Claudia del Rosario Tec Perera

Expediente 246/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
246/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
13/03/2019

Partes del expediente

  • Claudia del Rosario Tec Perera

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, en contra del acuerdo de fecha veintidós de febrero del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. En tal virtud, se declara que el referido proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones relativas en el libro de gobierno correspondiente, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE quejosa EL PROVEÍDO DE veintidós de febrero de dos mil diecinueve. Mérida, Yucatán, veintidós de febrero de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por ***********, en contra del acto que reclama del Fiscal Investigador de la Agencia Número Treinta y dos Fidel Velázquez y Comandante de la Policía Ministerial Investigadora adscrito a dicha agencia, ambas con sede en esta ciudad; consistente en lo siguiente: La omisión de realizar los actos tendentes a investigar en autos de la carpeta de investigación P1-1152018, en la que tiene el carácter de denunciante. Fórmese expediente, regístrese con el número 246/2019-II-B, que le corresponde y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que le sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Ahora bien, el suscrito Juzgador estima que respecto del acto reclamado por la quejosa, de manera notoria, manifiesta e indudable, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(...) "XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. (.) "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. "(...) "C. De los derechos de la víctima o del ofendido: "(...) VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." De una interpretación sistemática y armónica de la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, se evidencia que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto los cuales proceda ley algún juicio, recurso o medio de defensa, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. En ese sentido, el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, establece que la víctima u ofendido deberá impugnar ante el Juez de Control competente, entre otras, las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos para la debida integración de la carpeta de investigación; ello es así ya que la intención del Constituyente Permanente, dentro del nuevo esquema procesal, es que el órgano jurisdiccional de que se trata, tuviera la atribución para conocer de impugnaciones de esa índole para controlar su legalidad, y en su momento, una vez agotado el medio ordinario de impugnación, contra la resolución que se emita al respecto procederá el juicio de amparo. Es necesario destacar que por decreto de reforma y adición publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se determinó reformar los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115; y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su régimen transitorio se fijaron los plazos y condiciones para la entrada en vigor del citado decreto, de lo dispuesto en sus artículos primero y segundo, se advierte que la Federación, los Estados y la Ciudad de México (actualmente), en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir y poner en vigor las modificaciones u ordenamientos legales que sean necesarios a fin de incorporar el sistema procesal acusatorio. La Federación, los Estados y la Ciudad de México (actualmente), adoptarán el sistema penal acusatorio en la modalidad que determinen, sea regional o por tipo de delito. Ahora, respecto de las restantes reformas Constitucionales que atañen al sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero, 17, párrafos tercero, cuarto y sexto, 19, 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución Federal, el Constituyente, para su entrada en vigor, estableció dos supuestos, que son los que se contemplan en los artículos segundo y tercero transitorios del decreto de reformas. El artículo segundo transitorio establece que el sistema procesal penal acusatorio entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de la publicación del decreto. En ese contexto, si la impugnación de un acto se hace con posterioridad a la declaratoria de vigencia del nuevo sistema penal acusatorio, indudablemente que su confrontación debe hacerse conforme al nuevo texto Constitucional. De ahí que se estime que la víctima u ofendido deben impugnar las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, ante el Juez facultado para tal efecto, dentro del sistema acusatorio que rige a nivel federal, en razón de que fue intención del Constituyente Permanente que dentro del nuevo esquema procesal, el órgano jurisdiccional de que se trata, tuviera la atribución para conocer de impugnaciones de esa índole para controlar su legalidad, y en contra de las omisiones en que incurran al respecto, procederá el juicio de amparo, de conformidad con el actual artículo 20, apartado C, fracción VII, Constitucional y el numeral 107, fracción VII, de la Ley de Amparo. Precisado lo anterior la quejosa acude a esta instancia constitucional reclamando la omisión del Agente Investigador del Ministerio Público Titular de la Agencia Trigésimo Segunda de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, de investigar y dar continuidad a la carpeta de investigación marcada con el número P1-115-2018, de su índice. Bajo dicha manifestación, el suscrito considera que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia invocada, toda vez que contra el acto reclamado la parte quejosa previo a la promoción del presente juicio de amparo, se encontraba obligada a agotar el medio ordinario de impugnación innominado, en virtud de que el artículo 20 Constitucional, en su apartado C, fracción VII, establece la obligación del agraviado de Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. En efecto, el mencionado medio de impugnación encuentra su sustento legal en lo establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". De la lectura del anterior precepto legal, se desprende que en contra de las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, el legislador otorgó a los gobernados un medio de impugnación ordinario innominado el cual debe agotar previo a acudir al juicio de amparo. En ese sentido, de la interpretación de los preceptos legales, se advierte un derecho fundamental de la víctima u ofendido de impugnar las omisiones y determinaciones que el Ministerio Público emita dentro de la carpeta de investigación; dentro de ellas está precisamente el de abstenerse a investigar, que implica un acto negativo, dicha omisión puede ser impugnada ante el Juez de Control competente, quien en una audiencia podrá estimar que la actuación ministerial es ilegal y deberá conminarlo a que practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos, si es que no se justifica la procedencia de la determinación de la representante social impugnada o alguna otra, que lo faculte para dejar de investigar. Sostener que es innecesario agotar el medio de impugnación ordinario innominado, previo a la promoción de la demanda de amparo o declararlo como optativo, propiciaría el abuso del juicio de amparo, soslayando la intención de legislador permanente, pues bastaría aducir que una omisión o abstención del fiscal investigador, durante la integración de la carpeta de investigación es violatoria de derechos humanos, para hacer procedente el juicio de amparo, obligando al Juez de Distrito que debe conocer del mismo, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso ordinario correspondiente; es decir, sin que hayan quedado establecidas esas conculcaciones con el carácter de definitivas. De lo hasta aquí destacado se advierte que el citado artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XX, establece que el juicio de amparo es inadmisible contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto los cuales la ley establezca algún juicio, recurso o medio de defensa, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. En consecuencia, si el acto reclamado consiste en la omisión del Agente Investigador del Ministerio Público Titular de la Agencia Trigésimo Segunda de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad, de investigar y dar continuidad a la carpeta de investigación marcada con el número P1-115-2018, de su índice, es evidente, que se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo indirecto, derivada de la fracción XX del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con el precepto constitucional antes citado. En ese contexto, de todo lo anterior se desprende que en contra el acto reclamado, no es procedente el juicio de amparo indirecto, dado que en su caso, sólo será reclamable en la vía constitucional, aquella que emita el Juez de Control, de conformidad con lo establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, es evidente que contra el acto reclamado, no es procedente el juicio de amparo indirecto, dado que en su caso, sólo será reclamable en la vía constitucional, aquella que emita el Juez de Control, de conformidad con lo establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 27/2018, correspondiente a la Décima Época, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que procede es desechar de plano la demanda de mérito por encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la ley de la materia. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en su escrito de demanda, y como su autorizado, con las limitaciones del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Hugo Enrique Candelaria Cambrano, hasta que acredite ante este Juzgado encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de abogado, debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización, si no proceder a su registro en los términos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En cuanto a Wendy Concepción Méndez Chan, se le tiene por designada como autorizada de la parte quejosa, para los efectos precisados en el escrito de demanda. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente. Que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales. En la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Por último, fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Notifíquese personalmente a la parte promovente y regístrese.

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