Claudia Elizabeth Cauich Perez

Expediente 2924/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2924/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
12/05/2023

Partes del expediente

  • Claudia Elizabeth Cauich Perez
  • CLAUDIA ELIZABETH CAUICH PEREZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de mayo de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, residente en esta ciudad, el oficio de cuenta 340/2023.-P3, remitido vía electrónica a este Juzgado mediante el uso de la FIREL, al que adjunta el testimonio de la resolución pronunciada el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, en la queja 22/2023, formada con motivo del recurso de queja interpuesto por los quejosos ********************y********************, en contra del proveído dictado en este juicio el veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; resolución de la que se desprende que el citado tribunal declaró infundado el aludido recurso de queja. Acúsese el recibo de rigor vía interconexión. En mérito de lo anterior, y previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, inciso d) del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que en el presente asunto se desechó de plano la demanda que dio origen al presente expediente, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha en que se ordena su archivo, se deberá destruir el expediente. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de enero de dos mil veintitrés. Para los efectos legales correspondientes, agréguese a estos autos el oficio 701/2023 del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad; recibido vía electrónica en este Juzgado mediante el uso de la FIREL. Con el que esencialmente comunica que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto en contra del proveído de fecha veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el presente expediente, quedando registrado con el número de toca 22/2023. Circunstancia de la que este órgano jurisdiccional se da por enterado para los efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Vista la demanda de amparo promovida por********************, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclama de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y Tesorería Municipal, ambas de Kanasín, Yucatán, que según se desprende de la lectura integral de la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 74 fracción I, de la Ley de Amparo, como una facultad exclusiva del juzgador federal, es el siguiente: La orden de cobro de la multa impuesta en la boleta de infracción con número de folio 1942 de fecha tres de diciembre de dos mil veintidós y su ejecución. FORMACIÓN EXPEDIENTE Y REGISTRO Al efecto, se acuerda: fórmese expediente, regístrese con el número 2924/2022-II-A, y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. DESECHAMIENTO DE DEMANDA Conforme a lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda de amparo, que conlleva a su desechamiento de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se exponen. El invocado ordinal establece: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operara la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; ..." Por su parte, el artículo 482 del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, establece: "Interposición del recurso de revisión. Artículo 482. En contra de las sanciones que se impongan por violaciones la Ley y este Reglamento, procede el Recurso de Revisión que se interpondrá ante el Juez de Vialidad que las haya impuesto. El procedimiento y la forma para interponer el recurso de revisión, se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán." Asimismo, el artículo 1 de la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán, establece lo siguiente: "Artículo 1.- Esta Ley tiene como objeto regular los actos y procedimientos administrativos previstos en las diversas disposiciones legales vigentes y establecer un único recurso para impugnar los actos administrativos que causen agravio a los particulares, y sus disposiciones son aplicables a: I.- Los actos y procedimientos administrativos que realicen los órganos de la administración pública centralizada del Estado de Yucatán; II.- Los actos y procedimientos administrativos que realicen las entidades de la administración pública paraestatal del Estado de Yucatán, respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que presten de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con el propio Estado a través de una paraestatal, y III.- La actuación de los particulares ante la Administración Pública del Estado. IV.- Esta Ley podrá ser aplicada por la administración pública municipal centralizada y paramunicipal en el Estado de Yucatán, en ausencia de disposiciones administrativas de observancia general emitidas por la misma, de conformidad con el artículo 177 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán." Por su parte, el diverso artículo 126 de la ley citada, establece: "Artículo 126.- Contra los actos y resoluciones de las dependencias y entidades, que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, los particulares podrán interponer el recurso administrativo de revisión. Será optativo para el particular agotar el recurso administrativo de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. Contra la resolución definitiva que se emita en el recurso administrativo de revisión, el afectado podrá acudir en juicio contencioso administrativo ante el Tribunal." En ese orden de ideas, de los preceptos recién transcritos se obtiene que de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, contra las sanciones que se impongan por violaciones a la Ley de Tránsito y su reglamento, procede el recurso administrativo de revisión o bien el juicio contencioso del cual corresponde conocer al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán. Con lo anterior, se tiene la posibilidad de instar un juicio en el que se nulifique el acto impugnado, pues el artículo 59 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, establece que cuando se demande la nulidad de una resolución, las sentencias que declaren fundada la pretensión del actor dejarán sin efecto el acto impugnado y fijarán en su caso, el sentido de la resolución que deba dictar la autoridad responsable, para salvaguardar el derecho afectado. Además debe señalarse que el medio ordinario de defensa antes referido exige los mismos requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado que la Ley de Amparo señala en sus artículos 128, 129, 132 y 135, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en los preceptos 23, 24, 25 y 26 de la referida Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, procede la suspensión del acto, siempre que la solicite el promovente del juicio y que no se cause perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público, ya que en el caso particular no tiene porqué garantizarse el interés fiscal, dada la esencia del acto que se combate, habida cuenta que no se trata de contribuciones, requisitos que son en todo caso los que también establecen los tres preceptos citados de la Ley de Amparo. En estas condiciones, es claro que la suspensión del acto que reclama la parte quejosa, la puede solicitar al promover el juicio contencioso administrativo correspondiente. Aunado a que contrario a lo aseverado por la parte quejosa, si bien el artículo 16 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, no establece un término en días o en horas para el tribunal se pronuncie en relación a la admisión o no de la demanda, también lo es que el término usado en dicho numeral al hacer alusión al vocablo "tan luego", debe entenderse como "inmediato". De ahí que no se hubiese establecido en término y/o plazo en horas o días para que el tribunal se pronuncie respecto a la admisión o no de la demanda, pues lo deberá hacer de inmediato una vez que la demanda le sea presentada. Y en términos del artículo 23 del mismo ordenamiento legal, proveerá en el mismo auto de admisión, sobre la suspensión solicitada. Por tanto, al ser los actos reclamados por la parte quejosa actos administrativos que se ejecutaron en agravio del promovente, los cuales deben impugnarse mediante el juicio contencioso administrativo antes de acudir a este juicio de amparo, para lograr su modificación, revocación o nulidad, cuya ejecución puede suspenderse, sin que la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado exija mayores requisitos que la Ley de Amparo; hace que la presente demanda de amparo sea improcedente, en términos del numeral 113 de la Ley de Amparo, porque el quejoso no agotó tal medio de defensa legal, antes de instar el presente juicio de amparo, es decir, no agotó el principio de definitividad. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL JUICIO CORRESPONDIENTE DEBE AGOTARSE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL NO PREVER LA LEY DEL ACTO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías en materia administrativa es improcedente cuando la parte quejosa no agota, previamente, los medios o recursos ordinarios que establezca la ley del acto, por aplicación del principio de definitividad, excepto cuando esta ley exija mayores requisitos que los que señala la Ley de Amparo para conceder la suspensión; en ese sentido, si el artículo 208-Bis del Código Fiscal de la Federación no exige mayores requisitos para conceder la suspensión contra resoluciones administrativas impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que los que establece la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe concluirse que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente contra esa clase de resoluciones cuando no se ha agotado, previamente, el juicio de nulidad." De igual manera apoyo a lo anteriormente considerado la tesis sostenida por el entonces Tribunal Colegiado del Decimocuarto Circuito, cuyo rubro y texto señalan: "AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE YUCATAN, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA SUS ACTOS POR NO SER DEFINITIVOS. En contra de los actos emanados de las autoridades dependientes del gobierno del estado de Yucatán, municipales y sus organismos descentralizados, procede el medio ordinario de impugnación previsto por los artículos 1o., 4o., 7o., 11, fracción I, 58,59 y demás relativos de la ley de lo contencioso en la entidad, con cuya promoción es posible obtener la suspensión de los efectos de esos actos conforme a los numerales del 23 al 28 del propio ordenamiento, consecuentemente, resulta improcedente la instancia constitucional que se promueva en contra de dichos actos, conforme a la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haberse acatado el principio de definitividad que rige el juicio de garantías." No es óbice a lo anterior, que la parte quejosa señale que el amparo se presenta por violaciones a los artículos 14 y 16 Constitucionales, pues no se trata de una demanda de mera constitucionalidad, puesto que para responder esos planteamientos necesariamente se deberán analizar los preceptos legales que regulan la imposición de las multas de tránsito, por lo que no puede considerarse que se trate de una demanda de amparo exclusivamente por violaciones directas a la Constitución. Lo anterior, con apoyo en lo resuelto en el diverso amparo en revisión ********************, del índice del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en donde esencialmente se concluyó que no basta con señalar preceptos constitucionales para que en automático se prescinda de la obligación de observar los recursos ordinarios, pues esa excepción opera sólo cuando se combaten violaciones directas a la Constitución Federal, lo que no ocurre en este caso. Máxime que no se está en presencia de una excepción al principio de definitividad, porque la multa reclamada no carece del requisito de fundamentación, pues basta imponerse de su contenido, para advertir que el agente de la policía que la impuso no sólo motivó las conductas infractoras (conducir vehículo con aliento alcohólico y no presentar el permiso o licencia para conducir), sino que también especificó la clasificación de las infracciones (grave) de acuerdo al Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, el monto de éstas (105 unidades de medida y actualización), así como los dispositivos en los que encuadró las infracciones (120 y 328, párrafo II, del citado reglamento); de ese modo, en la multa impuesta sí se citaron las normas que la autoridad estimó aplicables a las conductas que advirtió. Lo anterior, con apoyo en las razones esenciales contenidas en la tesis de jurisprudencia con registro 2012670, emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, de rubro y texto siguientes: "BOLETA DE INFRACCIÓN QUE IMPONE UNA MULTA POR TRANSGREDIR ALGUNA DISPOSICIÓN REGLAMENTARIA MUNICIPAL. PARA QUE SE ACTUALICE LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO, LA AUSENCIA DE FUNDAMENTACIÓN EN AQUÉLLA DEBE SER ABSOLUTA. De conformidad con el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra actos respecto de los cuales las leyes prevean medios de impugnación por los que sea posible anularlos, revocarlos o modificarlos. Sin embargo, en la tesis aislada 2a. LVI/2000, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció diversas excepciones a esa regla, entre otras, la relativa a que el juicio de amparo procede sin tener que agotar el juicio o recurso ordinario si el acto reclamado carece de fundamentación. Sin embargo, la falta de fundamentación debe ser absoluta y no indebida o insuficiente, pues en este supuesto, aun y cuando el acto reclamado carezca en parte de tales requisitos o hechos inadecuados para fundar el acto, exigidos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siempre que se reconozca la aplicación del orden jurídico y existan datos suficientes para conocer el recurso ordinario que debe interponerse, debe exigírsele al gobernado que agote los medios de defensa correspondientes. Lo que no acontece cuando en la boleta de infracción que impone una multa por transgredir alguna disposición reglamentaria exista una ausencia total de preceptos, pues tener actualizado ese supuesto, significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esa carencia (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impediría hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de sus motivos y fundamentos no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario." En ese contexto, evidente resulta que la parte promovente debió interponer el señalado medio de defensa, cumpliendo así con el principio de definitividad rector de la instancia constitucional, contenido en la fracción XX del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, toda vez que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en ese normativo, a saber, que se trate de un tercero extraño a procedimiento, que el acto carezca de fundamentación, que se aleguen violaciones directas a la Constitución o que no tenga previsto en la ley aplicable el medio de defensa. En esas condiciones, al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo PROCEDE DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por********************, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 del aludido ordenamiento legal. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala para tal fin en su demanda y como sus autorizadas a la personas que menciona, como se solicita, con las limitaciones a las que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, en su segundo párrafo, parte final. EXHORTACION A LAS PARTES PARA LA ACTUACIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SERVICIOS EN LÍNEA. Además, en atención a lo indicado en el artículo 263, fracción II, párrafo último, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de catorce de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes, a que con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el portal de Servicios en Línea. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de este Juzgado realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. AUTORIZACIÓN DE REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE VÍA ELECTRONICA Además, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. PRECISIÓN RESPECTO DE LAS COPIAS Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar las constancias conducentes que integran el presente juicio, en el entendido que las constancias que cuenten con su respectiva evidencia criptográfica, harán las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

  4. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.Mérida, Yucatán, veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Vista la demanda de amparo promovida por********************, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclama de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y Tesorería Municipal, ambas de Kanasín, Yucatán, que según se desprende de la lectura integral de la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 74 fracción I, de la Ley de Amparo, como una facultad exclusiva del juzgador federal, es el siguiente: La orden de cobro de la multa impuesta en la boleta de infracción con número de folio 1942 de fecha tres de diciembre de dos mil veintidós y su ejecución. FORMACIÓN EXPEDIENTE Y REGISTRO Al efecto, se acuerda: fórmese expediente, regístrese con el número 2924/2022-II-A, y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. DESECHAMIENTO DE DEMANDA Conforme a lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda de amparo, que conlleva a su desechamiento de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se exponen. El invocado ordinal establece: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operara la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; ..." Por su parte, el artículo 482 del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, establece: "Interposición del recurso de revisión. Artículo 482. En contra de las sanciones que se impongan por violaciones la Ley y este Reglamento, procede el Recurso de Revisión que se interpondrá ante el Juez de Vialidad que las haya impuesto. El procedimiento y la forma para interponer el recurso de revisión, se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán." Asimismo, el artículo 1 de la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán, establece lo siguiente: "Artículo 1.- Esta Ley tiene como objeto regular los actos y procedimientos administrativos previstos en las diversas disposiciones legales vigentes y establecer un único recurso para impugnar los actos administrativos que causen agravio a los particulares, y sus disposiciones son aplicables a: I.- Los actos y procedimientos administrativos que realicen los órganos de la administración pública centralizada del Estado de Yucatán; II.- Los actos y procedimientos administrativos que realicen las entidades de la administración pública paraestatal del Estado de Yucatán, respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que presten de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con el propio Estado a través de una paraestatal, y III.- La actuación de los particulares ante la Administración Pública del Estado. IV.- Esta Ley podrá ser aplicada por la administración pública municipal centralizada y paramunicipal en el Estado de Yucatán, en ausencia de disposiciones administrativas de observancia general emitidas por la misma, de conformidad con el artículo 177 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán." Por su parte, el diverso artículo 126 de la ley citada, establece: "Artículo 126.- Contra los actos y resoluciones de las dependencias y entidades, que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, los particulares podrán interponer el recurso administrativo de revisión. Será optativo para el particular agotar el recurso administrativo de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. Contra la resolución definitiva que se emita en el recurso administrativo de revisión, el afectado podrá acudir en juicio contencioso administrativo ante el Tribunal." En ese orden de ideas, de los preceptos recién transcritos se obtiene que de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, contra las sanciones que se impongan por violaciones a la Ley de Tránsito y su reglamento, procede el recurso administrativo de revisión o bien el juicio contencioso del cual corresponde conocer al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán. Con lo anterior, se tiene la posibilidad de instar un juicio en el que se nulifique el acto impugnado, pues el artículo 59 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, establece que cuando se demande la nulidad de una resolución, las sentencias que declaren fundada la pretensión del actor dejarán sin efecto el acto impugnado y fijarán en su caso, el sentido de la resolución que deba dictar la autoridad responsable, para salvaguardar el derecho afectado. Además debe señalarse que el medio ordinario de defensa antes referido exige los mismos requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado que la Ley de Amparo señala en sus artículos 128, 129, 132 y 135, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en los preceptos 23, 24, 25 y 26 de la referida Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, procede la suspensión del acto, siempre que la solicite el promovente del juicio y que no se cause perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público, ya que en el caso particular no tiene porqué garantizarse el interés fiscal, dada la esencia del acto que se combate, habida cuenta que no se trata de contribuciones, requisitos que son en todo caso los que también establecen los tres preceptos citados de la Ley de Amparo. En estas condiciones, es claro que la suspensión del acto que reclama la parte quejosa, la puede solicitar al promover el juicio contencioso administrativo correspondiente. Aunado a que contrario a lo aseverado por la parte quejosa, si bien el artículo 16 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, no establece un término en días o en horas para el tribunal se pronuncie en relación a la admisión o no de la demanda, también lo es que el término usado en dicho numeral al hacer alusión al vocablo "tan luego", debe entenderse como "inmediato". De ahí que no se hubiese establecido en término y/o plazo en horas o días para que el tribunal se pronuncie respecto a la admisión o no de la demanda, pues lo deberá hacer de inmediato una vez que la demanda le sea presentada. Y en términos del artículo 23 del mismo ordenamiento legal, proveerá en el mismo auto de admisión, sobre la suspensión solicitada. Por tanto, al ser los actos reclamados por la parte quejosa actos administrativos que se ejecutaron en agravio del promovente, los cuales deben impugnarse mediante el juicio contencioso administrativo antes de acudir a este juicio de amparo, para lograr su modificación, revocación o nulidad, cuya ejecución puede suspenderse, sin que la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado exija mayores requisitos que la Ley de Amparo; hace que la presente demanda de amparo sea improcedente, en términos del numeral 113 de la Ley de Amparo, porque el quejoso no agotó tal medio de defensa legal, antes de instar el presente juicio de amparo, es decir, no agotó el principio de definitividad. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL JUICIO CORRESPONDIENTE DEBE AGOTARSE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL NO PREVER LA LEY DEL ACTO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías en materia administrativa es improcedente cuando la parte quejosa no agota, previamente, los medios o recursos ordinarios que establezca la ley del acto, por aplicación del principio de definitividad, excepto cuando esta ley exija mayores requisitos que los que señala la Ley de Amparo para conceder la suspensión; en ese sentido, si el artículo 208-Bis del Código Fiscal de la Federación no exige mayores requisitos para conceder la suspensión contra resoluciones administrativas impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que los que establece la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe concluirse que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente contra esa clase de resoluciones cuando no se ha agotado, previamente, el juicio de nulidad." De igual manera apoyo a lo anteriormente considerado la tesis sostenida por el entonces Tribunal Colegiado del Decimocuarto Circuito, cuyo rubro y texto señalan: "AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE YUCATAN, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA SUS ACTOS POR NO SER DEFINITIVOS. En contra de los actos emanados de las autoridades dependientes del gobierno del estado de Yucatán, municipales y sus organismos descentralizados, procede el medio ordinario de impugnación previsto por los artículos 1o., 4o., 7o., 11, fracción I, 58,59 y demás relativos de la ley de lo contencioso en la entidad, con cuya promoción es posible obtener la suspensión de los efectos de esos actos conforme a los numerales del 23 al 28 del propio ordenamiento, consecuentemente, resulta improcedente la instancia constitucional que se promueva en contra de dichos actos, conforme a la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haberse acatado el principio de definitividad que rige el juicio de garantías." No es óbice a lo anterior, que la parte quejosa señale que el amparo se presenta por violaciones a los artículos 14 y 16 Constitucionales, pues no se trata de una demanda de mera constitucionalidad, puesto que para responder esos planteamientos necesariamente se deberán analizar los preceptos legales que regulan la imposición de las multas de tránsito, por lo que no puede considerarse que se trate de una demanda de amparo exclusivamente por violaciones directas a la Constitución. Lo anterior, con apoyo en lo resuelto en el diverso amparo en revisión ********************, del índice del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en donde esencialmente se concluyó que no basta con señalar preceptos constitucionales para que en automático se prescinda de la obligación de observar los recursos ordinarios, pues esa excepción opera sólo cuando se combaten violaciones directas a la Constitución Federal, lo que no ocurre en este caso. Máxime que no se está en presencia de una excepción al principio de definitividad, porque la multa reclamada no carece del requisito de fundamentación, pues basta imponerse de su contenido, para advertir que el agente de la policía que la impuso no sólo motivó las conductas infractoras (conducir vehículo con aliento alcohólico y no presentar el permiso o licencia para conducir), sino que también especificó la clasificación de las infracciones (grave) de acuerdo al Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, el monto de éstas (105 unidades de medida y actualización), así como los dispositivos en los que encuadró las infracciones (120 y 328, párrafo II, del citado reglamento); de ese modo, en la multa impuesta sí se citaron las normas que la autoridad estimó aplicables a las conductas que advirtió. Lo anterior, con apoyo en las razones esenciales contenidas en la tesis de jurisprudencia con registro 2012670, emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, de rubro y texto siguientes: "BOLETA DE INFRACCIÓN QUE IMPONE UNA MULTA POR TRANSGREDIR ALGUNA DISPOSICIÓN REGLAMENTARIA MUNICIPAL. PARA QUE SE ACTUALICE LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO, LA AUSENCIA DE FUNDAMENTACIÓN EN AQUÉLLA DEBE SER ABSOLUTA. De conformidad con el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra actos respecto de los cuales las leyes prevean medios de impugnación por los que sea posible anularlos, revocarlos o modificarlos. Sin embargo, en la tesis aislada 2a. LVI/2000, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció diversas excepciones a esa regla, entre otras, la relativa a que el juicio de amparo procede sin tener que agotar el juicio o recurso ordinario si el acto reclamado carece de fundamentación. Sin embargo, la falta de fundamentación debe ser absoluta y no indebida o insuficiente, pues en este supuesto, aun y cuando el acto reclamado carezca en parte de tales requisitos o hechos inadecuados para fundar el acto, exigidos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siempre que se reconozca la aplicación del orden jurídico y existan datos suficientes para conocer el recurso ordinario que debe interponerse, debe exigírsele al gobernado que agote los medios de defensa correspondientes. Lo que no acontece cuando en la boleta de infracción que impone una multa por transgredir alguna disposición reglamentaria exista una ausencia total de preceptos, pues tener actualizado ese supuesto, significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esa carencia (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impediría hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de sus motivos y fundamentos no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario." En ese contexto, evidente resulta que la parte promovente debió interponer el señalado medio de defensa, cumpliendo así con el principio de definitividad rector de la instancia constitucional, contenido en la fracción XX del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, toda vez que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en ese normativo, a saber, que se trate de un tercero extraño a procedimiento, que el acto carezca de fundamentación, que se aleguen violaciones directas a la Constitución o que no tenga previsto en la ley aplicable el medio de defensa. En esas condiciones, al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo PROCEDE DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por********************, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 del aludido ordenamiento legal. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala para tal fin en su demanda y como sus autorizadas a la personas que menciona, como se solicita, con las limitaciones a las que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, en su segundo párrafo, parte final. EXHORTACION A LAS PARTES PARA LA ACTUACIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SERVICIOS EN LÍNEA. Además, en atención a lo indicado en el artículo 263, fracción II, párrafo último, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de catorce de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes, a que con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el portal de Servicios en Línea. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de este Juzgado realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. AUTORIZACIÓN DE REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE VÍA ELECTRONICA Además, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. PRECISIÓN RESPECTO DE LAS COPIAS Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar las constancias conducentes que integran el presente juicio, en el entendido que las constancias que cuenten con su respectiva evidencia criptográfica, harán las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

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