Claudia Couto Roldán
Expediente 803/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 803/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 29/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla
- Claudia Couto Roldán
- Claudia Couto Roldán y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de marzo de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, se agrega el escrito signado por Raúl Couto Enciso, tercero interesado en este asunto, con el que solicita copia certificada de la sentencia definitiva de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho y del auto de quince octubre del mismo año, en cual causo ejecutoria dicha sentencia; por tanto, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, proceda la secretaría a expedir a costa del ocursante las copias certificadas que cita en el escrito y entréguense las mismas al tercero interesado, o a cualquiera de los autorizados del escrito de cuenta, previa identificación y recibo que se otorgue en autos. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, quince de octubre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede, y por cuanto que se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, por este Juzgado Federal, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquella resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en la referida sentencia se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho que aún no haya constancia de notificación, ni transcurrido el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo aplicable a la autoridad señalada como responsable con domicilio fuera de la residencia de este juzgado, para que cause ejecutoria el presente juicio de amparo, por cuanto que en este caso se sobreseyó en el presente juicio, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, en el sentido de que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los Tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, y dado el sentido en el que se resolvió el presente juicio de amparo, no se le vulneran a las demás partes sus derechos con los cuales pueda subsistir algún interés jurídico contrario al de la parte quejosa, por lo tanto, este Juzgado Federal, estima que no es necesario esperar a dicha autoridad el transcurso del término indicado. En consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que el mismo carece de relevancia. Agréguese copia autorizada del presente proveído al original y duplicado del incidente de suspensión que deriva de estos autos, para que se provea lo conducente en relación a su archivo. Finalmente, se ordena devolver al Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, las copias certificadas del incidente de cancelación de embargo 192/1991, en dos tomos, que en su oportunidad remitió como justificación de sus actos, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargada del despacho por licencia del titular de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.
- Incidental
Mérida, Yucatán, quince de octubre de dos mil dieciocho. Vista la copia certificada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. Ahora bien, de conformidad con el segundo párrafo, de la fracción III del artículo vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la observación de que el cuaderno original del presente incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, toda vez que por acuerdo de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, se concedió la suspensión provisional y por resolución de diez de mayo de dos mil dieciocho, se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, por lo que deberán conservarse únicamente las resoluciones relativas a su otorgamiento, así como que el duplicado del mismo deberá ser DESTRUIDO una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de que fue dictada la sentencia interlocutoria que resolvió la suspensión definitiva. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordena el archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargada del despacho por licencia del Titular, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos, para resolver el presente juicio de amparo 803/2018-VI, promovido por Claudia Couto Roldan, contra actos del Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, por violación a los artículos 8º, 14, 16 y 17 Constitucionales; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el diez de abril de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y del Trabajo y de Juicios Federales, en San Andrés Cholula, Puebla, Claudia Couto Roldan solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra actos del Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, turnada el mismo día al Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materias Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en San Andrés Cholula, Puebla. Segundo. Admisión de Demanda. Por auto de once de abril de dos mil dieciocho (foja 12), Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materias Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en San Andrés Cholula, Puebla, admitió la demanda de amparo, radicándola bajo el número de expediente 722/2018, se solicitó a la autoridad responsable su correspondiente informe justificado, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a ese Juzgado la intervención legal que le compete, se emplazó a los terceros interesados y se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional la cual previo diferimiento tuvo verificativo al tenor del acta de diez de julio de dos mil dieciocho y se emitió la correspondiente sentencia, mediante la cual el Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materias Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en San Andrés Cholula, Puebla, declaró carecer de competencia legal para conocer del presente asunto y declinó la competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de Mérida, Yucatán, en turno, para conocer del mismo, ordenando la remisión de los autos por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta entidad. Así, mediante oficio 28597/2018, recibido en la ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado y turnado a este Juzgado de Distrito el mismo día, se tuvo por recibidos los autos del juicio de amparo promovido por Claudia Couto Roldan, contra actos del Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla. Segundo. Radicación de los autos. Por auto de trece de julio de dos mil dieciocho (foja 109 a 112), se tuvo por recibido el oficio 28597/2018, del Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materias Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en San Andrés Cholula, Puebla, mediante el cual remitió los autos del juicio de amparo promovido por Claudia Couto Roldan, aceptándose la competencia declinada y avocándose al conocimiento del asunto; se ordenó dar al Representante Social de la Federación adscrito, la intervención legal que le compete; se ordenó notificar a las partes la radicación de los autos, sin la necesidad de solicitar informe justificado a las autoridades responsables ni ordenar el emplazamiento de los terceros interesados, dado que los mismos ya obran en autos, así como tampoco se fijó fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, dado que la misma fue celebrada por la autoridad declinante el diez de julio del año en curso, de lo que se reconoció su validez; y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 35 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; lo anterior porque en este caso se reclama un acto cuya ejecución podría tener lugar dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del Acto Reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo aplicable y con el criterio sustentado en la tesis P.VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Resulta necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de fijar lo que la quejosa quiso decir y no únicamente el que en apariencia señaló como tal. Por tanto, de la lectura integral de la demanda, se advierte que el promovente de amparo señala expresamente como acto reclamado: -La resolución de nueve de marzo de dos mil dieciocho, dictada por el Juzgado Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, respecto al incidente de cancelación de embargo en los autos del juicio de alimentos 192/1991, mediante la cual se ordenó la cancelación del gravamen trabado sobre el inmueble ubicado en calle cinco, letra C, número trescientos cuarenta y uno, del Fraccionamiento García Gineres (lote mil veinticuatro, manzana cincuenta y nueve, sección veinticuatro), en Mérida, Yucatán, inscrito bajo el folio electrónico 480174 del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Mérida, Yucatán. Tercero. Actos Existentes. El Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, en su informe justificado que obra agregado en autos (fojas 35 a 76), aceptó la certeza del acto reclamado, de ahí que el mismo deba considerarse como existente. Cuarto. Estudio de la causal de Improcedencia. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone a analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo aleguen las partes o que este juzgador lo advierta de oficio, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de La Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues este Juzgado de Distrito advierte de oficio que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de Amparo, en virtud de que en contra de tal acto, procede el recurso de apelación, medio de defensa que tiene por efecto revocar, modificar o nulificar la determinación reclamada y que la parte quejosa debió agotar previo al ejercicio de la acción constitucional. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de la Materia el cual a la letra establece: "Art. 61.- El juicio de amparo, es improcedente: . XVIII.- Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; (REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. (ADICIONADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" En efecto, se asevera que en el presente caso opera la referida causa de improcedencia del juicio constitucional, la cual contempla la obligatoriedad de agotar, previamente a la promoción del juicio de amparo que constituye un medio extraordinario de defensa, los recursos ordinarios de impugnación que en su caso conceda la ley que rija el acto reclamado, pues como se señaló en contra del acto que por esta vía constitucional impugna el promovente procede el recurso de apelación, por las razones que a continuación se expondrán. El principio de definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo, en términos generales, es improcedente, ya que por su naturaleza, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa. En este caso, conforme a lo dispuesto por el artículo 634, fracción V del Código de Procedimientos Civiles para el Estado libre y soberano de Puebla abrogado, aplicado por la responsable en la resolución impugnada, la parte quejosa tuvo la posibilidad de interponer el recurso de apelación en contra de la resolución reclamada de nueve de marzo de dos mil dieciocho, dictada por el Juzgado Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, respecto al incidente de cancelación de embargo en los autos del juicio de alimentos 192/1991, mediante la cual se ordenó la cancelación del gravamen, de conformidad con el citado precepto legal que establece de forma general el citado recurso. Así es, los artículos 632, 633 y 634, fracción V del Código de Procedimientos Civiles para el Estado libre y soberano de Puebla abrogado y que es aplicable al caso, disponen: "Artículo 632.- Son incidentes las cuestiones que se promueven en un negocio y tengan relación inmediata con el juicio principal. Artículo 633.- Los incidentes no suspenden el procedimiento del juicio principal. Artículo 634.- El procedimiento en los incidentes se rige por las siguientes disposiciones: I.- Se tramitarán por pieza separada; II.- Del escrito de demanda incidental se correrá traslado a la otra u otras partes contra quienes se promueva, para que la contesten dentro de tres días; III.- Las pruebas se ofrecerán en la demanda y en la contestación; IV.- Contestada la demanda o transcurrido el término de la contestación, el Juez citará de oficio, para una audiencia indiferible que se verificará dentro de tres días y en la que se recibirán las pruebas ofrecidas y los alegatos que presenten las partes por escrito; V.- El Juez resolverá el incidente dentro de los cinco días siguientes a la celebración de la audiencia y la interlocutoria correspondiente es apelable; VI.- La interlocutoria se ejecutará conforme a las disposiciones relativas de este Código." De lo anterior y en lo que aquí interesa podemos advertir que los incidentes son las cuestiones que se promueven en un negocio y tengan relación inmediata con el juicio principal, los que no suspenden el procedimiento del juicio principal y que la interlocutoria que resuelva el incidente es apelable. Y respecto al recurso de apelación en comento, los artículos 477 y 478 del citado código procesal establecen: "Artículo 477.- La apelación procede contra las sentencias definitivas o interlocutorias. Artículo 478.- El recurso de apelación tiene por objeto que el superior revoque o modifique la sentencia." De dichos preceptos de advierte que el recurso de apelación procede en contra de las sentencias interlocutorias y que dicho recurso tiene por objeto revocar o modificar la sentencia. En ese sentido, en el caso resulta evidente que en contra de la interlocutoria de nueve de marzo de dos mil dieciocho, dictada por el Juzgado Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, respecto al incidente de cancelación de embargo en los autos del juicio de alimentos 192/1991, mediante la cual se ordenó la cancelación del gravamen que por esta vía defiende la quejosa, debió ser impugnado mediante el referido recurso de apelación, por la parte que le cause agravio; dado que el citado numeral establece en forma genérica la procedencia del recurso de apelación en contra de todas las interlocutorias dictadas en los incidentes. En esas circunstancias, la quejosa estaba en aptitud de interponer en forma oportuna el recurso de apelación correspondiente, porque precisamente es parte del procedimiento natural y existía la certeza de tal medio de impugnación, además de que no se estaba en algún caso de excepción a que se refieren los incisos a), b), c) y d), de la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, es incuestionable que en la especie el juicio de amparo indirecto que nos ocupa resulta improcedente al no ser susceptible de análisis un acto respecto del cual previamente debe interponerse el recurso que la ley prevé. Además de que el recurso no se sujeta a una interpretación adicional para entender que el recurso de apelación sea el procedente, pues éste es muy claro en establecer que las interlocutorias que resuelvan los incidentes son apelables, por lo que la quejosa debió interponer el citado recurso antes de acudir al juicio de amparo, por tanto, tampoco estaría en la excepción prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII. Tiene aplicación la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Por lo anterior, quien esto resuelve llega a la conclusión que en la especie se surte la causal de improcedencia de la vía indirecta invocada, prevista en la fracción XVIII, del numeral 61 de la ley de la materia, por lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Quinto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 73 al 78 de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Claudia Couto Roldan, contra actos del Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la Secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe hasta el día de hoy veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho en que lo permitieron las labores de este Juzgado.
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