Claudia Cedillo Díaz

Expediente 522/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
522/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Claudia Cedillo Díaz
  • Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 34 del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el siete de junio de dos mil veintitrés". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 20, fracción I, del acuerdo general en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 21, 22 y 23 del Acuerdo General de referencia. Cabe destacar que en el presente juicio no se ordenó la apertura del incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Devolución de documentos Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 522/2023, promovido por Claudia Cedillo Díaz, María de la Luz Leticia Avilés Castañeda y Ana Bertha Cruz Rodríguez, contra actos del Coordinador de Programación y Presupuesto del Gobierno del estado de Morelos, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintidós de julio de dos mil veintidós, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común a los juzgados de distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno, correspondió conocer a esta autoridad federal Claudia Cedillo Díaz, María de la Luz Leticia Avilés Castañeda y Ana Bertha Cruz Rodríguez, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y por los actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: ACTOS RECLAMADOS: Secretario General Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. Presidente Ejecutor y Tercer Arbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos Actuario del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. Gobierno del Estado de Morelos. Coordinador de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional de la Comisión Estatal de seguridad Pública del Estado de Morelos. Dirección General de Asuntos Burocráticos de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Morelos. Director General de Prestaciones de Servicios de Personal Operativo de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos. Director General Jurídico de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos. Coordinador General de Programación y Presupuesto del Gobierno del Estado de Morelos. 1. Del Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el estado de Morelos la omisión de dictar los instrumentos o las medidas legales conducentes a fin de poder dar cumplimiento cabal al laudo de fecha siete de mayo del año dos mil diecinueve, dentro del juicio laboral 01/307/11. 2. Del Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el estado de Morelos el contenido del acuerdo de fecha uno de julio del dos mil veintidós, mediante el cual se hace caso omiso a lo solicitado en el escrito de treinta de junio del año antes citado, mediante el cual se solicita la regularización del procedimiento. 3. Del Secretario General del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el estado de Morelos, la omisión de firmar el auto de requerimiento de fecha quince de octubre del dos mil veinte, así como la exhibición de diversos documentales comprobantes de cumplimiento de prestaciones laborales. 4. Del Actuario Adscrito al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el estado de Morelos, la omisión o negativa de brindar la cita que corresponde, a efecto de poder llevar a cabo el requerimiento de pago y de exhibición de diversos documentos comprobantes de cumplimiento de prestaciones laborales, así como la ejecución de dicho requerimiento una vez que se haya llevado a cabo la reinstalación ordenada. 5. Del Gobierno del Estado de Morelos y/o Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, Coordinador de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, Dirección General de Asuntos Burocráticos de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, Director General de Prestaciones de Servicios de Personal Operativo de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, Director General Jurídico de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos y Coordinador de Programación y Presupuesto del Gobierno del Estado de Morelos, la omisión de realizar los trámites relativos a la expedición de los cheques correspondientes a las quejosas, respecto de las cantidades a que fuera condenado el Gobierno del Estado de Morelos. 6. Del Gobierno del Estado de Morelos y/o Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, Coordinador de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, Dirección General de Asuntos Burocráticos de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, Director General de Prestaciones de Servicios de Personal Operativo de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, Director General Jurídico de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos y Coordinador de Programación y Presupuesto del Gobierno del Estado de Morelos, la omisión de realizar los trámites administrativos tendientes a la designación de cargos bajo los cuales deben ser reinstaladas las quejosas, conforme al cargo que se ajuste al actual tabulador, así como de reconocer los incrementos salariales y establecer el horario bajo el cual desempeñarían los cargos (señalados específicamente en los párrafos 7, 8, 9 del capítulo del acto reclamado). 7. De la Dirección General de Asuntos Burocráticos de la Consejería Jurídica del Gobierno, la omisión de cumplir cabalmente con las facultades que se establecen en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica que se traducen en la omisión de informar a las autoridades del cumplimiento del laudo, respecto de los efectos del laudo en cuanto a las cantidades que se han de cubrir como condena establecida. 8. Del Director General de Prestaciones de Servicios de Personal Operativo de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos y Director General Jurídico de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos la omisión en cuanto a reconocer los cargos y salarios actuales con las que se deben reinstalar las suscritas, así como las acciones encaminadas a llevar acabo la reinstalación con los salarios que las suscritas percibían al momento de ser despedidas. 9. Del Coordinador de Programación y Presupuesto del Gobierno del Estado de Morelos, el cumplimiento del laudo, respecto al cambio de los cargos en donde deben de ser reinstaladas las quejosas. SEGUNDO. El veintiséis de julio de dos mil veintidós, esta autoridad previno a la parte quejosa a efecto de precisar el acto reclamado, una vez cumplido el once de agosto siguiente, admitió a trámite la demanda interpuesta por Claudia Cedillo Díaz, María de la Luz Leticia Avilés Castañeda y Ana Bertha Cruz Rodríguez, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. El ocho de marzo de dos mil veintitrés, esta autoridad ordenó la separación de autos, y remitió tantas copias del juicio como actos reclamados a la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Estado de Morelos. CUARTO. El diecisiete de abril de dos mil veintitrés, esta autoridad recibió de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Estado de Morelos, con motivo de la separación de autos, radicando la demanda con el expediente 522/2023, y se atenderá el acto reclamado y autoridades siguientes: Autoridad responsable: Acto reclamado: Coordinador de Programación y Presupuesto del Gobierno del estado de Morelos El cumplimiento del laudo, respecto al cambio de los cargos en donde deben ser reinstaladas las quejosas. Y la audiencia constitucional, tuvo verificativo en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama el cumplimiento del laudo, respecto al cambio de los cargos en donde deben ser reinstaladas las quejosas. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad señalada como responsable denominada Coordinador de Programación y Presupuesto, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, al momento de rendir su informe justificado negó los actos reclamados, sin que la parte quejosa haya desvirtuado dicha negativa no obstante que tal carga procesal le corresponde. Lo anterior, toda vez que la negativa del acto por parte de las autoridades responsables, genera una consecuencia específica para el quejoso, pues le irroga la carga probatoria para acreditar su existencia. Además que el artículo 119, de la Ley de Amparo, le otorga la posibilidad de aportar las pruebas que estime pertinentes con las cuales primero acredite su existencia y segundo su inconstitucionalidad, así como los hechos que refiere en su demanda y con ellas desvirtuar las afirmaciones, consideraciones o razonamientos expresados por las autoridades responsables. Encuentra apoyo a lo anterior la tesis VI.2o.A.4 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Febrero de 2002, página 903 Tipo: Aislada, Materia Común, Novena Época, de rubro texto siguientes: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Además sobre el particular, es importante tomar en consideración que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 363/2017, sostuvo que, el incumplimiento a un laudo por parte de los ayuntamientos no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues en el caso se equipara a la referida autoridad municipal, y que cuando en la legislación estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos. Aunado a lo anterior, para configurar el acto de omisión por parte de la autoridad señalada como responsable, es considerarse previamente la existencia de una obligación correlativa contenida en normas legales, es decir, debe partirse de que las citadas normas prevean su competencia para verificar que en realidad está obligada a realizar determinada conducta, es decir, identificar la obligación jurídica de actuar en determinado sentido, y como consecuencia de ello realizar el análisis por este Juzgado Federal, sí en su caso la autoridad señalada como responsable incurrió en la omisión reclamada, que en el caso es el cumplimiento de una resolución en forma de laudo. Las consideraciones anteriores quedaron plasmadas en la tesis 1a. XXIV/98, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, página 53, Materia Común Administrativa, Novena Época, de contenido literal siguiente: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos.". El criterio anterior resulta aplicable en el presente asunto, debido a que, como quedó precisado en el considerando segundo de esta resolución, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable Coordinador de Programación y Presupuesto, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, el cumplimiento del laudo, respecto al cambio de los cargos en donde deben ser reinstaladas las quejosas. Sin embargo, como quedó plasmado en líneas anteriores, la autoridad señalada como responsable negó los actos reclamados, y en consecuencia la carga de probar corresponde a la parte hoy quejosa, aunado a que de autos no se advierte la obligación jurídica o legal contenida en alguna determinación para actuar en determinado sentido por parte de la responsable en su caso, de ahí que no pueda atribuírsele acto alguno en el presente juicio de amparo. En virtud de lo anterior, debe tenerse por inexistente el acto reclamado a la autoridad responsable Coordinador de Programación y Presupuesto, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad. En ese sentido, ante la inexistencia del acto reclamado, debe sobreseerse en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional...". Del artículo anterior se desprende que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando de autos se apareciere que no existe el acto reclamado; causal que, bajo las consideraciones antes expuestas, acontece en el presente caso. En consecuencia, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Claudia Cedillo Díaz, María de la Luz Leticia Avilés Castañeda y Ana Bertha Cruz Rodríguez. Sin que resulta procedente analizar la causal de improcedencia propuesta por las autoridades responsables, pues, en nada mejoraría el sentido del fallo. Así, con fundamento en los artículos 1°, 73, 74, 75, 76 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Erik Calderón Ocampo, hasta hoy once de septiembre de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  3. Principal

    Hago constar y doy fe, que transcurrido el término que establece el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo; en consecuencia, se le notifica a la parte quejosa Claudia Cedillo Díaz, María de la Luz Leticia Avilés Castañeda y Ana Bertha Cruz Rodríguez, así como de sus autorizados, el contenido de la determinación de once de septiembre de dos mil veintitrés, dictada dentro del expediente al rubro citado, por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, así como en la lista electrónica publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, de la Ley de Amparo: VISTO, para resolver el juicio de amparo 522/2023, promovido por Claudia Cedillo Díaz, María de la Luz Leticia Avilés Castañeda y Ana Bertha Cruz Rodríguez, contra actos del Coordinador de Programación y Presupuesto del Gobierno del estado de Morelos, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintidós de julio de dos mil veintidós, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común a los juzgados de distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno, correspondió conocer a esta autoridad federal Claudia Cedillo Díaz, María de la Luz Leticia Avilés Castañeda y Ana Bertha Cruz Rodríguez, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y por los actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: ACTOS RECLAMADOS: Secretario General Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. Presidente Ejecutor y Tercer Arbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos Actuario del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. Gobierno del Estado de Morelos. Coordinador de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional de la Comisión Estatal de seguridad Pública del Estado de Morelos. Dirección General de Asuntos Burocráticos de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Morelos. Director General de Prestaciones de Servicios de Personal Operativo de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos. Director General Jurídico de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos. Coordinador General de Programación y Presupuesto del Gobierno del Estado de Morelos. 1. Del Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el estado de Morelos la omisión de dictar los instrumentos o las medidas legales conducentes a fin de poder dar cumplimiento cabal al laudo de fecha siete de mayo del año dos mil diecinueve, dentro del juicio laboral ... 2. Del Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el estado de Morelos el contenido del acuerdo de fecha uno de julio del dos mil veintidós, mediante el cual se hace caso omiso a lo solicitado en el escrito de treinta de junio del año antes citado, mediante el cual se solicita la regularización del procedimiento. 3. Del Secretario General del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el estado de Morelos, la omisión de firmar el auto de requerimiento de fecha quince de octubre del dos mil veinte, así como la exhibición de diversos documentales comprobantes de cumplimiento de prestaciones laborales. 4. Del Actuario Adscrito al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el estado de Morelos, la omisión o negativa de brindar la cita que corresponde, a efecto de poder llevar a cabo el requerimiento de pago y de exhibición de diversos documentos comprobantes de cumplimiento de prestaciones laborales, así como la ejecución de dicho requerimiento una vez que se haya llevado a cabo la reinstalación ordenada. 5. Del Gobierno del Estado de Morelos y/o Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, Coordinador de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, Dirección General de Asuntos Burocráticos de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, Director General de Prestaciones de Servicios de Personal Operativo de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, Director General Jurídico de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos y Coordinador de Programación y Presupuesto del Gobierno del Estado de Morelos, la omisión de realizar los trámites relativos a la expedición de los cheques correspondientes a las quejosas, respecto de las cantidades a que fuera condenado el Gobierno del Estado de Morelos. 6. Del Gobierno del Estado de Morelos y/o Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, Coordinador de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, Dirección General de Asuntos Burocráticos de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, Director General de Prestaciones de Servicios de Personal Operativo de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, Director General Jurídico de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos y Coordinador de Programación y Presupuesto del Gobierno del Estado de Morelos, la omisión de realizar los trámites administrativos tendientes a la designación de cargos bajo los cuales deben ser reinstaladas las quejosas, conforme al cargo que se ajuste al actual tabulador, así como de reconocer los incrementos salariales y establecer el horario bajo el cual desempeñarían los cargos (señalados específicamente en los párrafos 7, 8, 9 del capítulo del acto reclamado). 7. De la Dirección General de Asuntos Burocráticos de la Consejería Jurídica del Gobierno, la omisión de cumplir cabalmente con las facultades que se establecen en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica que se traducen en la omisión de informar a las autoridades del cumplimiento del laudo, respecto de los efectos del laudo en cuanto a las cantidades que se han de cubrir como condena establecida. 8. Del Director General de Prestaciones de Servicios de Personal Operativo de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos y Director General Jurídico de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos la omisión en cuanto a reconocer los cargos y salarios actuales con las que se deben reinstalar las suscritas, así como las acciones encaminadas a llevar acabo la reinstalación con los salarios que las suscritas percibían al momento de ser despedidas. 9. Del Coordinador de Programación y Presupuesto del Gobierno del Estado de Morelos, el cumplimiento del laudo, respecto al cambio de los cargos en donde deben de ser reinstaladas las quejosas. SEGUNDO. El veintiséis de julio de dos mil veintidós, esta autoridad previno a la parte quejosa a efecto de precisar el acto reclamado, una vez cumplido el once de agosto siguiente, admitió a trámite la demanda interpuesta por Claudia Cedillo Díaz, María de la Luz Leticia Avilés Castañeda y Ana Bertha Cruz Rodríguez, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. El ocho de marzo de dos mil veintitrés, esta autoridad ordenó la separación de autos, y remitió tantas copias del juicio como actos reclamados a la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Estado de Morelos. CUARTO. El diecisiete de abril de dos mil veintitrés, esta autoridad recibió de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Estado de Morelos, con motivo de la separación de autos, radicando la demanda con el expediente 522/2023, y se atenderá el acto reclamado y autoridades siguientes: Autoridad responsable: Acto reclamado: Coordinador de Programación y Presupuesto del Gobierno del estado de Morelos El cumplimiento del laudo, respecto al cambio de los cargos en donde deben ser reinstaladas las quejosas. Y la audiencia constitucional, tuvo verificativo en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama el cumplimiento del laudo, respecto al cambio de los cargos en donde deben ser reinstaladas las quejosas. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad señalada como responsable denominada Coordinador de Programación y Presupuesto, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, al momento de rendir su informe justificado negó los actos reclamados, sin que la parte quejosa haya desvirtuado dicha negativa no obstante que tal carga procesal le corresponde. Lo anterior, toda vez que la negativa del acto por parte de las autoridades responsables, genera una consecuencia específica para el quejoso, pues le irroga la carga probatoria para acreditar su existencia. Además que el artículo 119, de la Ley de Amparo, le otorga la posibilidad de aportar las pruebas que estime pertinentes con las cuales primero acredite su existencia y segundo su inconstitucionalidad, así como los hechos que refiere en su demanda y con ellas desvirtuar las afirmaciones, consideraciones o razonamientos expresados por las autoridades responsables. Encuentra apoyo a lo anterior la tesis VI.2o.A.4 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Febrero de 2002, página 903 Tipo: Aislada, Materia Común, Novena Época, de rubro texto siguientes: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Además sobre el particular, es importante tomar en consideración que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 363/2017, sostuvo que, el incumplimiento a un laudo por parte de los ayuntamientos no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues en el caso se equipara a la referida autoridad municipal, y que cuando en la legislación estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos. Aunado a lo anterior, para configurar el acto de omisión por parte de la autoridad señalada como responsable, es considerarse previamente la existencia de una obligación correlativa contenida en normas legales, es decir, debe partirse de que las citadas normas prevean su competencia para verificar que en realidad está obligada a realizar determinada conducta, es decir, identificar la obligación jurídica de actuar en determinado sentido, y como consecuencia de ello realizar el análisis por este Juzgado Federal, sí en su caso la autoridad señalada como responsable incurrió en la omisión reclamada, que en el caso es el cumplimiento de una resolución en forma de laudo. Las consideraciones anteriores quedaron plasmadas en la tesis 1a. XXIV/98, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, página 53, Materia Común Administrativa, Novena Época, de contenido literal siguiente: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos.". El criterio anterior resulta aplicable en el presente asunto, debido a que, como quedó precisado en el considerando segundo de esta resolución, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable Coordinador de Programación y Presupuesto, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, el cumplimiento del laudo, respecto al cambio de los cargos en donde deben ser reinstaladas las quejosas. Sin embargo, como quedó plasmado en líneas anteriores, la autoridad señalada como responsable negó los actos reclamados, y en consecuencia la carga de probar corresponde a la parte hoy quejosa, aunado a que de autos no se advierte la obligación jurídica o legal contenida en alguna determinación para actuar en determinado sentido por parte de la responsable en su caso, de ahí que no pueda atribuírsele acto alguno en el presente juicio de amparo. En virtud de lo anterior, debe tenerse por inexistente el acto reclamado a la autoridad responsable Coordinador de Programación y Presupuesto, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad. En ese sentido, ante la inexistencia del acto reclamado, debe sobreseerse en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional...". Del artículo anterior se desprende que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando de autos se apareciere que no existe el acto reclamado; causal que, bajo las consideraciones antes expuestas, acontece en el presente caso. En consecuencia, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Claudia Cedillo Díaz, María de la Luz Leticia Avilés Castañeda y Ana Bertha Cruz Rodríguez. Sin que resulta procedente analizar la causal de improcedencia propuesta por las autoridades responsables, pues, en nada mejoraría el sentido del fallo. Así, con fundamento en los artículos 1°, 73, 74, 75, 76 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Erik Calderón Ocampo, hasta hoy once de septiembre de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  4. Principal

    En Cuernavaca Morelos, siendo las nueve horas del dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, hora y fecha señalada para que tenga lugar la audiencia en el incidente de modificación a la suspensión definitiva 34/2022, Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Karina Vanessa Corona Alday, secretaria que da fe, procede a celebrar la audiencia incidental señalada para el día de hoy en el incidente de modificación a la suspensión definitiva 34/2022. En seguida, se hace una relación de las constancias que obran en autos entre las que se encuentran la demanda e informes previos rendidos por las autoridades responsables. A lo que el Juez acuerda: se tiene por hecha la relación secretarial que antecede para los efectos legales a que haya lugar. En seguida se declara abierto el periodo probatorio y se da cuenta al Juez, con las documentales que obran en autos. Al declararse abierto el periodo de alegatos, se hace constar que mediante escritos registrados con el folio 5022 y 5374 del tercero interesado Arturo Guadarrama Beltrán, así como de la parte quejosa, formularon alegatos. A lo que el Juez acuerda: se tienen por hechas las manifestaciones que vierten en vía de alegatos en términos del ordinal 144 de la Ley de Amparo. Por lo que, al no existir escrito pendiente por acordar, pruebas por desahogar ni alegatos de las partes, se declaran cerradas ambas etapas; pasando a dictarse la siguiente resolución. V I S T O S para resolver, sobre el incidente de modificación a la suspensión definitiva en el incidente relativo al juicio de amparo número 34/2022; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Margarita Quiroz Aguilar por propio derecho, reclama de la Segunda Sala del Primer Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos y del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial con sede en Xochitepec, Morelos, la decisión de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, decretada dentro de la apelación 336/2021-2. SEGUNDO. Como se ordenó en el cuaderno principal, por auto de doce de mayo de dos mil veintidós, se proveyó sobre la suspensión definitiva; posteriormente, en proveído de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el escrito del tercero interesado Salvador Hernandez Rocha, mediante el cual promovió incidente de modificación a la suspensión definitiva; al respecto, este órgano jurisdiccional, ordenó en auto de la misma fecha tramitar la incidencia de referencia, asimismo, señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O ÚNICO. Estudio sobre el incidente de modificación a la suspensión definitiva: Ahora en el caso a estudio, y del estado procesal que guardan los autos se advierte que dentro del juicio en lo principal, el veintiséis de julio de dos mil veintidós, se emitió sentencia, la cual concluyó con el punto resolutivo siguiente: "ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo."; Determinación que fue impugnada por la parte quejosa la parte quejosa Margarita Quiroz Aguilar, y de la cual tocó conocer al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, quien radicó el recurso de revisión de referencia con el número 8/2023. Así, mediante proveído once de mayo de dos mil veintitrés, se tuvo por recibió en este órgano jurisdiccional oficio signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, mediante el cual remitió testimonio de la ejecutoria engrosada por ese cuerpo colegiado el nueve de mayo del dos mil veintitrés, dentro del recurso de revisión 8/2023, derivado del juicio de amparo 34/2022, del índice de este juzgado de distrito, en el cual en sus puntos resolutivos determinó: ".PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo por las consideraciones contenidas en la parte considerativa de la resolución recurrida." En consecuencia, en proveído de la misma fecha, este Juzgado de Distrito, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, DECLARÓ QUE DICHA SENTENCIA HABÍA CAUSADO EJECUTORIA. Lo anterior evidencia que ya no hay materia para decretar la incidencia de modificación a la suspensión definitiva solicitada. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se declara sin materia el presente incidente en los términos señalados en el considerando único de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

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