Claudia Ivette Barcenas Espinoza
Expediente 1317/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1317/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 22/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Claudia Ivette Barcenas Espinoza
- SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE YUCATAN y Otros.
- Ramon Rodriguez Carreola
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Agréguese a estos el oficio signado por la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado de Distrito, mediante el cual, hace del conocimiento de este Juzgado, que giró oficio a la Fiscalía General del Estado, al cual adjuntó copias simples de las constancias conducentes del presente juicio, con motivo de la vista que se dio mediante acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, en la inteligencia de que la vista fue en relación al directo quejoso RAMON RODRIGUEZ CARREOLA, en tanto que de la actuación levantada por la Actuaria adscrita a este Juzgado, de dieciséis de diciembre del año dos mil veinte, en la que el citado impetrante hizo manifestación en relación a que lo golpearon en la cara, y en las costillas dentro del vehículo de los judiciales, además de que fue amenazado, en virtud de que dichos actos son competencia del Fuero Común; de lo anterior, este Juzgado toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término que se le otorgó al quejoso Ramón Rodríguez Carreola, a fin de que manifestara si insistía en la tramitación del juicio de amparo, en relación con el diverso acto señalado en la demanda de amparo, consistente en el arrastre del vehículo marca Nissan, Tipo Versa Drive, modelo 2018, color blanco con número de serie 3N1CN7AD2JK423247, sin que hubiere hecho manifestación alguna; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento y se tienen como únicos actos reclamados la incomunicación y la detención. Ahora bien, en cuanto a la incomunicación que también reclamó el quejoso, debe decirse que la misma resulta inexistente, dado que según manifestó la autoridad Ministerial, su detención fue por posibles hechos delictuosos sin que se advierta que estuvo incomunicado, tan es así que el Actuario adscrito a este Juzgado, pudo tener contacto con el directo quejoso, al momento de ratificar la demanda de amparo, sin que le hubiera hecho manifestación alguna al respecto; además de que no aportó prueba alguna a fin de acreditar la existencia de tal acto, ni de las constancias que obran en autos, se advierte la certeza del mismo; motivo por el que, debe de tenerse por inexistente dicho acto reclamado, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Asimismo, de las constancias que fueron anexadas por las responsables, en específico por el Viscefisal de Investigación y Control de Procesos, con sede en esta ciudad, en suplencia del Fiscal General del Estado, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo,1 respecto del diverso acto reclamado, consistente en la detención de la que dijo fue víctima, lo que amerita el sobreseimiento en este asunto, en términos de la fracción V del numeral 63,2 de la citada ley de la materia. En efecto, de las constancias que adjuntó la autoridad ministerial responsable a su oficio de cuenta, se aprecia que si bien al referido Rodríguez Carreola, se le inició la carpeta de investigación D1/1686/2020, por parte del Fiscal Investigadora en turno de la Unidad de Investigación y Litigación en Delitos Comunes y con detenido, lo cierto es que en auto de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se ordenó al Director de la Policía Estatal de Investigación poner en inmediata libertad al referido quejoso en virtud de que no formularia imputación alguna en su contra, cuestión que se corrobora de las propias constancias, en el sentido de que dicho quejoso, efectivamente fue puesto en libertad en esa propia fecha. En este orden de ideas, ya que en esa fecha, dieciocho de diciembre de dos mil veinte, la autoridad ministerial emitió un acuerdo en el cual ordenó la inmediata libertad de la parte quejosa; mientras que en el caso a estudio, el promovente de amparo reclamó, en esencia, la privación de su libertad a causa de su detención; en consecuencia, se llega a la conclusión que en el presente juicio de amparo han cesado los efectos del acto que se reclama y se surte la causal de improcedencia señalada, al destruirse de forma total e incondicional el acto privativo de libertad combatido por el solicitante del amparo, restituyéndose al agraviado en el goce del derecho constitucional violado. 1 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." 2 "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: ...V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. De ahí que aparezca la imposibilidad de entrar al análisis de fondo del acto reclamado, por haber quedado sin efecto la detención reclamada, pues no hay materia por la cual se procediera a determinar su constitucionalidad, de proseguirse el trámite del presente juicio. En apoyo de lo anterior tiene aplicación al respecto la tesis número P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Por consiguiente, esta Juzgadora Federal decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de control constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal; y, en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta y tres minutos del diez de marzo de dos mil veintiuno. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Asimismo, de la revisión de constancias que obran en el presente juicio de amparo, se advierte que en la actuación levantada por la Actuaria adscrita a este Juzgado, de dieciséis de diciembre del año dos mil veinte, el citado impetrante hizo manifestación en relación a que lo golpearon en la cara, y en las costillas dentro del vehículo de los judiciales, además de que fue amenazado. En tal virtud, atendiendo a que la definición de tortura, según la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, es todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia; de conformidad con lo estipulado en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del once de junio de dos mil once, el cual establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano, así como en los artículos 22 Constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales reconocen el derecho humano de toda persona a no sufrir actos de tortura, derecho fundamental garantizado por nuestro país al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de cuyos artículos 1, 6 y 8 se advierte que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal; dése vista al Ministerio Público Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias, inicie la investigación de la probable transgresión de los derechos humanos del quejoso entregándosele para tal efecto, mediante atento oficio, copia certificada de las constancias que integran el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, visible en la página 1107, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "ACTOS DE TORTURA. CUANDO LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES, TENGAN CONOCIMIENTO DE LA MANIFESTACIÓN DE UNA PERSONA QUE AFIRME HABERLOS SUFRIDO, OFICIOSAMENTE DEBERÁN DAR VISTA CON TAL AFIRMACIÓN A LA AUTORIDAD MINISTERIAL QUE DEBA INVESTIGAR ESE PROBABLE ILÍCITO. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del 11 de junio de 2011, establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Esa disposición también adopta el principio hermenéutico pro homine, según el cual, en la protección de los derechos humanos debe elegirse la interpretación más favorable para las personas. Por otro lado, los artículos 22 constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen el derecho humano de toda persona a no sufrir actos de tortura. Además, este derecho fundamental fue garantizado por nuestro país al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de cuyos artículos 1, 6 y 8 se advierte que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal. Por su parte, el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura establece que todo servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un posible hecho de tortura está obligado a denunciarlo de inmediato. Así, del análisis de los preceptos invocados se concluye: a) Las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal; b) La obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades del país (en el ámbito de sus competencias), y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar el caso; y c) Atento al principio interpretativo pro homine, para efectos del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. Consecuentemente, cuando los órganos jurisdiccionales, con motivo de sus funciones, tengan conocimiento de la manifestación de una persona que afirme haber sufrido tortura, oficiosamente deberán dar vista con tal afirmación a la autoridad ministerial que deba investigar ese probable ilícito."
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que María Concepción Espinosa Pineda, promovió el juicio de amparo en favor de Ramón Rodríguez Carreola, y otra, reclamando, por una parte, la incomunicación y detención realizada por las autoridades señaladas como responsables en la demanda de mérito; y por la otra, el arrastre del vehículo marca Nissan, tipo Versa Drive, Modelo 2018 color blanco con número de serie 3N1CN7AD2JK423247. Siendo que mediante acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se proveyó respecto de los actos relativos a la incomunicación y detención realizada por las autoridades señaladas como responsables, por tratarse de actos contemplados en el artículo 15 de la Ley de Amparo, de tramitación urgente, quedando pendiente de proveer, el restante acto. Asimismo, mediante acuerdo de dieciocho de diciembre pasado, se tuvo por ratificada la demanda de amparo, únicamente respecto de Ramón Rodríguez Carreola. De igual forma, de las constancias que obran en los presentes autos, y en específico del informe del Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos, por suplencia del Fiscal General del Estado, mediante oficio 1822/2020 se desprende el referido Rodríguez Carreola si bien se le inició la carpeta de investigación D1/1686/2020, Fiscal Investigadora en turno de la Unidad de Investigación y Litigación en Delitos Comunes y con detenido, en auto de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se ordenó al Director de la Policía Estatal de Investigación poner en inmediata libertad al referido quejoso en virtud de que por el momento no formularia imputación alguna en su contra, cuestión que se corrobora de las propias constancias, en el sentido de que dicho quejoso, efectivamente fue puesto en libertad en esa propia fecha. Expuesto lo anterior, con fundamento en el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se previene al quejoso Rodríguez Carreola, para que en el término de tres días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste bajo protesta de decir verdad, si insiste en señalar como acto reclamado, la orden de arrastre del vehículo marca Nissan, tipo Versa Drive, Modelo 2018 color blanco con número de serie 3N1CN7AD2JK423247. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo indicado dentro del término señalado anteriormente, se tendrá únicamente como acto reclamado la incomunicación y detención de la cual fue objeto. En virtud de lo anterior, es dable diferir la audiencia constitucional fijada para el día de hoy, por lo que se señala como nueva fecha y hora para llevar a cabo la misma el DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO a las DIEZ HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS. Finalmente, agréguense a estos autos el informe justificado rendido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, así como9 el anexo que adjuntó, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio y relaciónense al celebrarse la audiencia constitucional relativa.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que María Concepción Espinosa Pineda, promovió el juicio de amparo en favor de Ramón Rodríguez Carreola, y otra, reclamando, por una parte, la incomunicación y detención realizada por las autoridades señaladas como responsables en la demanda de mérito; y por la otra, el arrastre del vehículo marca Nissan, tipo Versa Drive, Modelo 2018 color blanco con número de serie 3N1CN7AD2JK423247. Siendo que mediante acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se proveyó respecto de los actos relativos a la incomunicación y detención realizada por las autoridades señaladas como responsables, por tratarse de actos contemplados en el artículo 15 de la Ley de Amparo, de tramitación urgente, quedando pendiente de proveer, el restante acto. Asimismo, mediante acuerdo de dieciocho de diciembre pasado, se tuvo por ratificada la demanda de amparo, únicamente respecto de Ramón Rodríguez Carreola. De igual forma, de las constancias que obran en los presentes autos, y en específico del informe del Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos, por suplencia del Fiscal General del Estado, mediante oficio 1822/2020 se desprende el referido Rodríguez Carreola si bien se le inició la carpeta de investigación D1/1686/2020, Fiscal Investigadora en turno de la Unidad de Investigación y Litigación en Delitos Comunes y con detenido, en auto de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se ordenó al Director de la Policía Estatal de Investigación poner en inmediata libertad al referido quejoso en virtud de que por el momento no formularia imputación alguna en su contra, cuestión que se corrobora de las propias constancias, en el sentido de que dicho quejoso, efectivamente fue puesto en libertad en esa propia fecha. Expuesto lo anterior, con fundamento en el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se previene al quejoso Rodríguez Carreola, para que en el término de tres días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste bajo protesta de decir verdad, si insiste en señalar como acto reclamado, la orden de arrastre del vehículo marca Nissan, tipo Versa Drive, Modelo 2018 color blanco con número de serie 3N1CN7AD2JK423247. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo indicado dentro del término señalado anteriormente, se tendrá únicamente como acto reclamado la incomunicación y detención de la cual fue objeto. En virtud de lo anterior, es dable diferir la audiencia constitucional fijada para el día de hoy, por lo que se señala como nueva fecha y hora para llevar a cabo la misma el DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO a las DIEZ HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS. Finalmente, agréguense a estos autos el informe justificado rendido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, así como9 el anexo que adjuntó, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio y relaciónense al celebrarse la audiencia constitucional relativa.
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