Claudia de Jesús Ricalde Cámara

Expediente 179/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
179/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
18/05/2022

Partes del expediente

  • Claudia de Jesús Ricalde Cámara

Actuaciones

  1. Principal

    AVISO:_ Mérida, Yucatán, once de mayo de dos mil veintidós. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al que adjunta el testimonio de la ejecutoria pronunciada en la queja 83/2022, interpuesta por una de las autoridades señaladas como responsables en contra del acuerdo emitido por este Juzgado el nueve de septiembre de dos mil veinte; ejecutoria de la que se advierte que la superioridad declaró infundado el aludido recurso. Acúsese recibo. Por tanto, reanúdese el procedimiento en este asunto, fijándose como nueva hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional las diez horas con treinta minutos del veinte de junio de dos mil veintidós. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para todos los efectos legales pertinentes. Ahora bien, de los presentes autos se advierte que se reservó pronunciarse sobre diversos oficios presentados en este expediente; en consecuencia, se provee los mismos en los siguientes términos: Toda vez que obra glosados a los presentes autos los informes justificados rendidos por la Directora General Adjunta de Evaluación, Control Procedimental y de Amparos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en la Ciudad de México, en representación del Presidente de la República y del Secretario de Hacienda y Crédito Público y por la Directora de Procedimientos Constitucionales de la Secretaría de Gobernación; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pónganse a la vista de las partes para el uso de sus derechos de estimarlo pertinente. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de marzo de dos mil veintidós. Vistos los presentes autos, se tiene por recibido y se agrega a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio remitido por la Secretaria de Acuerdos Interina del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al que adjunta el testimonio de la resolución pronunciada en el toca 260/2021, relativo al recurso de revisión interpuesto por Jesús Exaltación Bastarrachea Cabrera, parte quejosa, en contra de la sentencia firmada el veintiocho de junio de dos mil veintiuno; resolución de la que se advierte que la citada Superioridad revocó la sentencia impugnada y ordenó reponer el procedimiento en este juicio de amparo. Acúsese recibo. Por lo tanto, hágase dicha ejecutoria del conocimiento de las partes; realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. De conformidad con los lineamientos para la integración del expediente judicial y su modalidad electrónica, publicados en el Diario Oficial de la Federación el uno de octubre de dos mil catorce, se ordena glosar a este sumario únicamente las constancias que en original obren en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión en cita. Ahora bien, en cumplimiento a lo ordenado por la Superioridad, se repone el procedimiento, y a fin de no dejar en estado de indefensión y otorgar a la parte quejosa la oportunidad de desplegar eficazmente su pretensión, con fundamento en los artículos 17, 18 y 111, fracción II de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo a que se refiere el primero de dichos preceptos por escrito y, con las copias necesarias para correr traslado a las partes, manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo respecto de los datos novedosos derivados del informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, agregado a los presentes autos mediante proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, con el apercibimiento que de no hacer manifestación al respecto, el este asunto se resolverá únicamente respecto de los actos reclamados de manera primigenia. Finalmente, se señala como nueva fecha para la audiencia constitucional las nueve horas del tres de mayo de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se tiene por presentado el escrito de Luis Jorge García Rivas, quien se ostenta apoderado de la persona moral Inmobiliaria Star del Sureste, Sociedad Anónima de Capital Variable, tercero interesado en este asunto, mediante el cual comparece a juicio, solicita se le reconozca dicho carácter, señala autorizado para oír y recibir notificaciones en este asunto y solicita copias. Con fundamento en los artículos 6 y 10 de la Ley de Amparo, téngase por reconocida la personalidad con que se ostenta Luis Jorge García Rivas, en los términos de la copia certificada del testimonio de escritura pública número cuarenta y dos mil setecientos tres, de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, pasada ante fe del notario público número cincuenta y dos, de esta ciudad de Mérida, Yucatán. De igual manera, se tiene como autorizado a la persona que señala para ese efecto, de conformidad con la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, tal y como lo solicita el referido tercero interesado en su ocurso de mérito. Por otro lado, se hace del conocimiento de la parte quejosa que se accede a su petición de que se les permita a sus autorizados el uso de aparatos electrónicos, es decir, cámaras digitales y celulares, lectores ópticos o cualquier otro similar, a fin de capturar las actuaciones que obren en autos, en la inteligencia de que el uso de los medios electrónicos que propone se efectúe con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo al caso, la tesis I.30.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil del Primer Circuito, visible en la página 2847, del Tomo XXIX, marzo de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Por último, como lo solicita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en su oportunidad proceda la secretaría a expedir, a costa del ocursante, las copias certificadas que solicita y entréguense las mismas previo recibo que se otorgue en autos. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Vistos, para pronunciar la sentencia en los autos del juicio de amparo 1050/2021-VI promovido por Karla Alejandra Ortega Solís, contra actos de la Delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Yucatán y otras autoridades, por violación a los artículos 1, 4, 14, 16 y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el quince de junio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado y turnada a este Juzgado de Distrito al día siguiente, Karla Alejandra Ortega Solís, promovió demanda de amparo indirecto contra actos de la Delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Yucatán y otras autoridades. Segundo. Admisión demanda. Por auto de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se dio la intervención legal correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; posteriormente, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio, la cual se desahogó en términos del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este juzgado federal tiene competencia legal para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013 pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; lo anterior, al reclamarse actos que tuvieron ejecución dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de actos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio lo procedente es determinar cuáles son los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio de amparo. Así, del análisis integral del escrito inicial de demanda y de los escritos de ampliación de demanda, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a reclamar: La orden para que la quejosa sea asignada en el horario vespertino al área denominada "Módulo de Atención Respiratoria" y tenga que presentarse a dicha área para atender a pacientes bajo sospecha de estar infectados con el COVID19, como infectados por dicho virus, no obstante estar contemplada dentro del grupo de personas vulnerables y de alto riesgo a dicho virus, por sufrir de obesidad mórbida, aduciendo que el contagio con dicho virus le podría ocasionar incluso la muerte. Tercero. Existencia del acto reclamado. El apoderado legal del Instituto Mexicano del Seguro Social en representación del Delegado Estatal de dicho Instituto y La Directora de la Unidad de Medicina Familiar 52, del Instituto Mexicano del Seguro Social y en representación del Coordinador Médico de la misma Unidad, al rendir sus informes justificados correspondientes, reconocieron la existencia del acto reclamado, motivo por el que se tiene por cierto el mismo. Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Una vez establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio, al ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 553, del tomo VI, del año 1995, Materia Común, Octava Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación (con registro: 394770), cuyo rubro y texto es el siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En este orden, a consideración del suscrito, en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada por la autoridad responsable, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 1, fracción I, y 5, fracción II, del mismo ordenamiento legal, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte," "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.]" Conforme a los preceptos transcritos, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos, leyes, reglamentos o tratados que en el mismo se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para tener un concepto más claro de lo que debe entenderse por autoridad para efectos el juicio de amparo, resulta procedente atender al criterio que sustenta la tesis P. XXVII/97, del texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." De lo anterior se pone de manifiesto que es autoridad para efectos del amparo, el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; asimismo, quien ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. El concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión, de los actos de particulares y, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro y, para ello, es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley diversos procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones, se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva, de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan a las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Ese tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales del amparo, se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto, se tiene que las notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Es aplicable por analogía, el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto con los siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE UNA UNIVERSIDAD CUANDO EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE DERIVA DE UNA RELACIÓN LABORAL. Los funcionarios de los organismos públicos descentralizados, en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados; esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de garantías, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Así, las universidades, como organismos descentralizados, son entes públicos que forman parte de la administración pública y por ende del Estado, y si bien presentan una autonomía especial, que implica autonormación y autogobierno, tal circunstancia tiende a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se fundamenta en la libertad de enseñanza, pero no implica de manera alguna su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, y restringida a sus fines, por lo que no se constituye como un obstáculo que impida el ejercicio de las potestades constitucionales y legales de éste para asegurar el regular y eficaz funcionamiento del servicio de enseñanza. Por ello, para analizar si los funcionarios de dichos entes, con fundamento en una ley de origen público ejercen o no un poder jurídico que afecte por sí o ante sí y de manera unilateral la esfera jurídica de los particulares, con independencia de que puedan o no hacer uso de la fuerza pública, debe atenderse al caso concreto. En el que se examina, ha de considerarse que la universidad señalada por el quejoso como responsable, al negar el otorgamiento y disfrute del año sabático a uno de sus empleados académicos, actuó con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal académico, dentro del marco constitucional previsto en la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ello en este caso no resulta ser autoridad para efectos del juicio de amparo, lo que desde luego no implica que en otros supuestos, atendiendo a la naturaleza de los actos emitidos, sí pueda tener tal carácter." Expuesto lo anterior, conviene reiterar que el acto reclamado en estudio, consiste en la orden para que la quejosa sea asignada en el horario vespertino al área denominada "Módulo de Atención Respiratoria" y tenga que presentarse a dicha área para atender a pacientes bajo sospecha de estar infectados con el COVID19, como infectados por dicho virus, no obstante estar contemplada dentro del grupo de personas vulnerables y de alto riesgo a dicho virus, por sufrir de obesidad mórbida, aduciendo que el contagio con dicho virus le podría ocasionar incluso la muerte. De lo cual resulta inconcuso que no es factible considerar a las dependencias señaladas en el escrito inicial de demanda como autoridad para efectos del amparo, puesto que ante dicha actuación no está en un plano de supra a subordinación, dado que se trata de circunstancias inherentes a la relación de trabajo que existe entre esa dependencia y sus trabajadores, regulada por el artículo 123 constitucional, en razón de que la orden para que la quejosa sea asignada en el horario vespertino al área denominada "Módulo de Atención Respiratoria" y tenga que presentarse a dicha área para atender a pacientes bajo sospecha de estar infectados con el COVID19, como infectados por dicho virus, conlleva a determinar que lo reclamado no es susceptible de analizarse en esta instancia constitucional. Con otras palabras, dicho acto constituye un acto generado a partir del vínculo jurídico que existe entre el empleador y la trabajadora, es decir, aquél se ubica dentro de una relación de coordinación, de modo que el patrón no actúa con facultades de imperio, sino como sujeto dentro de una relación de trabajo, por lo que su cumplimiento es exigible en los términos de la legislación laboral correspondiente. En tales condiciones, al no ser actos de autoridad los que pretende combatir la parte quejosa en la presente instancia constitucional, el juicio de amparo es notoriamente improcedente, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, párrafo primero, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo; por tanto, procede sobreseer en el presente juicio. Al respecto debe señalarse que, al resolver la contradicción de tesis 56/2021, la Segunda Sala del Alto Tribunal concluyó que la negativa de autorizar el resguardo domiciliario en el contexto de la pandemia originada por el virus SARS-CoV2, en los casos en que el quejoso argumenta tratarse de un trabajador ubicado en una situación de vulnerabilidad, tiene naturaleza laboral, en virtud de que la medida solicitada se encuentra orientada a tutelar el desempeño del trabajo en un entorno de salud, seguridad e higiene y en el marco del derecho al trabajo digno y decente. Consideraciones que dieron origen a la jurisprudencia por contradicción de criterio 2a./J. 34/2021 (11a.), Registro digital: 2023974, Instancia: Segunda Sala, Undécima Época, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 34/2021 (11a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Enero de 2022, Tomo II, página 1253, de rubro y texto siguiente: "ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER LA NEGATIVA DEL EMPLEADOR A AUTORIZAR EL RESGUARDO DOMICILIARIO EN FAVOR DEL TRABAJADOR DE INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICA, COMO MEDIDA PREVENTIVA DE CONTAGIO DEL VIRUS SARS-CoV2. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si el acto reclamado consistente en la negativa del empleador a autorizar el resguardo domiciliario como medida preventiva para evitar el contagio del virus SARS-CoV2, constituye o no un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la negativa del empleador a autorizar el resguardo domiciliario como medida preventiva para evitar el contagio del virus SARS-CoV2, en los casos en que el quejoso argumenta tratarse de un trabajador de una institución de salud pública, ubicado en una situación de vulnerabilidad, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Justificación: Si bien es cierto que la mencionada medida de resguardo constituye una de las prácticas que el Gobierno Federal instrumentó, dirigidas a los sectores público, social y privado a efecto de prevenir, mitigar y controlar el contagio derivado del virus SARS-CoV2, su naturaleza es laboral, en virtud de que se encuentra orientada a garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en sus centros de trabajo. Por tanto, la negativa del empleador a autorizar el resguardo domiciliario, como medida de prevención de contagio, carece del carácter de acto de autoridad en los términos previstos por los artículos 1o., fracción I, y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que constituye un acto generado a partir del vínculo jurídico que existe entre el empleador y el trabajador, es decir, se ubica dentro de una relación de coordinación, de modo que el patrón no actúa con facultades de imperio, sino como sujeto dentro de una relación de trabajo, por lo que su cumplimiento es exigible en los términos de la legislación laboral correspondiente. En términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia citada es de observancia obligatoria y aplicable al caso particular, ya que como se señaló con antelación la aquí quejosa tiene un vínculo laboral en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde se desempeña como médico cirujano con especialidad en medicina familiar, como empleada de base del Instituto Mexicano del Seguro Social; de ahí que los actos reclamados se emitieron a partir del vínculo jurídico que existe entre un empleador-trabajador, es decir, se ubica dentro de una relación de coordinación, de modo que las responsables actúan como patrón, dentro de una relación de trabajo, no actúa con facultades de imperio. Además, la observancia de la jurisprudencia invocada no implica una aplicación retroactiva, pues al inicio del juicio de amparo no existía una jurisprudencia aplicable directamente que estableciera la procedencia del juicio de amparo contra la negativa de otorgar el permiso como medida sanitaria. Sirve de apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia con número de Registro digital: 2013494, Instancia: Segunda Sala, Décima Época, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 199/2016 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, página 464, que a la letra dice: "JURISPRUDENCIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE AQUÉLLA TUTELADO EN EL ARTÍCULO 217, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo al citado principio, la jurisprudencia puede aplicarse a los actos o hechos jurídicos ocurridos con anterioridad a que cobre vigencia, siempre y cuando ello no conlleve un efecto retroactivo en perjuicio de las personas, como acontece cuando: (I) al inicio de un juicio o procedimiento existe una jurisprudencia aplicable directamente a alguna de las cuestiones jurídicas relevantes para la interposición, tramitación, desarrollo y resolución del asunto jurisdiccional; (II) antes de emitir la resolución jurisdiccional respectiva, se emite una jurisprudencia que supera, modifica o abandona ese entendimiento del sistema jurídico; y (III) la aplicación del nuevo criterio jurisprudencial impacta de manera directa la seguridad jurídica de los justiciables. De ahí que si el gobernado orientó su proceder jurídico o estrategia legal conforme a una jurisprudencia anterior, siguiendo los lineamientos expresamente establecidos en ésta -ya sea para acceder a una instancia jurisdiccional, para plantear y acreditar sus pretensiones, excepciones o defensas o, en general, para llevar a cabo alguna actuación jurídica-, no es dable que la sustitución o modificación de ese criterio jurisprudencial afecte situaciones legales definidas, pues ello conllevaría corromper la seguridad jurídica del justiciable, así como la igualdad en el tratamiento jurisdiccional de las mismas situaciones y casos, con lo cual, se transgrediría el principio de irretroactividad tutelado en el artículo 217, párrafo último, de la Ley de Amparo." En las relatadas condiciones, al actualizarse las causas de improcedencia señaladas contra los actos reclamados, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Dado el sentido en que se resuelve este juicio, no es posible entrar al estudio de los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo. Es aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Quinto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no serán objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto, considerado y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo aplicable, es de resolverse y se: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por Karla Alejandra Ortega Solís, contra actos de la Delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Yucatán y otras autoridades, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, hasta el día de hoy veintiocho de febrero de dos mil veintidós, por así permitirlo las labores del Juzgado, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.

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