Claudia Ireri Rios Ochoa

Expediente 896/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
896/2023
Año
2023
Actuaciones
15
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Claudia Ireri Rios Ochoa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Incidental

    AUDIENCIA INCIDENTAL En Morelia, Michoacán, a las trece horas del veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia incidental correspondiente al juicio de amparo 896/2023, sin la comparecencia de las partes. En seguida, con fundamento en los artículos 140 y 144 de la Ley de Amparo, el secretario hace constar que el presente incidente se encuentra integrado para ser resuelto en definitiva. Abierto el periodo probatorio el secretario hace constar que no se ofreció medio probatorio alguno. El Juez acuerda: Dado que no hay medios de prueba pendientes por admitir ni desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El Juez provee: Se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia y se pasan los autos a la vista del Juez, quien resolverá en definitiva esta incidencia. C O N S I D E R A C I O N E S: PRIMERA. La parte quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Autoridades responsables: 1. Presidenta e Integrantes del Comité de Comunicación Social del Congreso del Estado de Michoacán; 2. Titular de la Coordinación de Comunicación Social del Congreso del Estado de Michoacán; 3. Presidenta e Integrantes del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo; y, 4. Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. Todas con residencia en esta ciudad. Actos reclamados: "La omisión de videograbar la Sesión Extraordinaria, de data primero de junio de dos mil veintitrés, en la que, supuestamente, se discutió, votó y aprobó el decreto número cuatrocientos cinco, dirigido al Ejecutivo el Estado, por el que se expide la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, en cuanto actividad institucional del Congreso que de oficio se debe publicar, por ser parte del proceso intra-legislativo, bajo los principios de transparencia y equidad; impidiendo que la población pudiera conocerla públicamente." SEGUNDA. Ahora, del estado de autos se advierte que no obran los informes previos de las autoridades responsables; atento a lo anterior, de conformidad con el artículo 142, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se les presume cierto el acto reclamado, toda vez que no rindieron su informe previo aun cuando fueron debidamente notificadas del auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, en el cual se les requirió el mismo, tal como se advierte del sello de recibido con fecha de veintitrés de noviembre del año en curso a las nueve horas con treinta y tres minutos. Ahora bien, la parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado para el efecto de que no se aplique a la parte quejosa la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo; lo anterior, aunado a que la ampliación de demanda consiste en un acto de naturaleza omisiva, por lo que para proveer sobre la misma se requiere que concurran los requisitos siguientes: a) La existencia del acto reclamado; b) Que la naturaleza del mismo permita su paralización; y, c) Que se cumplan las exigencias previstas por el numeral 128 de la Ley de la Materia. En relación con lo anterior, el artículo 128 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 128. Co excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." Y que al proveer respecto de la medida cautelar solicitada, el juzgador atienda además, al contenido del siguiente precepto: "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, en su caso, acordará lo siguiente: I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes." Por su parte, el artículo 147 de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo." Luego, la suspensión del acto reclamado es una providencia cautelar en los procedimientos de amparo, de carácter meramente instrumental, para preservar la materia del juicio, cuyo contenido reviste la forma de un mandato asegurador del cumplimiento y la ejecución de otra providencia principal que pudiere ordenar la anulación de la conducta prevista, positiva o negativa de una autoridad pública, haciendo cesar temporalmente sus efectos obligatorios en tanto se dicta sentencia ejecutoriada en el juicio de amparo en lo principal. Es decir, esencialmente el objeto primordial de la providencia cautelar consiste en mantener viva la materia del juicio e impedir que se consume irreparablemente evitando se le causen a las partes perjuicios con motivo de la ejecución del acto; y de igual modo, que los efectos de la suspensión consisten en mantener las cosas en el estado en que se encuentren al otorgarse la providencia, por lo que la materia de la suspensión la constituye la ejecución y no el acto en sí mismo. Consecuentemente, se analizará la procedencia de la suspensión respecto de las consecuencias de los actos reclamados originalmente, así como respecto de su ampliación, por lo que resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital: 2019200, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo." Así, en relación con los efectos para los que se solicita la medida cautelar y sus consecuencias jurídicas (no se aplique a la parte quejosa la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo), se niega la suspensión, en virtud de que los efectos para los que la solicita la parte quejosa tienen el carácter de actos futuros e inciertos y de otorgarse la medida cautelar, se estaría otorgando respecto de actos de los cuales no se tiene la certidumbre sobre su realización ni forman parte de los actos originalmente reclamados en la demanda. Sirve de aplicación a lo anterior, la tesis de la Octava Época, publicada en la página 571, Tomo II, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1998, del Semanario Judicial de la Federación, relativa a los Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo rubro dice: "SUSPENSIÓN, PROCEDE EN CONTRA DE ACTOS INMINENTES, NO ASÍ EN CONTRA DE ACTOS FUTUROS E INCIERTOS." Por otra parte, en relación con el acto omisivo por el que se amplía la demanda, es improcedente conceder la medida cautelar que nos ocupa, al ser propio del estudio que se haga en la sentencia definitiva que se dicte en el juicio principal de donde emanan el presente cuaderno incidental; y si bien, en la actualidad, la sola naturaleza del acto de autoridad no es suficiente para decidir sobre la suspensión del acto, pues existe la posibilidad de conceder una suspensión con efectos restitutorios provisionales, acorde al segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de la Materia, ello está condicionado a que la materia de la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, por lo que se impone negar la suspensión solicitada respecto de dicho acto. En ese sentido, no se aprecian efectos específicos del acto reclamado que sean susceptibles de ser paralizados por una suspensión. No obstante lo señalado, si lo que pretende la parte quejosa es que se diera efectos restitutorios para que se le restituya la afectación que refiere con motivo de la omisión por parte de las responsables de videograbar la sesión extraordinaria de uno de junio de dos mil veintitrés, en la cual se expide la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, ello no sería posible jurídica ni materialmente. Lo anterior pues, en el caso, la materia de la suspensión implicaría que se le provea sobre la omisión que refiere, lo cual en su caso, podría coincidir totalmente con la materia de fondo del juicio de amparo, de modo que se corre el riesgo de dejarlo sin materia y, por ende, no procede la suspensión a que se refiere el segundo párrafo del artículo 147 invocado. Apoya por analogía jurídica, la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 286, Tomo I, Libro 73, Diciembre de 2019, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, estatuye: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve Único. Se niega a ********************la suspensión definitiva respecto de las autoridades responsables precisadas en la consideración primera de esta interlocutoria en términos de la segunda consideración. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio signado por el Delegado del Congreso del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en atención al requerimiento formulado en autos, en el sentido de que remitiera video de la sesión de uno de junio de dos mil veintitrés, misma que le fue solicitada por ********************, con sello de acuse de dieciséis de junio del año actual, informa lo siguiente: ". no se cuenta con el video que contenga la grabación de dicha sesión, toda vez que no se tuvieron las condiciones necesarias para poder llevar a cabo dicha práctica, pues como se comentó en párrafos anteriores se realizó el cambio de sede del Poder Legislativo y el lugar que se habilitó para la realización de la sesión no contó con los recursos materiales humanos y materiales necesarios para la grabación de dicha sesión, como se hizo constar con las actas notariales." Atento lo anterior, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Por otra parte, con fundamento en el artículo 270 del Código Federal de Procedimientos Civiles, agréguese sin mayor pronunciamiento el escrito de la apoderada jurídica de la parte quejosa, en el que refiere que amplía la demanda de amparo que dio origen al presente juicio y pide se conceda suspensión provisional, toda vez que por auto de diecisiete de noviembre del presente año, se admitió la ampliación de demanda y se acordó sobre la suspensión, respecto de las autoridades y actos reclamados en el ocurso de cuenta. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. 1. ADMISIÓN DE AMPLIACIÓN DE DEMANDA: Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el escrito de********************, apoderada jurídica de la parte quejosa, carácter que se le reconoce con fundamento en el artículo 6°, 108 y 111 de la Ley de Amparo, en virtud del instrumento notarial que se anexó a la demanda y se admite la ampliación de demanda que solicita, en los siguientes términos: Autoridades responsables: 1. Presidenta e integrantes del Comité de Comunicación Social del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo; 2. Titular de la Coordinación de Comunicación Social del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo; 3. Presidenta e integrantes del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo; y, 4. Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. Todas con residencia en esta ciudad con domicilio en avenida Francisco I. Madero, número noventa y siete, Centro Histórico. Acto reclamado: "La omisión de videograbar la Sesión Extraordinaria, de data primero de junio de dos mil veintitrés, en la que, supuestamente, se discutió, votó y aprobó el decreto número cuatrocientos cinco, dirigido al Ejecutivo el Estado, por el que se expide la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, en cuanto actividad institucional del Congreso que de oficio se debe publicar, por ser parte del proceso intra-legislativo, bajo los principios de transparencia y equidad; impidiendo que la población pudiera conocerla públicamente." De conformidad con los artículos 115, 125 y 128 de la Ley de Amparo, así como 264, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, con copia de la demanda tramítese cuaderno único de incidente de suspensión, toda vez que dicha medida cautelar fue solicitada expresamente por la parte quejosa en su diverso escrito de cuenta (en el cual contrario a lo que refiere la parte quejosa, no se adjuntó la documental a que alude en el mismo). Con copia de la demanda de amparo, dése al agente del Ministerio Público Federal la intervención correspondiente, quien deberá asentar el acuse de recepción respectivo, lo anterior con fundamento en los artículos 5°, fracción IV y 110 de la Ley de Amparo. Hágase saber a las autoridades que se señalaron las once horas con treinta minutos del veintidós de diciembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. 2. SOLICITUD DE INFORMES: De acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe con justificación, que deberán rendir de la manera siguiente: Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, solicítese a las autoridades responsables su informe con justificación, el cual deberán rendir dentro del plazo de quince días, contado a partir de que reciban el oficio de notificación del presente auto, en el entendido de que en dicho informe deberán exponer las razones y fundamentos que consideren pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos, debiendo acompañar en su caso, copia debidamente certificada, íntegra, así como perfectamente legible de las constancias que avalen la existencia de los mismos y que soporten su emisión. Lo anterior, en el entendido de que las autoridades responsables cuentan con la potestad más amplia para rendir su informe con la mayor celeridad posible, en aras de una pronta y efectiva impartición de justicia, con la finalidad de que este Juzgado de Distrito se encuentre en posibilidad de otorgar a las demás partes la vista que prevé el artículo 117 ya referido y con ello, en su caso, evitar un eventual diferimiento de la fecha señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional; verbigracia, cuando los actos reclamados resulten inexistentes y por ende innecesaria su justificación. Como lo establecen los artículos 117 de la Ley de Amparo y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, se autoriza a las autoridades responsables para que rindan su informe al correo institucional 7jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, preferentemente con evidencia criptográfica de firma electrónica, sin perjuicio de que lo realicen mediante oficio que remitan a este juzgado por una sola ocasión, independientemente de que reciban el oficio por el que se les requiere el mismo en dos vías (telegráfica y posteriormente postal), ya que basta con atender la primera comunicación recibida. Lo anterior, en el entendido de que podrán presentar sus informes o comunicados de manera física o por correo certificado, en la oficialía de partes de este juzgado, ubicado en la calle Lacas de Uruapan número 31, colonia Vasco de Quiroga, en Morelia, Michoacán, código postal 58230, en un horario de atención al público de las 09:30 nueve horas con treinta minutos a las 14:30 catorce horas con treinta minutos, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, o bien, de manera posterior en los buzones judiciales de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, ubicados en el edificio central en avenida Camelinas número 3550, colonia Club Campestre, Morelia, Michoacán, código postal 58270, en el horario que comprende de las 14:31 catorce horas con treinta y un minutos a las 23:59 veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos (al realizar el depósito, la propia persona promovente generará su acuse con el reloj fechador que se encuentra integrado al buzón), con fundamento en el artículo 50 del propio Acuerdo General en cita. Ambos domicilios en días hábiles. Deberán rendir el informe justificado requerido con copia certificada de las documentales que justifiquen la constitucionalidad de los actos reclamados, tomando en consideración las siguientes directrices: 1. Si algunas de las fojas del expediente de origen o acto reclamado en sí, se encuentran ilegibles o pierden su continuidad, en virtud de que así se encuentran en su origen, aclaren dicha circunstancia y señalen el número de folio que corresponde a cada una de ellas, precisando en su caso las particularidades respectivas; 2. En el caso de que las constancias sean legibles, pero las reproducciones que se obtengan de éstas no, deberán efectuar su transcripción con la indicación y folio correspondientes al remitirlas a este juzgado, así como su debida certificación en ese sentido; y, 3. Observen que las copias que remitan se encuentren debidamente ordenadas, atendiendo a su legibilidad, continuidad, orden cronológico y totalidad, o bien, realicen las aclaraciones respectivas si así obran en el expediente a que pertenecen. En relación con lo anterior, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que en caso de que remitan el expediente o constancias respectivas en formato original, es su obligación conservar testimonio autorizado íntegro de las documentales o pruebas que en algún otro formato alleguen al juicio, ya que en el supuesto de que les resulten necesarias para realizar alguna actuación posterior, este juzgado no podrá devolverlas por ser imprescindibles para resolver el juicio de amparo y en su caso, sustanciar el recurso de revisión que se llegue a interponer en autos, por lo que queda bajo su más estricta responsabilidad obtener las reproducciones conducentes para su resguardo. 3. APERCIBIMIENTOS: Se formula apercibimiento en el sentido de que en caso de no rendir el informe justificado en el tiempo y forma requeridos, se presumirán ciertos los actos reclamados respectivos, salvo prueba en contrario, de acuerdo con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Acorde con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no rendir su informe justificado o lo hagan sin acatar las directrices que fueron trazadas con anterioridad, se harán acreedoras a una multa individual equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostentan y emolumentos que por esa causa reciben. Se requiere a las autoridades responsables para el efecto de que en su informe hagan del conocimiento de este juzgado si la parte quejosa o alguna otra persona ha promovido juicio de amparo indirecto relacionado con los actos reclamados o derivado del expediente de origen, informando el número de juicio y el Juzgado de Distrito a que haya correspondido conocer del mismo, apercibidas que en caso de no hacerlo, de acuerdo con el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, de la Ley de Amparo, se les impondrá un multa de manera individual equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA). En términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, requiérase a las partes para que en el supuesto de cesación de efectos de los actos reclamados o en caso de que se actualice alguna causa notoria de sobreseimiento, lo hagan saber a este juzgado de manera inmediata, apercibidas que en caso de no hacerlo, de conformidad con el artículo 238, en relación con el diverso 251, ambos de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de manera individual por el equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA). 4. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS Y DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES: Con apoyo en los numerales 9 y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, desde ahora se formula autorización para tener como delegados a las personas que, en su caso, designen las autoridades responsables y por señalados los domicilios para recibir notificaciones que lleguen a proporcionar en autos. Se informa a las autoridades responsables que no es necesario que acusen recibo de los oficios derivados del presente juicio, salvo que les sea solicitado expresamente, o en su caso, se llegue a devolver con el oficio algún documento, objeto o información en formato digital. 5. AUTORIDADES INEXISTENTES: En otro aspecto, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del numeral 79 del ordenamiento legal invocado), desde ahora se le apercibe, en el sentido de que en caso de que alguna autoridad responsable no exista en la denominación señalada en la demanda, mediante auto se suspenderá toda comunicación con la misma quedando fuera de juicio y en la audiencia constitucional que se celebre no se hará referencia a ésta, o bien, en la propia audiencia se hará el pronunciamiento respectivo sobre su inexistencia, sin que sea necesario realizar señalamiento alguno en la sentencia respecto de los actos reclamados que se le atribuyan, de acuerdo con los artículos 5°, fracción II y 108, fracción III, de la ley de la materia, en su interpretación inversa. Lo anterior, salvo prueba en contrario o que se corrija la denominación de la autoridad responsable relativa dentro del plazo legal establecido en relación con la fecha de conocimiento de los actos reclamados, o bien, a través de vista previa que en su caso otorgue este juzgado, tomando en consideración que corresponde a la parte quejosa estar al pendiente de la tramitación de su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que procura la impartición de justicia pronta, así como al principio de economía procesal que busca tener procedimiento ágiles que se desenvuelvan en el menor tiempo posible. 6. PRUEBAS: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas que refiere la parte quejosa en su escrito de ampliación de demanda, sin perjuicio de relacionarlas al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Ahora, respecto a la petición de la parte quejosa en el sentido de que se agreguen al expediente electrónico en que se actúa las actas destacadas fuera de protocolo números mil quinientos veintiséis y mil quinientos veintisiete, suscritas por el Titular de la Notaría Pública Número 64 en el Estado de Michoacán, dígasele que dichas constancias obran por separado en un tomo de pruebas, las cuales están a su disposición para su consulta en las instalaciones de este juzgado, con la potestad de solicitar copia de manera verbal como se indicó en el auto de admisión de demanda, ya que su digitalización queda al arbitrio del juzgador como lo establece el artículo 22, último párrafo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. 7. RECONOCIMIENTO DE PARTE TERCERA INTERESADA: Se reserva proveer sobre la existencia de parte tercera interesada, hasta que obren en autos las documentales relativas a los actos reclamados, de donde se advierta a quién, en su caso, le asiste dicho carácter de acuerdo con el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo. 8. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS: Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas a petición verbal de las partes, previa identificación y recibo que de ello se deje en autos para constancia. En atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que no existe inconveniente en que se les permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos, etcétera. 9. JUICIO EN LÍNEA O DE TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA: Se exhorta a las partes para que si es su deseo, transiten al trámite del juicio en línea y para ello en su caso, realicen lo siguiente: a) Obtengan su firma electrónica FIREL; se registren como usuarios de los Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; soliciten a este órgano jurisdiccional el acceso al expediente electrónico, así como la práctica de notificaciones de manera electrónica y, en la medida de lo posible, realicen todas sus promociones por esa vía, con evidencia criptográfica de firma electrónica. b) En relación con las autoridades responsables, se exhorta a los funcionarios públicos a rendir sus informes o cumplir sus requerimientos a través de la plataforma referida en el párrafo que antecede, tomando en consideración que en ocasiones la logística de su trabajo no lo permite, por lo que se les requiere para que en su caso, proporcionen a este órgano una dirección de correo electrónico a través de la cual se puedan mantener las comunicaciones oficiales y dirijan sus informes, así como demás solicitudes al correo institucional 7jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, con evidencia criptográfica de firma electrónica, sin que lo anterior implique que se sustituya la facultad de este Juzgado de Distrito de solicitar, cuando el caso lo amerite, que la comunicación se realice de manera ordinaria. c) Asimismo, para que las autoridades proporcionen el nombre, cargo, teléfono fijo o móvil del servidor público que pueda fungir como enlace a efecto de instituir un vínculo de comunicación para las gestiones derivadas de la tramitación del presente asunto. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    Morelia, Michoacán, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado en el cuaderno principal y de acuerdo con los artículos 115, 125 y 128 de la Ley de Amparo, y Artículo 264, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, con copia de la demanda tramítese la ampliación de demanda en el cuaderno único del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo I-896/2023-E, promovido por ********************, apoderada de la parte quejosa ********************contra actos de las autoridades responsables y por los actos reclamados siguientes: Autoridades responsables: 1. Presidenta e integrantes del Comité de Comunicación Social del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo; 2. Titular de la Coordinación de Comunicación Social del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo; 3. Presidenta e integrantes del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo; y, 4. Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. Todas con residencia en esta ciudad con domicilio en avenida Francisco I. Madero, número noventa y siete, Centro Histórico. Acto reclamado: "La omisión de videograbar la Sesión Extraordinaria, de data primero de junio de dos mil veintitrés, en la que, supuestamente, se discutió, votó y aprobó el decreto número cuatrocientos cinco, dirigido al Ejecutivo el Estado, por el que se expide la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, en cuanto actividad institucional del Congreso que de oficio se debe publicar, por ser parte del proceso intra-legislativo, bajo los principios de transparencia y equidad; impidiendo que la población pudiera conocerla públicamente." Con fundamento en los artículos 125, 128, 138, 140, 141, 142 y 144, pídase a las autoridades responsables su informe previo respecto de la ampliación de demanda, que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, contado a partir del momento al en que reciban notificación del presente acuerdo, respecto del acto reclamado señalado en el escrito de demanda. En el entendido que de no rendir el informe en el tiempo y forma referidos, se presumirá cierto el acto que se les atribuyen, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 142 de la ley reglamentaria vigente. De igual forma, comuníquese a la autoridad, que podrán rendir su informe previo, al domicilio de este juzgado el cual es calle Lacas de Uruapan, número 31, colonia Vasco de Quiroga, Morelia, Michoacán; por vía correo electrónico 7jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, preferentemente con evidencia criptográfica de firma electrónica. De conformidad con el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables que en caso de no rendir su informe previo, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien unidades de medidas de actualización, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostentan y emolumentos que por esa causa reciben. Sin perjuicio de lo anterior, se hace saber a las autoridades responsables que el artículo 262 de la Ley de Amparo establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión, que entre otros, al rendir el informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad o se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo. De acuerdo a lo que disponen el artículo 138 de la Ley de Amparo, se fijan para la celebración de la audiencia incidental las trece horas del veintisiete de noviembre dos mil veintitrés. Ahora bien, la parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado para el efecto de que no se aplique a la parte quejosa la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo; lo anterior, aunado a que la ampliación de demanda consiste en un acto de naturaleza omisiva, por lo que para proveer sobre la misma se requiere que concurran los requisitos siguientes: a) La existencia del acto reclamado; b) Que la naturaleza del mismo permita su paralización; y, c) Que se cumplan las exigencias previstas por el numeral 128 de la Ley de la Materia. En relación con lo anterior, el artículo 128 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." Y que al proveer respecto de la medida cautelar solicitada, el juzgador atienda además, al contenido del siguiente precepto: "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, en su caso, acordará lo siguiente: I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes." Por su parte, el artículo 147 de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo." Luego, la suspensión del acto reclamado es una providencia cautelar en los procedimientos de amparo, de carácter meramente instrumental, para preservar la materia del juicio, cuyo contenido reviste la forma de un mandato asegurador del cumplimiento y la ejecución de otra providencia principal que pudiere ordenar la anulación de la conducta prevista, positiva o negativa de una autoridad pública, haciendo cesar temporalmente sus efectos obligatorios en tanto se dicta sentencia ejecutoriada en el juicio de amparo en lo principal. Es decir, esencialmente el objeto primordial de la providencia cautelar consiste en mantener viva la materia del juicio e impedir que se consume irreparablemente evitando se le causen a las partes perjuicios con motivo de la ejecución del acto; y de igual modo, que los efectos de la suspensión consisten en mantener las cosas en el estado en que se encuentren al otorgarse la providencia, por lo que la materia de la suspensión la constituye la ejecución y no el acto en sí mismo. Consecuentemente, se analizará la procedencia de la suspensión provisional respecto de las consecuencias de los actos reclamados originalmente, así como respecto de su ampliación, por lo que resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital: 2019200, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo." Así, en relación con los efectos para los que se solicita la medida cautelar y sus consecuencias jurídicas (no se aplique a la parte quejosa la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo), se niega la suspensión provisional, en virtud de que los efectos para los que la solicita la parte quejosa tienen el carácter de actos futuros e inciertos y de otorgarse la medida cautelar, se estaría otorgando respecto de actos de los cuales no se tiene la certidumbre sobre su realización ni forman parte de los actos originalmente reclamados en la demanda. Sirve de aplicación a lo anterior, la tesis de la Octava Época, publicada en la página 571, Tomo II, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1998, del Semanario Judicial de la Federación, relativa a los Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo rubro dice: "SUSPENSIÓN, PROCEDE EN CONTRA DE ACTOS INMINENTES, NO ASÍ EN CONTRA DE ACTOS FUTUROS E INCIERTOS." Por otra parte, en relación con el acto omisivo por el que se amplía la demanda, es improcedente conceder la medida cautelar que nos ocupa, al ser propio del estudio que se haga en la sentencia definitiva que se dicte en el juicio principal de donde emanan el presente cuaderno incidental; y si bien, en la actualidad, la sola naturaleza del acto de autoridad no es suficiente para decidir sobre la suspensión del acto, pues existe la posibilidad de conceder una suspensión con efectos restitutorios provisionales, acorde al segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de la Materia, ello está condicionado a que la materia de la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, por lo que se impone negar la suspensión solicitada respecto de dicho acto. En ese sentido, no se aprecian efectos específicos del acto reclamado que sean susceptibles de ser paralizados por una suspensión. No obstante lo señalado, si lo que pretende la parte quejosa es que se diera efectos restitutorios para que se le restituya la afectación que refiere con motivo de la omisión por parte de las responsables de videograbar la sesión extraordinaria de uno de junio de dos mil veintitrés, en la cual se expide la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, ello no sería posible jurídica ni materialmente. Lo anterior pues, en el caso, la materia de la suspensión implicaría que se le provea sobre la omisión que refiere, lo cual en su caso, podría coincidir totalmente con la materia de fondo del juicio de amparo, de modo que se corre el riesgo de dejarlo sin materia y, por ende, no procede la suspensión a que se refiere el segundo párrafo del artículo 147 invocado. Apoya por analogía jurídica, la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 286, Tomo I, Libro 73, Diciembre de 2019, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, estatuye: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior. Se informa a las autoridades responsables que no es necesario que acusen recibo de los oficios derivados del presente juicio, salvo que les sea solicitado expresamente y se les proporcione plazo específico para ello. Con apoyo en los numerales 9 y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, téngase como delegados a las personas que, en su caso, designen las autoridades responsables y por señalados los domicilios para recibir notificaciones que lleguen a designar en autos. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del numeral 79 del ordenamiento legal invocado), desde ahora se le apercibe, en el sentido de que en caso de que alguna autoridad responsable no exista en la denominación señalada en la demanda, mediante auto se suspenderá toda comunicación con la misma quedando fuera de juicio y en la audiencia constitucional que se celebre no se hará referencia a ésta, o bien, en la propia audiencia se hará el pronunciamiento respectivo sobre su inexistencia, sin que sea necesario realizar señalamiento alguno en la sentencia respecto de los actos reclamados que se le atribuyan, de acuerdo con los artículos 5°, fracción II y 108, fracción III, de la ley de la materia, interpretados en sentido contrario. Lo anterior, salvo prueba en contrario o que se corrija la denominación de la autoridad responsable relativa, previa vista que en su caso otorgue este juzgado, tomando en consideración que corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que procura la impartición de justicia pronta, así como al principio de economía procesal ya referido en párrafos precedentes. En atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que no existe inconveniente en que se les permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas a petición verbal de las partes, previa identificación y recibo que de ello se deje en autos para constancia. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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