Claudia Gómez Bravo y Otros.

Expediente 679/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 15 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
679/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
23/12/2022

Partes del expediente

  • Claudia Gómez Bravo y Otros.
  • Claudia Gómez Bravo
  • Encargado del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación Estatal del ISSSTE en el Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos del juicio en que se actúa, así como la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa no hizo valer el recurso que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra la determinación de diecinueve de agosto pasado, en esas condiciones, se decreta que ha causado estado. En otro orden, el estado procesal de este juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de depuración, en términos del artículo 18 fracción I, inciso b), del citado Acuerdo, toda vez que al ser un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional. Asimismo, que el duplicado del incidente de suspensión es destruible en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo, mientras que el original del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión provisional y definitiva, lo que se determina de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso c), del mencionado Acuerdo General. Se comunica a las partes que de conformidad con los artículos indicados en el párrafo anterior, dentro de los noventa días siguientes, después de cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo, este expediente será depurado, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. De igual manera, se indica a las partes que de conformidad con los artículos antes mencionados, dentro de los treinta días y noventa días siguientes, después de cumplidos seis meses y tres años de haberse dictado este proveído, el duplicado y original del incidente de suspensión serán destruidos, respectivamente, y, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. A consideración de este Juzgado de Distrito este sumario carece de relevancia documental, por lo que no encuadra en los supuestos del artículo 15 del multicitado Acuerdo General. Luego, con fundamento en el artículo 18 del citado Acuerdo General, se dejan a disposición de la parte quejosa la constancia original exhibida con su demanda de amparo; por tanto, requiérasele para que dentro del término de noventa días, comparezcan a recoger dicho documento, apercibida que de no hacerlo dentro de ese término, se procederá a su destrucción. Se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos del presente juicio, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido al quejoso, en auto de catorce de junio del año en curso, sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento que la autoridad responsable, realizó en relación al fallo protector; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: "La omisión en dar contestación a la petición formulada mediante escrito de veinte de noviembre de dos mil veinte, por medio el cual se pidió en su momento, el otorgamiento de pensión por muerte del trabajador en su carácter de concubina y de su hija en su carácter de pensión por orfandad." Previa substanciación del juicio de amparo, el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se dictó la sentencia correspondiente, en la que por una porte sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Claudia Gómez Bravo, por derecho propio y en representación legal de su menor hija Z.F.C.G., para el efecto de que la autoridad responsable el Encargado del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en el Estado de México: se pronuncie en el ámbito de su competencia con relación a la solicitud de pensión presentada el diecisiete de febrero dos mil veintidós, con número de folio 471,455,722-43100, y notifique la misma al solicitante ahora quejoso." El catorce de octubre de dos mil veintiuno, interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada, recurso del cual le toco conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, posteriormente el veintidós de abril del año en curso, dicho Tribunal remitió el testimonio de la resolución dictada en el amparo en revisión 12/2022, interpuesto por C.G.B., por propio derecho y en representación de la menor Z.F.C.G., de la cual se advierte confirmó la sentencia de treinte de septiembre del año pasado, dictada por este órgano jurisdiccional, misma que causó ejecutoria por ministerio de ley y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Así, el catorce de junio de dos mil veintidós, se tuvo por recibido un oficio sin número (con anexo), suscrito por el representante del Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante el cual, en cumplimiento a la sentencia emitida en el presente sumario, remitió copias certificadas de la misiva DE/DPSH/CS/AMGG/1693/2022 del cual se advierte que el tres de junio de la presente anualidad, dio respuesta a la solicitud de pensión formulada por la parte quejosa, así como la notificación de ésta, por medio de correo electrónico. Ahora bien, la constancia remitida por la autoridad responsable por ser documento público tiene valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo y, consecuentemente, se colige que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado, se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase del conocimiento de la quejosa la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, previas anotaciones en el libro de gobierno, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes. Notifíquese, y personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de Víctor Eduardo Hernández Pérez, Secretario con quien actúa. Doy fe.

  3. Principal

    Mesa ll. Toluca, Estado de México, catorce de junio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexo); a través del cual, el Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, remite copia del oficio DE/DPSH/ES/ESMO/1701/2022, con el cual informa el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el presente juicio, del cual se aprecia que el tres de junio del año en curso, dio respuesta a la solicitud de pensión formulada por la parte quejosa, así como la notificación enviada por correo a la citada parte. Por tanto, se tiene por cumplido el requerimiento formulado a la autoridad responsable oficiante en determinación de veintidós de abril del año en curso, y se deja sin efectos el apercibimiento decretado en esa misma data. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con las constancias remitidas por la autoridad responsable, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector; apercibida que en caso de ser omisa, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en lo conducente, en la Jurisprudencia 247, de La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 203, cuyo contenido es del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Mesa ll. Toluca, Estado de México, seis de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos del presente juicio, se advierte que mediante proveído de veintidós de abril del año en curso, se requirió a la autoridad responsable en el presente sumario, para que en el término de tres días, diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de amparo; sin que a la fecha se haya pronunciado al respecto a pesar de haber sido debidamente notificada. En esas condiciones, con apoyo en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo requiérase por última ocasión a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de improrrogable de tres días de cumplimiento a la ejecutoria de amparo de que se trata y remita copias certificadas de las constancias que así lo acrediten; apercibida que de no hacerlo, sin causa justificada, se hará efectiva la medida de apremio con que se conminó en autos. Notifíquese.

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