Claudia Eugenia Molina Reyes

Expediente 28/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 13 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
28/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
22/03/2019

Partes del expediente

  • Claudia Eugenia Molina Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    MESA I. Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de amparo el veinticinco de febrero de dos mil diecinueve; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el expresado proveído que SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, así como que carece de documentos originales, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES DESTRUIBLE, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo antes citado. Asimismo, en cumplimiento al punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el cuaderno original del incidente de suspensión derivado del expediente en que se actúa, en que se negó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado, se ubica en las diversas hipótesis a que se refieren las fracciones II y III del punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado acuerdo, por lo que es DESTRUIBLE; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. De igual modo, de conformidad con lo previsto en la fracción III del punto Vigésimo del capítulo y acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, también es DESTRUIBLE, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. De conformidad con lo establecido en el punto Undécimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. En cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de amparo, así como tampoco el incidente de suspensión derivado del presente asunto. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    MESA I. Agréguense a estos autos el oficio signado por el Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, así como las constancias que acompañó, con el cual en cumplimiento al requerimiento que se le hizo en proveído de quince de febrero del año en curso, informa que el trece de febrero del año en curso, resolvió en relación a lo solicitado por la quejosa Claudia Eugenia Molina Reyes, en su escrito de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, esto es, valorando los autos que conforman el procedimiento de origen 367/2012, dejó sin efecto la medida de protección decretada en el acuerdo de tres de diciembre de dos mil quince, únicamente en lo concerniente al menor de edad J.D.R.M. con su progenitora aquí quejosa y decretó un cambio en el régimen de convivencia y se dispone en la modalidad de entrega-recepción con la variante de que el menor de edad pernoctara en el domicilio de la madre; todo lo cual fue notificado de manera personal a las partes el dieciocho y diecinueve de los cursantes; asimismo, remite copia certificada de las constancias relativas a la resolución de trece de febrero del presente año. Ahora, se trae a colación que el acto que CLAUDIA EUGENIA MOLINA REYES, reclamó en su demanda de amparo, consistió en la omisión por parte de la autoridad responsable de decretar en el juicio 367/2012 un régimen de convivencia amplio para con su hijo menor de edad, fuera del centro de convivencia familiar del Estado, así como para que su hijo pueda pernoctar con la aquí quejosa. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la omisión atribuida al Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, de decretar un régimen de convivencia amplio para con su hijo menor de edad, fuera del centro de convivencia familiar del Estado, así como para que su hijo pueda pernoctar con la aquí quejosa, en el procedimiento ordinario de divorcio 367/2012. Sin embargo, de las constancias que el Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, adjuntó a su oficio de cuenta se desprende que en fecha trece de febrero del año en curso, resolvió valorando los autos que conforman el procedimiento 367/2012, que se deja sin efecto la medida de protección decretada en el acuerdo de tres de diciembre de dos mil quince, únicamente en lo concerniente al menor de edad J.D.R.M. con su progenitora aquí quejosa Claudia Eugenia Molina Reyes, y decretó un cambio en el régimen de convivencia y se dispone en la modalidad de entrega-recepción con la variante de que el menor de edad pernoctara en el domicilio de la madre quejosa; lo cual fue notificado de manera personas a las partes, el dieciocho y diecinueve de este propio mes y año. Dichas documentales, por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que el Juez responsable resolvió en relación a lo solicitado por la quejosa, esto es, decretó un cambio en el régimen de convivencia y se dispone en la modalidad de entrega-recepción con la variante de que el menor de edad pernoctará en el domicilio de la madre quejosa, en el juicio de origen, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable que no decretó el régimen de convivencia solicitado por la parte quejosa en el juicio de origen dentro del plazo que la ley establece, lo que en el caso se subsana con el dictado del auto de trece de febrero del año en curso, pronunciado por tal autoridad. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS DE ESTA PROPIA FECHA (VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE). De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, en el sentido de que el término otorgado al tercero interesado José Daniel Rubio Acevedo, en proveído de seis de febrero del año en curso, para señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, ha transcurrido sin que a la fecha haya hecho manifestación alguna; en consecuencia, llevando a efecto el apercibimiento decretado en el acuerdo de mérito, con apoyo en el artículo 27, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, háganse al referido tercero interesado, la notificación de este acuerdo, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional. ...

  3. Principal

    MESA I. Visto el estado de los autos, de los que se advierte que en proveído de seis de febrero del año en curso, se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado y anexos que acompaña. Ahora bien, toda vez que la citada autoridad responsable informó que en virtud de que la quejosa Claudia Eugenia Molina Reyes, mediante escrito de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, compareció a solicitar la modificación del régimen de convivencia, esto es, que el menor de edad pernocte a su domicilio y al no ser la madre custodia quejosa, determinó en acuerdo de doce de diciembre del año próximo pasado, citar a...con asistencia de la fiscal adscrita a dicho Juzgado, la cual tendría verificativo el veinticinco de enero de del año en curso, a las once horas, a fin de escucharlos y resolver lo más conveniente respecto al menor de edad ..., apercibiendo a los nombrados, que de no comparecer, resolverá acerca de la solicitud planteada; asimismo, que por acuerdo de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, se programó para el siete de febrero del año en curso, la escucha del menor J.D.R.M.; sin embargo, que a la referida Junta de Avenio programada para el veinticinco de enero citado, únicamente compareció José Daniel Rubio Acevedo, y no la aquí quejosa Molina Reyes, por tal motivo acordó que una vez concluidas las diligencias ordenadas y recibida la información requerida en ese juicio de origen, resolverá lo más conveniente para el menor de edad involucrado en dicho asunto, a fin de darle contestación a lo solicitado por la parte quejosa en su escrito de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho. Atento lo anterior, y toda vez que este Juzgador debe contar con todos los elementos necesarios para estar en aptitud de resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, legalmente computado, informe a este órgano jurisdiccional, si ya se resolvió en relación a lo solicitado por la quejosa Claudia Eugenia Molina Reyes, en su escrito de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, a fin de que se realice la modificación del régimen de convivencia, esto es, para que el menor de edad pernocte a su domicilio, en su caso, remita copia certificada de las constancias relativas a dicha resolución; apercibida que de no hacerlo así y en el término señalado, de conformidad con el artículo 260 de la Ley de la materia, se le impondrá, la multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida Actualización (UMA). Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia cuyo rubro es el siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO."- De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    MESA I. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Ahora, toda vez que en proveído de once enero del año en curso, se tuvo como tercero interesado a José Daniel Rubio Acevedo, conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, reservándose a acordar en relación a su emplazamiento hasta en tanto obre en autos el informe justificado de la autoridad responsable, lo cual ya aconteció; por tanto, atendiendo a que de las constancias remitidas con el informe justificado de mérito, se advierte que éste tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el predio número treinta y dos, de la calle doce, por treinta y siete "E", del fraccionamiento "Las Águilas Chuburná", de esta ciudad de Mérida, Yucatán, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que se constituya en el domicilio referido, y haga saber a dicho tercero interesado, el contenido de este acuerdo y la admisión de la demanda que nos ocupa, adjuntándole copia simple de ella, e indicándole que puede comparecer a este juicio con tal carácter, si a sus intereses conviniere; asimismo, prevéngasele para que en el término de tres días señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Tribunal. Asimismo, comuníquesele que la audiencia constitucional está fijada para tener verificativo a las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. ...

Quedan 9 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano