Claudia Alejandra Magaña Amillategui

Expediente 19/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
19/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
30/01/2019

Partes del expediente

  • Claudia Alejandra Magaña Amillategui

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja contra el acuerdo de catorce de enero pasado, pronunciado en este juicio de amparo, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en el que se desechó la presente demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la presente demanda de amparo, y que por ende, no se tramitó el incidente de suspensión, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito aclaratorio signado por Claudia Alejandra Magaña Amillategui, mediante el cual cumple con las prevenciones que le fueron realizadas en proveído de nueve de enero del año en curso. En consecuencia, se procede a proveer en relación con el escrito de demanda, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA de plano la demanda de amparo, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia respecto del acto reclamado en ella señalado. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio. En ese sentido, debe precisarse que del capítulo de acto reclamado y de lo expresado en el escrito aclaratorio que ahora se agrega, se advierte la quejosa impugna el acuerdo de trece de diciembre de dos mil dieciocho, en el cual el Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán ordenó el embargo de la cuenta 6478296738 registrada a su nombre ante el "Grupo Financiero HSBC". De igual manera, se precisa que de las manifestaciones realizadas por la quejosa en su escrito aclaratorio así como de la información recabada por la Secretaría de este juzgado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se obtuvo que la demanda con la que se promovió el juicio ejecutivo mercantil 56/2017 del cual deriva el acto reclamado, se presentó el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, así como que la cuantía a la que asciende la suerte principal que en él se reclama es de trescientos mil pesos moneda nacional. De lo anterior se desprende que el Código de Comercio aplicable para dicho procedimiento es el reformado y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, cuyo artículo 1340 establece que la apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $593,712.73 (quinientos noventa y tres mil setecientos doce pesos 73/100 moneda nacional) por concepto de suerte principal. Bajo ese tenor, este Juzgador Federal estima actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues la peticionaria de amparo no observó el principio de definitividad que rige al juicio de control constitucional. Ciertamente, para corroborar lo anterior primeramente se transcribe el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; De lo anterior se desprende que el juicio de amparo se rige por el principio de definitividad, en atención al cual, la acción constitucional procede únicamente respecto de actos definitivos; esto es, que no sean susceptibles de modificación, revocación o invalidación, por recurso efectivo o medio de defensa legal alguno; entonces, para estar en tal supuesto, deben agotarse los recursos ordinarios o medios de defensa, cuando exista la posibilidad de que el acto reclamado pueda modificarse o invalidarse. Efectivamente, antes de promover la demanda de amparo la parte quejosa debe agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado y que tengan por efecto revocarlo, modificarlo o nulificarlo, caso que en el caso no acontece. Esto es así, pues la razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, radica en que por ser el amparo un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en la ley y en la jurisprudencia que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de la calidad de tercero extraño, de constitucionalidad de leyes y violaciones directas a la Constitución Federal. En el caso en estudio, la parte quejosa, antes de instar la vía constitucional, debió agotar el principio de definitividad antes reseñado, pues la determinación de trece de diciembre de dos mil dieciocho, en la que el Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán ordenó el embargo de la cuenta 6478296738 registrada a su nombre ante el "Grupo Financiero HSBC", es impugnable a través del medio ordinario de defensa previsto por la ley, tendente a revocar, modificar o nulificar la decisión del Juez responsable, esto es, el recurso de revocación previsto por los artículos 1334 y 1335, del Código de Comercio, que resulta ser el idóneo, por ser la normatividad que rige al acto reclamado. De la interpretación literal de dichos dispositivos legales se desprende que la revocación es un medio de impugnación contemplado para resoluciones de los tribunales de primera instancia en los procedimientos civiles y mercantiles y procede contra decretos y autos dictados en esa instancia que no sean apelables. Conviene referir que la doctrina ha clasificado a los medios de impugnación en verticales y horizontales. Los verticales aluden a que el tribunal que debe resolver la objeción (el tribunal ad quem) es diferente del juzgador que emitió el acto reclamado (juez a quo). A los medios de impugnación verticales también se les llama devolutivos, ya que anteriormente se consideraba que, por la interposición y admisión de estos medios de impugnación, el Juez a quo "devolvía la jurisdicción" al tribunal ad quem; tienen su propia jurisdicción, pero tienen diferente competencia por razón de grado. Los medios de impugnación son horizontales cuando quien los resuelve es el mismo juzgador que emitió el acto impugnado. A esta clase de medios de impugnación -en los que no se da la diversidad entre el órgano responsable del acto impugnado y el órgano que resuelve la impugnación- también se les llama no devolutivos o remedios, ya que permiten al juzgador que llevó a cabo el acto impugnado enmendar o corregir por sí mismo (remediar) los errores que haya cometido. Conforme a lo anterior, el recurso de revocación se debe clasificar como un medio de impugnación horizontal, ya que es el mismo juzgador de primera instancia, quien emitió el acto impugnado y quien debe resolver el mismo. Así, el recurso de revocación es un medio de impugnación que se interpone dentro del curso del proceso, y se clasifica también como recurso ordinario, en cuanto que procede contra una generalidad de resoluciones judiciales y no sólo contra resoluciones judiciales determinadas o específicas. De esta forma, tenemos que los decretos o autos que no fueren apelables, pueden ser impugnados a través del recurso de revocación y, el propio órgano jurisdiccional de primea instancia puede tomar alguna de las siguientes decisiones: (i) confirmar su propia resolución, en el caso de que la encuentre ajustada a derecho, o bien, (ii) modificar parcialmente o (iii) revocar totalmente su propia resolución, en el caso de que la considere no apegada a derecho. Ello es así, toda vez que conforme al párrafo primero del artículo 1340, del invocado ordenamiento legal, vigente al inicio del controvertido de origen (25 de enero de 2017), si la apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto del contrato sea inferior a quinientos noventa y tres mil setecientos doce pesos con setenta y tres centavos moneda nacional por concepto de suerte principal, entonces, los autos recaídos en esos negocios pueden revocarse por el juez que los dictó, lo que se robustece con el contenido del artículo 1339 del citado Código, al referir que solo son recurribles las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda dicho valor, ya que la intención del legislador al usar la expresión "recurribles" fue referirse al recurso de apelación, como se advierte del segundo párrafo del indicado artículo 1339, el cual establece que las sentencias recurribles, conforme al supuesto previsto en su primer párrafo, son apelables; entonces, los autos dictados en los juicios mercantiles de cuantía menor, son impugnables mediante el recurso de revocación. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 59/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 157, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, Materia(s): Civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta , Novena Época, registro 163734, de epígrafe y contexto siguientes: REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS. De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, se advierte que como la apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto del contrato sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, los autos recaídos en esos negocios pueden revocarse por el juez que los dictó, sin que sea factible considerar que el artículo 1339 del citado Código impide interponer el recurso de revocación en asuntos de dicha cuantía, al referir que solo son recurribles las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos, ya que la intención del legislador al usar la expresión 'recurribles' fue referirse al recurso de apelación, como se advierte del segundo párrafo del indicado artículo 1339, el cual establece que las sentencias recurribles, conforme al supuesto previsto en su primer párrafo, son apelables. Por tanto, los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor, o el monto es inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, son impugnables mediante el recurso de revocación. En tales circunstancias, se dice que se actualiza la causa de improcedencia que se analiza, en virtud que las constancias de autos ponen de manifiesto que contra el auto de trece de diciembre de dos mil dieciocho, por el que el juez natural ordenó el embargo de la cuenta a nombre de la parte quejosa, era jurídicamente posible interponer el recurso de revocación ante el propio juez responsable, para que dicha determinación pudiera ser confirmada, modificada o revocada, previamente al ejercicio de la acción constitucional; por tanto la parte quejosa al promover el juicio de amparo indirecto, sin agotar previamente el recurso procedente, para que la citada autoridad estuviera en aptitud de oír las razones y resolver lo que en derecho proceda, pasó por alto el principio de definitividad que rige en la materia de amparo. Se sostiene en el indicado sentido, tomando en consideración que quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional, adquiere la carga de estar al pendiente de su tramitación, vigilando su sustanciación, para así, estar al tanto de las determinaciones que en él se emitan, lo que le permitirá, en todo caso, impugnar oportunamente aquellas actuaciones o resoluciones que, por su realización u omisión, le pudieran perjudicar. En tal virtud, si no se satisface la indicada carga procesal, aquel que pudiera verse afectado con algún proveído o actuación, al no haber recurrido oportunamente tal proceder, incumple con el principio de definitividad, en tanto no promueve los medios ordinarios de defensa o recursos que la propia ley que rige el acto reclamado prevea en su contra; sin que en ningún caso sea dable que, con posterioridad a la conclusión del indicado procedimiento, pretenda cuestionar determinaciones ocurridas durante su tramitación, esto por respeto a los principios de preclusión, consumación procesal y cosa juzgada. Al respecto se cita la siguiente jurisprudencia VI.2o.C. J/259, que se comparte, del Sexto Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 1654, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Materia(s): Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 175974, de rubro y contesto siguientes: DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo. No está por demás decir que, a pesar de que la parte recurrente aduce que el acto reclamado le producirá en su patrimonio una ejecución de imposible reparación y que por ello alega que se afecta directa e inmediatamente sus derechos sustantivos, de ninguna manera constituye una excepción al principio de definitividad que rige en materia de amparo, consistente en agotar los medios de defensa o recursos ordinarios previstos en la ley que rige el acto, antes de acudir a la acción constitucional. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 113/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 350, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia(s): Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2005039, de epígrafe y contexto siguientes: DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. En las relatadas consideraciones, al actualizarse la mencionada causal de improcedencia, lo que procede es, como ya se dijo, desechar de plano la demanda de amparo promovida por Claudia Alejandra Magaña Amillategui con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Ello, tomando en consideración que los razonamientos expuestos con antelación ponen en relieve lo manifiesto de la improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable, habida cuenta de que, en opinión de este Juzgador, no obstante que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya lo antes considerado, la tesis con el rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio.

  3. Principal

    VI. Vista la demanda de amparo promovida por Claudia Alejandra Magaña Amillategui contra el acto que reclama del Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, se acuerda: Una vez realizada la revisión integral del ocurso de amparo, se advirtieron inconsistencias en relación con los antecedentes del acto reclamado, las que deben ser subsanadas previo a resolver lo relativo a la admisión de la demanda. En efecto, en la demanda de amparo se advierte que fue señalado como acto reclamado el embargo trabado sobre una cuenta bancaria a nombre de la peticionaria de amparo, lo anterior, derivado de la tramitación del juicio ejecutivo mercantil 56/2017 del índice de la autoridad responsable; sin embargo, en los antecedentes proporcionados no se informa la fecha del acto reclamado, el día en que la quejosa tuvo conocimiento de éste y tampoco la cuantía a la cual asciende la suerte principal reclamada en dicho procedimiento mercantil. En ese sentido, con fundamento en el artículo 114, fracción II, en relación con el 108 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase a la quejosa para que en el término de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, señale, bajo protesta de decir verdad: a) La fecha del acto reclamado. b) La fecha en que la parte quejosa tuvo conocimiento de éste; y, c) La cuantía a la cual asciende la suerte principal reclamada en el juicio ejecutivo mercantil de origen. Con el apercibimiento que de no cumplir dentro del término señalado con lo requerido anteriormente, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata, con fundamento en el penúltimo párrafo del numeral 114 en comento. Por otra parte, de la revisión de las copias que se acompañaron al ocurso de amparo, se advierte que únicamente fueron anexados cuatro juegos, siendo que para la correcta tramitación de la demanda en la forma como lo solicita la peticionaria de amparo, son necesarios cinco juegos de copias, pues serán distribuidos de la siguiente forma: Una copia para la autoridad responsable, otras dos, respectivamente, para el tercero interesado y el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado y dos más para la tramitación del incidente de suspensión solicitado. Por lo que se previene también a la parte quejosa para que junto con su escrito aclaratorio exhiba una copia más de su demanda de amparo; lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, en caso de admitirse la demanda de amparo, se postergará el trámite de apertura del incidente de suspensión solicitado hasta que cumpla con lo anterior, o en su caso, cause ejecutoria la resolución que ponga fin al juicio. Por otra parte, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el indicado para tal efecto en su demanda de amparo, y como sus autorizados a Avelino Azorra Cortés, Javier Leonel Cahuich Escalante, Avelino II Ascorra Tamayo, y a Luis Enrique Ascorra Tamayo, con las limitaciones que establece la parte final del artículo 12 de la Ley de Amparo, hasta en tanto acrediten el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las personas antes citadas, el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir. Finalmente, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que, en caso de ser necesario, realice las diligencias de notificación inherentes en este asunto, incluso en días y horas inhábiles.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano