Claudia Eugenia Molina Reyes
Expediente 881/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 881/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Claudia Eugenia Molina Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de veintitrés de octubre de dos mil veinte, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que este expediente es susceptible de destrucción toda vez que en el mismo se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Asimismo se hace notar que no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se negó la suspensión provisional y definitiva; en tal virtud, el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción tal como lo establece el artículo 21, inciso c), del Acuerdo de referencia, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere dicho precepto. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del multicitado Acuerdo, se determina que el duplicado del incidente de suspensión es destruible, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible. Finalmente, glósese copia autorizada del presente auto en los cuadernos incidentales.
- Principal
Agréguese a estos autos el oficio VII-1283/2020, suscrito por la Secretaría de la Contraloría General del Estado, mediante el cual cumple con el requerimiento de veinte de octubre del año en curso, y manifiesta que no señala constancia alguna que en vía electrónica deba remitirse a la Superioridad a efecto de que resuelva lo conducente respecto del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa.
- Principal
Agréguese a estos autos el oficio remitido Jueza Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, mediante el cual rinde su respectivo informe justificado y remite diversas constancia del juicio de origen 367/2012. Ahora bien, se trae a colación que el acto que el quejoso ********reclamó en su demanda de amparo, consistió en la omisión de la responsable de acordar su escrito presentado el veintiséis de mayo del año en curso, ante la oficialía de partes de la responsable, en el que solicitó autorizar convivencias con su menor hijo, a través de alguna plataforma electrónica durante persista la contingencia sanitaria.En virtud de lo anterior, en atención al acto reclamado y el contenido de las constancias que se allegaron al informe justificado de la responsable, esta Juzgadora Federal advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo estudio es preferente, la cual establece literalmente, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado".Al respecto, es conveniente señalar que conforme a lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se estima que para que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del quejoso o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las constancias que integran este juicio, las cuales tienen pleno valor probatorio al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como ya se dijo, se advierte que la parte quejosa reclamó de la autoridad responsable omisión de la responsable de acordar su escrito presentado el veintiséis de mayo del año en curso, en el que pidió autorizar convivencias con su menor hijo, a través de alguna plataforma electrónica durante persista la contingencia sanitaria.Ahora bien, de las constancias que obran autos y las remitidas por la responsable en esta data, se aprecia que el veintidós de septiembre del año en curso, dictó un auto en el expediente de origen, en el que dio contestación al escrito presentado por el quejoso el veintiséis de mayo de dos mil veinte, emitiendo un acuerdo en el que acordó lo conducente, y fijó un régimen de convivencias con su menor hijo, a través de video llamadas en una plataforma electrónica mientras esté cerrado el centro de convivencias por la contingencia sanitaria, siendo que dicho acuerdo le fue notificado a la quejosa el cinco de los corrientes.De lo anterior, se puede advertir que la autoridad responsable ya ha dado contestación al escrito presentado el veintiséis de mayo del año en curso, por lo que considera que el acto reclamado cesó sus efectos, pues la quejosa obtuvo conocimiento de dicha contestación con posterioridad a la presentación de la demanda.Precisado lo anterior, se afirma que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues es evidente que la conducta omisiva de la responsable cesó en sus efectos, pues ya ha dado contestación al escrito de veintiséis de mayo del año en curso, presentado por la quejosa. Robustece lo anterior, la jurisprudencia siguiente:CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejo huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal".1 En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento, fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo por lo que respecta al acto reclamado de la autoridad responsable, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la propia legislación; en consecuencia, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional, esto es, las DIEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.
- Incidental
En Mérida, Yucatán, a las nueve horas con veintisiete minutos del quince de octubre de dos mil veinte, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido de Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. La Jueza declara abierta la audiencia. La Jueza declara abierta la audiencia. El Secretario hace relación de la demanda y da lectura de las constancias existentes en autos y da cuenta con los informes previos rendidos por las autoridades señaladas como responsables, los cuales ya obran en los presentes autos. Acto seguido, la Jueza acuerda: Téngase por rendido en tiempo y forma el informe previo correspondiente a la autoridad responsable, Juez del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, el cual ya obra en auto, para que sea tomado en consideración como corresponda. Abierto el período de pruebas y alegatos, no se da cuenta con promoción alguna, por lo que se declara cerrada dichas etapas; en tal virtud, no habiendo promociones pendientes de proveer, a continuación, la Jueza procede a dictar la siguiente resolución. Visto, para resolver, el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 881/2020-VIII, promovido por el quejoso Claudia Eugenia Molina Reyes, contra un acto que reclamó del Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado; y, ANTECEDENTES ÚNICO. TRÁMITE DEL INCIDENTE. Por auto de veintinueve de septiembre del año en curso, dictado en autos del Juicio de amparo 881/2020-VIII, se dio trámite por cuerda separada al presente incidente de suspensión y por duplicado; se pidió a la autoridad responsable su informe previo; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, y previo diferimiento, la misma, tuvo verificativo este día en términos del acta que antecede. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 107 de la Ley de Amparo; 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los Acuerdos Generales 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número y jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el 8/2013, y el 21/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con fundamento en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa el acto que el quejoso Claudia Eugenia Molina Reyes, reclamó de la autoridad señalada como responsable, y por el cual solicitó la suspensión definitiva. El acto reclamado consiste en la omisión de la autoridad responsable de acordar su escrito presentado el veintiséis de mayo del año en curso, ante la oficialía de partes de la responsable. TERCERO. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS DE LA SUSPENSIÓN. De la lectura del informe previo rendido por la Juez del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado se advierte que si bien negó la existencia del acto reclamado, manifestando que el veintidós de septiembre del año en curso, acordó lo conducente con relación al escrito presentado por la quejosa el veintiséis de mayo del año en curso, ante la oficialía de partes de la citada responsable, lo cierto es que no acredita haber emitido dicho auto, ni en su caso habérselo notificado a la parte quejosa; por tanto, se tiene por desvirtuada dicha negativa y se tiene por cierto el acto reclamado. Atento a lo anterior, y a fin de resolver sobre la suspensión que se solicita y dada la naturaleza omisiva de ese acto reclamado, es menester señalar que el Máximo Tribunal del País, emitió la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.) cuyos datos se citarán posteriormente, en la que consideró que la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa dela medida cautelar. Consideró que la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el artículo 147 de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado, por lo que la naturaleza negativa de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. Concluyo que la suspensión permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, por lo que lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. La jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.) fue emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Registro: 2021263, fuente Semanario Judicial de la Federación, Materia(s): (Común), publicada el viernes 06 de diciembre de 2019 y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de diciembre de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013 y señala lo siguiente: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho, (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior." Bajo las consideraciones de la jurisprudencia citada, se estima que en el caso no es procedente otorgar la medida cautelar que se solicita. Lo anterior es así, pues lo primero que debe determinarse son las consecuencias que en cada caso pueden producir los actos reclamados, a fin de determinar si el efecto que podría darse a la suspensión es alguno de los dos escenarios posibles, esto es, mantener las cosas en el estado que se encuentran o restituir provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En el caso, el contenido del acto reclamado, consiste en la omisión de la autoridad responsable de acordar su escrito presentado el veintiséis de mayo del año en curso, por lo que sus efectos implican que subsista la omisión de proveer lo conducente; por tanto, conforme a ese supuesto no es aplicable la hipótesis de conceder la suspensión para mantener las cosas en el estado que se encuentran, ya que el acto al no tener ejecución, ningún efecto provocaría. Por otro lado, tampoco es factible conceder la suspensión con la finalidad de restituir definitivamente a la persona en el goce del derecho violado y en su caso que se acuerde lo conducente respecto de su escrito presentado el veintiséis de mayo del año en curso, pues en caso de hacerlo así, inevitablemente se prejuzgaría sobre el fondo del asunto y además, coincidiría con una eventual sentencia concesoria de amparo, lo que agotaría y dejaría sin materia el juicio de amparo, siendo que ese no es el objetivo de la suspensión y la jurisprudencia citada impide tal proceder, por tanto, se niega la suspensión solicitada. Por lo expuesto y considerado, con fundamento en los artículos 140 y 143 de la Ley de Amparo y el diverso 146 de la Ley de Amparo, se establecen los siguientes puntos resolutivos y esta resolutora, RESUELVE ÚNICO. SE NIEGA a Claudia Eugenia Molina Reyes, la suspensión definitiva del acto reclamado, respecto a la autoridad responsable Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución. NOTIFÍQUESE.
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