Claudia Carolina Fuentes Sosa
Expediente 983/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 983/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Claudia Carolina Fuentes Sosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 13 de noviembre del dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya hecho. Por tanto, y con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 19, fracción I, inciso b), del Acuerdo referido, el incidente de suspensión es susceptible de ser conservable, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo; una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, que prevé el artículo 20 del aludido Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio y dentro de los noventa días siguientes, consérvese el incidente y transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del mismo Acuerdo General. Por otra parte, del estado de autos se advierte que dentro del incidente de suspensión relativo al juicio en que se actúa fue exhibido el billete de depósito N 947016, valioso por la cantidad de mil seiscientos cincuenta pesos, para garantizar la suspensión provisional. Por tanto, hágase del conocimiento de la parte quejosa que el billete de referencia queda a su disposición, para que comparezca a recogerlo debidamente identificado, previa acta de entrega que al efecto se levante, en el entendido que de no hacerlo dentro del plazo de dos años computados a partir de que surta sus efectos la notificación de este auto, de conformidad con el artículo 36 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, se declarará prescrito a favor del Fisco Federal. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Angélica Estefanía Aponte Ayala, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las diez horas con veinte minutos del cuatro de octubre de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 983/2023, sin la asistencia de las parte. Enseguida la secretaria da cuenta al Juez con el pedimento registrado bajo el número 17722, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, atento a su contenido se acuerda: Se tiene por recibido el pedimento de la agente del Ministerio Público de la Federación y con el mismo se ordena proveer lo conducente en la etapa correspondiente dentro de la presente audiencia. Enseguida se da cuenta al Juez con la totalidad de las constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio se da cuenta al Juez con la documental ofrecida por la parte quejosa y con la exhibida por el juez responsable. El Juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen anunciadas, admitidas y desahogadas debido a su propia y especial naturaleza las referidas probanzas y se tiene por perdido el derecho para ofrecer algún otro medio de convicción. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que únicamente los formuló la Fiscal Federal. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la Fiscal Federal; asimismo, a las demás partes se les tiene por perdido el derecho para formularlos. El Juez acuerda: Con apoyo en el artículo 124 de la referida legislación, se tiene por perdido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del Juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinte de julio de dos mil veintitrés (fojas 2-9), en el Buzón Judicial del Décimo Primer Circuito con sede en esta ciudad de Morelia, Michoacán, Claudia Carolina Fuentes Sosa, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Primero Menor en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán y de otras autoridades. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en el artículo 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite de la demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; órgano jurisdiccional que la registró con el número de expediente 983/2023; en proveído de veintiuno de julio de dos mil veintitrés (foja 15), la admitió; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público Federal; se reconoció el carácter de tercera interesada a María de los Ángeles Martínez y se ordenó su emplazamiento; y, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Tercero. Autoridad inexistente. En proveído de tres de agosto de dos mil veintitrés, se hizo efectivo el apercibimiento formulado en auto admisorio y se tuvo por no señalada como responsable al "Director de la Coordinación de Agrupamientos adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública", por lo que se ordenó suspender toda comunicación con la misma. Finalmente, tuvo verificado la audiencia de conciliación con el resultado consignado en el acta que antecede; por lo que se procede a resolver el presente juicio de amparo; y CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 49, 50 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, toda vez que el acto reclamado fue emitido por una autoridad con sede en el lugar en el que este órgano de control constitucional tiene jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 192097 que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 181810, cuyo texto es del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese contexto, de conformidad con el precepto citado, con los criterios transcritos y en atención a la lectura integral de la demanda, los actos reclamados por el quejoso consisten en: Al Juez Primero Menor en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán: El proveído de diecinueve de julio de dos de dos mil veintitrés, emitido dentro del juicio ejecutivo mercantil 1048/2023 que en ejercicio de la acción cambiaria directa y sobre pago de pesos promovió María de los Ángeles Martínez, frente a Claudia Carolina Fuentes Sosa. En dicho auto, se autorizó al actuario para que, con el auxilio de la fuerza pública, la intervención de cerrajero y el rompimiento de chapas y cerraduras, se constituyera en legal y debida forma en el domicilio de Claudia Carolina Fuentes Sosa, le requiriera de pronto y efectivo pago de la cantidad de setenta y cinco mil pesos y no haciéndolo en el momento de la diligencia, proceda a embargar bienes de su propiedad suficientes para garantizarlo. Al Actuario adscrito al Juzgado Primero Menor en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán y al Coordinador de Agrupamientos de Secretaría de Seguridad Pública del Estado: La ejecución del auto de diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Tercero. Certeza del acto reclamado. El Juez y Actuario adscritos al Juzgado Primero Menor en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, al rendir su informe justificado, aceptaron la existencia de los actos reclamados (fojas 51 y 74). Por otro lado, si bien el Coordinador de Agrupamientos de Secretaría de Seguridad Pública del Estado (foja 77), manifestó que no era cierto el acto de ejecución que se le atribuyó, éste debe tenerse por cierto, toda vez que la ordenadora aceptó su existencia al rendir su informe justificado; por lo que -en razón de jerarquía- se encuentra obligada a darle cumplimiento. Es aplicable la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, registro 227890, del rubro y texto: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado". Certeza que se corrobora con la prueba documental que acompañó a su informe el mencionado juez, consistente en copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 1048/2023. Prueba con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos certificados por un funcionario público en el desempeño de su encargo, entre las que se encuentra, el acuerdo de diecinueve de julio de dos mil veintitrés; de ahí que se tenga debidamente probado el acto reclamado. Es aplicable al caso, por identidad de razones, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. En ese contexto, la autoridad responsable al rendir su informe justificado (foja 51), informó que dentro del expediente de origen [1048/2023], en diligencia de siete de agosto del año en curso, le fueron cubiertas a la parte actora las prestaciones reclamadas, dándose por pagada. De ahí que este juzgador estime, de oficio, que se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. A efecto de explicar la razón de dicha actualización, se estima necesario traerla a glosa la referida porción normativa: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" En efecto, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; es decir, derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional; de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y en consecuencia no le agravie a la parte quejosa; se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo; caso en el que el juicio constitucional carece de litis sobre la que deba hacerse pronunciamiento de fondo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 193758, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 196820, la cual es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Y, la tesis aislada P. CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 197367, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo así como del análisis de sus anexos, se advierte que el quejoso reclamó del Juez y Actuario adscritos al Juzgador Primero Menor en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán así como al Coordinador de Agrupamientos de Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el proveído de diecinueve de julio de dos de dos mil veintitrés, emitido dentro del juicio ejecutivo mercantil 1048/2023 que en ejercicio de la acción cambiaria directa y sobre pago de pesos promovió María de los Ángeles Martínez, frente a Claudia Carolina Fuentes Sosa y su ejecución. En dicho auto, se autorizó al actuario para que, con el auxilio de la fuerza pública, la intervención de cerrajero y el rompimiento de chapas y cerraduras, se constituyera en legal y debida forma en el domicilio de Claudia Carolina Fuentes Sosa, le requiriera de pronto y efectivo pago de la cantidad de setenta y cinco mil pesos y no haciéndolo en el momento de la diligencia, proceda a embargar bienes de su propiedad suficientes para garantizarlo. Ahora bien, entre las constancias que adjuntó el juez responsable a su informe justificado se encuentran las siguientes: Acta de diligencia de siete de agosto de dos mil veintitrés, en la que la actuaria asentó, entre otras cosas: "[.] Acto seguido la demandada dice: En estos momentos hago constar que esta señora me debe sesenta mil pesos y la tengo demandada, yo me desisto, y doy diez mil pesos los doy ahorita, y que se dé por pagada en este asunto, yo entiendo que a ustedes el amparo se los notificaron tarde ni modo, pero yo me doy por enterada que esto se acaba, pero ofrezco la suma de $10,000.00 diez mil pesos como pago total del juicio; acto seguido mi asociado dice: Estoy de acuerdo, por tanto, en estos momento recibo dicha cantidad como pago total de las prestaciones reclamadas y le sea entregado el pagaré con anotación de pagado a la propia demandada; acto continuo el suscrito Actuario hago constar que mi asociada recibe la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos) como pago total de las prestaciones reclamadas [.]" (fojas 70 y 71). Auto de ocho de agosto de dos mil veintitrés, el cual es del tenor siguiente: "[.] Vista la actuación practicada por el Actuario de este juzgado con fecha 7 siete de agosto del año en curso, se advierte que en dicha diligencia le fueron cubiertas las prestaciones reclamadas a la parte actora, por tanto, se tiene al ocursante Jesús Juárez Ríos, en cuanto endosatario en procuración de la parte actora, dándose por pagado de todas y cada una de las prestaciones reclamadas, en razón de lo cual se declara concluido el presente juicio, hágase devolución a Claudia Carolina Fuentes Sosa, del documento base de la acción con anotación de pagado, previa su identificación, recibo y razón sucinta que se deje en autos, hecho que sea lo anterior remítase el expediente al archivo judicial por tratarse de un asunto concluido. BAJA POR AUTO". De modo que, la quejosa [demandada del juicio de origen] al haber ofrecido a la actora la cantidad de diez mil pesos a cambio de que ésta se diera por pagada de las prestaciones reclamadas; que ésta aceptó y como consecuencia de ello el juez de origen declaró concluido el juicio de origen, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado. Lo anterior es así, toda vez que la materia de este juicio de amparo es el auto de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, en el cual el juez responsable autorizó al actuario para que, con el auxilio de la fuerza pública, la intervención de cerrajero y el rompimiento de chapas y cerraduras, se constituyera en legal y debida forma en el domicilio de Claudia Carolina Fuentes Sosa, le requiriera de pronto y efectivo pago de la cantidad de setenta y cinco mil pesos y no haciéndolo en el momento de la diligencia, proceda a embargar bienes de su propiedad suficientes para garantizarlo así como su ejecución, por lo que al haberse dado por concluido el juicio, cesaron los efectos del acto reclamado ya que no se ejecutará dicho proveído. En esas condiciones, es inconcuso que los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica de las inconformes, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó huella de dicha afectación. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61 fracción XXI de la citada ley, procede sobreseer en el juicio constitucional, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, y materia de este considerando. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de garantías, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 509, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Claudia Carolina Fuentes Sosa, en contra de los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de este fallo, por los motivos expuestos en el diverso cuarto. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, de la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el veintinueve del mes y año en curso, se tuvo por rendido el informe justificado de la Directora de lo Contencioso en suplencia por ausencia del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Por tanto, resulta evidente que aún se encuentra transcurriendo el término de ocho días que contempla el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. En tal virtud, para dar lugar a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan las diez horas con veinte minutos del cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 54/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada de veintiocho de marzo de dos mil, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, abril de dos mil, página 5, de la Novena Época, de rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Es aplicable el criterio transcrito en virtud de que no se contrapone con la actual Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 6° transitorio. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María Victoria Sánchez Méndez, secretaria que autoriza y da fe.
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