Claudia Griselda Barajas Vidal
Expediente 978/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 26 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 978/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 21/06/2018
Partes del expediente
- Claudia Griselda Barajas Vidal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Ciudad de México, a veintiuno de junio de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto que tuvo por cumplida la sentencia protectora. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se concedió el amparo y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia de que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Por otra parte, ya que no es necesaria la retención del anexo enviado en apoyo al informe justificado de la autoridad responsable, devuélvase a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo debido a que será suficiente el sello de la autoridad mencionada, el cual hará las veces de acuse.
- Principal
Ciudad de México, a primero de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el ocurso de cuenta signado por el autorizado del tercero interesado; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse a su costa las copias que solicita, previa toma de razón que por su recibo conste en autos, en el entendido que el horario establecido para la entrega es de diez a doce horas.
- Principal
Cumplase
- Principal
Ciudad de México, a veintidós de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos la diligencia actuarial de cuenta, de la que se advierte que la quejosa ratificó el escrito recibido el quince del mes y año en curso; en atención a lo anterior, téngasele desahogando la vista ordenada en proveído de nueve de los actuales, y por hechas las manifestaciones expuestas en el mismo, sin perjuicio de ser tomadas en consideración al momento de valorar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por otra parte, vista la cuenta que antecede se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; sin embargo, solo la quejosa las formuló. Por consiguiente, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, de conformidad con los artículos 192 y 196 de la Ley Amparo, se estudiará con base en las constancias que integran el expediente si la sentencia protectora se encuentra o no cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, marzo de 2000, de rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Así, por sentencia de veinte de marzo de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión que solicitó la parte quejosa contra el acto consistente en la resolución de nueve de octubre de dos mil diecisiete, que confirmó la propuesta de no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa FCY/COY-5/T1/2306/14-11, que se reclamó del Fiscal Desconcentrado en Coyoacán de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad; tal concesión fue para el efecto de que dicha autoridad realizara lo que se transcribe a continuación: "a) Deje insubsistente la resolución reclamada; y b) Con plena libertad de decisión, emita otra en el mismo sentido de la anterior, o en diverso, pero de ser aquel el caso, deberá fundarla y motivarla de manera suficiente y adecuada, para lo cual debería prescindir de los razonamientos que se estimaron desacertados en esta resolución." Dicha sentencia causó ejecutoria el trece de abril de dos mil dieciocho, por tanto, se requirió su cumplimiento a la referida autoridad responsable, quien mediante oficios recibidos en este juzgado el veinte de abril y nueve de mayo del citado año, remitió copia certificada de los documentos siguientes: a) Acuerdo de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, que dejó insubsistente la resolución de nueve de octubre de dos mil diecisiete, que confirmó la referida propuesta de no ejercicio de la acción penal. b) Resolución de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, que determinó por una parte, revocar la autorización de la propuesta de no ejercicio de la acción penal de diez de julio de dos mil diecisiete y, por otra, devolver la averiguación previa correspondiente al Agente del Ministerio Público que estuviera a cargo de aquélla, a efecto que realizara diversas diligencias que se consideraron necesarias para su debida integración. Por tanto, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que la autoridad responsable se ajustó a los lineamientos de la ejecutoria de amparo; este órgano de control constitucional tiene cumplida la ejecutoria que se analiza. Ahora, mediante escrito recibido en este juzgado el quince de mayo del año en curso y ratificado por comparecencia de veintidós de mayo del presente año, la quejosa manifestó que la sentencia de amparo no se encuentra cumplida, dado que aun cuando la autoridad responsable dejó sin efectos la resolución de no ejercicio de la acción penal, ordenó realizar diversas diligencias. Sin embargo, contrario a lo que argumenta la quejosa, los efectos de la ejecutoria de amparo, no implicaban únicamente que la autoridad responsable dejara insubsistente la resolución de nueve de octubre de dos mil diecisiete, que confirmó la propuesta de no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa, sino además se le dejó libertad de jurisdicción, para que emitiera otra en el mismo sentido de la anterior, o en diverso, solo que en el primer supuesto, debía fundarla y motivarla de manera suficiente y adecuada, para lo cual tendría que prescindir de los razonamientos que se estimaron desacertados en la sentencia de amparo, mientras que en el segundo supuesto, tenía plena libertad de decisión para resolver lo que en derecho correspondiera en la averiguación previa respectiva; lo que realizó como se advierte de los párrafos que anteceden y, por tanto, se tuvo por cumplida la sentencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 222 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, Septiembre 2008, de rubro: "INCONFORMIDAD. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE CUESTIONAN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA PROTECTORA, EN LA PARTE EN LA QUE SE DEJÓ LIBERTAD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE." Finalmente, resérvese el envío del expediente al archivo de este órgano de control constitucional, hasta en tanto transcurra el plazo de quince días que establece el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, al no actualizarse alguno de los supuestos previstos en el último párrafo de dicho numeral.
Quedan 22 actuaciones en este expediente
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