del demandado, de conformidad con el precepto 101 del Código Civil del Estado de Veracruz, aunado a ello, sólo se consideraron como simples manifestaciones del reo, pues este no exhibió documental alguna que justificara cumple con la obligación con sus progenitores. c) Respecto al cumplimiento voluntario que aduce el tercero interesado ha tenido con la parte quejosa en el presente asunto, el Juez primario argumentó la simple exhibición de trece estados de cuenta del Banco Santander, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, no permite concluir que Jonathan Axell Mendoza Arrieta haya suministrado alimentos a la actora, pues aunque efectivamente se hayan realizado transferencias, lo cierto es que no se tiene la certeza que estas sean para satisfacer a los acreedores alimentarios. Aunado a ello, la autoridad responsable correctamente valoró que tratándose de dicha institución, no es suficiente para justificar una posible reducción, pues su cumplimiento no puede sujetarse a la voluntad del deudor, ya que esta se va actualizando de momento a momento, siempre y cuando se tome en cuenta la necesidad del acreedor y la posibilidad económica del obligado. d) Atendido el agravio referente a las diversas acreedoras que tiene el aquí tercero interesado Jonathan Axell Mendoza Arrieta quedó demostrado que cuenta con dos diversas, siendo menores de identidad reservada, pues para ello exhibió dos documentales consistentes en copias certificadas de las actas de nacimiento número 532 de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve y diversa con número 7681 de veintiocho de septiembre de dos mil siete, ambas expedidas por el Registro Civil de Veracruz, Veracruz, valoradas en términos de los numerales 235 fracción II, 261 fracción IV, 265 y 337 del Código Procesal Civil del Estado de Veracruz. No obstante, dicha circunstancia no resultó suficiente para regraduar la pensión alimenticia, pues cada caso concreto exige una valoración exhaustiva por parte de los Jueces primarios, misma que en los litigios que involucran infantes, deberán satisfacer plenamente el interés superior del menor, particularidad que si bien se advierte existen diversos acreedores a los contendientes en el juicio ordinario civil 1252/2022, lo cierto es que ello no presupone el aquí tercero interesado se vea afectado en su capacidad económica, ya que puede contar con recursos que permitan cubrir todas sus obligaciones, siendo prudente afirmar que dicha capacidad económica deriva de la edad, aptitud, talento y cualidades que tiene este último para seguir generando recursos. Aunado a ello, se advierte el aquí tercero interesado con su ocurso de reclamación, cuenta con una fuente de ingresos, pues exhibió un informe rendido por la fuente donde labora, a los que les otorgó valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 235 fracciones I, III, 239 y 266 de la codificación procesal civil Sin que escape la atención de lo expuesto por la autoridad responsable concluyó Axell Mendoza Arrieta no demostró que este quede en estado de indefensión, pues aunque demostrare cuenta con acreedoras diferentes, no quedó justificado que realmente tenga un cumplimiento con ellas. Por tanto, encontró demostrado el derecho de Claudia Iveth Ávila Trinidad en representación de su menor hijo de iniciales I.A.M.A. a recibir alimentos del reclamante en términos de los artículos 234 y 239 del Código Civil del Estado de Veracruz y en consecuencia, declarar improcedente el medio de impugnación de mérito planteado por Axell Mendoza Arrieta, y por ende, confirmó el monto de la pensión alimenticia provisional fijada en el auto de fecha ocho de julio de dos mil veintidós, dictado en los autos del juicio ordinario civil 1252/2022 de su índice, por lo que quedó fijada en un cuarenta por ciento (40%), distribuida en un veinticinco por ciento (25%) para el menor de iniciales I.A.M.A. y en un quince por ciento (15%) para Claudia Iveth Ávila Trinidad monto que estimó atiende el principio de proporcionalidad y equidad jurídica. Lo anterior es así, pues se advierte la acreedora Claudia Iveth Ávila Trinidad se encuentra en un supuesto adecuado de gastos ajustados al estatus social medio y no cuenta con ninguna enfermedad crónica o condición que le requiera alimentación o medicamento determinado. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el incidente de suspensión único relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos únicos del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la medida cautelar solicitada (definitiva) tal y como se aprecia de la resolución interlocutoria de trece de diciembre de dos mil veintidós (fojas 25 a 28), respecto de todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. (.)" En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Con esta fecha se notifica por este conducto al tercero interesado Jonathan Axell Mendoza Arrieta, el proveído de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa y tercero interesado mediante proveído de trece de los actuales (foja 80), para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo ordenado en el aludido proveído, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés (fojas 27 a 43), en la que la Justicia de la Unión AMPARÓ Y PROTEGIÓ a la parte quejosa ******************** para los efectos siguientes: "Consecuentemente, de conformidad con lo considerado en líneas precedentes, con fundamento en el artículo 77 de la ley de la materia, se concede el amparo y protección de la justicia federal solicitados por ******************** ********************, por sí y en representación de su menor hijo de iniciales ********************, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución combatida y, en su lugar, dicte otra en la que: o Deje intocada la parte considerativa que no generó el sentido de la presente sentencia, esto es, que está acreditada la presunción de la necesidad de los menores acreedores de recibir alimentos del deudor alimentista. o Que no está justificada la necesidad de recibir alimentos de los padres del deudor alimentario. o Que el cumplimiento voluntario de la obligación alimentaria del deudor no excluye la posibilidad de solicitar y decretar alimentos provisionales en favor de los acreedores alimentarios. o Y siguiendo los argumentos que se dejaron anotados, respecto de la existencia de las diversas menores acreedoras alimentarias, emita la resolución correspondiente. o En el entendido de que, de emitir una nueva resolución que siga el mismo sentido de la que aquí fue declarada ilegal, funde y motive la razón del por qué procedía disminuir la pensión alimenticia provisional decretada en favor de ******************** ********************, por sí y en representación de su menor hijo de iniciales ********************; pero sobre todo, que exponga las razones que sostengan por qué el porcentaje disminuido en los términos que dejó precisados es el que corresponde para satisfacer las necesidades de la parte aquí quejosa y que, además, ello no afecta jurídicamente sus derechos fundamentales. (.)" Posteriormente, en proveído de cuatro de abril posterior (fojas 63 y 64), causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto, requiriéndose su cumplimiento a la autoridad responsable Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz. Asimismo, en auto de trece de abril del año en curso (foja 149), se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Ello es así, toda vez que con oficio 3451/2023 de doce de abril de dos mil veintitrés (foja 68), remitió la determinación de once del mismo mes y año, de la que se advierte que dejó insubsistente la diversa de quince de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el juicio ordinario civil ******************** de su estadística y emitió una nueva, donde resolvió el recurso de reclamación interpuesto por ******************** -tercero interesado- siguiendo los lineamientos que en la ejecutoria de amparo se le indicaron, a saber: a) Respecto a la presunción que goza la aquí impetrante de recibir alimentos, esta se encuentra acreditada, pues el Juez natural advirtió la institución de alimentos se actualiza por cuenta de los padres como una obligación para suministrar alimentos a los hijos, lo anterior en términos de los artículos 234 y 239 del Código Civil del Estado de Veracruz, que comprenden diversos rubros, tales como, la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en caso de enfermedad, gastos para su educación básica y para proporcionarles algún oficio, arte o profesión lícitos y adecuados a sus circunstancias personales. Circunstancia que quedó acreditada con la copia certificada del acta de nacimiento número ******************** de veinticuatro de enero de dos mil doce, expedida por el Registro Civil de Veracruz, Veracruz, documental que se le otorgó valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 653 y 671 del Código Civil, 261, fracción IV, 265, 337 del Código Procesal Civil, pues sirvió para precisar el vínculo filial entre ******************** -demandado en el juicio natural- y el menor actor de iniciales ******************** b) Por cuanto la obligación del demandado en el juicio natural de brindarle alimentos a sus padres, la aquí responsable argumentó dicho agravio resultó infundado e improcedente, lo anterior es así, pues tratándose de una ponderación objetiva entre estos y los cónyuges o hijos, los dos últimos de los mencionados tendrán preferencia sobre los derechos y bienes del demandado, de conformidad con el precepto 101 del Código Civil del Estado de Veracruz, aunado a ello, sólo se consideraron como simples manifestaciones del reo, pues este no exhibió documental alguna que justificara cumple con la obligación con sus progenitores. c) Respecto al cumplimiento voluntario que aduce el tercero interesado ha tenido con la parte quejosa en el presente asunto, el Juez primario argumentó la simple exhibición de trece estados de cuenta del Banco Santander, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, no permite concluir que ******************** haya suministrado alimentos a la actora, pues aunque efectivamente se hayan realizado transferencias, lo cierto es que no se tiene la certeza que estas sean para satisfacer a los acreedores alimentarios. Aunado a ello, la autoridad responsable correctamente valoró que tratándose de dicha institución, no es suficiente para justificar una posible reducción, pues su cumplimiento no puede sujetarse a la voluntad del deudor, ya que esta se va actualizando de momento a momento, siempre y cuando se tome en cuenta la necesidad del acreedor y la posibilidad económica del obligado. d) Atendido el agravio referente a las diversas acreedoras que tiene el aquí tercero interesado ******************** quedó demostrado que cuenta con dos diversas, siendo ********************, pues para ello exhibió dos documentales consistentes en copias certificadas de las actas de nacimiento número ******************** de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve y diversa con número******************** de veintiocho de septiembre de dos mil siete, ambas expedidas por el Registro Civil de Veracruz, Veracruz, valoradas en términos de los numerales 235 fracción II, 261 fracción IV, 265 y 337 del Código Procesal Civil del Estado de Veracruz. No obstante, dicha circunstancia no resultó suficiente para regraduar la pensión alimenticia, pues cada caso concreto exige una valoración exhaustiva por parte de los Jueces primarios, misma que en los litigios que involucran infantes, deberán satisfacer plenamente el interés superior del menor, particularidad que si bien se advierte existen diversos acreedores a los contendientes en el juicio ordinario civil ********************, lo cierto es que ello no presupone el aquí tercero interesado se vea afectado en su capacidad económica, ya que puede contar con recursos que permitan cubrir todas sus obligaciones, siendo prudente afirmar que dicha capacidad económica deriva de la edad, aptitud, talento y cualidades que tiene este último para seguir generando recursos. Aunado a ello, se advierte el aquí tercero interesado con su ocurso de reclamación, cuenta con una fuente de ingresos, pues exhibió un informe rendido por la fuente donde labora, a los que les otorgó valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 235 fracciones I, III, 239 y 266 de la codificación procesal civil Sin que escape la atención de lo expuesto por la autoridad responsable concluyó ********************no demostró que este quede en estado de indefensión, pues aunque demostrare cuenta con acreedoras diferentes, no quedó justificado que realmente tenga un cumplimiento con ellas. Por tanto, encontró demostrado el derecho de ********************en representación de su menor hijo de iniciales ******************** a recibir alimentos del reclamante en términos de los artículos 234 y 239 del Código Civil del Estado de Veracruz y en consecuencia, declarar improcedente el medio de impugnación de mérito planteado por ********************, y por ende, confirmó el monto de la pensión alimenticia provisional fijada en el auto de fecha ocho de julio de dos mil veintidós, dictado en los autos del juicio ordinario civil ******************** de su índice, por lo que quedó fijada en un cuarenta por ciento (40%), distribuida en un veinticinco por ciento (25%) para el ******************** ******************** y en un quince por ciento (15%) para ********************monto que estimó atiende el principio de proporcionalidad y equidad jurídica. Lo anterior es así, pues se advierte la acreedora ********************se encuentra en un supuesto adecuado de gastos ajustados al estatus social medio y no cuenta con ninguna enfermedad crónica o condición que le requiera alimentación o medicamento determinado. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el incidente de suspensión único relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos únicos del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la medida cautelar solicitada (definitiva) tal y como se aprecia de la resolución interlocutoria de trece de diciembre de dos mil veintidós (fojas 25 a 28), respecto de todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, cuatro de abril de dos mil veintitrés. En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Claudia Iveth Ávila Trinidad, por sí y en representación de su menor hijo de iniciales I.A.M.A., HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado. Ahora, como en el fallo protector se determinó que la autoridad responsable Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, está obligada a su cumplimiento; en consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se le requiere, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, realice los actos señalados en la ejecutoria de mérito, los cuales se circunscriben a que: ".la autoridad responsable deje insubsistente la resolución combatida y, en su lugar, dicte otra en la que: o Deje intocada la parte considerativa que no generó el sentido de la presente sentencia, esto es, que está acreditada la presunción de la necesidad de los menores acreedores de recibir alimentos del deudor alimentista. o Que no está justificada la necesidad de recibir alimentos de los padres del deudor alimentario. o Que el cumplimiento voluntario de la obligación alimentaria del deudor no excluye la posibilidad de solicitar y decretar alimentos provisionales en favor de los acreedores alimentarios. o Y siguiendo los argumentos que se dejaron anotados, respecto de la existencia de las diversas menores acreedoras alimentarias, emita la resolución correspondiente. o En el entendido de que, de emitir una nueva resolución que siga el mismo sentido de la que aquí fue declarada ilegal, funde y motive la razón del por qué procedía disminuir la pensión alimenticia provisional decretada en favor de CLAUDIA IVETH ÁVILA TRINIDAD y su menor hijo de iniciales I.A.M.A.; pero sobre todo, que exponga las razones que sostengan por qué el porcentaje disminuido en los términos que dejó precisados es el que corresponde para satisfacer las necesidades de la parte aquí quejosa y que, además, ello no afecta jurídicamente sus derechos fundamentales." Hecho lo anterior, dentro del citado plazo, deberán informar a este órgano jurisdiccional su cumplimiento, debiendo acompañar para tal efecto las constancias necesarias que acrediten el cumplimiento y su ejecución. Con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien a mil días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de conformidad con el artículo 238 y 258 de la citada Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, este Juzgado estima innecesario conservar las constancias remitidas por la responsable 1. Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia en Veracruz, Veracruz; por tanto, devuélvase a su lugar de origen el tomo de pruebas que se formó con las mismas, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Con esta fecha se notifica por este conducto al tercero interesado Jonathan Axell Mendoza Arrieta, el proveído de nueve de marzo de dos mil veintitrés, el cual ordena a su vez notificar a dicha parte la sentencia engrosada el veintiocho de febrero del año en curso, misma que a la letra dice: SENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 1118/2022, y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el uno de diciembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Boca del Río, Veracruz, y turnado al día hábil siguiente a este Juzgado Federal, ******************** promovió juicio de amparo contra actos del 1. Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Séptimo Distrito Judicial, con sede en Veracruz, Veracruz; acto que hizo consistir sustancialmente en: La resolución de quince de noviembre de dos mil veintidós, que recayó a la reclamación que promovió el demandado, Jonathan Axell Mendoza Arrieta, en contra de la pensión alimenticia provisional que se fijó a su cargo, y en favor de la aquí quejosa y su menor hijo, en los autos del juicio civil 1252/2022-1 del índice del Juzgado Responsable. Resolución que le fue notificada el mismo quince de noviembre de dos mil veintiuno (foja 112 vta. del tomo I). SEGUNDO. Admisión. Por acuerdo de cinco de diciembre de dos mil veintidós (fojas 8-12) se acordó admitir a trámite la citada demanda; solicitar el informe justificado a la autoridad responsable; emplazar al tercero interesado, Jonathan Axell Mendoza Arrieta -lo que así se hizo (foja 17) sin que hubiera comparecido a juicio, no obstante estar debidamente emplazado para ello-; dar la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación, y fijar fecha y hora para celebrar audiencia constitucional. TERCERO. Finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo el día y hora señalado para tal fin, al haber quedado debidamente integrado el presente asunto con el informe justificado rendido por la autoridad responsable (foja 20-21); con el emplazamiento del tercero interesado (foja 17) y sin que las partes hayan manifestado su consentimiento relativo a la publicación de sus datos personales, y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito con residencia en Boca del Río, Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, acorde a lo establecido por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con el punto segundo, fracción VII y punto cuarto, fracción VII, segundo párrafo, del Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de un acto intraprocesal emitido por una autoridad judicial, susceptible de afectar directa e inmediatamente derechos fundamentales relativos al derecho de recibir alimentos, porque sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que el afectado obtenga en el juicio una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, por haberse consumado irreversiblemente la violación de ese derecho, por lo que es impugnable en amparo indirecto, según la jurisprudencia 1a./J. 85/2009 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que es el rubro: "ALIMENTOS PROVISIONALES. LA RESOLUCIÓN QUE LOS DECRETA Y FIJA SU MONTO CONSTITUYE UN ACTO CUYA EJECUCIÓN ES DE IMPOSIBLE REPARACIÓN". Por cuestión de la materia, toda vez que este Juzgado es Mixto, esto es, actúa tanto como Órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como Órgano de Control Constitucional, al conocer del amparo indirecto en primera instancia en todas las materias. Así también, se es competente por cuestión del territorio, toda vez que se trata de un acto que se atribuye a una autoridad que radica en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado y que es el lugar en el que se emitió, surte sus efectos y se ejecuta dicho acto. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De la lectura integral de la demanda de amparo, de las constancias de los autos, y conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción l, de la ley de la materia, se precisa que el acto reclamado a la autoridad responsable es: La resolución de quince de noviembre de dos mil veintidós, que recayó a la reclamación que interpuso el demandado, Jonathan Axell Mendoza Arrieta, en contra de la pensión alimenticia provisional que se fijó a su cargo, y en favor de la aquí quejosa y su menor hijo, en los autos del juicio civil 1252/2022-1 del índice del Juzgado Responsable. Resolución que fue notificada por lista de acuerdos a la parte quejosa, el mismo día de su emisión (foja 112 vta. del tomo I). Establecida la fijación clara y precisa del acto reclamado, por cuestión de método, debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada respecto de la autoridad señalada como responsable. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al 1. Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Séptimo Distrito Judicial, con sede en Veracruz, Veracruz, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 20-21). Además, la existencia de la resolución se corrobora con las copias certificadas del juicio ordinario civil 1252/2022-1, que remitió la citada autoridad responsable como justificación de su acto, a las cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, ya que se trata de documentos públicos consistentes en copias certificadas expedidas por un servidor público en ejercicio de las funciones que les asigna la ley (Tomo I del cuaderno de pruebas anexo a constancias) y de las que se advierte la resolución combatida (fojas 105-112 Tomo I). Al respecto de lo anterior, tienen aplicación al caso las jurisprudencias de los rubros siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." y "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Causas de improcedencia del juicio. Al no advertirse causa de improcedencia que se actualice en la especie, y tampoco las partes las señalaron, se procede al análisis de la constitucionalidad del acto recamado que se precisó en el punto anterior, conforme a los agravios formulados, cuya transcripción se omite al no existir disposición que lo exija. QUINTO. Estudio. Los conceptos de violación que serán materia de análisis en la presente resolución, son fundados y suficientes para conceder el amparo solicitado, al considerar que se trasgrede el derecho a la debida fundamentación y motivación, específicamente en cuanto a la congruencia, como se verá enseguida. Lo anterior, aun cuando para ello haya que suplir parcialmente la queja, conforme lo dispone el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo y conforme al criterio jurisprudencial del Pleno en Materia Civil del Séptimo Circuito que es del contenido siguiente: SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. TAMBIÉN PROCEDE A FAVOR DEL DEUDOR ALIMENTARIO. El artículo citado prevé la suplencia de la queja a favor de tres grupos distintos: los menores de edad, los incapaces y la familia, en aquellos casos en que se afecte su orden y desarrollo. Ahora bien, un juicio de alimentos conlleva, inevitablemente, una afectación al orden y estabilidad del núcleo familiar, razón por la que el órgano de amparo debe evitar que la ruptura de las relaciones entre sus miembros provoquen un impacto jurídicamente diferenciado, concretamente entre acreedor y deudor alimentario, pues la tutela del Estado puede empalmarse, cuando se encuentran en juego instituciones de orden público como los alimentos, resolviendo la cuestión efectivamente planteada sin tomar en cuenta rigorismos técnicos, por lo que la suplencia de la queja en el juicio de amparo, también aplica al deudor alimentario por ser integrante del concepto familia. No obstante, no debe ser absoluta en el sentido de validar cada una de las determinaciones de la autoridad aun cuando no le reporten beneficio al quejoso o recurrente, sino sólo implicará el pronunciamiento para aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al quejoso y, por ende, la protección constitucional resulte procedente. MARCO NORMATIVO Dado que algunos de los argumentos que se advierten de los conceptos de violación que esgrime la parte quejosa en su demanda de amparo, se encuentran relacionados con trasgresiones a la garantía de fundamentación y motivación a que hace referencia el artículo 16 constitucional, así como también con el principio de proporcionalidad alimentaria, es conveniente referir la regulación constitucional y legal de ambos aspectos. Respecto a la garantía de la fundamentación y motivación que requiere el acto reclamado, ésta encuentra su origen en la parte conducente del artículo 16 constitucional que es del contenido siguiente: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.". Del precepto constitucional transcrito se desprende que toda resolución de autoridad judicial competente debe cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación; para cubrir cabalmente con tal imperativo, la autoridad responsable está obligada a exponer las causas generales y razones particulares que en su concepto le permitan establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal. Lo anterior también ve reflejo en el artículo 57 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en el que se dispone que la autoridad jurisdiccional debe emitir sus resoluciones apegadas a la claridad, precisión y congruencia a efecto de resolver exhaustivamente los puntos que integran la litis de reclamación; numeral que es del contenido siguiente: "Artículo 57. Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes, con la demanda y la contestación y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando estos hubieren sido varios, se dará la resolución correspondiente a cada uno de ellos." Así pues, del numeral se desprende que las sentencias (entendidas éstas en un sentido amplio) que emitan las autoridades jurisdiccionales en materia civil, deben ser congruentes con la demanda y la contestación, así como con el resto de las pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, decidiendo todos los puntos litigiosos del debate; pero, sobre todo, con el contenido de la resolución misma. Por otra parte, la figura jurídica de "los alimentos" se encuentra comprendida en los artículos 232 al 254 del Código Civil del Estado de Veracruz, y es definida por estos, como una institución conforme a la cual una persona denominada acreedor alimentista tiene la facultad jurídica de exigir a otra denominada deudor alimentario, lo necesario para su manutención y subsistencia, como consecuencia del parentesco consanguíneo, del matrimonio, de la adopción, del divorcio y, ante la satisfacción de determinados requisitos, del concubinato. Así las cosas, la obligación alimentaria tiene por objeto cubrir, jurídicamente, una necesidad apremiante y perentoria de subsistencia de quienes tienen derecho a reclamarla; es decir, se pretende asegurar a los acreedores alimentistas los medios de vida suficientes cuando éstos no se encuentren en aptitud de procurárselos por sí mismos, por lo que el crédito por alimentos tiene un carácter especial, ya que está destinado a cubrir necesidades impostergables de personas colocadas en situación de desamparo, en especial los menores de edad. Se trata, entonces, de una institución de orden público e interés social, cuyo fundamento reside en el principio de solidaridad que une a la familia, y en un deber de conciencia. Asimismo, el artículo 239 de dicha legislación dispone cuáles son los conceptos que comprenden los alimentos, como lo son en general la comida, el vestido, la habitación la asistencia en casos de enfermedad, y gastos de educación. Ahora bien, para la fijar la pensión alimenticia, debe atenderse al llamado principio de proporcionalidad alimentaria, esto es, deben considerarse las condiciones del alimentado y las posibilidades del alimentante, pues en el artículo 242 del Código Civil del Estado de Veracruz, que los alimentos habrán de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. En cuanto a la capacidad de los deudores alimentarios, sobre todo cuando la obligación deriva de una relación filial, también se debe tener en cuenta que el otorgamiento de estos debe atender a cada asunto en particular y no sólo a la obligación derivada de ese tipo de relación. Lo anterior es así pues, como lo ha sostenido el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, y cuyo criterio comparte el suscrito, las cuestiones relativas a quién y en qué cantidad deberá darse cumplimiento a esta obligación de alimentos dependerá de la relación de familia existente entre el acreedor y el deudor, el nivel de necesidad del primero y la capacidad económica de este último, de acuerdo con la regulación específica y las circunstancias de cada caso concreto. De ahí que, en cada uno de esos casos, el Juez del conocimiento debe verificar que la carga alimentaria sea proporcional no sólo en cuanto a su contenido económico, sino también por lo que se refiere a su duración. Al margen de lo anterior, también se estima conveniente tener presente que, a partir del parámetro de constitucionalidad delimitado por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es posible identificar la obligación del Estado Mexicano de garantizar la igualdad entre los cónyuges, así como entre los concubinos, no únicamente respecto de los derechos y responsabilidades durante el matrimonio o el concubinato, sino también una vez disueltos. Máxime que dicho imperativo está explícitamente contenido en los artículos 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además, se considera que lo anterior también implica atender la presunción de necesitar alimentos por parte de estos, según se deprenda dicha presunción a la luz de los hechos narrados en la demanda y que se determine, en el caso de los cónyuges o concubinos, que el que los solicite se dedique o se haya dedicado preponderantemente al hogar; sobre todo, porque esta circunstancia debe ser reconocida como aportación económica a quien la desempeña, en términos de los artículos 100 y 242 Bis del Código Civil del Estado. En el entendido de que, para la concesión y otorgamiento de alimentos entre excónyuges, o exconcubinos, se deberá tener en cuenta la falta de ingresos derivados de una fuente laboral que permitan subsistir al cónyuge o concubino solicitante, o que los que perciba sean insuficientes para satisfacer sus necesidades más apremiantes, tal como lo refiere el artículo 242 Ter de la codificación civil aludida. Adicionalmente, también se debe atender que en la Observación General No. 19, al definir los alcances del artículo 23 citado, el Comité de Derechos Humanos definió que está prohibido todo trato discriminatorio en lo que respecta a los motivos y los procedimientos de separación o de divorcio, incluidos los gastos de manutención y la pensión alimenticia. De lo anterior se sigue que el derecho humano de igualdad y no discriminación trae aparejado el deber del Estado de velar que la obligación alimentaria no constituya un factor de empobrecimiento ni un obstáculo para el ejercicio de los derechos humanos, específicamente el derecho fundamental a un nivel de vida adecuado en relación con la obtención de los alimentos. En otro tema, el relativo al otorgamiento y aseguramiento de alimentos provisionales, se destaca que la legislación civil estatal, en aras de garantizar el derecho a recibir alimentos (que es de orden público como se ha dicho) por parte de los acreedores alimentarios, establece que, al admitir la demanda en los juicios de alimentos, el juez podrá fijar y asegurar los alimentos provisionales que los deudores deben dar a los acreedores mientras no se dicte sentencia en el juicio, pues será en esta última ocasión en la que se decide en definitiva si se acreditó el derecho a alimentos y, en su caso, se determina el monto definitivo de la pensión, pero ya con base en el material probatorio rendido por las partes. También es importante destacar que, en torno al monto, y hasta la forma en que se asegura el cumplimiento de la pensión alimenticia provisional, el juez de origen puede conceder ésta, estableciendo una cantidad líquida, incluso fijando un porcentaje sobre el total de los ingresos que tenga el deudor alimentario. Sin embargo, será la deficiente motivación en la fijación de su monto la que en su caso determinará la ilegalidad de la misma, pues ésta no está exenta del cumplimiento de tal prerrogativa constitucional, y debe tenerse en cuenta que la regulación respecto de la correspondencia entre la necesidad de quien deba recibirlos y la capacidad económica del deudor alimentista no puede ser fijada arbitrariamente por la autoridad, sino que es necesario que ésta la decida fundada y razonadamente, a fin de dar cumplimiento a dicha garantía constitucional. Al respecto, por las razones que los contienen, orienta a lo anterior la jurisprudencia I.3o.C. J/41 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y la tesis aislada Tesis: II.2o.C.126 C del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, que son de los contenidos siguientes: ALIMENTOS. CONVENIENCIA DE SU FIJACIÓN EN UN PORCENTAJE DE LOS INGRESOS DEL DEUDOR. La fijación de una pensión alimenticia en forma definitiva consistente en el porcentaje del sueldo mensual y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que perciba el deudor por el producto de su trabajo, en lugar de que esa fijación se haga en cantidad líquida, no agravia a la acreedora ya que en cualquier caso, la fijación debe sujetarse a la regla de proporcionalidad de los alimentos prevista en el artículo 311 del Código Civil para el Distrito Federal, independientemente de que la fijación de una pensión alimenticia consistente en un porcentaje de los ingresos del deudor, es más conveniente en la medida en que se ajusta a las circunstancias que son cambiantes con la realidad social. ALIMENTOS. EL PORCENTAJE QUE MODIFICA LA SALA EN UNA PENSIÓN DE. DEBE ESTAR DEBIDAMENTE MOTIVADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). Conforme a los artículos 291 y 294 del Código Civil del Estado de México, el objetivo fundamental de la figura jurídica de los alimentos consiste en proveer al acreedor de lo necesario para su propia subsistencia, entendiéndose por esto el sustento, vestido, habitación, atención médica, educación en caso de los hijos, etcétera, de acuerdo con las necesidades preferentes del derechohabiente y a las posibilidades de quien los debe proporcionar; no obstante ello, el último de los preceptos mencionados no establece ningún medio o forma para definir esa proporcionalidad; aun así, la regulación respecto de esa correspondencia entre la necesidad de quien deba recibirlos y la capacidad económica del deudor alimentista, no debe ser fijada arbitrariamente por la autoridad, sino que es necesario que ésta la decida fundada y razonadamente, máxime, cuando se modifica el porcentaje que como pensión alimenticia había señalado el Juez en el fallo apelado, y de no hacerlo así la resolución resulta violatoria de garantías. En ese contexto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 210, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, en la parte que al estudio interesa, se advierte que en contra de la pensión alimenticia que inicialmente se fije en un juicio de alimentos, el deudor alimentario puede inconformarse interponiendo el recurso de reclamación, a efecto que el juzgador reanalice la citada medida, atendiendo a las nuevas circunstancias que el reclamante exponga y pruebe, de lo que es evidente que el juez debe admitir pruebas en dicha reclamación, siempre y cuando sean documentales y se encuentren ofrecidas en el propio escrito de su interposición, del desahogo de vista y de la demanda formulada por la parte actora. En ese sentido, la tramitación del citado recurso exige que el juez debe dar vista con el mismo a la parte acreedora, por un término de tres días, a efecto que esté en aptitud de controvertir lo manifestado por el deudor y exhibir pruebas, y una vez cumplido con lo anterior, el juzgador deberá resolver lo procedente, para lo cual tendrá la obligación de llevar a cabo el análisis de todos los medios de prueba exhibidos por los contendientes y tomar en consideración las manifestaciones por ellos vertidas, tanto en el escrito de reclamación como en el escrito de desahogo de la misma, pues sólo de esa manera se salvaguarda el principio del justo equilibrio procesal entre las partes. Dicho en otras palabras, al resolverse la reclamación con base en las pruebas aportadas por las partes, el juzgado debe analizar lo relativo a la confirmación o modificación del monto de la pensión provisional, con la única limitante de que no puede cancelarla. Es aplicable la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. NO PUEDE CANCELARSE EN LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE LA RECLAMACIÓN INTERPUESTA CONTRA EL AUTO QUE LA DECRETA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles de la citada entidad federativa dispone que en los casos en que se reclamen alimentos, en el auto en que se dé entrada a la demanda, a petición de parte y atendiendo a las circunstancias, el Juez podrá fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento cuando los acreedores justifiquen con las correspondientes copias certificadas de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial o su parentesco con el deudor alimentista, sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva. Lo anterior pone de manifiesto que la pensión alimenticia puede ser provisional o definitiva, y se presenta en dos etapas procedimentales: la primera se determina sin audiencia del deudor, únicamente con base en la información con que se cuenta hasta el momento de la presentación de la demanda; mientras que la segunda se da al dictarse la sentencia, con base en los elementos de prueba aportados por las partes en el juicio, ya que es cuando el juzgador está en mejores condiciones de normar su criterio. Por tanto, tomando en cuenta que la finalidad de la pensión alimenticia consiste en proporcionar al acreedor los medios necesarios para subsistir, la reclamación que se interponga en contra del auto que la fija de manera provisional jamás podrá tener el alcance de cancelarla o dejarla insubsistente, pues dado el escaso término establecido en la ley para su trámite y resolución, es evidente que el juzgador difícilmente podría contar en ese lapso con el material probatorio suficiente para decidir el derecho que le asiste al acreedor alimentario, quien puede demostrar durante el juicio su derecho a recibir los alimentos, desvirtuando los motivos aducidos para pedir su cancelación o cesación. Por otra parte, también debe tenerse en cuenta que de una interpretación armónica de los artículos 242 del Código Civil del Estado y del diverso 210 del Código de Procedimientos Civiles, ya transcritos, se obtiene que el monto de la pensión sólo resulta correcto si se señala como tal la cantidad o porcentaje que corresponda a las circunstancias que importan al caso en concreto, tomando como base la totalidad de las percepciones que el deudor alimentario perciba, disminuyendo deducciones de carácter legal no derivadas de obligaciones personales impuestas al deudor alimentario, como podrían ser, entre otros, el impuesto al ingreso por trabajo realizado. Orienta a lo anterior la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que es del contenido siguiente: PENSIÓN ALIMENTICIA. SU MONTO RESULTA CORRECTO TOMANDO COMO BASE LA TOTALIDAD DE LAS PERCEPCIONES DEL DEUDOR ALIMENTARIO, DISMINUYENDO DEDUCCIONES DE CARÁCTER LEGAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El artículo 242 del Código Civil del Estado establece que los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos; por su parte, el diverso 210 del Código de Procedimientos Civiles local prevé la reclamación sobre la pensión alimenticia provisional fijada por la autoridad competente; de la interpretación armónica de esos preceptos se obtiene que el monto de la pensión sólo resulta correcto si se señala como tal la cantidad o porcentaje que corresponda, tomando como base la totalidad de las percepciones que el deudor alimentario perciba, disminuyendo deducciones de carácter legal no derivadas de obligaciones personales impuestas al deudor alimentario como podrían ser, entre otros, el impuesto al ingreso por trabajo realizado. Por tanto, los derechos personales derivados de las necesidades alimentarias, deben ser calculados del monto total de las percepciones de carácter permanente. Por otro lado, también debe considerarse que, en el caso de que se reclame la medida provisional de alimentos bajo el argumento de la existencia de uno o más acreedores diversos que fueron puestos del conocimiento con posterioridad a la fijación de dicha medida, se considera que no basta la existencia de un diverso acreedora alimentario para proceder en automático a la disminución solicitada, pues atendiendo al principio de proporcionalidad rector de los alimentos, se deben tener en cuenta las posibilidades económicas del deudor alimentario así como las necesidades de todos sus acreedores, con base en lo cual, el Juez podrá determinar el importe que el deudor destina para cubrir los alimentos de los diversos acreedores y, a partir de ahí, determinar si procede o no la reducción de la pensión que previamente se había fijado en favor del deudor alimentario. Lo anterior se ve orientado en analogía de razón, por el contenido de la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del contenido siguiente: REDUCCIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA. FORMA DE RESOLVER LA ACCIÓN RELATIVA CUANDO SE FUNDA EN EL NACIMIENTO DE NUEVOS HIJOS DEL DEUDOR ALIMENTARIO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes discrepan sobre cómo debe resolverse la acción de reducción de pensión alimenticia cuando se funda en el nacimiento de otro u otros hijos del deudor alimentario, pues para uno de esos tribunales, basta la demostración de ese hecho para que proceda la disminución, mientras que para el otro no es así, sino que se requiere además agotar otros medios de prueba, para determinar si la pensión fijada previamente debe reducirse. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que cuando se promueve la acción de reducción de pensión alimenticia alegando como causa de pedir el nacimiento de otro u otros hijos del deudor alimentario, no basta la prueba de ese nacimiento para proceder en automático a la disminución solicitada, sino que atendiendo al principio de proporcionalidad rector de los alimentos, considerando las posibilidades económicas del deudor alimentario y las necesidades de todos sus acreedores, el Juez ha de determinar el importe que el deudor destina para cubrir los alimentos de los nuevos acreedores y, a partir de ahí, considerar si procede o no la reducción de la pensión que previamente se había fijado en favor de los demandados. Justificación: Lo anterior es así, porque atendiendo al principio publicístico que rige los procesos judiciales del orden familiar y al imperativo de tener como consideración primordial el interés superior de la niñez, el Juez familiar debe velar por que se respeten los derechos de los menores de edad involucrados, tanto los que fueron demandados, como aquellos cuya existencia se invoca como motivo para reducir la pensión alimenticia, y asegurarse de que sus derechos alimentarios sean respetados y satisfechos cabalmente. Para lo cual, a partir del análisis integral de los elementos para valorar las necesidades alimentarias de todos los acreedores, y la capacidad económica del deudor, se podrá determinar el importe de alimentos que corresponde a los acreedores de la pensión preexistente y el importe que el deudor destina para cubrir los alimentos de los nuevos acreedores, junto a la propia subsistencia del deudor, para definir si cabe o no hacer una reducción a la pensión alimenticia respecto de la cual se ejerció la acción. ANTECEDENTES Concretando el marco referencial que precede, y con la finalidad de contar con la información suficiente para justificar el criterio que aquí se sostiene, conviene hacer referencia a los antecedentes que se desprenden de las copias certificadas del juicio ordinario civil 1252/2022-1 (Tomos I del cuaderno de pruebas anexo a constancias) que la autoridad responsable remitió en justificación de sus actos. 1.- El juicio de origen fue promovido ante el 1. Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Séptimo Distrito Judicial, con sede en Veracruz, Veracruz, por la impetrante de amparo, ********************, en contra del aquí tercero interesado, Jonathan Axell Mendoza Arrieta a quien demandó en la vía ordinaria civil, sustancialmente, el pago de una pensión alimenticia provisional y luego definitiva en su favor y de su menor hijo; así como la guarda y custodia provisional y luego la definitiva de su menor hijo de iniciales ******************** (fojas 2-5). 2. Mediante auto de auto de ocho de julio de dos mil veintidós (fojas 8-13) se decretó en favor de os actores del juicio civil de origen una pensión alimenticia provisional consistente en el 40% (cuarenta por ciento) del sueldo y prestaciones (que se precisaron en el 25% para el menor de edad y el 15% para la aquí quejosa) que percibe el aquí tercero interesado, Jonathan Axell Mendoza Arrieta, como empleado o trabajador de la negociación denominada Tubos de Acero de México, S.A. de C.V., en términos de los artículos 210 del Código de Procedimientos Civiles, en relación con los diversos 232, 233, 234 y 239 del Código Civil de la Entidad. 3.- Luego de que fue emplazado el demandado, mediante auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós (foja 25) se le tuvo promoviendo la reclamación en contra de la pensión alimenticia provisional decretada a su cargo (fojas 35-43) lo que hizo bajo los argumentos que son de la relación sustancial siguiente: Que la actora de aquel juicio no le asiste el derecho de demandar alimentos, puesto que ya no es su concubina desde el año de dos mil diecisiete, tal como ella misma lo confiesa en su demanda. Ha cumplido con la obligación alimentaria para el menor hijo, en virtud de las transferencias que ha realizado en favor de aquel, y depositadas en la cuenta bancaria de la actora. Que tiene dos hijas más, menores de edad, con quien también tiene la obligación alimentaria, y aclaró que la segunda de dicha menores fue procreada con su actual concubina. De igual forma señala que tiene obligación alimentaria con sus dos padres, quienes, por ser de la tercera edad, requieren alimentos. Para tal efecto exhibió como pruebas (fojas 44-98): dos actas de nacimiento de dichas menores; un estado de cuenta del banco Santander, a nombre de la parte actora; trece estados de cuenta en el que aparecen las transferencias bancarias que ha realizado en favor de su menor hijo, y quince capturas de pantalla de conversaciones con la promovente de ese juicio, en que se alude a compras realizadas para el menor actor. 4.- Con dicho escrito de reclamación se dio vista a la aquí quejosa, quien la desahogó en sus términos (fojas 101-102) lo que hizo en los términos que son de la paráfrasis siguiente. Que si bien es cierto que tiene otras hijas, sin embargo no acredita la forma en que cumple con esa obligación alimentaria; máxime que la simple mención de la existencia de diversos acreedores menores alimentarios no conlleva necesariamente el cumplimiento de dicha obligación; así tampoco acredita a cuánto hacienden sus ingresos. Así también, alude a la presunción que recoge en torno a la paternidad del demandado con su diversa menor hija. Finalmente señala que el padre del deudor alimentario tiene como oficio el de laminador y soldador, quien además goza del beneficio de una pensión por parte del IMSS y, que tenía conocimiento de que, a últimas fechas, trabajaba también como velador y que tiene otros hijos, y en cuanto a la madre del citado deudor, adujo que ésta laboró como recamarera para el "Hotel Baluarte", quien de la misma forma goza de una pensión por el citado IMSS y tiene dos hijos más; pero que, en todo caso, el deudor alimentario del juicio natural no acredita como es que sufraga , en su caso, la obligación alimentaria que dice tener con sus citados padres. 5.- Posteriormente, mediante interlocutoria de quince de noviembre de dos mil veintidós, se resolvió la reclamación interpuesta declarándola fundada, por lo que se regraduó la pensión alimenticia provisional original, disminuyéndola del cuarenta por ciento, al veinticinco por ciento de las percepciones salariales que percibe de su fuente de trabajo el deudor alimentista, que se precisaron en el 20% para el menor de edad y el 5% para la aquí quejosa (fojas 105-112); lo que se hizo bajo los argumentos que son sustancialmente del tenor siguiente: Con base en lo dispuesto en el artículo 210 del Código Procesal Civil del Estado de Veracruz, y con la Jurisprudencia de rubro: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. AL PROMOVERSE EL RECURSO DE RECLAMACIÓN EN SU CONTRA, DADA LA PRONTITUD CON QUE SE ORDENA RESOLVER, EL JUEZ ÚNICAMENTE DEBE TOMAR EN CUENTA LOS DOCUMENTOS APORTADOS AL INTERPONERLO, ASÍ COMO LAS PRUEBAS QUE OBREN HASTA ESE ESTADÍO PROCESAL Y NO AQUELLAS EN QUE SE SOLICITÓ SU PREPARACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)." que precisa que el juez debe resolver en el plazo de tres días la reclamación interpuesta, con base en los documentos aportados para promoverlo, así como las que obren hasta ese etadío procesal, pero con pruebas que requieran de preparación para su desahogo, consideró parcialmente procedente el recurso de reclamación interpuesto por el deudor alimentario. Lo anterior, al precisar que, con el acta de nacimiento que exhibió la parte actora se encuentra acreditada la relación filial del menor con su padre, deudor alimentario, de quien se presume su necesidad de requerir alimentos, dada su minoría de edad y que es el deudor alimentario quien puede proveerle de ellos, aun cuando ambos padres tienen la obligación de sufragarlos, pero en el caso de la madre, al tener a dicho menor a su cuidado, se considera que ésta los cumple de manera directa. Por otra parte, también se exhibió el diagnóstico médico elaborado al menor acreedor alimentario, en que se diagnosticó el Transtorno por Deficit de Atención e Hiperactividad de combinado/transtorno oposicionista-desafiante, y que sirvió también para decretar una pensión alimenticia provisional a favor de la actora. De esa forma, con base en la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, el juez primario consideró que, si bien en un principio los actores gozaban de la presunción de requerir alimentos, por lo que se otorgó dicha medida en su favor; sin embargo, con una valoración concatenada de los medios de prueba que exhibió para tal efecto, consideró procedente reducir la pensión alimenticia provisional originalmente decretada. Lo anterior, pues en relación con el derecho de la directa actora, si bien resultó suficiente en principio que ésta adujera ser concubina del deudor alimentario, ya que tal condición no requiere de exhibir las copias certificadas de las actas de estado civil a que se refiere el artículo 210 del código adjetivo civil, y la jurisprudencia que citó para tal efecto; sin embargo, al exhibir la de su menor hijo habido entre ambas partes, pudo acreditar presuncionalmente dicha relación y, consecuentemente su necesidad de recibir alimentos provisionales, siendo el derecho definitivo materia del fondo del asunto. En relación con el agravio relativo al cumplimiento voluntario de la obligación alimenticia para con su menor hijo, el juez primario lo consideró infundado, ya que el cumplimiento voluntario no resulta suficiente para regraduar la pensión alimenticia provisional; más aún porque no hace improcedente el ejercicio de la acción alimentaria, ya que ésta es procedente aún ante dicho cumplimiento; máxime que ello no asegura que siga cumpliendo en el futuro con esa obligación. Por otra parte, en lo tocante a la existencia de diversas acreedoras alimentarias, consideró que con el acreditamiento de la relación filial a través de las correspondientes actas de nacimiento, esas prueba resultaron procedentes para regraduar el monto del porcentaje de la pensión alimenticia provisional; máxime que tal existencia, dijo, fue reconocida por la acreedora alimentaria al momento de desahogar la vista que se le dio con la reclamación interpuesta por el deudor y, por tanto, a la luz del criterio aislado de rubro: "PENSIÓN ALIMENTICIA. PARA LA FIJACIÓN DE SU MONTO DEBE VERIFICARSE LA EXISTENCIA DE DIVERSOS ACREEDORES, ESPECIALMENTE MENORES DE EDAD, AUNQUE NO SEAN PARTE DEL JUICIO.". Finalmente, en relación con la obligación alimentaria con relación a los padres del deudor, declaró infundado dicho agravio, al considerar que no se ofreció medio de prueba alguno que determine la necesidad de recibir alimentos, así como tampoco que el deudor los esté proporcionando; máxime que dichos padres no tienen la presunción de necesitar alimentos. Así con base en lo anterior, procedió a distinguir los parámetros de su concesión, al establecer que, en cuanto a la necesidad alimentaria de la actora de aquel juicio, madre del menor acreedor también, precisó que se remitía a las consideraciones que hizo previamente y por cuanto al derecho de recibir alimentos, ésta será materia de fondo del asunto. Por otra parte, concluyó que, con base al interés superior de las diversas acreedoras alimentarias, menores de edad, que también tiene el demandado, y que se encuentra acreditado en autos el monto de sus ingresos, dichas circunstancias resultaron suficientes para decretar la regraduación del crédito, lo que realizó atendiendo la existencia de las dos menores de edad diversas; que en relación con éstas no se encuentra acreditada alguna necesidad especial; que tampoco se encuentra acreditado a cuánto ascienden los gastos de una y otra parte, decretó la disminución de la pensión alimenticia provisional, disminuyéndola del cuarenta (40%) por ciento, al veinticinco (25%) por ciento de las percepciones salariales que percibe de su fuente de trabajo el deudor alimentista, correspondiendo el veinte (20%) por ciento para el menor de edad y el cinco (5%) por ciento, para la aquí quejosa, madre de aquel. La resolución resumida constituye el acto reclamado en el presente juicio. SUBSUNCIÓN. Del escrito de demanda de amparo se advierte que la parte quejosa sostiene que la resolución reclamada es ilegal, carente de una debida motivación al considerar que: El juez responsable resolvió bajo el parámetro de la presunción humana, cuando la reclamación exige que se resuelva con base en documentales, tal como lo dispone el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz. Lo anterior lo sostiene de tal modo, pues el demandado exhibió las actas de nacimiento de sus diversos menores hijos; sin embargo, de realiza una deficiente valoración probatoria, puesto que dichas documentales sólo acreditan la existencia de los aludidos menores, pero no acreditan que el demandado cumpla con el pago de la pensión alimenticia que dice erogar en favor de aquellos; ello con independencia de que la quejosa haya tenido conocimiento o no de la existencia de los citados menores. De ahí que si no exhibe prueba documental que acredite cómo es que sufraga la pensión alimenticia en favor de sus diversos menores hijos, entonces el juez no podía determinar la capacidad económica del aludido deudor alimentario; sea con independencia de que vivan con él o sufrague la cantidad correspondiente al vivir separado de ellos. Para tal efecto, cita la jurisprudencia y tesis aislada de la Primera Sala de Justicia de la Nación que son de los rubros siguientes: "REDUCCIÓN DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA. FORMA DE RESOLVER LA ACCIÓN RELATIVA CUANDO SE FUNDA EN EL NACIMIENTO DE NUEVOS HIJOS DEL DEUDOR ALIMENTARIO" y "PENSIÓN ALIMENTICIA PARA MENORES DE EDAD. PARA FIJAR SU MONTO, LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES DEBEN EJERCER SUS FACULTADES PROBATORIAS A FIN DE ATENDER A LA DETERMINACIÓN REAL Y OBJETIVA DE LA CAPACIDAD ECONÓMICA DEL DEUDOR ALIMENTARIO". Como se dijo, los conceptos de violación que se analizan en el presente asunto son fundados y suficientes para conceder el amparo solicitado, sustancialmente por la razón que aquí será atendido en suplencia de queja y que enseguida se expone. Lo anterior es así, pues en principio no se puede soslayar que el juez primario incurre en una deficiente fundamentación y motivación, pues soslayó los argumentos en que la parte acreedora expuso a su consideración que si bien es cierto que tiene otras hijas, sin embargo no acredita la forma en que cumple con esa obligación alimentaria; con independencia de que la simple mención de la existencia de diversos acreedores menores alimentarios no conlleva necesariamente el cumplimiento de esa obligación. Así como tampoco el diverso en que sugirió la presunción en torno a la inexistente paternidad del demandado con una de sus diversas menores hijas. Aspectos que debió atender el juez primario para resolver en la forma en que lo hizo y lo cual, por sí sólo se considera suficiente para determinar el sentido de la presente resolución. Por otra parte, se distingue la deficiente valoración probatoria, relacionada con el elemento de la necesidad de los acreedores alimentarios y contingente a la proporcionalidad alimentaria, ya que, en cuanto a la relativa a la madre del menor promovente de aquel juicio civil, se destaca que el juez primario establece un marco normativo para determinar cómo se justifica el derecho a recibir alimentos provisionales por parte de una concubina, respecto de lo cual adujó que en principio se colmaron los elementos para su otorgamiento proporcional; sin embargo, enseguida decretó la disminución de la pensión originalmente proporcionada, sin exponer la razón del por qué ello resultaba procedente. Finalmente, ya en relación con ambos acreedores alimentarios, tampoco expuso razonamiento lógico jurídico alguno que determinara por qué la disminución en la proporción que hizo es la que correspondía a los citados acreedores; pues se puede advertir que tan sólo disminuyó un diez por ciento de la otorgada originalmente a la madre del menor acreedor alimentario y un cinco por ciento a éste; pero sin precisar razón alguna de tal proceder, lo cual evidencia lo inexhausto de la resolución impugnada. De otra forma, la autoridad responsable omitió exponer cómo es que el porcentaje determinado era suficiente para cubrir las necesidades de alimentación de la quejosa, es decir, en tal caso no atendió el estado de necesidad de los acreedores alimentarios, al momento de decretar el porcentaje que disminuyó en el monto que estableció para tal fin, ya que para regraduar la pensión originalmente decretada en favor de ********************, por propio derecho, del 15% (quince por ciento) al 5% (cinco por ciento) debió exponer los motivos o razones que lo llevaron a concluir no sólo por qué el porcentaje disminuido es el que corresponde para satisfacer las necesidades de la parte aquí quejosa, y que, además, ello no afecta jurídicamente sus derechos fundamentales. De ahí que se considera que el juez responsable no expresó las razones que lo condujeron a reducir, en los términos referidos, el monto de la pensión provisional asignada específicamente a los impetrantes de amparo, pues no dejó establecida la decisión de regraduarla en la magnitud señalada y no en otra mayor o menor. En el entendido de que establecerla mediante criterio estrictamente matemático, en general, trasgrede la garantía de debida fundamentación y motivación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues esto trae como consecuencia hacer nugatorio este derecho de orden público e interés social. Así pues, se advierte que el juez natural no efectuó el ejercicio de raciocinio lógico-jurídico a través del cual se pronunciara sobre la necesidad básica que le otorga la prerrogativa, sobre todo en favor de la parte aquí quejosa, para tener acceso a los rubros de alimentos a que se refiere el artículo 239 del Código Civil para el Estado. Al respecto es aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala del más Alto Tribunal del País, de rubro y texto siguientes: ALIMENTOS. REQUISITOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN POR ESE CONCEPTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE CHIAPAS). De lo dispuesto en los artículos 308, 309, 311 y 314 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos 304, 305, 307 y 310 del Estado de Chiapas, se advierte que los legisladores establecieron las bases para determinar el monto de la pensión alimenticia, las cuales obedecen fundamentalmente a los principios de proporcionalidad y equidad que debe revestir toda resolución judicial, sea ésta provisional o definitiva, lo que significa que para fijar el monto de esta obligación alimentaria debe atenderse al estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del deudor para cumplirla, pero, además, debe tomarse en consideración el entorno social en que éstos se desenvuelven, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen, pues los alimentos no sólo abarcan el poder cubrir las necesidades vitales o precarias del acreedor, sino el solventarle una vida decorosa, sin lujos, pero suficiente para desenvolverse en el status aludido; de ahí que no sea dable atender para tales efectos a un criterio estrictamente matemático, bajo pena de violentar la garantía de debida fundamentación y motivación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, eventualmente, hacer nugatorio este derecho de orden público e interés social. Bajo el contexto aludido es claro que el juez responsable al momento de determinar que correspondía modificar la medida provisional alimentaria no llevó a cabo un verdadero análisis comparativo, ni expuso con suficiencia los motivos que corresponden al escenario de los datos proporcionados por las partes. CONCLUSIÓN De ese modo se advierte que dicha resolución vulnera los derechos fundamentales de la quejosa, puesto que el juez del proceso incurrió en una deficiente valoración probatoria al realizar un adecuado análisis de la proporcionalidad de la medida provisional alimentaria, en los términos antes señalados, con lo que se transgreden los postulados establecidos en los preceptos constitucionales y legales anteriormente aludidos. EFECTOS Consecuentemente, de conformidad con lo considerado en líneas precedentes, con fundamento en el artículo 77 de la ley de la materia, se concede el amparo y protección de la justicia federal solicitados por ********************, por sí y en representación de su menor hijo de iniciales ********************, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución combatida y, en su lugar, dicte otra en la que: Deje intocada la parte considerativa que no generó el sentido de la presente sentencia, esto es, que está acreditada la presunción de la necesidad de los menores acreedores de recibir alimentos del deudor alimentista. Que no está justificada la necesidad de recibir alimentos de los padres del deudor alimentario. Que el cumplimiento voluntario de la obligación alimentaria del deudor no excluye la posibilidad de solicitar y decretar alimentos provisionales en favor de los acreedores alimentarios. Y siguiendo los argumentos que se dejaron anotados, respecto de la existencia de las diversas menores acreedoras alimentarias, emita la resolución correspondiente. En el entendido de que, de emitir una nueva resolución que siga el mismo sentido de la que aquí fue declarada ilegal, funde y motive la razón del por qué procedía disminuir la pensión alimenticia provisional decretada en favor de ******************** y su menor hijo de iniciales ********************; pero sobre todo, que exponga las razones que sostengan por qué el porcentaje disminuido en los términos que dejó precisados es el que corresponde para satisfacer las necesidades de la parte aquí quejosa y que, además, ello no afecta jurídicamente sus derechos fundamentales. Sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro y textos siguientes: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL EFECTO DE LA SENTENCIA QUE AMPARA POR OMISIÓN DE ESAS FORMALIDADES, ES LA EMISIÓN DE UNA RESOLUCIÓN NUEVA QUE PURGUE TALES VICIOS, SI SE REFIERE A LA RECAÍDA A UNA SOLICITUD, INSTANCIA, RECURSO O JUICIO. Los efectos de una ejecutoria de amparo que otorga la protección constitucional por falta de fundamentación y motivación de la resolución reclamada son los de constreñir a la autoridad responsable a dejarla sin efectos y a emitir una nueva subsanando la irregularidad cometida, cuando la resolución reclamada se haya emitido en respuesta al ejercicio del derecho de petición o que resuelva una instancia, recurso o juicio, ya que en estas hipótesis es preciso que el acto sin fundamentación y motivación se sustituya por otro sin esas deficiencias pues, de lo contrario, se dejaría sin resolver lo pedido. SEXTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en el artículo 73, 74, 77 y 79 todos de la aplicable Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a ********************, por sí y en representación de su menor hijo de iniciales ********************, contra el acto precisado en el considerando segundo que se atribuye a la autoridad señalada en el resultando primero, por las razones y para los efectos precisados en el quinto considerando de la presente sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el considerando sexto de esta resolución. Notifíquese en términos de ley.
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