Claudia Cedillo Díaz
Expediente 538/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 538/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Claudia Cedillo Díaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 34 del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el siete de junio de dos mil veintitrés". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 20, fracción I, del acuerdo general en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 21, 22 y 23 del Acuerdo General de referencia. Cabe destacar que en el presente juicio no se ordenó la apertura del incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Finalmente, no se hace ordena devolución de documento original alguno, toda vez que no fueron exhibidos por las partes en este juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Hago constar y doy fe, que transcurrido el término que establece el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo; en consecuencia, se le notifica a la parte quejosa Claudia Cedillo Díaz y otros, así como de sus autorizados, el contenido de la determinación de catorce de julio de dos mil veintitrés, dictada dentro del expediente al rubro citado, por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, así como en la lista electrónica publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, de la Ley de Amparo: R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintidós de julio de dos mil veintidós, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común a los juzgados de distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno, correspondió conocer a esta autoridad federal, Claudia Cedillo Díaz, María de la Luz Leticia Avilés Castañeda y Ana Bertha Cruz Rodríguez, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y por los actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTOS RECLAMADOS Secretario General Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. 1. Del Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el estado de Morelos la omisión de dictar los instrumentos o las medidas legales conducentes a fin de poder dar cumplimiento cabal al laudo de fecha siete de mayo del año dos mil diecinueve, dentro del juicio laboral 01/307/11. 2. Del Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el estado de Morelos el contenido del acuerdo de fecha uno de julio del dos mil veintidós, mediante el cual se hace caso omiso a lo solicitado en el escrito de treinta de junio del año antes citado, mediante el cual se solicita la regularización del procedimiento. 3. Del Secretario General del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el estado de Morelos, la omisión de firmar el auto de requerimiento de fecha quince de octubre del dos mil veinte, así como la exhibición de diversos documentales comprobantes de cumplimiento de prestaciones laborales. 4. Del Actuario Adscrito al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el estado de Morelos, la omisión o negativa de brindar la cita que corresponde, a efecto de poder llevar a cabo el requerimiento de pago y de exhibición de diversos documentos comprobantes de cumplimiento de prestaciones laborales, así como la ejecución de dicho requerimiento una vez que se haya llevado a cabo la reinstalación ordenada. 5. Del Gobierno del Estado de Morelos y/o Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, Coordinador de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, Dirección General de Asuntos Burocráticos de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, Director General de Prestaciones de Servicios de Personal Operativo de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, Director General Jurídico de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos y Coordinador de Programación y Presupuesto del Gobierno del Estado de Morelos, la omisión de realizar los trámites relativos a la expedición de los cheques correspondientes a las quejosas, respecto de las cantidades a que fuera condenado el Gobierno del Estado de Morelos. 6. Del Gobierno del Estado de Morelos y/o Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, Coordinador de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, Dirección General de Asuntos Burocráticos de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, Director General de Prestaciones de Servicios de Personal Operativo de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, Director General Jurídico de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos y Coordinador de Programación y Presupuesto del Gobierno del Estado de Morelos, la omisión de realizar los trámites administrativos tendientes a la designación de cargos bajo los cuales deben ser reinstaladas las quejosas, conforme al cargo que se ajuste al actual tabulador, así como de reconocer los incrementos salariales y establecer el horario bajo el cual desempeñarían los cargos (señalados específicamente en los párrafos 7, 8, 9 del capítulo del acto reclamado). 7. De la Dirección General de Asuntos Burocráticos de la Consejería Jurídica del Gobierno, la omisión de cumplir cabalmente con las facultades que se establecen en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica que se traducen en la omisión de informar a las autoridades del cumplimiento del laudo, respecto de los efectos del laudo en cuanto a las cantidades que se han de cubrir como condena establecida. 8. Del Director General de Prestaciones de Servicios de Personal Operativo de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos y Director General Jurídico de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos la omisión en cuanto a reconocer los cargos y salarios actuales con las que se deben reinstalar las suscritas, así como las acciones encaminadas a llevar acabo la reinstalación con los salarios que las suscritas percibían al momento de ser despedidas. 9. Del Coordinador de Programación y Presupuesto del Gobierno del Estado de Morelos, el cumplimiento del laudo, respecto al cambio de los cargos en donde deben de ser reinstaladas las quejosas. Presidente Ejecutor y Tercer Arbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos Actuario del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. Gobierno del Estado de Morelos. Coordinador de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional de la Comisión Estatal de seguridad Pública del Estado de Morelos. Dirección General de Asuntos Burocráticos de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Morelos. Director General de Prestaciones de Servicios de Personal Operativo de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos. Director General Jurídico de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos. Coordinador General de Programación y Presupuesto del Gobierno del Estado de Morelos. SEGUNDO. El veintiséis de julio de dos mil veintidós, esta autoridad previno a la parte quejosa a efecto de precisar el acto reclamado, una vez cumplido el once de agosto siguiente, admitió a trámite la demanda interpuesta por Claudia Cedillo Díaz, María de la Luz Leticia Avilés Castañeda y Ana Bertha Cruz Rodríguez, bajo el expediente 960/2022, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. El ocho de marzo de dos mil veintitrés, esta autoridad ordenó la separación de autos, y remitió tantas copias del juicio como actos reclamados a la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Estado de Morelos, así el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, en cuanto a uno de los actos separados, radicó el juicio de amparo 499/2023, y, no aceptó la competencia planteada. CUARTO. El veintitrés de abril de dos mil veintitrés, esta autoridad recibió el oficio 8026/2023, por el cual el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, no aceptó la competencia planteada, a ello, no se insiste en sostener la incompetencia planteada, continuando con su conocimiento, radicando la demanda con el expediente 538/2023, y se atenderá el acto reclamado y autoridades siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTOS RECLAMADOS Dirección General de Asuntos Burocráticos de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Morelos. . La omisión de cumplir cabalmente con las facultades que se establecen en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica que se traducen en la omisión de. Y la audiencia constitucional, tuvo verificativo en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;(.)" El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. El criterio señalado se plasmó en la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En cumplimiento a lo anterior, debe precisarse, que la lectura de la demanda de amparo y el análisis de las constancias que integran el sumario, evidencian que los actos que de manera destacada se reclaman son los siguientes: Omisión de requerir a las autoridades responsables en cuanto a las cantidades que se han de cubrir como condena establecida en el laudo a cumplimentar dentro del juicio laboral 01/307/11. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable, con residencia en esta ciudad, al momento de rendir su informe justificado negó el acto reclamado, sin que la parte quejosa haya desvirtuado dicha negativa no obstante que tal carga procesal le corresponde. Sobre el particular, es importante tomar en consideración que el Pleno en Materia del Trabajo del Primer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 3/2014, sostuvo que, cuando las personas quejosas reclamen la omisión genérica de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sostuvo que no sólo corresponde a la parte interesada solicitar que se inicie el procedimiento de ejecución forzosa del laudo, sino que también dicha parte se encuentra obligada a intervenir en la prosecución de ese procedimiento hasta su conclusión, pues resulta necesaria su asociación con el fedatario público, cuantas veces sean necesarias, a efecto de requerir el cumplimiento del laudo. Por tanto, no puede considerarse que corresponda al tribunal burocrático llevar a cabo, de manera oficiosa, la ejecución forzada del laudo, en razón de que tanto el inicio de dicho procedimiento, como la prosecución del mismo, debe realizarse a petición de la parte que obtuvo, y dicho impulso debe hacerse cada vez que sea necesario, dentro del término de dos años, so pena de que la acción para ejecutar la referida resolución prescriba, solicitando el inicio del procedimiento de ejecución forzosa o el dictado del auto de ejecución. De ahí que, el acto reclamado sería inexistente al momento de presentarse la demandada y, además, de realización incierta, en razón de que, como se precisó, el inicio y prosecución referido procedimiento, depende del impulso del ejecutante y, en tal virtud, no podría tenerse por actualizada la omisión genérica atribuida a la autoridad responsable. Las consideraciones anteriores quedaron plasmadas en la jurisprudencia PC.I.L. J/10 L (10a.), del Pleno en Materia del Trabajo del Primer Circuito, que dice lo siguiente: "AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, corresponde a la parte que obtuvo resolución favorable la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, así como su necesaria intervención en la prosecución de ese procedimiento a fin de lograr el cumplimiento de dicha resolución. De ahí que de señalarse como acto reclamado en amparo indirecto, la omisión genérica del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, habida cuenta que el acto reclamado se tornaría jurídicamente inexistente al momento de presentarse la demandada y además de realización futura e incierta, en razón de que no podría constreñirse al Tribunal burocrático para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución de un laudo, pues ese impulso precisamente corresponde al ejecutante, por lo que no podría considerarse que los actos así reclamados tuvieran el carácter de inminentes, puesto que los mismos deben estimarse de realización futura e incierta, cuya existencia se encuentra sujeta a la voluntad del ejecutante". El criterio anterior resulta aplicable en el presente asunto, debido a que, como quedó precisado en el considerando segundo de esta resolución, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, la ejecución del laudo en cuanto a las cantidades que deban de cubrir como condena en el expediente 01/307/11. Sin embargo, como quedó plasmado en líneas anteriores, corresponde a la parte quejosa el intervenir en el procedimiento de ejecución, "cuantas veces sean necesarias, a efecto de requerir el cumplimiento del laudo", ya que no puede ordenarse, a través de una sentencia de amparo que el tribunal responsable provea lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales, la ejecución de un laudo a las autoridades condenadas. Para robustecer lo aquí expuesto, se considera necesario citar la jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo". En virtud de lo anterior, debe tenerse por inexistente el acto reclamado a la autoridad responsable. En ese sentido, ante la inexistencia del acto reclamado, debe sobreseerse en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional...". Del artículo anterior se desprende que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando de autos se apareciere que no existe el acto reclamado; causal que, bajo las consideraciones antes expuestas, acontece en el presente caso. En consecuencia, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Claudia Cedillo Díaz, María de la Luz Leticia Avilés Castañeda y Ana Bertha Cruz Rodríguez. Sin que resulta procedente analizar la causal de improcedencia propuesta por la autoridad responsable, pues, en nada mejoraría el sentido del fallo. Así, con fundamento en los artículos 1°, 73, 74, 75, 76 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy catorce de julio de dos mil veintitrés, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintidós de julio de dos mil veintidós, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común a los juzgados de distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno, correspondió conocer a esta autoridad federal, Claudia Cedillo Díaz, María de la Luz Leticia Avilés Castañeda y Ana Bertha Cruz Rodríguez, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y por los actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTOS RECLAMADOS Secretario General Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. 1. Del Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el estado de Morelos la omisión de dictar los instrumentos o las medidas legales conducentes a fin de poder dar cumplimiento cabal al laudo de fecha siete de mayo del año dos mil diecinueve, dentro del juicio laboral 01/307/11. 2. Del Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el estado de Morelos el contenido del acuerdo de fecha uno de julio del dos mil veintidós, mediante el cual se hace caso omiso a lo solicitado en el escrito de treinta de junio del año antes citado, mediante el cual se solicita la regularización del procedimiento. 3. Del Secretario General del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el estado de Morelos, la omisión de firmar el auto de requerimiento de fecha quince de octubre del dos mil veinte, así como la exhibición de diversos documentales comprobantes de cumplimiento de prestaciones laborales. 4. Del Actuario Adscrito al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el estado de Morelos, la omisión o negativa de brindar la cita que corresponde, a efecto de poder llevar a cabo el requerimiento de pago y de exhibición de diversos documentos comprobantes de cumplimiento de prestaciones laborales, así como la ejecución de dicho requerimiento una vez que se haya llevado a cabo la reinstalación ordenada. 5. Del Gobierno del Estado de Morelos y/o Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, Coordinador de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, Dirección General de Asuntos Burocráticos de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, Director General de Prestaciones de Servicios de Personal Operativo de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, Director General Jurídico de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos y Coordinador de Programación y Presupuesto del Gobierno del Estado de Morelos, la omisión de realizar los trámites relativos a la expedición de los cheques correspondientes a las quejosas, respecto de las cantidades a que fuera condenado el Gobierno del Estado de Morelos. 6. Del Gobierno del Estado de Morelos y/o Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, Coordinador de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, Dirección General de Asuntos Burocráticos de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, Director General de Prestaciones de Servicios de Personal Operativo de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, Director General Jurídico de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos y Coordinador de Programación y Presupuesto del Gobierno del Estado de Morelos, la omisión de realizar los trámites administrativos tendientes a la designación de cargos bajo los cuales deben ser reinstaladas las quejosas, conforme al cargo que se ajuste al actual tabulador, así como de reconocer los incrementos salariales y establecer el horario bajo el cual desempeñarían los cargos (señalados específicamente en los párrafos 7, 8, 9 del capítulo del acto reclamado). 7. De la Dirección General de Asuntos Burocráticos de la Consejería Jurídica del Gobierno, la omisión de cumplir cabalmente con las facultades que se establecen en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica que se traducen en la omisión de informar a las autoridades del cumplimiento del laudo, respecto de los efectos del laudo en cuanto a las cantidades que se han de cubrir como condena establecida. 8. Del Director General de Prestaciones de Servicios de Personal Operativo de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos y Director General Jurídico de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos la omisión en cuanto a reconocer los cargos y salarios actuales con las que se deben reinstalar las suscritas, así como las acciones encaminadas a llevar acabo la reinstalación con los salarios que las suscritas percibían al momento de ser despedidas. 9. Del Coordinador de Programación y Presupuesto del Gobierno del Estado de Morelos, el cumplimiento del laudo, respecto al cambio de los cargos en donde deben de ser reinstaladas las quejosas. Presidente Ejecutor y Tercer Arbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos Actuario del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. Gobierno del Estado de Morelos. Coordinador de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional de la Comisión Estatal de seguridad Pública del Estado de Morelos. Dirección General de Asuntos Burocráticos de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Morelos. Director General de Prestaciones de Servicios de Personal Operativo de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos. Director General Jurídico de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos. Coordinador General de Programación y Presupuesto del Gobierno del Estado de Morelos. SEGUNDO. El veintiséis de julio de dos mil veintidós, esta autoridad previno a la parte quejosa a efecto de precisar el acto reclamado, una vez cumplido el once de agosto siguiente, admitió a trámite la demanda interpuesta por Claudia Cedillo Díaz, María de la Luz Leticia Avilés Castañeda y Ana Bertha Cruz Rodríguez, bajo el expediente 960/2022, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. El ocho de marzo de dos mil veintitrés, esta autoridad ordenó la separación de autos, y remitió tantas copias del juicio como actos reclamados a la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Estado de Morelos, así el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, en cuanto a uno de los actos separados, radicó el juicio de amparo 499/2023, y, no aceptó la competencia planteada. CUARTO. El veintitrés de abril de dos mil veintitrés, esta autoridad recibió el oficio 8026/2023, por el cual el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, no aceptó la competencia planteada, a ello, no se insiste en sostener la incompetencia planteada, continuando con su conocimiento, radicando la demanda con el expediente 538/2023, y se atenderá el acto reclamado y autoridades siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTOS RECLAMADOS Dirección General de Asuntos Burocráticos de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Morelos. . La omisión de cumplir cabalmente con las facultades que se establecen en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica que se traducen en la omisión de. Y la audiencia constitucional, tuvo verificativo en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;(.)" El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. El criterio señalado se plasmó en la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En cumplimiento a lo anterior, debe precisarse, que la lectura de la demanda de amparo y el análisis de las constancias que integran el sumario, evidencian que los actos que de manera destacada se reclaman son los siguientes: Omisión de requerir a las autoridades responsables en cuanto a las cantidades que se han de cubrir como condena establecida en el laudo a cumplimentar dentro del juicio laboral 01/307/11. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable, con residencia en esta ciudad, al momento de rendir su informe justificado negó el acto reclamado, sin que la parte quejosa haya desvirtuado dicha negativa no obstante que tal carga procesal le corresponde. Sobre el particular, es importante tomar en consideración que el Pleno en Materia del Trabajo del Primer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 3/2014, sostuvo que, cuando las personas quejosas reclamen la omisión genérica de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sostuvo que no sólo corresponde a la parte interesada solicitar que se inicie el procedimiento de ejecución forzosa del laudo, sino que también dicha parte se encuentra obligada a intervenir en la prosecución de ese procedimiento hasta su conclusión, pues resulta necesaria su asociación con el fedatario público, cuantas veces sean necesarias, a efecto de requerir el cumplimiento del laudo. Por tanto, no puede considerarse que corresponda al tribunal burocrático llevar a cabo, de manera oficiosa, la ejecución forzada del laudo, en razón de que tanto el inicio de dicho procedimiento, como la prosecución del mismo, debe realizarse a petición de la parte que obtuvo, y dicho impulso debe hacerse cada vez que sea necesario, dentro del término de dos años, so pena de que la acción para ejecutar la referida resolución prescriba, solicitando el inicio del procedimiento de ejecución forzosa o el dictado del auto de ejecución. De ahí que, el acto reclamado sería inexistente al momento de presentarse la demandada y, además, de realización incierta, en razón de que, como se precisó, el inicio y prosecución referido procedimiento, depende del impulso del ejecutante y, en tal virtud, no podría tenerse por actualizada la omisión genérica atribuida a la autoridad responsable. Las consideraciones anteriores quedaron plasmadas en la jurisprudencia PC.I.L. J/10 L (10a.), del Pleno en Materia del Trabajo del Primer Circuito, que dice lo siguiente: "AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, corresponde a la parte que obtuvo resolución favorable la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, así como su necesaria intervención en la prosecución de ese procedimiento a fin de lograr el cumplimiento de dicha resolución. De ahí que de señalarse como acto reclamado en amparo indirecto, la omisión genérica del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, habida cuenta que el acto reclamado se tornaría jurídicamente inexistente al momento de presentarse la demandada y además de realización futura e incierta, en razón de que no podría constreñirse al Tribunal burocrático para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución de un laudo, pues ese impulso precisamente corresponde al ejecutante, por lo que no podría considerarse que los actos así reclamados tuvieran el carácter de inminentes, puesto que los mismos deben estimarse de realización futura e incierta, cuya existencia se encuentra sujeta a la voluntad del ejecutante". El criterio anterior resulta aplicable en el presente asunto, debido a que, como quedó precisado en el considerando segundo de esta resolución, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, la ejecución del laudo en cuanto a las cantidades que deban de cubrir como condena en el expediente 01/307/11. Sin embargo, como quedó plasmado en líneas anteriores, corresponde a la parte quejosa el intervenir en el procedimiento de ejecución, "cuantas veces sean necesarias, a efecto de requerir el cumplimiento del laudo", ya que no puede ordenarse, a través de una sentencia de amparo que el tribunal responsable provea lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales, la ejecución de un laudo a las autoridades condenadas. Para robustecer lo aquí expuesto, se considera necesario citar la jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo". En virtud de lo anterior, debe tenerse por inexistente el acto reclamado a la autoridad responsable. En ese sentido, ante la inexistencia del acto reclamado, debe sobreseerse en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional...". Del artículo anterior se desprende que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando de autos se apareciere que no existe el acto reclamado; causal que, bajo las consideraciones antes expuestas, acontece en el presente caso. En consecuencia, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Claudia Cedillo Díaz, María de la Luz Leticia Avilés Castañeda y Ana Bertha Cruz Rodríguez. Sin que resulta procedente analizar la causal de improcedencia propuesta por la autoridad responsable, pues, en nada mejoraría el sentido del fallo. Así, con fundamento en los artículos 1°, 73, 74, 75, 76 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy catorce de julio de dos mil veintitrés, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte, que se encuentra señalada para el día de hoy la audiencia constitucional en el presente asunto, sin embargo, no es posible su celebración, toda vez que no obra el informe justificado solicitado a la autoridad responsable, ni el acuse del oficio por el que se le requirió; en consecuencia, se difiere la audiencia señalada para esta data y en su lugar se señalan para su verificativo las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECINUEVE DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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