Claudia Hortensia Flores Beltrán
Expediente 732/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 732/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/09/2017
Partes del expediente
- Claudia Hortensia Flores Beltrán
- Directora del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad de México, a ocho de septiembre de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se tuvo por no presentada la demanda, en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que en atención a lo que establece el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su fracción III último párrafo relativa a dicho punto del Acuerdo General en cita, es susceptible de depuración toda vez que se decretó la suspensión de oficio y de plano en este asunto; por tanto, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente.
- Principal
Ciudad de México, a veintinueve de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a la quejosa para que desahogara el requerimiento ordenado mediante proveído de dieciocho de agosto del año en curso, sin que lo hubiese hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento, por lo que con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo.
- Principal
Ciudad de México, a veintiuno de agosto de dos mil diecisiete. De conformidad con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta; en atención a su contenido, se tiene por rendido el informe en cumplimiento a la suspensión de oficio y de plano que en él se contiene, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga.
- Principal
Ciudad de México, a dieciocho de agosto de dos mil diecisiete. Vista la demanda promovida por Claudia Hortensia Flores Beltran, contra acto(s) de las Encargadas y al Interior del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla de esta ciudad, en Materia de Seguimiento de Procesos y de Ejecución de Sentencia, y otra(s) autoridad(es), fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 732/2017. Dado que de la lectura integral de la demanda se advierte que se reclama el cambio de estancia y como consecuencia, la segregación y el aislamiento, en el caso se considera pertinente citar el contenido del precepto 126, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.". Por tanto, con apoyo en dicho numeral, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO para el efecto de que se suspenda la ejecución de dichos actos, asimismo, la quejosa quede a disposición de este órgano jurisdiccional por cuanto a su libertad personal se refiere en el lugar en que se encuentra interna, y a disposición de la Directora del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla de esta ciudad, en cuanto a su integridad personal. La suspensión no surtirá efecto alguno si la orden de referencia obedece al cumplimiento de una sentencia ejecutoria o a una cuestión de competencia definida, pues en estos supuestos se causaría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público conforme al precepto 128, fracción II, de la ley de la materia, ya que la sociedad tiene interés en que se cumplan las determinaciones jurisdiccionales que han causado ejecutoria y se encuentran firmes, porque ello da certeza a la sociedad y al sistema jurídico; de igual forma no surtirá efectos, tratándose de traslados de carácter provisional que tengan como finalidad la práctica de alguna diligencia de carácter ministerial o judicial, pues de concederse la suspensión en esos supuestos, se paralizaría el procedimiento correspondiente y se impediría dar cumplimiento a una determinación judicial o ministerial, y la sociedad está interesada que tanto las autoridades investigadoras como judiciales cumplan con sus funciones de investigación, persecución de delitos o impartición de justicia; sin que esto dé lugar a considerar que en el evento de llegarse a realizar algún traslado o reubicación por alguno de los motivos precisados en este párrafo, como en el anterior, la autoridad que lo realice, pueda efectuar las conductas consistentes en la incomunicación, tortura o cualquier otra análoga a éstas, ya que se encuentran prohibidas por el artículo 22 constitucional; tampoco surtirá efecto, si en su caso está sustentada por razones de seguridad en las prisiones; atendiendo en las características del hecho imputado, a las circunstancias personales de las inculpadas y otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso, si se trata de actos posteriores a su concesión o si los actos reclamados proceden de autoridades distintas de las señaladas como responsables. Por tanto, requiérase a la Directora del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla de esta ciudad, por ser la autoridad que se advierte que tiene bajo su resguardo a la quejosa, para que en el plazo de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de la notificación de este auto, informe a este juzgado sobre el cumplimiento de la medida cautelar decretada; apercibida que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, prevista en el dispositivo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la ley reglamentaria, sin perjuicio de proceder en su contra en términos del numeral 209 de la ley de la materia. En otro aspecto, de conformidad con los artículos 108, 112 y 114 de la Ley de Amparo, el juez debe examinar el escrito de demanda, y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna deficiencia, irregularidad u omisión, señalará con precisión en el auto relativo en qué consisten, a efecto de que la parte quejosa esté en posibilidad de corregirlas o subsanarlas, según sea el caso. En ese sentido, con fundamento en el último de los preceptos invocados, prevéngase a la quejosa para que en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, subsane la irregularidad en que incurrió, acorde con la fracción III, del numeral 108 de la ley de la materia. En efecto, de la lectura integral de la demanda se aprecia que la justiciable señaló como autoridad responsable a las "Encargadas y al Interior del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla de esta ciudad, en Materia de Seguimiento de Procesos y de Ejecución de Sentencia"; sin embargo, no señala a una autoridad en específico, esto es, lo hace de manera genérica, ya que es un hecho notorio para este juzgado que existen diversas autoridades pertenecientes a dicho centro de reclusión. De ahí que es necesario se subsane dicha irregularidad, por tanto, requiérasele a efecto de que en el plazo señalado en líneas que anteceden, especifique la denominación correcta de la autoridad responsable que precisó. Lo anterior, a efecto de que de que se pueda cumplir con el correcto llamamiento al presente juicio de la autoridad responsable, aunado a que la promovente de la acción constitucional se encuentra obligada a señalar con precisión su denominación. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el entonces único Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, publicada en la página 186 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, septiembre de 1993, cuyo rubro establece: "AUTORIDADES RESPONSABLES. OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISIÓN QUIÉNES SON LAS". En efecto, no debe perderse de vista que en el juicio de amparo el señalamiento de las autoridades responsables, debe ser de tal forma que permita su específico emplazamiento, ya que de la interpretación sistemática del precepto 108, fracción III, en relación con el 26, fracción II, inciso a) y 28, fracción I, de la ley reglamentaria, se advierte que es obligación de este juzgado practicar el emplazamiento y las notificaciones a las autoridades responsables por medio de oficio que se entregue en el domicilio de su oficina principal. Apercibida que de no desahogar la anterior prevención, se procederá de conformidad con el párrafo segundo del dispositivo 114 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Ahora, con fundamento en el dispositivo 26, fracción I, inciso a) de la ley de la materia, notifíquese personalmente a la quejosa este proveído y las subsecuentes determinaciones, en el interior del centro de reclusión en que se encuentra, ya que no autorizó a persona alguna para tal efecto. Notifíquese; y personalmente a la quejosa.
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