Claudia Ivonne Ceballos Pantoja

Expediente 2031/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2031/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
09/09/2022

Partes del expediente

  • Claudia Ivonne Ceballos Pantoja

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: Agréguese a estos autos el oficio RAN/YUC/SR/DJ/3546/2022, suscrito por la Encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional, Delegación Yucatán, con anexos que adjunta, a través del cual atiende el requerimiento realizado por este órgano de control constitucional en proveído de treinta de agosto del año en curso, e informa lo relativo al cumplimiento de la sentencia de amparo; manifestaciones de las cuales se advierte que ésta se encuentra en vías de cumplimiento. Ahora bien, del contenido del oficio de cuenta, se advierte que la responsable solicitó a esta autoridad, le comunique a la parte quejosa, que deberá presentarse personalmente a las instalaciones de dicha dependencia, a las once horas con quince minutos del veinte de septiembre de dos mil veintidós, a efecto de que se notifique y entregue la documentación correspondiente al oficio RAN/YUC/SR/4518/2022, de seis de septiembre de dos mil veintidós, por medio del cual se le requiere al Comisariado Ejidal del ejido y municipio de Baca, para que exhiba el original del acta de asamblea de catorce de diciembre de dos mil catorce, para estar en aptitud de continuar con el procedimiento respectivo. En tal virtud, requiérase a dicha autoridad, para que una vez que haga entrega de dicha documentación, remita a esta autoridad dicha constancia de entrega, o en su caso, informe su imposibilidad para hacerlo; apercibida que de no hacerlo así, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución. Finalmente, apercíbase a la parte quejosa de que, en caso de no acudir sin casusa justificada a las instalaciones de la autoridad responsable en la fecha y hora precisadas, esta juzgadora entenderá su desinterés en el cumplimiento de la sentencia de amparo y se realizará el estudio correspondiente tomando lo anterior en consideración. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Claudia Ivonne Ceballos Pantoja, contra el acto que reclama del Juez Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad. Fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado como juicio de amparo 2031/2022-III. Con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que establece lo siguiente: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se aprecia que en el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado, el acuerdo dictado el quince de julio de dos mil veintidós en el juicio ordinario civil 140/2019, en el cual la responsable resolvió no decretar la caducidad del procedimiento de origen promovido contra la quejosa. Al respecto, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." La citada fracción XXIII del artículo 61 de la ley de la materia, establece que el juicio de amparo es improcedente, cuando así se prevea en alguna otra disposición de la propia ley; por su parte, el artículo 107, en sus ocho fracciones, establece los casos en el que gobernado podrá acudir ante el Juez de Distrito a solicitar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión y, particularmente, en la fracción V, dispone que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por aquéllos, los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sentado criterio en el sentido de que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó la jurisprudencia 24/1992, publicada en la página 11, Número 56, Agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Asimismo, el Pleno de nuestro más Alto Tribunal de la Nación, estableció que actos de imposible reparación, son aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. En ese tenor señaló que existen dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. El criterio citado se encuentra contenido en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.)1, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P.J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables. Necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho. y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos" expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan él los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". En el caso, como como se dijo de la lectura integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado lo es el acuerdo dictado el quince de julio de dos mil veintidós en el juicio ordinario civil 140/2019, en el cual la responsable resolvió no decretar la caducidad del procedimiento de origen promovido contra la quejosa. En ese sentido, se afirma que se actualiza la causa de improcedencia invocada, ya que tal acto no encuadra en la hipótesis prevista por la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues no se trata de alguno cuyos efectos sean de imposible reparación, en la medida en que no impactan en algún derecho sustantivo de la parte quejosa; en cambio, constituye una violación de naturaleza adjetiva o intraprocesal, que no afecta alguno de sus derechos fundamentales. Esto es así, porque los elementos de dicha definición "imposible reparación" no se dan en el acto reclamado, ya que en éste sólo se pueden afectar derechos procesales de la parte quejosa y no aquellos de naturaleza sustantiva, como serían la vida, la libertad, la propiedad, etcétera. En efecto, la resolución en la cual no se accedió a decretar la caducidad del procedimiento de origen, únicamente tiene efectos procesales, que consisten en continuar el juicio y proveer dentro del procedimiento, pero sus consecuencias no impiden en forma actual el ejercicio de un derecho, pues en su caso únicamente producirá una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, pues la quejosa se encuentra en aptitud de obtener una sentencia favorable al resolverse el juicio y de ser así, la lesión o violación ahora alegada ante la negativa de decretar la caducidad del procedimiento desaparecerá sin dejar huella en su esfera jurídica y por el contrario de no obtener una favorable a sus intereses podrá combatir dicha determinación con el recurso procedente en la materia, y así agotados los medios, podrá promover el amparo, y señalar como violaciones formales o adjetivas las contenidas en el acto reclamado. A mayor abundamiento, es dable destacar que el acto reclamado es una actuación que fue emitida dentro del trámite procedimental de un juicio ordinario civil, que dada su naturaleza, no conlleva la afectación a un derecho sustantivo, pues no afecta la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, por lo que únicamente tiene la característica de ser un acto meramente procesal que forma parte de la secuela de ese juicio y por tanto, no le causa un perjuicio de imposible reparación a la peticionaria de amparo, pues lo cierto es que el asunto seguirá su curso y la quejosa indefectiblemente estará en posibilidad de obtener resolución favorable a sus intereses a pesar de la admisión de esa pruebas y en consecuencia las violaciones formales y procesales que ahora alega desaparecerán sin haberle causado perjuicio. Ello, pues para ser calificado como irreparable, el acto reclamado necesitaría producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. En tal virtud, las violaciones que en su caso se cometan a las normas de procedimiento, durante el trámite del juicio promovido por la parte quejosa, no procede su reclamo como actos destacados en el presente juicio de amparo, sino en su caso a través de los conceptos de violación que se esgriman contra la resolución definitiva en función de dicha violaciones, si es que no obtiene una determinación favorable a sus intereses. En consecuencia, toda vez que el amparo judicial biinstancial contra actos dentro de juicio solamente procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, y éstos son los que afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos establecidos en la Constitución y tal circunstancia no acontece en la especie, debido a que el acto no afecta derechos sustantivos, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo para poder ser impugnado de inmediato a través del juicio de amparo indirecto En ese sentido, es claro que se actualiza la causal de improcedencia apuntada, pues la resolución que no accedió a decretar la del procedimiento de origen no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos, de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto; y en su caso, podrá impugnarse cuando se promueva el medio de defensa correspondiente contra la resolución definitiva en el procedimiento respectivo, que incluso le podría resultar favorable al impetrante del amparo. Sustenta lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2011428, que dispone: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." Así como la tesis: "CADUCIDAD DE LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA DIVERSA QUE NO LA ACUERDA DE CONFORMIDAD, NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.), visible en la página 15 del Libro 29, Tomo I, abril de 2016, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 15 de abril de 2016 a las 10:30 horas, de título y subtítulo: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", determinó que es improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueva contra la resolución que revoca la diversa que decretó la caducidad en la primera instancia; esto es, aquella de segundo grado en que no se decrete la caducidad de la instancia, porque no constituye un acto de imposible reparación, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, porque no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos y, por ello, dicha resolución únicamente podrá combatirse como violación procesal mediante el amparo directo que se interponga contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Por tanto, es improcedente el amparo indirecto cuando se reclama la resolución que confirma la diversa que no acuerda de conformidad la caducidad de la primera instancia, al actualizarse la causal establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, toda vez que esa resolución no constituye un acto de imposible reparación, porque no afecta derechos sustantivos, sino únicamente derechos adjetivos o procesales." En esas condiciones, al haberse actualizado ese motivo manifiesto e indudable de improcedencia, procede desechar de plano la demanda promovida por Claudia Ivonne Ceballos Pantoja, contra el acto que reclama del Juez Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, en virtud de haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, del citado ordenamiento legal. Por otra parte, tómese nota del domicilio que la parte quejosa señala para oír y recibir notificaciones, así como de sus autorizados a las personas que señala para tales efectos, con las facultades que expresamente les confiere; de igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la citada persona, el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir. Ahora bien, la quejosa proporciona el nombre de usuario "Marianhaasc", para el acceso y consulta del expediente electrónico; por tanto, se acuerda de conformidad la solicitud de la parte promovente, y se autoriza el acceso y consulta del expediente electrónico del presente juicio, a la parte quejosa, a través de los citados usuarios, por lo que podrá promover en el mismo con sus nombres de usuario. En el propio tenor, de la lectura del escrito de cuenta se advierte que existe solicitud expresa de la quejosa, para recibir notificaciones vía electrónica; en consecuencia, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y los artículos 39 y 55 párrafos segundo y tercero del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena realizar a la parte quejosa las notificaciones personales inherentes a este asunto por medio del usuario "Marianhaasc". Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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