Claudia Georgina Trejo Cue

Expediente 180/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
180/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
27/04/2021

Partes del expediente

  • Claudia Georgina Trejo Cue

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintisiete de abril de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de ocho de abril de la presente anualidad, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso b), de dicho Acuerdo. En diverso contexto, toda vez que en el presente asunto obran constancias exhibidas por la parte quejosa en su demanda de amparo; con fundamento en el último párrafo del punto décimo primero, del citado acuerdo general; requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, comparezcan a recoger dichos anexos; apercibida que de no hacerlo dentro de ese término, se procederá a destruirlos. En el entendido, que previo a acudir a este órgano jurisdiccional la persona que recogerá las copias, deberá realizar el trámite previsto en el Acuerdo General 21/2020, a fin de generar la cita correspondiente. Luego, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, por lo que no encuadra en los supuestos del artículo 15 del multicitado Acuerdo General. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado tres años contados a partir de la presente orden de archivo, plazo después del cual se procederá a la destrucción del mismo. Finalmente, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, ocho de abril de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta; a través del cual la quejosa ****, en atención al requerimiento formulado en proveído de veintiséis de marzo pasado, precisa la autoridad responsable y el acto que se le reclama, siendo estos los siguientes: La citación y/o emplazamiento relativo al expediente administrativo DDUVB/****/2021, emitido por el Director de Desarrollo Urbano Municipal de Valle de Bravo, Estado de México. Al respecto, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora bien, del contenido de la demanda de amparo, se evidencia que el acto reclamado se hace consistir esencialmente en la citación y/o emplazamiento relativo al expediente administrativo DDUVB/***/2021, emitido por el Director de Desarrollo Urbano Municipal de Valle de Bravo, Estado de México. En ese orden, el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo; a continuación se analiza la que se actualiza, es decir, la contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior.". Además, es necesario destacar el contenido del artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución;.." De lo anterior se advierte que las disposiciones constitucional y legal transcritas establecen el principio de definitividad en el juicio de amparo, consistente en que el quejoso, al combatir actos provenientes de autoridades administrativas previo al ejercicio de la acción constitucional, por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. De las disposiciones antes transcritas, se advierten excepciones al principio de definitividad, es decir, que no se está obligado a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que procedan contra los actos reclamados, en los siguientes casos: a) Contra actos que afecten personas extrañas al juicio (artículo 107, fracción III, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). b) Contra actos administrativos, respecto de los cuales, la Ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución (artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo). c) Los que importen una violación a sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 107, fracción XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). d) Tratándose de amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación (párrafo tercero de la fracción XIV del precepto 61 de la Ley de Amparo). e) Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional (artículo 61, fracción XVIII, inciso a), de la Ley de Amparo. f) Contra actos dictados por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o judiciales, si carecen de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones dictadas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia (último párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo). g) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso (inciso d), fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo). Luego, el texto del precepto anteriormente transcrito (61 fracción XX de la Ley de Amparo), establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que, contra el acto reclamado, proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Es importante destacar que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio ordinario de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de la materia, para conceder la suspensión definitiva o provisional, el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto y, por consecuencia, la parte quejosa deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación, previo a promover el juicio de amparo. En el caso el acto que aquí se reclama no se encuentra dentro de alguno de los supuestos de excepción antes precisados, por ende, la parte quejosa no está exenta de agotar cabalmente los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden contra el acto reclamado. Por consiguiente, en virtud de que dicha resolución, constituye un acto de carácter administrativo emanado de una autoridad administrativa; por ende, sus actuaciones son de la misma naturaleza y, se encuentran reguladas por el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; en tales circunstancias, se tiene por demostrado que el acto reclamado fue emitido por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Ahora, en atención a la fracción XX, del artículo 61, de la ley de Amparo, la parte quejosa previo a promover el juicio de amparo bi-instancial, debió acudir ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México, a efecto de promover el Juicio Contencioso Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en 139 y 229 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que textualmente señalan: "Artículo 139. Tratándose de resoluciones desfavorables a los derechos e intereses legítimos de los particulares, las autoridades administrativas deberán informarles al momento de la notificación, el derecho y plazo que tienen para promover el recurso de inconformidad o el juicio ante el Tribunal". "Artículo 229. Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; III. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en los renglones administrativo y fiscal; IV. Los actos administrativos o fiscales que se relacionen con la resolución afirmativa ficta en estas materias, que se configure por el silencio de las autoridades estatales o municipales para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en términos de este Código; V. Las resoluciones negativas fictas que se configuren por el silencio de las autoridades administrativas y fiscales de carácter estatal o municipal, para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en el plazo de quince días siguientes a su presentación, conforme a las disposiciones de este ordenamiento; VI. Las omisiones de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal para dar respuesta a las peticiones de los particulares, una vez que hayan transcurrido por lo menos diez días siguientes a su presentación; VII. Los reglamentos, decretos, circulares y demás disposiciones generales de naturaleza administrativa y fiscal que expidan las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, sin que sea obligatorio o requisito previo para promover cualquier otro medio de impugnación en contra de tales determinaciones; VIII. Las resoluciones favorables a los particulares, que causen una lesión a la hacienda pública del Estado o de los municipios, cuya invalidez se demande por las autoridades fiscales del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal; IX. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las personas que se ostenten como autoridades administrativas o fiscales de carácter estatal o municipal, sin serlo; X. Actos o resoluciones en materias administrativa o fiscal emitidas por autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten a otras autoridades que no se encuentren en la misma situación de imperio que les permita ejercer unilateralmente las atribuciones que les confieren los ordenamientos legales aplicables; XI. Los demás actos y resoluciones que señalen las disposiciones legales". Atento a lo anterior, de los numerales relativos al Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, se advierte que el Juicio Contencioso Administrativo, procede, entre otros, contra resoluciones desfavorables a los derechos e intereses legítimos de los particulares, en términos de la legislación aplicable. Por consiguiente, en virtud de que dicha resolución, constituye un acto de carácter administrativo emanado de una autoridad administrativa, dentro de un procedimiento administrativo; por ende, sus actuaciones son de la misma naturaleza y, se encuentran reguladas por el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; en tales circunstancias, se tiene por demostrado que los actos reclamados fueron emitidos por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Ahora, en el caso particular se reclama en esencia, la citación y/o emplazamiento relativo al expediente administrativo DDUVB/****/2021, emitido por el Director de Desarrollo Urbano Municipal de Valle de Bravo, Estado de México. Consecuentemente, en contra de esa determinación resulta procedente el Juicio Contencioso Administrativo ante el Tribunal Administrativo correspondiente del Estado de México, en términos de los artículos 139, y 229 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, al resultar un medio de defensa idóneo y válido para impugnar el acto que aquí se reclama, pues a través del mismo se puede lograr su modificación, revocación o nulificación. Sin que en el caso, se esté en alguno de los supuestos de excepción que al efecto establece la Ley de Amparo, toda vez que tanto en el artículo 194 como en la Sección Cuarta del Capítulo Tercero, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que regula la institución jurídica de la suspensión del acto impugnado, no se advierte que los mismos exijan mayores requisitos que los consignados por la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva. Aspectos jurídicos por los que este Juzgado Federal concluye que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues se reitera, en contra de la citación y/o emplazamiento relativo al expediente administrativo DDUVB/****/2021, emitido por el Director de Desarrollo Urbano Municipal de Valle de Bravo, Estado de México, procede el Juicio Contencioso Administrativo, ante el Tribunal Administrativo correspondiente. Es aplicable la jurisprudencia cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". En consecuencia, de conformidad con el artículo 113, en relación con el diverso 61, fracción XX de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo que promueve ***, por propio derecho.

  3. Principal

    MESA I. SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA CLAUDIA GEORGINA TREJO CUE, EL ACUERDO DE OCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, EMITIDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO DEL ÍNDICE DEL JUZGADO DE MI ADSCRIPCIÓN, EN ATENCIÓN A QUE NO COMPARECIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL DICHA DETERMINACIÓN, DENTRO DEL PLAZO QUE INDICA LA LEY DE AMPARO, CON MOTIVO DEL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO EL DOCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: Toluca, Estado de México, ocho de abril de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta; a través del cual la quejosa ****, en atención al requerimiento formulado en proveído de veintiséis de marzo pasado, precisa la autoridad responsable y el acto que se le reclama, siendo estos los siguientes: La citación y/o emplazamiento relativo al expediente administrativo DDUVB/****/2021, emitido por el Director de Desarrollo Urbano Municipal de Valle de Bravo, Estado de México. Al respecto, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora bien, del contenido de la demanda de amparo, se evidencia que el acto reclamado se hace consistir esencialmente en la citación y/o emplazamiento relativo al expediente administrativo DDUVB/***/2021, emitido por el Director de Desarrollo Urbano Municipal de Valle de Bravo, Estado de México. En ese orden, el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo; a continuación se analiza la que se actualiza, es decir, la contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior.". Además, es necesario destacar el contenido del artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución;.." De lo anterior se advierte que las disposiciones constitucional y legal transcritas establecen el principio de definitividad en el juicio de amparo, consistente en que el quejoso, al combatir actos provenientes de autoridades administrativas previo al ejercicio de la acción constitucional, por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. De las disposiciones antes transcritas, se advierten excepciones al principio de definitividad, es decir, que no se está obligado a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que procedan contra los actos reclamados, en los siguientes casos: a) Contra actos que afecten personas extrañas al juicio (artículo 107, fracción III, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). b) Contra actos administrativos, respecto de los cuales, la Ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución (artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo). c) Los que importen una violación a sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 107, fracción XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). d) Tratándose de amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación (párrafo tercero de la fracción XIV del precepto 61 de la Ley de Amparo). e) Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional (artículo 61, fracción XVIII, inciso a), de la Ley de Amparo. f) Contra actos dictados por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o judiciales, si carecen de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones dictadas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia (último párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo). g) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso (inciso d), fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo). Luego, el texto del precepto anteriormente transcrito (61 fracción XX de la Ley de Amparo), establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que, contra el acto reclamado, proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Es importante destacar que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio ordinario de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de la materia, para conceder la suspensión definitiva o provisional, el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto y, por consecuencia, la parte quejosa deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación, previo a promover el juicio de amparo. En el caso el acto que aquí se reclama no se encuentra dentro de alguno de los supuestos de excepción antes precisados, por ende, la parte quejosa no está exenta de agotar cabalmente los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden contra el acto reclamado. Por consiguiente, en virtud de que dicha resolución, constituye un acto de carácter administrativo emanado de una autoridad administrativa; por ende, sus actuaciones son de la misma naturaleza y, se encuentran reguladas por el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; en tales circunstancias, se tiene por demostrado que el acto reclamado fue emitido por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Ahora, en atención a la fracción XX, del artículo 61, de la ley de Amparo, la parte quejosa previo a promover el juicio de amparo bi-instancial, debió acudir ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México, a efecto de promover el Juicio Contencioso Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en 139 y 229 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que textualmente señalan: "Artículo 139. Tratándose de resoluciones desfavorables a los derechos e intereses legítimos de los particulares, las autoridades administrativas deberán informarles al momento de la notificación, el derecho y plazo que tienen para promover el recurso de inconformidad o el juicio ante el Tribunal". "Artículo 229. Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; III. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en los renglones administrativo y fiscal; IV. Los actos administrativos o fiscales que se relacionen con la resolución afirmativa ficta en estas materias, que se configure por el silencio de las autoridades estatales o municipales para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en términos de este Código; V. Las resoluciones negativas fictas que se configuren por el silencio de las autoridades administrativas y fiscales de carácter estatal o municipal, para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en el plazo de quince días siguientes a su presentación, conforme a las disposiciones de este ordenamiento; VI. Las omisiones de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal para dar respuesta a las peticiones de los particulares, una vez que hayan transcurrido por lo menos diez días siguientes a su presentación; VII. Los reglamentos, decretos, circulares y demás disposiciones generales de naturaleza administrativa y fiscal que expidan las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, sin que sea obligatorio o requisito previo para promover cualquier otro medio de impugnación en contra de tales determinaciones; VIII. Las resoluciones favorables a los particulares, que causen una lesión a la hacienda pública del Estado o de los municipios, cuya invalidez se demande por las autoridades fiscales del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal; IX. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las personas que se ostenten como autoridades administrativas o fiscales de carácter estatal o municipal, sin serlo; X. Actos o resoluciones en materias administrativa o fiscal emitidas por autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten a otras autoridades que no se encuentren en la misma situación de imperio que les permita ejercer unilateralmente las atribuciones que les confieren los ordenamientos legales aplicables; XI. Los demás actos y resoluciones que señalen las disposiciones legales". Atento a lo anterior, de los numerales relativos al Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, se advierte que el Juicio Contencioso Administrativo, procede, entre otros, contra resoluciones desfavorables a los derechos e intereses legítimos de los particulares, en términos de la legislación aplicable. Por consiguiente, en virtud de que dicha resolución, constituye un acto de carácter administrativo emanado de una autoridad administrativa, dentro de un procedimiento administrativo; por ende, sus actuaciones son de la misma naturaleza y, se encuentran reguladas por el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; en tales circunstancias, se tiene por demostrado que los actos reclamados fueron emitidos por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Ahora, en el caso particular se reclama en esencia, la citación y/o emplazamiento relativo al expediente administrativo DDUVB/****/2021, emitido por el Director de Desarrollo Urbano Municipal de Valle de Bravo, Estado de México. Consecuentemente, en contra de esa determinación resulta procedente el Juicio Contencioso Administrativo ante el Tribunal Administrativo correspondiente del Estado de México, en términos de los artículos 139, y 229 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, al resultar un medio de defensa idóneo y válido para impugnar el acto que aquí se reclama, pues a través del mismo se puede lograr su modificación, revocación o nulificación. Sin que en el caso, se esté en alguno de los supuestos de excepción que al efecto establece la Ley de Amparo, toda vez que tanto en el artículo 194 como en la Sección Cuarta del Capítulo Tercero, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que regula la institución jurídica de la suspensión del acto impugnado, no se advierte que los mismos exijan mayores requisitos que los consignados por la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva. Aspectos jurídicos por los que este Juzgado Federal concluye que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues se reitera, en contra de la citación y/o emplazamiento relativo al expediente administrativo DDUVB/****/2021, emitido por el Director de Desarrollo Urbano Municipal de Valle de Bravo, Estado de México, procede el Juicio Contencioso Administrativo, ante el Tribunal Administrativo correspondiente. Es aplicable la jurisprudencia cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". En consecuencia, de conformidad con el artículo 113, en relación con el diverso 61, fracción XX de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo que promueve ***, por propio derecho.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ****** por derecho propio, contra actos del Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Valle de Bravo y otra autoridad; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 180/2021-I. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 114 de la Ley de Amparo, previo a la admisión de la demanda, el Juez de Distrito debe examinar la misma y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna irregularidad, mandará prevenir al promovente para que cumpla los requisitos omitidos, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban complementarse, para que éste pueda subsanarlas en tiempo. En esas condiciones, con fundamento en lo establecido en los artículos 114, fracciones I y IV, en relación con el 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, dado que es requisito formal para la presentación de la demanda que la promovente señale la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame, se considera pertinente requerir a la parte quejosa para que en el acto de la notificación o dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, y sabedora de la responsabilidad en que incurren las partes en el juicio de amparo a los que declaran con falsedad para tener una ventaja procesal indebida, realice lo siguiente: 1) Precise de manera concreta el acto que reclama en el presente sumario. Toda vez que, del cuerpo de la demanda de amparo que promueve, señala como actos reclamados: "la CITACIÓN Y/O EMPLAZAMIENTO ILEGAL que me hiciera la Arquitecta ******, Directora de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Valle de Bravo, México, por conducto de la notificadora a una Garantía de Audiencia, PREJUZGANDO TEMAS DE PROPIEDAD QUE NO LE SON COMPETENTES" "pretende suspender los trabajos de la barda de delimitación del predio de ml propiedad; SUSPENSION QUE PRETENDE REALIZAR SIN DAR RESPUESTA A MI PETICION DE LA SOLICITUD y/o PERMISO DE CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL" "La resolución dictada en fecha dieciséis de marzo del año dos mil veintiuno, en el expediente administrativo DDUVB/****/2021, mismo que se radica en esa Dirección de Desarrollo Urbano". Lo anterior, en razón que sus pretensiones no son claras pues refiere diversos actos en sus pretensiones los cuales podrían ser causa de diverso procedimiento, por lo que debe fijar de forma clara y precisa cuál es el acto concreto que se señala como destacado en el presente juicio, para que este órgano jurisdiccional pueda precisar lo que en esencia pretende. Motivos por los cuales, para dar cabal cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, es necesario que la quejosa rectifique su pretensión en el presente sumario constitucional, e indique de manera clara y concisa el acto o actos que reclame en el presente juicio de control constitucional. Apoya lo anterior, la jurisprudencia que dice: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDENCIA DE LA PREVENCIÓN QUE MANDA ACLARARLA. De la lectura del artículo 146 de la Ley de Amparo, se viene a conocimiento que para que proceda un requerimiento previo a la admisión de una demanda de garantías y se pueda, en su caso, tenerla por no interpuesta, es necesario que exista irregularidad en el escrito en que se formula; omisión de alguno de los requisitos que señala la ley de la materia; que no se indique con precisión el acto reclamado, o que no se exhiban las copias reglamentarias. En esas condiciones, si la prevención que manda hacer un juez de Distrito no encuadra en alguno de esos supuestos, resulta evidente que el auto ulterior que la tiene por no interpuesta causa agravio, porque las exigencias apuntadas son de tipo limitativo y no ejemplificativo." Así como la tesis que establece: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." Apercibida que, de no dar cumplimiento en los términos indicados, en el plazo establecido, se procederá conforme a lo dispuesto en la última parte del artículo 114 de la Ley de Amparo, es decir, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su escrito de demanda y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Dionisio Acevedo González y Eleazar Ezquivel García; y a las restantes personas que refiere en términos del artículo 24, párrafo segundo de la Ley de Amparo, limitación que se establece hasta en tanto cuenten con el registro electrónico de su cédula profesional, lo que deberán hacer del conocimiento de este Juzgador mediante diversa promoción. Sustenta lo anterior por identidad jurídico-procesal, la tesis cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL." Asimismo, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se encontró registro del usuario "SOLJUR"; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se acuerda favorable la consulta del expediente electrónico que deriva de este asunto. Por otro lado, con fundamento en los artículos 3, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. También, se faculta al secretario adscrito a este Juzgado de Distrito, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual.

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